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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Ana María Mondragón Duque, fellow de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA Después de dos años y medio de trabajar junto a un admirable grupo de personas y organizaciones de derechos humanos en defensa del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), creo fielmente en el poder de la sociedad civil para influir en las decisiones que nos afectan a todas y todos. Hace tres años inició lo que se denominó el “Proceso de Fortalecimiento del Sistema Interamericano”. En realidad fue un ataque frontal contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), uno de los pilares del SIDH. Algunos Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), afectados por decisiones de la CIDH o inconformes con algunos de sus procedimientos, intentaron limitar sus funciones de protección de los derechos humanos en la región. Durante este tiempo, he sido testigo de la enorme cantidad de recursos, tiempo y energía que la sociedad civil ha destinado para conservar lo alcanzado con esfuerzo y por décadas. En definitiva, y pese a que no es perfecto, el SIDH representa la última esperanza en el continente para llevar justicia y reparación a miles de víctimas que no encuentran ello en sus países. Si bien el proceso de fortalecimiento culminó con la resolución aprobada en la Asamblea General Extraordinaria del 22 de marzo de 2013, y con la adopción de la reforma reglamentaria de la CIDH; lo sucedido en la última Asamblea General, celebrada en Asunción, Paraguay, el pasado 4 y 5 de junio, indica que los intentos de debilitar la CIDH continúan. Días antes del inicio de la Asamblea, ya rondaban aires de preocupación entre las organizaciones de derechos humanos. La Declaración de Haití, firmada apenas una semana antes en el marco de la IV Conferencia de Estados Parte de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, alertaba sobre la intención de Ecuador de presentar un proyecto de resolución con disposiciones que atentaban contra la autonomía e independencia de la CIDH. Se pretendía discutir de nuevo temas altamente conflictivos como el cambio de sede de la Comisión y la revisión de la estructura y financiamiento de sus Relatorías. En ese momento, AIDA, junto con colegas de la Coalición Internacional por los Derechos Humanos de las Américas, emitimos un pronunciamiento manifestando nuestra preocupación por la situación y llamando a los Estados a no reabrir temas ya zanjados tras un largo proceso. Afortunadamente, en esta ocasión, algunos Estados cansados de ese desgastante proceso y otros más genuinamente comprometidos con el fortalecimiento de la CIDH, se mostraron reacios a respaldar la iniciativa. También fue novedosa la postura del Secretario General de la OEA, José Miguel Insulza, quien en su discurso de apertura exhortó a reafirmar la autonomía de la CIDH “dejando de lado esfuerzos paralelos que solo sirven para debilitar a uno de los órganos principales de la OEA”. Finalmente, luego de presiones políticas y la presentación de un proyecto de resolución paralelo mucho más proteccionista de la CIDH por parte de Costa Rica, se renegoció la amenazante resolución, y se aprobó una que muchos han descrito irónicamente como un documento que “no aporta nada, pero que al menos no genera daños”. A pesar de la actitud menos agresiva de la mayoría de los Estados y un ambiente político más favorable, no podemos bajar la guardia. Queda claro que un grupo de países que arrastra hace años una agenda de críticas contra la CIDH busca desesperadamente estrategias para reavivar el debate. 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