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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Presentan el informe sobre la forma en que ese país ha violado garantías individuales por la construcción de grandes represas en ese país durante 2012. Manaus, Brasil / Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) en coordinación con un grupo de organizaciones de la sociedad civil hizo una denuncia ante las Naciones Unidas sobre las violaciones de los derechos humanos provocadas por el desarrollo y construcción de grandes represas en el Amazonas brasileño. El documento fue entregado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) como parte del segundo ciclo del Examen Periódico Universal (EPU) para Brasil el pasado 28 de noviembre, proceso en el cual se realiza una revisión de las violaciones a los derechos humanos en las que ha incurrido ese país. Durante dicha evaluación el Examen revisará información recopilada por organizaciones de la sociedad civil y por el gobierno donde se plantearán recomendaciones para que Brasil mejore la protección de los derechos humanos. “Esta es una llamada de alerta para Brasil y otros gobiernos de la región, para que reconozcan que las grandes hidroeléctricas no son energía ‘limpia’, sino, al contrario, pueden provocar graves daños para los derechos humanos y el medio ambiente”, señaló Jacob Kopas, asesor legal de AIDA. El representante de AIDA añadió que el informe que se presenta muestra los peligros que representan los proyectos de desarrollo energético para ese país, dado que en la zona se planean construir más de 60 grandes hidroeléctricas. El informe examina cuatro casos de la región de la Amazonia y expone cómo la construcción de las represas ha causado múltiples violaciones a los derechos humanos como: a) no cuentan con estudios de impacto ambiental adecuados; b) violan el derecho a la consulta y consentimiento libre, previo e informado de grupos indígenas; c) causan desplazamiento forzado y despojo de tierras; d) provocan graves daños a la salud y al medio ambiente. En el caso más polémico examinado por el informe, el de Belo Monte en el río Xingú, Pará, se destaca la continuación de las obras, a pesar de una resolución de Medidas Cautelares la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que solicita protección especial para comunidades indígenas afectadas. Entre otros casos resumidos se identifican las hidroeléctricas de San Antonio y Jirau en el Río Madeira, (Rondonia); la represa Tucuruí en el río Tocantins (Pará); y el complejo de Tapajós en los ríos Teles Pires y Tapajós Jamanxim, (Pará). “Esperamos que el Consejo de Derechos Humanos tome en cuenta las violaciones a los derechos humanos puntualizadas en el informe, para que el gobierno de Brasil dé prioridad a este tema por encima de sus planes de desarrollo energético”, señaló Joelson Cavalcante, asesor legal de AIDA en Brasil. La coalición de organizaciones que elaboró el informe está integrada por: el Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Sociedade Paranaense de Direitos Humanos (SDDH), Justiça Global, Movimento Xingu Vivo Para Sempre (MXVPS) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).
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La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) felicita a Manuel Pulgar–Vidal por haber sido nombrado titular del Ministerio del Ambiente en Perú. Pulgar-Vidal es un abogado ambientalista y líder de opinión que fungió como presidente de Consejo Directivo de AIDA por ocho años. Con su nueva encomienda, es el tercer peruano que ha jurado ese importante cargo gubernamental. Estamos muy agradecidos por todo el trabajo y la dirección que Pulgar-Vidal ha dado a AIDA desde que ayudó a fundar la organización en 1996. El nombramiento es un reconocimiento bien merecido a un hombre que ha dedicado su vida a defender derechos humanos y el medio ambiente. Su nueva posición no será sencilla. Pulgar-Vidal se une a un nuevo gobierno en funciones que enfrenta su primera crisis: disenso popular por los impactos potenciales en la construcción de una gigantesca mina de oro, pero la oportunidad de fortalecer la gobernanza ambiental y de institucionalizar la protección de la salud ambiental no tienen precio. Sabemos que está a la altura del reto.
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Llaman a tomar medidas para proteger los derechos humanos de las comunidades más vulnerables. Durban, Sudáfrica. El miércoles 7 de diciembre de 2011, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante los delegados que participan en las negociaciones climáticas en Durban, Sudáfrica, un informe donde se detallan los efectos negativos del cambio climático sobre los derechos humanos, tales como el derecho a la vida, al acceso al agua, a la salud, a la alimentación y a la vivienda para millones de personas en América Latina. “El cambio climático es la causa del mayor perjuicio a los derechos humanos de aquéllos que son los menos responsables por las emisiones de gases de efecto invernadero- comunidades vulnerables e históricamente desfavorecidas como campesinos, pueblos indígenas y la gente más pobre de las ciudades urbanas”, afirmó el abogado de AIDA Jacob Kopas. “Los gobiernos que son desproporcionadamente responsables de las históricas y actuales emisiones tienen una obligación internacional de contribuir más a las soluciones duraderas”. El impacto más perturbador de todos los que han sido detallados en el informe es la reducción drástica del acceso al agua dulce en América Latina. El incremento del descongelamiento de los glaciares, la degradación de los humedales en los páramos de alta montaña, los patrones meteorológicos erráticos y las duras sequías limitarán de aquí al año 2050, el acceso al agua a más de 50 millones de personas en la región tropical andina. Otros impactos incluyen lluvias e inundaciones más fuertes, fenómeno que ya ha afectado a 2.2 millones de personas y ha ocasionado US$300 millones de dólares en daños sólo en Colombia durante el año 2010; y la pérdida del 80% de los arrecifes de coral del Caribe debido en gran parte a un incremento en las temperaturas y la acidificación del océano. “Las partes deben entender que no es posible cerrar los ojos ante el problema del cambio climático. Tenemos que actuar ahora mismo para ayudar a que las comunidades más afectadas del mundo puedan enfrentar el cambio climático y para ello debemos garantizar soluciones urgentes y alcanzables como el Fondo Verde Climático aquí en Durban”, dijo Andrés Pirazzoli, abogado de AIDA, quien repartió el informe entre los delegados participantes de las negociaciones. AIDA respalda al Fondo Verde Climático, destinado a financiar la adopción de tecnologías bajas en carbono, además de programas de adaptación en el mundo en vías de desarrollo. AIDA publicó un informe esta semana donde da a conocer una investigación formulada para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que revela el vínculo entre el cambio climático y los derechos humanos. El informe exhorta a la aprobación de un tratado climático vinculante y exhorta a los emisores más grandes a que sufraguen los gastos de las medidas de adaptación y mitigación en el mundo en vías de desarrollo.
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