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John Burns / NOAACorte pone fin a la matanza "legal" de la tortuga marina verde
En febrero de 1999, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica decretó la suspensión de la matanza "legal" de la tortuga marina verde. El fallo marca una importante victoria para la conservación de esta especie en peligro de extinción y potencialmente para otras especies también desamparadas en sus países de origen.
Costa Rica tiene el privilegio y la responsabilidad de ser refugio de una de las más grandes poblaciones de esta especie de tortuga marina en el océano Atlántico. Cada dos o tres años, hembras de tortuga marina verde, muchas de ellas con decenas de años de edad, se arrastran lentamente desde su hábitat en el océano hasta sus nidos sobre una playa de 35 kilómetros entre el Tortuguero y el Río Parismina.
En lugar de proteger plenamente a estos ancestrales visitantes, Costa Rica tenía una ley que permitía la captura y matanza de casi dos mil tortugas marinas al año. Desafortunadamente, los cazadores furtivos explotaron esta norma para matar muchas más tortugas de lo permitido, poniendo así en riesgo lsu supervivencia.
Como respuesta a la inacción del Gobierno costarricense y para salvaguardar a la tortuga marina verde, AIDA, a través de CEDARENA, nuestra organización participante en Costa Rica, inició una batalla legal para eliminar esa ley.
AIDA y CEDARENA argumentaron que la ley violaba las garantías constitucionales costarricenses del derecho a un medioambiente sano y “ecológicamente equilibrado”; presentando fuerte evidencia de que la norma producía un impacto oculto en las tortugas marinas verdes. La Corte falló a favor a favor de las ONG y eliminó la ley.
La sentencia en sí misma no termina con las amenazas que se ciernen sobre las tortugas marinas verdes. Sin embargo, posiblemente sí proporcione el tiempo y el espacio que los conservacionistas necesitan para poder concentrarse en intervenir y detener su caza furtiva. ¡Ojalá lo logren!
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Campaña "#Arrecifes del Golfo: Cuna del mar" visibiliza la importancia biocultural de estos ecosistemas amenazados
En el Golfo de México hay un tesoro invisible y en riesgo. La industria de hidrocarburos amenaza al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. La subsistencia y economía de aproximadamente 40 mil personas pescadoras y sus familias, así como la cultura veracruzana dependen de los arrecifes. La Red Corredor Arrecifal del Golfo de México lanzó hoy la campaña #Arrecifes del Golfo: Cuna del Mar, con el objetivo de visibilizar que la importancia ambiental, económica y sociocultural de esta zona depende de la salud y protección de los arrecifes, los cuales están en grave riesgo por la actividad humana y la crisis climática. El Golfo de México es una región con una enorme riqueza en biodiversidad, usualmente poco apreciada, cuyo altísimo valor ambiental ha hecho posible la alimentación, los ingresos económicos y la diversidad cultural de la que disfrutan sus habitantes y visitantes. Particularmente, el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México (CASGM) es donde los pueblos que viven en la planicie costera de Veracruz han construido sus formas de vida y tradiciones. Con una extensión de 600 kilómetros, este importante corredor ecológico se extiende desde el sur de Tamaulipas hasta más allá de la desembocadura del río Tonalá en Tabasco. A pesar de ello, las prioridades económicas de los gobiernos han subordinado la protección de esta zona, prefiriendo las labores de extracción, exploración y transporte de hidrocarburos. Los arrecifes del Golfo de México también se han visto afectados por obras de infraestructura marítima, así como por el tráfico marítimo y la contaminación del mar por la falta de saneamiento en las cuencas hidrológicas. Veracruz ocupa el tercer lugar nacional en producción de petróleo crudo, el primer lugar en producción petroquímica básica con un 80% de la producción nacional y es la entidad federativa con el mayor número de campos de reservas remanentes. Más recientemente, obras de infraestructura como la ampliación del puerto de Veracruz, así como los proyectos Gasoducto Sur de Texas-Tuxpan y el propuesto Gasoducto Puerta al Sureste constituyen factores de riesgo para el Corredor Arrecifal. La campaña #Arrecifes del Golfo: Cuna de Mar se enfoca en evidenciar que sin los arrecifes simplemente se perdería la soberanía alimentaria de muchas comunidades pesqueras y no existirían actividades económicas preponderantes para el estado de Veracruz como la pesca y la actividad turística. También se perdería la riqueza gastronómica y otros elementos de la diversidad cultural veracruzana como con su música, historias y artesanías. “La mar”, como le dicen en muchas comunidades pesqueras, es sustento de vida y parte integral de su identidad y proyecto de vida. Sin los arrecifes, en donde habitan y se reproducen una gran cantidad de peces, no podrían seguir siendo quienes son. En los últimos años, se han realizado importantes descubrimientos de arrecifes sumergidos que hasta hace poco eran desconocidos para la ciencia. En la región norte —entre Tamiahua y el río Tecolutla—, por ejemplo, se encontraron los mayores arrecifes sumergidos de todo el suroeste del Golfo de México. La investigación también arrojó que el impacto de la actividad humana sobre estos ambientes es severo, pues la mayor parte de los sitios descubiertos resienten el incremento de las tasas de sedimentación y la mala calidad del agua, así como las afectaciones de la industria de hidrocarburos, el tráfico marítimo y la intensidad de las actividades pesqueras. Asimismo, la industria de los hidrocarburos representa una seria amenaza para la viabilidad ambiental de estos arrecifes. Una gran parte de la zona norte y sur del Corredor Arrecifal tienen áreas contractuales y asignaciones para la exploración y explotación petrolera. Del mismo modo, megaproyectos como el propuesto gasoducto Puerta al Sureste ignoran la presencia de estos ecosistemas y su importancia biocultural en sus evaluaciones de impacto ambiental. En términos de protección, con excepción de los arrecifes del Sistema Arrecifal Lobos Tuxpan y del Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano, el resto de los arrecifes están totalmente desprotegidos por la Comisión de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) y por otras autoridades ambientales. Incluso, las Zonas de Salvaguarda, establecidas en la Ley de Hidrocarburos para la protección de estos ecosistemas , abarcan solamente una parte de ellos y no consideran su interconexión con el Corredor Arrecifal. En vista de las amenazas graves al Corredor Arrecifal y a los proyectos de vida de las comunidades pesqueras, y la poca visibilidad que se ha dado a la importancia biocultural de estos ecosistemas del Golfo de México, se conformó la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México como una alianza entre cooperativas pesqueras, personas pescadoras, organizaciones de la sociedad civil, la academia, artistas y comunicadores. La campaña #ArrecifesdelGolfo: Cuna del mar hace un llamado a conocer y difundir la importancia biocultural del Golfo de México, así como a sumarse al cuidado y la protección de este tesoro oculto ante las actividades humanas nocivas y los impactos de la crisis climática. Organizaciones integrantes de la red: Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. Espora Media A.C. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Gente Sustentable A.C. Territorios Diversos para la Vida, A.C. Senderos y Encuentros para un Desarrollo Autónomo Sustentable (Sendas), A.C. Contacto de prensa: Víctor Quintanilla, AIDA, [email protected], 5570522107
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México debe adoptar la moratoria a la minería oceánica con base en el enfoque precautorio
Ante la evidencia de los impactos graves e irreversibles de la minería submarina, México tiene la oportunidad de proteger su riqueza ecológica y adoptar una acción congruente con la protección del océano en el marco de la discusión internacional que se lleva a cabo actualmente acerca de la normativa y procedimiento para la exploración de yacimientos minerales en los fondos marinos. El océano profundo constituye casi el 50% de la superficie del planeta y es la reserva de alimento más grande del mundo. Al mismo tiempo, los fondos marinos contienen nódulos polimetálicos (concentraciones ricas en níquel, cobre, cobalto y manganeso principalmente), los cuales podrían aportar materias primas para la fabricación de baterías. En ese contexto, del 10 al 28 de julio se llevarán a cabo, en Kingston, Jamaica, las reuniones del Concejo y de la Asamblea de la Autoridad Internacional de Fondos Marinos (ISA por sus siglas en inglés) para discutir la hoja de ruta de la normativa y procedimientos necesarios para explotar los yacimientos minerales de los fondos marinos, particularmente en la región conocida como Clarion-Clipperton, en donde actualmente existen 16 contratos de exploración. México es el país más cercano a estas exploraciones debido a que su zona económicamente exclusiva colinda directamente con la concesión de minería oceánica Ocean Mineral, de Singapur; ubicada a tan sólo 144 km de distancia del área natural protegida Pacífico Mexicano Profundo y a 290 km del Archipiélago Revillagigedo, Patrimonio Natural de la Humanidad. Existe evidencia científica acerca de los impactos graves e irreversibles de la minería submarina en las condiciones morfológicas de los fondos marinos. Por ejemplo, la pluma de sedimentos de las actividades mineras submarinas se dispersa en aproximadamente 140 km, por lo que impactaría directamente al territorio mexicano, afectando los patrones alimentarios de la fauna, sepultando incluso a algunas especies. Además, el dragado y remoción de la corteza marina afectaría directamente a los corales milenarios de Revillagigedo. Especies que viven en la oscuridad también podrían verse afectadas por la luminosidad de la actividad específica, a lo que se suman los efectos que la contaminación acústica tendría en especies como las ballenas y otras que se valen de la ecolocalización para su subsistencia. La minería en aguas profundas es también una amenaza para la salud humana. Ello se debe a la acumulación de toxinas provenientes de la pluma de sedimentos en las cadenas alimenticias de especies de consumo humano como el marlín, tiburones, calamar y túnidos. Además de las afectaciones descritas directamente en su territorio, México ha recalcado su interés en buscar la protección del océano y su biodiversidad. Lo ha hecho al clasificar al Archipiélago de Revillagigedo como Patrimonio Natural de la Humanidad ante la UNESCO, unirse al Panel de Alto Nivel por una Economía Oceánica Sostenible en 2021, publicar un año después la Estrategia de Instrumentación 2021–2024, y adherirse al Tratado Global de los Océanos recientemente en 2023. El Archipiélago es, además, el territorio soberano más cercano a la Zona Clarion-Clipperton. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes exhortamos a las autoridades mexicanas a realizar una acción sensata y valiente: Adoptar una postura a favor de un enfoque precautorio, lo cual concuerda con una moratoria preventiva a la minería en aguas profundas. En el derecho internacional, cuando una actividad u obra propuesta pueda tener impactos negativos en los ecosistemas, es legítimo adoptar medidas de protección aún a falta de certeza científica absoluta. La mayoría de los países de América Latina que participan activamente en la negociación, promueven y apoyan detener la actividad hasta que exista suficiente información científica sobre los ecosistemas del fondo marino y un marco normativo completo que asegure su indemnidad. Con el establecimiento de esta pausa, se generará un mejor conocimiento científico acerca de los endemismos y procesos ecológicos en el fondo marino. Esta postura conlleva el cumplimiento del derecho internacional y la congruencia de la política exterior de México con la protección del océano. La explotación minera de los fondos marinos es una amenaza inaceptable e injustificada para todos los seres y futuras generaciones que dependen de un océano sano para sobrevivir y prosperar. Firman: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Sustainable Ocean Alliance México Salvemos la Laguna IDHEA, A.C. Greenpeace México The Oxygen Project Mares de México Centro para la Diversidad Biológica Beta Diversidad Contacto de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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El rol del Congreso en la descarbonización gradual de la matriz eléctrica de México
Texto publicado originalmente en Animal Político. La generación de electricidad a partir de la quema de carbón es una de las fuentes principales de contaminación en México, así como una fuente importante de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), aquellas detrás de la crisis climática global. Existe, por tanto, una evidente relación causal entre la quema de carbón, el incumplimiento de los compromisos climáticos del país y la violación de derechos humanos relacionada con la mala calidad del aire. Esta situación está lejos de cambiar sin transformaciones estructurales, una de ellas en el marco jurídico, que actualmente permite la generación de energía a partir del uso del carbón de forma continua y por tiempo indefinido. Así, el Congreso de la Unión debe emitir una nueva legislación o modificar el marco jurídico existente para asegurar la eliminación gradual del uso del carbón en la generación de energía eléctrica. Esta obligación responde al cumplimiento progresivo de un mandato establecido en la Constitución mexicana en 2013, que ordena al Congreso a emitir legislación para disminuir las emisiones de GEI en el sector energético, generar la menor huella de carbono y establecer obligaciones de reducción de emisiones para quienes participan en la industria eléctrica. A la fecha, no existe tal legislación. En ese sentido, la omisión del Congreso se traduce en el incumplimiento de los compromisos internacionales en materia de cambio climático, incluyendo aquellos que derivan del Acuerdo de París. Según datos de 2019, México es el décimo cuarto mayor emisor de GEI en el mundo. Asimismo, en 2020, las carboeléctricas produjeron únicamente el 10% de la electricidad en el país, pero emitieron el 22% del total de GEI del sector energético, según cálculos de Iniciativa Climática de México. La omisión del Congreso también vulnera su obligación constitucional de proteger, promover, respetar y garantizar el derecho a un medio ambiente sano y el derecho a la salud. En su proceso de combustión, las carboeléctricas emiten una gran cantidad de elementos tóxicos: dióxido de carbono, material particulado, dióxido de azufre; óxidos de nitrógeno y metales pesados como mercurio, vanadio, níquel y plomo. La producción de carbón y la generación eléctrica a partir del mineral se concentran en el estado de Coahuila. Allí, en el municipio de Nava están dos de las tres carboeléctricas del país. La otra está en Petacalco, Guerrero y se alimenta de carbón importado. La contaminación del aire por la quema de carbón es la causa de unas 430 muertes al año en Coahuila por enfermedades respiratorias, de acuerdo con el Centre for Research on Energy and Clean Air. Y según registros de la Secretaría de Salud, de todas las muertes ocurridas en Petacalco entre 2012 y 2020, casi un tercio están relacionadas con padecimientos ligados a la contaminación ambiental. Un cambio de rumbo es urgente. Bajo el actual gobierno, la política energética ha sido omisa en promover proyectos de energías renovables que respeten el ambiente y los derechos humanos —como la energía distribuida— y continúa priorizando el uso de combustibles fósiles. De hecho, en 2022, México produjo 63% más de energía a base de carbón, en comparación con 2021. Por lo expuesto hasta aquí, el Congreso de la Unión tiene únicamente un curso de acción para cumplir en su totalidad con el mandato constitucional: emitir una legislación que asegure la eliminación gradual y no regresiva del uso del carbón en la generación de energía eléctrica. Al hacerlo, contribuirá además a que el país honre su cuota de responsabilidad en los esfuerzos mundiales para frenar la explotación y quema de carbón en favor de sistemas energéticos basados en fuentes renovables no convencionales, sostenibles en el tiempo, respetuosos del ambiente y de las personas.
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