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Foto: Alberto Peña KayCuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.
Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.
El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:
- Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011.
- Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.
De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.
Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.
Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.
El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.
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Piden al gobierno mexicano proteger Marismas Nacionales, en riesgo por hidroeléctrica
El proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales y Sitio Ramsar, el humedal más importante del Pacífico Mexicano. Comunidades indígenas de la zona alertan sobre violaciones a sus derechos humanos a la libre determinación, autonomía, territorio, identidad cultural, así como a un medio ambiente sano. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, organizaciones de la sociedad civil, así como el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital, Consejo Regional Wixárika y el Consejo Náyeri, reiteraron su petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que cancele de forma definitiva los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo otorgados al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, que busca desarrollarse en el estado de Nayarit, debido al riesgo ambiental que representa para la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales (Sitio Ramsar de Importancia Internacional), porque viola los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que ahí se encuentran y por el interés público respecto de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad, y necesarios por la adaptación y mitigación al cambio climático. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar el río San Pedro, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Occidental y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Desde el 2008, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene en curso este proyecto, que consiste en modificar directamente el uso de suelo de más de 5 mil hectáreas de bosques y zonas de ribera, alterar el ciclo del agua, transporte de sedimentos y ciclo del carbón. Las represas en regiones tropicales generan mayores emisiones de gases efecto invernadero (gas metano) que afectan a la delgada capa atmosférica. Represas como las de Aguamilpa y El Cajón, ya generan impactos al modificar el caudal ecológico, retener sedimentos y los volúmenes de agua. Sus impactos han provocado efectos adversos para la provisión de alimentos y para la materia orgánica disuelta, necesaria para la biodiversidad. Además, la represa del río San Pedro ocasionará impactos sociales, toda vez que territorios, lugares sagrados, centros ceremoniales y senderos milenarios de las comunidades indígenas quedarían inundados, perdiendo su valor intangible para su cultura. Este río es el séptimo más caudaloso de México y es el principal proveedor de agua dulce y de nutrientes para Marismas Nacionales, el humedal costero más importante del Pacífico mexicano. Adicionalmente, alberga culturas milenarias en su cuenca como son los pueblos Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, para quienes el río provee sustento y formas de vida, además de ser fundamento de su espiritualidad y eje de sus tradiciones e identidad cultural. En términos de impactos ambientales, Las Cruces representa una amenaza para Marismas Nacionales, que abarca una superficie de 134 mil hectáreas, con una presencia de manglar del orden del 20% del total existente en el país; lo cual significa 113 mil hectáreas de bosques de manglar en buen estado de conservación y óptima estructura. Cuenta con más de 20 mil aves acuáticas, además de especies de mamíferos vulnerables o en peligro crítico como la nutria de río, el jabalí, el puma, el ocelote y el jaguar, mamífero emblemático y bajo protección. Por su riquísima biodiversidad, el río San Pedro provee alimentos para las pesquerías locales. El proyecto Las Cruces alteraría irreversiblemente el equilibrio de las dinámicas ambientales, culturales y socioeconómicas que sustentan la Cuenca del Río San Pedro Mezquital y Marismas nacionales, en donde se calcula que habitan más de 300 mil personas. En términos sociales, el proyecto es violatorio de los derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos indígenas. Lo anterior debido a que la resolución emitida por la Semarnat en septiembre de 2014 se otorgó sin consultar debidamente a las comunidades indígenas, a pesar de que la propia autoridad reconoce que los pueblos acceden al territorio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto. De igual forma, la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales, otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la CFE, en noviembre del mismo año, se emitió sin considerar el uso y aprovechamiento que los pueblos indígenas realizan en dicho territorio, con subestimación de los impactos y riesgos regionales a nivel cuenca y para el ecosistema de humedales costeros, su biodiversidad, provisión de alimentos, viabilidad económica. Debido a su relevancia internacional como humedal, la Misión Ramsar recomendó en el 2010, incluirlo en el registro Montreux para elevar su nivel de protección, debido a los posibles impactos al Sistema Ambiental Regional. En este sentido, es necesario cumplir con el objetivo estratégico de “Mejorar la aplicación a nivel nacional de la Convención Ramsar por parte del Estado mexicano, a fin de salvaguardar el ambiente sano y los derechos humanos”. La importancia de la cuenca del río San Pedro Mezquital es regional y global porque lleva nutrientes al Golfo de California (Patrimonio de la UNESCO), siendo esencial para el ciclo de vida de muchas especies y para la conexión con el gran ecosistema marino. El Estado mexicano debe ser congruente con el interés público, proteger a la región y evitar emisiones de gases de efecto invernadero como las que el proyecto Las Cruces generaría. Organizaciones firmantes: AIDA Causa Natura Cemda Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital Consejo Náyeri Consejo Regional Wixárika Fundar Grupo Ecológico Manglar Nuiwari Serapaz SuMar
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Brasil y el ejemplo que sí habría que seguir
En un aparente giro de timón, el gobierno de Brasil dio señales del fin de la construcción de grandes represas en la Amazonía. De concretarse, es un paso digno de imitar para que la región y el mundo avancen hacia la generación energética sostenible y respetuosa del ambiente y los derechos humanos. El 2018 comenzó con noticias alentadoras para el sector energético y para los ríos y los derechos humanos en América Latina. Un alto funcionario del gobierno de Brasil anunció, en entrevista con el diario O Globo, el comienzo del fin de las grandes hidroeléctricas en ese país. La afirmación está respaldada por la ausencia de varios de esos proyectos en el nuevo Plan Decenal de Expansión de Energía de la nación sudamericana. El giro es particularmente significativo siendo Brasil una potencia mundial en la construcción de grandes hidroeléctricas, proyectos con los que hasta hace unos meses contaba para atender la creciente demanda energética nacional. Entre corrupción y falta de financiamiento La decisión responde a diversos factores, incluyendo los conflictos sociales y los impactos ambientales que las grandes represas han generado, así como la oposición a ellas de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Además, estas obras han implicado altos costos y, como afirmó Edvaldo Santana, ex director de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) a O Globo, “acaban costando mucho más, a pesar de las licencias”. De hecho, las grandes represas han estado en el centro del escándalo de corrupción destapado por la investigación denominada Lava Jato, el más grande en la historia de Brasil y que traspasó sus fronteras al implicar a políticos y empresarios de 11 países latinoamericanos. La evidencia encontrada motivó incluso el inicio de Leviatán, una investigación especial sobre la represa Belo Monte por los indicios de elevados pagos en sobornos relacionados con su construcción. Lo anterior se suma a los requerimientos para las licencias ambientales que algunos proyectos no han cumplido. Es el caso de Belo Monte, cuya licencia lleva meses suspendida, o de la represa Tapajós, cuya licencia fue negada el año pasado. De otro lado, el gobierno brasileño anunció la privatización de Electrobras, empresa pública con un rol fundamental en la construcción de estas grandes infraestructuras. Con ello y con la crisis económica que ha afectado la capacidad del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para apoyar estos proyectos, las grandes represas han perdido sus principales fuentes de financiamiento. Por ende, y ante los avances tecnológicos y las alternativas energéticas, Brasil comienza a dejar atrás a las grandes represas y da un paso importante hacia la verdadera energía sostenible, una que además respete los derechos humanos. Este avance podría tener un impacto importante en todo el continente americano y comenzar una ola de cambios hacia una matriz energética más moderna y alejada de las cada vez más obsoletas hidroeléctricas. Los pueblos indígenas ha sido gravemente afectados por la implementación intensiva de grandes represas en Brasil. | Crédito: Amazon Watch-Maíra Irigaray. Un cambio necesario Solo en la cuenca amazónica existen más de 275 nuevas represas planeadas, la mayoría en la región andina. Y hay otros cientos de proyectos hidroeléctricos en fila en Centroamérica y México. De hacer eco de lo anunciado en Brasil, estas iniciativas podrían incorporar una planeación adecuada e integral de energía con evaluaciones serias de costos y riesgos. En esos término, Pablo Pedrosa, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, habló con O Globo. “No estamos dispuestos a hacer movimientos para disfrazar los costos y los riesgos”, aseveró. Incluso entidades de orden global como la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, han experimentado de primera mano los costos financieros, reputacionales y socioambientales de no evaluar adecuadamente proyectos de grandes represas. En 2012, la CFI, a través del Fondo Latinoamericano de Infraestructura Renovable, financió con 15 millones de dólares la represa Santa Rita, a construirse en el río Ictobay, en Alta Verapaz, Guatemala. A finales del año pasado, el mecanismo de rendición de cuentas de la entidad, concluyó que ésta había incumplido sus políticas operacionales con dicha inversión. Les dio la razón a las comunidades afectadas al concluir que no se había cumplido el proceso de consulta libre, previa e informada. Aunque la gerencia de la CFI negó los hallazgos de su mecanismo de rendición de cuentas, el proyecto está suspendido desde 2013 y las comunidades indígenas de la zona mantienen su oposición al mismo. La reciente decisión de Brasil refuerza la tendencia mundial de alejarse de las grandes represas. Incluso en Estados Unidos, desde hace algunos años, se están removiendo represas para rescatar ríos y los beneficios que brindan. Es el caso del río Snake y la pesca del salmón en Washington. Ante este buen inicio de año, será esencial vigilar que Brasil implemente efectivamente su decisión. Y, siguiendo ese ejemplo, seguro otros países andino-amazónicos pueden avanzar también hacia la modernidad, considerar los costos reales de las grandes represas y promover mejores alternativas, más baratas y que no se lleven por delante a ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos.
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Los Riesgos de la Expansión Salmonera en la Patagonia Chilena
En Chile, la industria salmonera ha crecido rápidamente en los últimos 20 años, a menudo a expensas del medio ambiente, como ha ocurrido en las regiones de Los Lagos y Aysén, donde las granjas de salmón se han establecido firmemente. En búsqueda de aguas más prístinas, la industria se está instalando ahora en las últimas costas vírgenes del país, en la región de Magallanes, al sur de la Patagonia. La expansión se está llevando a cabo sin pruebas científicas o estudios serios para limitar la producción a la capacidad de las aguas. Ello podría tener consecuencias catastróficas para los ecosistemas locales, algo que ha generado preocupación entre organizaciones ambientales. El presente informe, elaborado para AIDA por el biólogo Héctor Kol, con el apoyo de la Fundación Waitt, tiene como objetivo contribuir al entendimiento de los daños actuales y potenciales que la producción industrial de salmón implica para Magallanes. Con esto, se busca también contribuir a la protección efectiva del ambiente acuático-marino de la Región, usando las herramientas legales existentes. El documento presenta un análisis detallado de la situación de la granjas de salmón en Magallanes, respondiendo a las siguientes preguntas: ¿cuántas existen?, ¿dónde están? ¿cuánto producen y en qué condiciones lo hacen? El estudio abarca los proyectos de granjas ya autorizados por el gobierno y aquellos cuyos permisos están en trámite. El total fue dividido por sectores geográficos para facilitar el análisis. La información de cada proyecto incluye mapas de ubicación y estimaciones de la cantidad de desechos que dejan en las aguas donde están instalados, aspecto clave para determinar sus impactos en la vida marina. De ese modo, el autor ilustra la magnitud del problema. El informe contiene además información básica del proceso de autorización de este tipo de proyectos y de la regulación existente para el sector, así como anexos con documentos científicos y legales sobre cada proyecto. El análisis permite arribar a conclusiones importantes, entre las que están las siguientes: De los 261 proyectos analizados, poco menos de la mitad han sido ya autorizados y el resto podría conseguir sus permisos en el corto y mediano plazo. Ello muestra el rápido avance de la industria en la región y alerta sobre la necesidad de un monitoreo constante, sobre todo de las condiciones ambientales y sanitarias con las que opera. De los 126 proyectos autorizados, solo 35 (equivalentes al 25% del total) están operando efectivamente. Existen, en un mismo sector geográfico y sin una fundamentación que lo explique, grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores. Ello evidencia la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados. Más de la mitad de los proyectos que están actualmente en operación, han generado la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina. Más grave aún es que al menos nueve de ellos están ubicados en áreas naturales protegidas. Lo anterior demuestra que, antes de otorgar permisos de operación, no se realizaron estudios adecuados para asegurar que la capacidad de las aguas no sea rebasada por la cantidad de peces autorizada para la crianza. Significa también que los proyectos no son sometidos a procesos apropiados de evaluación ambiental. No se cuenta con información ambiental sobre todos los proyectos autorizados, lo cual impide determinar con mayor precisión los daños potenciales de la industria del salmón en Magallanes. En suma, el estudio concluye que ni el Estado ni las empresas salmoneras han hecho lo suficiente para evitar que los daños ya ocasionados por la industria en otras regiones de Chile, se repitan ahora en una de las zonas más prístinas del país. Consulta y descarga el informe completo MAPA: Proyectos de salmonicultura divididos por sector geográfico Íconos y polígonos rojos: proyectos con concesión acuícola otorgada, Proyecto Técnico aprobado y evaluación ambiental disponible (104 en total). Íconos blancos y polígonos rojos: proyectos con concesión acuícola otorgada y Proyecto Técnico aprobado, pero sin RCA (Resoluciones de Calificación Ambiental) ni información ambiental disponible (22 en total). Íconos y polígonos amarillos: proyectos en trámite, sin concesión acuícola aprobada, pero con Proyecto Técnico aprobado (10 en total). Íconos y polígonos verdes: proyectos en trámite, sin concesión acuícola aprobada y sin Proyecto Técnico aprobado, pero considerados viables por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (124 en total). View larger map
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