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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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La Junta Directiva de AIDA se renueva
Damos la bienvenida con orgullo a los nuevos integrantes: Xavier Martínez Esponda, Mónica Roa y Manuel Pulgar-Vidal, profesionales destacados en el ámbito del derecho y en la defensa del ambiente y los derechos humanos en América Latina. Tras conocerse los resultados de nuestras elecciones internas, la Junta Directiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente se renueva con la incorporación de tres personas para el próximo periodo de tres años renovables. Nos sentimos honrados al dar la bienvenida a Xavier Martínez Esponda, destacado abogado mexicano y Director Técnico – Operativo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA); Mónica Roa, reconocida abogada colombiana y defensora de los derechos de las mujeres; y Manuel Pulgar-Vidal, reconocido abogado ambiental peruano, exministro del Ambiente de Perú y actualmente Líder de Clima y Energía de WWF Internacional. Manuel Pulgar-Vidal regresa a la Junta Directiva de AIDA, la cual presidió durante ocho años luego de ayudar a fundar la organización en 1998. La Junta Directiva está presidida por Manolo Morales, de Ecuador, Director Ejecutivo de la Corporación de Gestión y Derecho Ambiental ECOLEX. Tiene como Vicepresidente a Jerónimo Rodríguez, de Colombia, Subdirector del Programa Riqueza Natural de Chemonics International; como Oficial Financiero a Martin Wagner, de Estados Unidos, Director del Programa Internacional de Earthjustice; y como Secretaria a Margot Venton, de Canadá, abogada de Ecojustice. Y tiene además como miembros a Rafael González, de Costa Rica, Presidente de Justicia para la Naturaleza (JPN) y a Pedro Solano, de Perú, Director Ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA). Como la única organización regional de expertas y expertos latinoamericanos que brindan apoyo legal y técnico gratuito para proteger el ambiente y a las comunidades del continente, AIDA busca fortalecerse constantemente, lo que incluye el rol importante que cumplen los miembros de nuestra Junta Directiva.
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Abramos los ojos a los daños de la producción de salmón en Chile
Hace poco fui a cenar con unos amigos. Dos de ellos pidieron salmón. El plato era bastante costoso porque, pese a que Chile es el segundo productor de salmón a nivel mundial, es una especie introducida en el país y una de las más apetecidas para el consumo nacional. Me pregunté si mis amigos eran conscientes del daño que la producción industrial de salmón está causando en nuestros mares y respetuosamente les pedí su opinión. Su respuesta fue lapidaria: “Son exageraciones, no creo que sea para tanto…” Lamentablemente, esperaba esa respuesta. El daño ambiental de la salmonicultura en Chile es invisible. Es una realidad grave, pero oculta. Actualmente, tengo el privilegio de realizar una pasantía en AIDA y me gustaría compartir este espacio para generar conciencia sobre el tema. Una industria no sostenible El pasado 5 de julio, la fuga de cerca de 700 mil salmones de una granja de la empresa Marine Harvest en la Isla Huar, Región de Los Lagos, reavivó el debate público sobre los daños de la industria salmonera en Chile. El escape, causado por daños a la infraestructura de las jaulas de salmón tras una tormenta, podría representar una de las mayores catástrofes ambientales desde que el cultivo de salmón se inició en el país, en los años 80. Pero ¿cuál es el problema? No es uno, son varios. Y comenzaron a ser visibles el 2007, cuando se registró el primer caso de Anemia Infecciosa del Salmón, enfermedad que provoca la muerte de los peces. Aunque se adoptaron medidas sanitarias y de infraestructura, el problema de fondo no fue resuelto: la sobrecarga de peces en espacios marinos, que provoca falta de oxígeno y eventualmente zonas muertas. Esas malas prácticas llevan además al uso excesivo de antibióticos para tratar diversas enfermedades e infecciones en los peces y, eventualmente, a otros problemas como la generación de algas nocivas y luego de mareas rojas que arrasan con la vida marina. Tras la fuga masiva de salmones, existe un riesgo grave para la salud pública porque los peces que escaparon estaban recibiendo tratamiento con antibióticos, de manera que no son aptos para el consumo de personas ni de otros animales. Sin embargo, en los primeros días luego de la fuga y pese a las advertencias de las autoridades, pescadores de la zona capturaban salmones para venderlos a precios absurdamente bajos (entre 1 y 4 dólares el kilo). Un riesgo adicional es que los salmones fugados podrían asentarse en ecosistemas marinos de los que no son originarios. Al ser una especie carnívora, el salmón arrasa con todo a su paso, en especial con la fauna nativa. Es más, según Greenpeace, la fuga sería equivalente a una plaga de 140 millones de ratones que depredarán lo que encuentren en su camino. Aunque por norma la empresa debía recapturar al menos al 10% de los salmones, no lo ha logrado, pese a ofrecer recompensas de hasta 11 dólares por cada pez. La tarea es complicada porque los salmones son presa de lobos marinos y otros depredadores. Todo lo anterior desnuda un problema estructural: la falta de control y regulación del gobierno frente a una industria que no es sostenible. El caso de la empresa Marine Harvest es un ejemplo más de cómo la industria salmonera incumple normas ambientales. Según el Servicio Nacional de Pesca, unos 3.3 millones de salmones han escapado desde los distintos centros de cultivo en las regiones de Los Lagos, Aysén y Magallanes en los últimos ocho años. Medidas urgentes De seguir así, la producción industrial de salmón podría acabar con la biodiversidad de los mares chilenos. Otros países han asumido acciones más drásticas frente a hechos similares al ocurrido en la Isla Huar. En Estados Unidos, por ejemplo, el Estado de Washington decidió apuntar a la eliminación gradual de las granjas de salmón, tras el escape de 300 ejemplares de un centro de cultivo. En AIDA trabajamos para proteger a la Patagonia chilena, la región más prístina del país y en cuyas aguas la industria del salmón pretende seguir expandiéndose. Presentamos una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente, solicitando que investigue los daños que los criaderos de salmón están generando en la región de Magallanes, y que sancione a las empresas responsables. Encargamos, además, la elaboración de un informe científico que evidencia la delicada situación en esa zona. Ojalá mis compatriotas puedan sacarse pronto el velo de los ojos y entender que la búsqueda de una solución es una causa común. Al final de cuentas, aquel delicioso bocado de salmón puede resultar más costoso de lo que creen.
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