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Foto: Alberto Peña Kay

Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria

En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.

Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.

La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.

El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:

  • Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011. 
  • Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.

De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.

Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.

Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.

El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.

 


Pronunciamiento de AIDA y APRODEH ante fallo en arbitraje internacional sobre La Oroya

El Estado peruano debe concentrar sus esfuerzos en atender adecuadamente la situación ambiental, sanitaria y laboral en La Oroya. Lima, Perú. Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), recibimos con satisfacción la decisión del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) que favorece al Estado peruano en el arbitraje internacional relacionado con el Complejo Metalúrgico de La Oroya e iniciado por el Grupo Renco, propietario de Doe Run Perú. Esperamos que, tras la decisión, el Estado concentre sus esfuerzos dar una solución sostenible a la situación de contaminación ambiental en la ciudad La Oroya y que priorice la salud, el ambiente y el trabajo de sus habitantes. Esperamos además que —siguiendo una línea de acción transparente, diligente y apegada al Estado de Derecho— cumpla plenamente con las medidas cautelares otorgadas en 2007 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y ampliadas 2016, a favor de la población afectada por la contaminación. Asimismo, Perú debe aceptar su responsabilidad internacional por las violaciones de derechos humanos cometidas en perjuicio de los habitantes de La Oroya en el proceso que se lleva al respecto también en la CIDH. A propósito del fallo del CIADI, Astrid Puentes, codirectora de AIDA, señaló: "Por años se ha querido caer en la falsa premisa que la exigencia de operar adecuadamente el Complejo Metalúrgico de La Oroya atenta contra los derechos de los trabajadores. Sin embargo, Doe Run Perú y cualquier empresa que opere el complejo puede y debe hacerlo de forma que también proteja y respete los derechos a la salud y a la vida de sus trabajadores y de toda la población".  

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AIDA condena amenazas contra defensores y defensoras del ambiente en Tolima, Colombia

Como organización regional, hacemos un llamado a que el Estado colombiano adopte de inmediato medidas para garantizar la vida e integridad de las y los activistas en riesgo. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) condena de forma categórica las amenazas hechas contra el Colectivo Socio Ambiental Juvenil de Cajamarca (Cosajuca), Colombia. El 8 de julio pasado, la organización colombiana, parte del Comité Ambiental de Cajamarca y de la Red de Comités Ambientales de Tolima, recibió un documento con amenazas de muerte. Ello se suma a las intimidaciones de las que fueron objeto anteriormente.   El ejercicio de las libertades de expresión y asociación es fundamental para el Estado de Derecho y para una sociedad democrática.  El acceso a la información, la participación y la búsqueda de justicia ambiental, son actividades legítimas, protegidas por la Constitución y los instrumentos jurídicos de carácter internacional de los que Colombia es parte. Cosajuca ejerce esos derechos mediante la promoción de una consulta popular frente a la minería contaminante en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima, región en la que se tiene previsto desarrollar proyectos de explotación de oro a gran escala. AIDA llama al Estado colombiano a garantizar la vida, libertad e integridad física de los integrantes de Cosajuca. Le requerimos garantizar además un espacio propicio para que estos defensores y defensoras del ambiente realicen su labor, así como a investigar de forma pronta y eficaz las amenazas expresadas en su contra. La atención prioritaria y efectiva de este tema se hace más urgente si consideramos que lo acontecido en Tolima es parte de una problemática mayor en Colombia y en América Latina. Global Witness identificó a Colombia como el tercer país más peligroso del mundo para los ambientalistas con 26 muertes registradas en 2015, y a otros seis países de la región entre los más mortíferos.  

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Fracking

Seminario virtual "El avance del fracking en América Latina: Herramientas para prevenirlo y detenerlo"

El fracking de hidrocarburos no convencionales puede ocasionar daños graves e irreversibles en la salud de las personas y el ambiente. Mientras países o regiones como Francia, Holanda o el Estado de Nueva York (EE.UU.), han prohibido o declarado la moratoria del fracking en sus territorios, varios países de América Latina están impulsando a ciegas esta técnica, ignorando los daños graves que puede ocasionar. Con todo, la sociedad civil y las y los tomadores de decisiones tienen herramientas legales para prevenir o detener al fracking. Grabación Presentaciones Recursos útiles citados en el seminario Principio de precaución. Herramienta jurídica ante los impactos del fracking (publicación). "Territorio Crudo" (video sobre los daños ocasionados por el fracking en Argentina). Mapas interactivos sobre el fracking en México. Mapas, artículos y otros recursos sobre el fracking en EE.UU. Compendio de hallazgos científicos, médicos y de medios de comunicación que demuestran los riesgos y daños del fracking.

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