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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Reacción: El Congreso de la UICN vota a favor de una moratoria a la minería de aguas profundas
Marsella, Francia. El Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó hoy, con un apoyo abrumador, una moción en la que se pide una moratoria para la explotación minera de los fondos marinos. 81 gobiernos y organismos gubernamentales votaron a favor de la moratoria, 18 en contra y hubo 28 abstenciones. Entre las ONG y las organizaciones de la sociedad civil, la votación fue de 577 a favor, 32 en contra y 35 abstenciones, enviando un fuerte mensaje a los gobiernos sobre la existencia de una oposición global a la minería de aguas profundas. "Estamos muy satisfechos de ver que tantos gobiernos, organismos y ONG han votado a favor de una moratoria de la minería de aguas profundas; el apoyo ha sido abrumador", dijo Matthew Gianni, cofundador de la Coalición para la Conservación del Mar Profundo (DSCC por sus siglas en inglés). "Los países miembros de la AIFM, incluida Francia, país anfitrión de este Congreso, tienen que despertar y actuar en nombre de la sociedad civil y el ambiente, y tomar medidas en apoyo de una moratoria". Los científicos han advertido que la minería en aguas profundas causará una pérdida de biodiversidad y una degradación de los ecosistemas a gran escala, la cual será irreversible, especialmente en las zonas internacionales de los océanos. La Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM), organismo regulador multilateral creado en 1994 en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, está debatiendo si debe comenzar a conceder licencias para la explotación minera comercial de los fondos marinos en tan sólo dos años. 167 países, además de la Unión Europea, son miembros de la AIFM. El Ministerio de Ambiente alemán, el Gobierno de Fiyi y muchos otros organismos gubernamentales votaron a favor de la moción 069. Nauru ha puesto en marcha la llamada regla de los dos años en la AIFM, en el marco de la cual se espera que la Autoridad expida una licencia comercial para la explotación minera. 47 países africanos han impugnado la activación y Sian Owen, director de la DSCC, afirma: "Esperemos que el voto en Marsella se traduzca en una votación en la AIFM para adoptar una moratoria sobre la minería de aguas profundas". La moción 069, que promueve la protección de los ecosistemas de las profundidades oceánicas y su biodiversidad, mediante una moratoria a la explotación minera de los fondos marinos, fue patrocinada por Fauna y Flora Internacional y copatrocinada por la Fundación MarViva (Costa Rica), el Consejo de Defensa de los Recursos Naturales (EE. UU.), Sylvia Earle Alliance/Mission Blue (EE. UU.), Synchronicity Earth (Reino Unido), Wildlands Conservation Trust (Sudáfrica), World Wide Fund for Nature – International. PARA INFORMACIÓN ADICIONAL Matthew Gianni, UICN, 31 646 168 899 Sian Owen, UICN, 31 648 502 659 María José González-Bernat, AIDA, 57 350 464 5678 CONTACTO DE PRENSA Victor Quintanilla (México), [email protected], 52 55 7052 2107
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Cambio climático: ¿eres parte del problema o de la solución?
Hace unos días, el IPCC publicó la primera parte de la sexta evaluación del estado global del cambio climático (AR6), correspondiente a la información científica. La existencia y listado de los daños en el planeta no es información del todo nueva para quienes llevamos décadas trabajando en esto. Lo que sí es novedoso es el nivel de certidumbre científica, la magnitud y escala de los impactos climáticos, así como las proyecciones a futuro. En síntesis, hoy la situación global es peor de lo que se pensaba. Como abogada que trabaja por la justicia climática, la noticia es muy preocupante, incluso frustrante. Como mamá, el informe fue devastador. Quiero lo mejor para mis hijes. Aun así, a pesar de no tener responsabilidad en el desastre climático, su futuro estará determinado por este y por los impactos que mi generación, y anteriores, les dejamos. Esta realidad la comparten todos los niños y niñas, así como millones de personas y comunidades en mayor situación de vulnerabilidad, que sufren las peores consecuencias de la crisis climática sin ser responsables de haberla causado. Ante el escenario desolador, podemos sucumbir ante el miedo y la depresión, ser indiferentes o actuar. Yo decido actuar. Decidí escribir esta última columna como codirectora ejecutiva de AIDA, donde tuve el honor de trabajar por 18 años. Resaltaré las conclusiones más importantes del IPCC y la importancia de diferenciar la responsabilidad en la crisis climática para avanzar hacia soluciones efectivas. Considero esenciales estos elementos para tener un panorama completo de solución climática. Invito a renunciar a la indiferencia y al (comprensible) sentimiento de impotencia derrota o frustración para reemplazarlo por acción colectiva y efectiva. Las palabras importan, también en la ciencia. El informe del IPCC es contundente al concluir por primera vez que es "inequívoco" que la atmósfera, el océano y la tierra han sido afectados por influencia humana. Así lo establecieron cientos de científicos y científicas del mundo. Inequívoco significa que no hay duda, que algo es incontrovertible, que no es ambiguo. Aunque suene obvio, es relevante enfatizarlo pues, hace muy poco, escuché a presidentes de países responsables de las mayores emisiones negar la existencia o gravedad de la crisis climática. Este negacionismo nos ha costado décadas de avances. El IPCC concluyó también que la temperatura del planeta ha aumentado, que "cada una de las últimas cuatro décadas ha sido sucesivamente más caliente que cualquier década que le haya precedido desde 1850" y que los impactos negativos en nuestro planeta son reales, actuales y serán cada vez más intensos en la medida en que continúen aumentando la temperatura y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). América Latina y el Caribe ha sufrido impactos que nos han costado miles de vidas humanas, millones en pérdidas y varios miles de personas desplazadas, cuya vulnerabilidad aumenta. A pesar de ello, la región continúa dependiendo más de combustibles fósiles, la deforestación sigue descontrolada y las ciudades, donde vive el 80% de la población, crecen sin planeación y con grave contaminación del aire. El IPCC identificó el problema en las ciudades como de atención fundamental porque la disminución de gases de efecto invernadero y de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC) podría ayudar tanto a la solución climática como a mejorar la calidad del aire y, por ende, la salud de las personas. Responsabilidad y acción hacia las soluciones climáticas Soluciones existen, pero para implementarlas es esencial conocer la causa y la magnitud de la crisis climática. Este es el rol del IPCC y su importancia. De otro lado, hay que entender la fuente de las emisiones así como sus responsables pues no todas las personas, entidades y países son responsables en la misma medida de esta crisis. Precisamente la falta de responsabilidad climática es hoy uno de los mayores retos para lograr soluciones. De un lado están los gobiernos, que a pesar de los compromisos internacionales, incluyendo el Acuerdo de París, aun no los concretan en acciones ambiciosas y efectivas. Por ejemplo, las metas gubernamentales de las contribuciones nacionalmente determinadas (NDC) están muy lejos del nivel de compromiso necesario. De hecho, ningún país de América Latina tiene una NDC del nivel de ambición y efectividad requerido. Por otro lado, está la irresponsabilidad de las empresas para abordar la porción que les corresponde y la incapacidad de los gobiernos y de la comunidad internacional para exigírselos. Esto es esencial no solo por temas éticos, sino de facto. Según investigaciones científicas, solo 90 entidades empresariales son responsables del 63% de las emisiones globales de CO2 y de metano desde 1751 hasta 2010. De otro, está la responsabilidad individual. Según Naciones Unidas, el 1% más rico de la población genera más del doble de las emisiones que el 50% de la población más pobre. La desigualdad es evidente: quienes menos responsabilidad tienen en la crisis climática son quienes más están viviendo sus impactos, como ha concluido la ONU en múltiples informes. La falta de resultados y de asumir responsabilidades por parte de los actores clave mencionados ha llevado a comunidades, personas afectadas y organizaciones a buscar soluciones a través del litigio estratégico. Así, con la intervención de las cortes, se han dado algunas decisiones históricas como las de Holanda, Colombia y Pakistán, entre otras. De eso se trata concebir la justicia climática como un punto de partida para resolver la crisis del clima. La justicia climática implica ver más allá de la reducción de toneladas de CO2 y de otros GEI y de la conservación de millones de hectáreas. La justicia climática es la búsqueda de soluciones integrales; incorporando la perspectiva de los derechos humanos y de la naturaleza; poniendo a las personas y a las comunidades en el centro, con procesos participativos e inclusivos, con perspectiva de género; buscando que quienes han causado esta crisis, emitiendo por décadas, asuman su responsabilidad histórica y que quienes más están sufriendo los impactos, sean compensados. Esta es la columna vertebral de nuestro trabajo en AIDA, que impulsamos junto con docenas de comunidades y organizaciones en América Latina, en coordinación con colegas del Sur y del Norte Global. Hoy, la evidencia científica y el nivel de urgencia reclaman que finalmente, cambiemos de rumbo para evitar una mayor debacle. Será nuestra decisión continuar las acciones de siempre, ignorar al IPCC o finalmente prestar atención y actuar integralmente hacia la justicia climática que el planeta nos pide. Tenemos la información, las herramientas y el llamado de urgencia. Confío en hacerlo realidad y hacia allá seguiremos trabajando. Cada persona, empresa y Estado puede sumarse y decidir también ser parte de la solución. De lo contrario, seguirá siendo parte del problema.
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Nuestra responsabilidad en la conservación de los recursos pesqueros
Cada vez es más frecuente escuchar a personas decir que se identifican como flexitarianas o semivegetarianas. El flexitarianismo se basa en una dieta vegetariana, pero que de manera ocasional incluye el consumo de algunos productos de origen animal: carnes, aves, mariscos y pescados. También están las personas pesco-vegetarianas o pescetarianas, que solo consumen distintas variedades de pescado y mariscos. Como cualquier hábito de consumo, es importante preguntarnos por sus impactos en el entorno. Si bien el actual modelo de consumo de carne no es sostenible, en gran parte debido a sus impactos en el clima, la situación del consumo de pescado no es más alentadora. Según el informe bienal presentado por la FAO, durante más de 60 años, el consumo mundial de pescado se ha incrementado a un ritmo considerablemente mayor al del crecimiento de la población mundial. Además, se estima que más del 30% de las poblaciones de peces en el mundo se encuentran sobreexplotadas y que un 60% están explotadas al máximo. El aumento continuo de la pesca excesiva tiene consecuencias no solo a nivel de biodiversidad y funcionamiento de los ecosistemas, sino que a su vez disminuye e impacta la producción pesquera, lo que conlleva repercusiones negativas a nivel económico y social. Una nueva tendencia Las razones que impulsan a las personas a cambiar sus hábitos alimentarios son numerosas. Con frecuencia son motivos ligados a su salud, su peso y a consideraciones éticas que reflejan una ideología de respeto animal y una de sostenibilidad ambiental relacionada con la disminución del consumo de carnes rojas. En los últimos años, se ha promocionado con mucha fuerza la alimentación rica en pescado, fundamentalmente por sus beneficios nutricionales. El contenido nutricional del pescado varía en función de factores como la especie, la edad, el medio en el que vive, la alimentación o incluso la época de captura. Sin embargo, en términos generales, los pescados se caracterizan por ser fuentes de vitaminas y de proteínas con alto valor biológico. Los pescados azules o grasos —entre ellos el salmón, la sardina y el atún— suelen ser excepcionalmente ricos en Omega-3 y en minerales como potasio, magnesio y fósforo. A nivel nutricional, se aconseja consumirlos de dos a tres veces por semana dado que un consumo racional conlleva beneficios como la regulación de la presión arterial, así como la disminución del riesgo coronario y de los niveles de triglicéridos. Si bien es necesario alimentarse de manera saludable y balanceada para tener una vida plena, también es crucial tomar en cuenta el origen de los alimentos que consumimos y cuestionarnos ¿de dónde provienen?, ¿cuál es su cadena de suministro?, ¿en qué condiciones fueron elaborados o capturados? Un ejemplo de la relevancia de responder a estas preguntas es el caso del salmón, cuyo valor nutricional está en las especies salvajes y no así en las cultivadas en granjas, alimentadas con una excesiva cantidad de antibióticos. Sobrepesca, incentivos y consecuencias De acuerdo con la FAO, alrededor del 90% de las poblaciones de peces marinos a nivel mundial están totalmente explotadas, sobreexplotadas o agotadas. Y los subsidios negativos a la pesca representan gran parte del problema. Esos subsidios, al incrementar las capacidades de pesca, brindan beneficios a corto plazo, pero amenazan la sustentabilidad de ecosistemas y comunidades en el largo plazo. En todo el mundo, los subsidios negativos representan 22 mil millones de dólares cada año. Los más utilizados son aquellos destinados a la compra de combustible y a la modernización de barcos para el incremento de capturas. A nivel ecológico, estos incentivos reducen el acervo de peces y dificultan su recuperación. Destruyen hábitats marinos y exacerban la sobreexplotación. Dado que cerca de 60 millones de personas trabajan directamente en las pesquerías del mundo, es primordial permitir que las poblaciones de peces se regeneren adecuadamente, asegurando el sustento de las comunidades pesqueras. Debemos reconocer la importancia del uso responsable de los recursos pesqueros y acuícolas como una prioridad para la seguridad alimentaria y la nutrición mundial, y para las oportunidades de desarrollo local. Es necesario promover prácticas responsables que vayan desde la captura hasta el consumo. Ello requiere un esfuerzo conjunto donde los consumidores cumplimos un papel fundamental. Consumo responsable Una pesca sostenible permite que las poblaciones de peces se reproduzcan de manera adecuada y continua, manteniéndose saludables y productivas. Si bien esta tarea requiere el involucramiento activo del sector pesquero y de autoridades gubernamentales, como consumidores tenemos la gran responsabilidad de contribuir a la conservación de los recursos pesqueros y de fomentar la sostenibilidad a través de nuestras decisiones de compra. Algunos consejos sencillos que podemos implementar son: Verificar la procedencia y tamaño del pescado o marisco: Conocer aspectos como la procedencia y método de captura, además del tamaño de la pieza, que determina si alcanzó la madurez suficiente. Diversificar nuestros hábitos de consumo: Consumir pescado y marisco de acuerdo con la estacionalidad. La estacionalidad es un fenómeno relacionado con las épocas de reproducción y desplazamiento de las especies, que dependen mucho de características como la temperatura de las aguas. Consumir pescados y mariscos de temporada permite una reproducción y recuperación adecuada de las especies, asegurando un mayor equilibrio y ayudando a evitar la sobrepesca. Comprar en sitios autorizados: Conocer si el lugar de expendio cumple realmente con criterios de sostenibilidad y trazabilidad de los productos que comercializa. La trazabilidad es el conjunto de medidas y procedimientos que permiten seguir el rastro de un producto pesquero desde su captura hasta su venta final. Revisar las etiquetas: Donde sea posible, elegir productos con certificación de prácticas de pesca y comercialización sostenible, como el sello de MSC (Marine Stewardship Council) o el Estándar de Responsabilidad Ambiental para la Comercialización del Pescado, otorgado por Marviva en Costa Rica, Panamá y Colombia. Si permitimos la recuperación paulatina de nuestro océano, estaremos contribuyendo positivamente a la seguridad alimentaria, a la economía y al bienestar de las comunidades costeras y de las futuras generaciones.
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