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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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La gran oportunidad del BID para apoyar la protección del ambiente y los derechos humanos
Texto publicado originalmente en Animal Político El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (Grupo BID) se encuentra en una posición única no solo para apoyar los esfuerzos de recuperación de América Latina y el Caribe, región duramente golpeada por la pandemia, sino también para hacerlo respetado a las personas y al ambiente. El Grupo BID —compuesto por el BID, que trabaja con gobiernos; el BID Invest, que colabora con el sector privado, y el BID Lab o laboratorio de innovación del BID— es la entidad de financiamiento del desarrollo más importante del continente. En 2020, aprobó una cifra récord de 21.600 millones de dólares para sus 26 países miembros en la región. Además del reto de liderar la recuperación de las finanzas públicas, la actual crisis económica y social representa una oportunidad para que el Grupo BID afronte con éxito otro gran desafío, uno fundamental para el papel que desempeña en el continente y que adquiere mayor relevancia en el contexto actual: la adopción de políticas operativas que cumplan con estándares internacionales en materia ambiental y de derechos humanos, así como de mejores procesos de rendición de cuentas. Respecto a la rendición de cuentas y a la evaluación de sus políticas actuales, es importante considerar que cuatro proyectos hidroeléctricos financiados por el Grupo BID están o han estado bajo escrutinio ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) de la entidad debido a los impactos ocasionados por su implementación en comunidades indígenas y rurales de Guatemala, Chile y Colombia. Estos proyectos, financiados por el BID Invest, han afectado los modos de vida de quienes viven a su sombra. Desde la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —junto con la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza— hemos apoyado a miembros de comunidades mayas de la microrregión de Ixquisis, en Guatemala, ante la destrucción causada por dos de estos proyectos: las represas San Mateo y San Andrés. En lo personal, he visto de primera mano los daños ocasionados a la población indígena. He escuchado el miedo y la incertidumbre en las voces de las mujeres de la zona mientras explicaban cómo sus ríos estaban contaminados, sus hijos enfermos y sus vidas afectadas gravemente. “Un día nos quedaremos sin agua y no podremos vivir”, me dijo una líder indígena de Ixquisis. “Nuestros hijos sufrirán”. Las mujeres de Ixquisis han tenido un rol central en la queja presentada por las comunidades afectadas ante el MICI, ya que una de las principales cuestiones en juego se centra en que el financiamiento de las represas vulneró la política operativa de la entidad en materia de género, que reconoce que los proyectos de desarrollo suelen tener impactos diferenciados en las mujeres. Para las mujeres, los ríos son un elemento vital pues posibilitan el acceso al agua y a la alimentación, siendo también un espacio de intercambio entre ellas. En la queja, las comunidades denuncian además el incumplimiento de las políticas operativas del Banco en materia de derechos indígenas y ambiente, así como los daños resultantes. Argumentan que la empresa a cargo de los proyectos hidroeléctricos actuó sin la debida diligencia y violó el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas afectados. De hecho, la implementación de los proyectos ignoró los resultados de una consulta de buena fe, llevada a cabo en 2009, en la que la mayoría de la población local decidió no dar su consentimiento a la construcción de las represas en su territorio. Lo que es evidente es que la capacidad del Grupo BID para supervisar los proyectos que financia es limitada y, a pesar de cumplir normas mínimas, sus políticas operativas son a menudo ineficaces. Además, los espacios en los que verifica el cumplimiento son reducidos y las consecuencias del incumplimiento, inciertas. A principios de 2020, el MICI publicó un informe sobre el proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, en Chile, en el que constata que la represa vulneró varias políticas operativas del Banco, incluida la de género. Sin embargo, ese informe ha sido cuestionado por no ofrecer medidas de restitución por los daños que aún sufren las comunidades afectadas. En los próximos meses, este mecanismo publicará el informe final sobre el caso Ixquisis. Las comunidades afectadas esperan que las recomendaciones que contenga reflejen la realidad de su territorio y estén orientadas a la adopción de medidas de remediación, incluida la desinversión inmediata del financiamiento otorgado para las represas. Con este caso, el Banco tiene una oportunidad clave para demostrar su compromiso con la rendición de cuentas, así como su apertura para evaluar el cumplimiento de sus propias políticas operativas y remediar los daños que su incumplimiento ha causado a comunidades vulnerables. También es una oportunidad para que la entidad tome medidas preventivas y siente las bases para cambiar sus prácticas. Cuando fue electo presidente de la institución, Mauricio Claver-Carone prometió “actuar en los temas prioritarios de la región”. Esto incluye una evaluación de cualquier contexto global que afecte al propio desarrollo que el Grupo BID pretende promover. En estos días, esto tiene que ver no solo con la actual crisis sanitaria, sino también con la crisis climática mundial, la grave situación de riesgo por la que atraviesan las personas defensoras del ambiente y la resolución de una serie de deudas pendientes con la equidad de género y el respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Las acciones que el Grupo BID emprenda a partir del caso de Ixquisis pueden ser el primer paso para el establecimiento de un precedente fundamental para la protección de los derechos humanos y el ambiente entre las instituciones financieras internacionales, una contribución sin duda tan o más valiosa que la económica.
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Alerta aos investidores: Mineradora Belo Sun divulga informações falsas para investidores e público sobre megaprojeto na Volta Grande do Xingu
Organizações da sociedade civil do Brasil e exterior revelam em carta para a Comissão de Valores Mobiliários de Ontário uma série de informações falsas divulgadas pela empresa canandense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) - inclusive falas de seu CEO, Peter Tagliamonte - que minimizam os riscos socioambientais, legais e financeiros do projeto Volta Grande, próximo ao rio Xingu. São falsas e incompletas as informações divulgadas publicamente pela mineradora canadense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) aos seus investidores sobre projeto de mineração homônimo que pretende se instalar no território da Volta Grande do Xingu, no Pará. Esta é principal alerta enviado em carta à Comissão de Valores Mobiliários de Ontário (Ontario Securities Commission - OSC) no dia 29 de julho pelas organizações nacionais e internacionais Amazon Watch, Earthworks, Instituto Socioambiental (ISA), Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, Movimento Xingu Vivo para Sempre e Rede Xingu +. A OCS é reguladora do mercado financeiro canadense e responsável por proteger investidores de práticas fraudulentas e impróprias de empresas. Elaborado por uma equipe jurídica e amparado por evidências legislativas e científicas de pesquisadores independentes, o documento desmente as mais recentes declarações do presidente da Belo Sun, Peter Tagliamonte. Em fala no evento Prospectors & Developers Association of Canada (PDAC), uma convenção internacional sobre minerais e indústria de mineração, realizado em 8 de março, o presidente afirmou que único impedimento para o início das obras de Belo Sun é a pandemia de Covid-19, e que a expectativa é que as obras comecem no final de 2021. Afirmações similares foram feitas em declarações recentes da empresa, e pelo próprio CEO em outras ocasiões. Segundo a carta, as declarações de Tagliamonte são falsas. Sete ações correm na justiça brasileira pedindo a nulidade de licenças e a suspensão do Licenciamento Ambiental. Entre as razões para os pedidos de anulação, destacam-se informações incompletas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) como também inexistência de uma consulta prévia, livre e informada às populações tradicionais que serão impactadas pelo projeto. Há evidência que Belo Sun Corp. violou a política de divulgação de informações da OCS, deixando de divulgar informações atualização e factíveis sobre o projeto, mantendo assim potenciais e atuais investidores informados. Falsas informações divulgadas pela Belo Sun Mining Corp. De acordo com a carta, ainda que a empresa reconheça os riscos associados aos processos legais contra o licenciamento do projeto, ela falha em divulgar dados concretos sobre ações legais e suspensões que correm na Justiça, baseando-se na falta de conhecimento dos investidores sobre a legislação do Brasil. É o caso da suspensão da Licença de Instalação (LI) devido a inexistência da consulta prévia, livre e bem informada das comunidades indígenas que serão impactadas pelo projeto. Em uma recente atualização divulgada pela empresa, Belo Sun afirmou que "continua a avançar em discussões financeiras com vários grupos em preparação ao começo da construção assim que houver o anulação da suspensão do processo de construção (LI)". "A empresa ainda nem começou o processo de consulta - que agora está atrasado devido à pandemia - e já está fazendo propaganda sobre a anulação da suspensão, como se isso fosse uma questão de tempo", pontua Marcella Ribeiro, advogada da AIDA. "A empresa não está em posição de garantir os resultados de um processo de consulta, já que estas negociações são vagarosas e invariavelmente acarretam em mudanças substanciais no projeto. Nada disso está sendo divulgado corretamente para os investidores", ela adiciona. Entre os riscos de investimento em Belo Sun, a carta destaca o histórico de processos judiciais; conflitos em torno do projeto; as falhas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA); e a violação do direito à consulta das populações indígenas. A minimização dos riscos sociais e ambientais dentro dos estudos realizados pela própria companhia já deixou as comunidades de Volta Grande, duramente afetadas pela hidrelétrica Belo Monte, em alerta. Uma série de pesquisas técnicas independentes contradizem os estudos da Belo Sun com relação ao impacto do projeto nos recursos hídricos, na fauna e flora e também com relação à segurança das barragens. Uma das razões para que o processo de obtenção de Licença de Instalação (LI) fosse cancelado em 2017 foi a não realização da consulta prévia, livre e bem informada das comunidades tradicionais. Há também aumento de relatos de intimidação e assédio contra os opositores do projeto, o que demonstra que a situação é muito mais complexa e controversa do que a divulgada pela empresa. A coalizão conclui que "Belo Sun falhou em se comunicar com atuais e futuros investidores sobre a complexa natureza do projeto" que tem "correlação direta com seus atrasos e que levanta questões sobre a própria viabilidade dele". Em um momento de especial atenção à Amazônia e seu potencial socioambiental na mitigação das mudanças climáticas, a carta visibiliza as irregularidades do projeto e os riscos legais e para a reputação de seus eventuais investidores. Sobre Belo Sun Belo Sun promete ser a maior mineradora de ouro a céu aberto do Brasil e quer se instalar na região de Volta Grande do Xingu, um dos locais com maior biodiversidade do mundo que já enfrenta os impactos do desvio do rio Xingu pela hidrelétrica de Belo Monte. Além das etnias Juruna (Yudjá), Arara e Xikrin, a região abriga outros indígenas não aldeados e diversas comunidades ribeirinhas. Desde seu início, o projeto tem enfrentado numerosos processos judiciais por parte do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública do Estado e Defensoria Pública da União. Eles apontam diversas falhas no processo de licenciamento e nos estudos técnicos do projeto, e pedem pela anulação das licenças e pela suspensão do processo de licenciamento. Uma delas resultou em uma decisão judicial, ainda válida, que suspendeu a Licença de Construção (LI) de Belo Sun. CONTATOS Cecilia Garcia, International Rivers, +55 11 97290-6686, [email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, +55 11 98152-8476, [email protected]
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Alerta a inversores: Belo Sun difunde información engañosa sobre un controversial proyecto de minería de oro en la Amazonía brasileña
En una queja presentada ante la Comisión de Valores de Ontario, una coalición internacional de organizaciones de la sociedad civil llama la atención sobre la reiterada difusión de información engañosa por parte de Belo Sun Mining Corp. (TSXV:BSX), incluidas las declaraciones de su presidente ejecutivo, Peter Tagliamonte, en las que resta importancia a los riesgos socioambientales, legales y financieros de "Volta Grande", proyecto de la empresa ubicado a lo largo del río Xingú. La empresa minera canadiense Belo Sun Corp. (TSXV:BSX) difunde información engañosa e incompleta a los inversores sobre el proyecto minero que pretende desarrollar en el río Xingu (Volta Grande do Xingu), en el estado de Pará, Brasil. Este es el mensaje central de una carta de advertencia enviada a la Comisión de Valores de Ontario (OSC) el 29 de julio por una coalición internacional de organizaciones y redes de la sociedad civil que incluye a Amazon Watch, Earthworks, el Instituto Socioambiental (ISA), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, MiningWatch Canada, el Movimento Xingú Vivo para Siempre y la Rede Xingu+. La OSC es una corporación independiente de la Corona canadiense a cargo de proteger a inversores y accionistas de prácticas injustas, indebidas y fraudulentas de empresas e industrias. Redactada por un equipo jurídico y respaldada por un análisis técnico y científico independiente, la carta de reclamación cuestiona las recientes declaraciones de Peter Tagliamonte, presidente ejecutivo de Belo Sun. En un discurso pronunciado en el evento de la Asociación de Exploradores y Desarrolladores de Canadá (PDAC) en marzo de 2021, la mayor convención minera del mundo, Tagliamonte citó la pandemia de COVID-19 como justificación de los retrasos frecuentes de la licencia ambiental de la mina Volta Grande, afirmando que el proyecto minero estaba "totalmente autorizado" y que se esperaba que la construcción comenzara a finales de 2021. Comentarios similares se han hecho en recientes declaraciones de la empresa y por el propio Tagliamonte en otras ocasiones. Según la queja, estas declaraciones son manifiestamente falsas. Hay siete acciones civiles públicas activas en tribunales brasileños que piden la suspensión de los permisos y del proceso de concesión de licencias, presentadas por las fiscalías y defensorías federales y estatales. Estas demandas se centran específicamente en las irregularidades de la evaluación de impacto ambiental (EIA) y en la falta de consulta y consentimiento libre, previo e informado con pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales. La coalición sostiene que existen pruebas contundentes de que Belo Sun ha incumplido los requisitos de divulgación de la Ley de Valores, que exige a las empresas comunicar los cambios sustanciales “inmediatamente” (sin demora). Las empresas deben difundir datos reales y actualizados para mantener bien informados a los inversores. Información engañosa divulgada por Belo Sun Mining Corp. De acuerdo con la queja, aunque la empresa reconoce los riesgos generales asociados al proceso de concesión de licencias, no revela los detalles concretos de las acciones legales y las suspensiones en juego relacionadas con su proyecto, confiando en la falta de conocimiento de los inversores sobre la legislación de Brasil en materia de licencias. Un ejemplo se refiere específicamente a la suspensión de la licencia de construcción (LI) debido a la falta de "consulta libre e informada" con los pueblos indígenas. En su actualización corporativa más reciente, Belo Sun afirma que "sigue avanzando en las discusiones financieras con varios grupos para preparar el inicio de la construcción tras el levantamiento de la suspensión de la licencia de construcción (LI)". "La empresa ni siquiera ha iniciado un proceso de consulta —que ahora está retrasado por la COVID-19— y ya está anunciando el levantamiento de la suspensión, como si fuera cuestión de tiempo", dice Marcella Ribeiro, abogada del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA. "La empresa no está en condiciones de garantizar los resultados del proceso de consulta ya que las negociaciones en torno al consentimiento llevan mucho tiempo e indudablemente darán lugar a cambios importantes en el proyecto. Nada de esto ha sido comunicado adecuadamente a los inversores", añade. Entre los riesgos asociados a las inversiones en Belo Sun, la reclamación resalta el historial de procesos judiciales, la conflictividad en torno al proyecto, las deficiencias y lagunas de la evaluación de impacto ambiental, y la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa. La minimización de los riesgos ambientales y sociales en los estudios y evaluaciones de impacto de la empresa ha encendido las alarmas entre las comunidades de la región de la Volta Grande, ya afectadas por la represa hidroeléctrica Belo Monte. Una serie de estudios técnicos independientes ponen en duda las afirmaciones de Belo Sun sobre los impactos en los recursos hídricos, la fauna y la flora, y respecto de la seguridad de la presa de relaves. La negativa de la empresa a reconocer los impactos en los territorios indígenas ubicados a lo largo del río Xingú condujo a la decisión judicial de 2017 que suspendió la licencia de instalación del proyecto Volta Grande hasta que se lleve a cabo una "consulta libre e informada". Además, son cada vez más las denuncias sobre intimidación y acoso contra las personas que se oponen al proyecto, lo que demuestra una situación mucho más compleja y conflictiva como resultado del proyecto de lo que la empresa ha informado, se resalta en la queja. La coalición concluye que "Belo Sun no ha comunicado plenamente a los inversores actuales y potenciales la naturaleza compleja de su proyecto", lo que tiene una "implicación directa en los retrasos y plantea interrogantes fundamentales sobre la viabilidad del proyecto". La carta entregada a la OSC tiene como objetivo aumentar la visibilidad de las numerosas irregularidades del proyecto y sensibilizar a los inversores actuales y potenciales sobre los importantes riesgos legales y de reputación que conlleva el proyecto, en un momento en el que la atención se centra en la selva amazónica y en su capacidad para brindar servicios ambientales y mitigar el cambio climático. Acerca del proyecto Volta Grande de Belo Sun Propuesto para ser implementado a lo largo de la Volta Grande, un tramo del río Xingú (uno de los principales afluentes del Amazonas) y una de las zonas con mayor biodiversidad del planeta, el proyecto de Belo Sun sería la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil. En la región viven pueblos indígenas como los Juruna (Yudjá), Arara y Xikrin, además de otras comunidades indígenas y ribereñas aisladas. Desde el principio, Belo Sun ha enfrentado numerosas demandas relativas al proyecto Volta Grande presentadas por el Ministerio Público Federal, el Ministerio Público Estatal, la Defensoría Pública Estatal y la Defensoría Pública de la Unión. Estas demandas aluden a las múltiples fallas en el proceso de licenciamiento y en los estudios técnicos del proyecto. Entre otras cosas, las demandas buscan la anulación de las licencias de la empresa y la suspensión del proceso de autorización del proyecto. Una de ellas dio lugar a una decisión judicial, aún vigente, de suspender la licencia de construcción. contactos de prensa Viviana Herrera, MiningWatch Canada, [email protected] Camila Rossi, Amazon Watch, [email protected] Cecilia Garcia, International Rivers, [email protected] Victor Quintanilla, AIDA, [email protected]
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