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Alberto Peña Kay

Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria

En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.  

Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.

La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.  

El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.  

 

Antecedentes

El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.

Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.

En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.

Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.

Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.

Foto: Keishpixl / Pixabay.

 

El largo camino de defensa del páramo

Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.  

Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.  

En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).  

Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.  

Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.

También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.

En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.

Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.  

Foto: Aztlec.

 

Situación actual

En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.

Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.

De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.

En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.

Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.  

 


Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina 

 


Cambio Climático, Derechos Humanos

Organizaciones alertan ante la CIDH de impactos de la crisis climática en derechos humanos

15 organizaciones nacionales y regionales, de más de nueve países de América, comparecieron en una audiencia sobre los impactos que el cambio climático y las medidas para afrontarlo tienen en grupos en situación de vulnerabilidad. Washington D. C. En su 173º período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos escucharon los argumentos de representantes de organizaciones nacionales y regionales sobre los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos en grupos en situación de vulnerabilidad, incluyendo pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Las organizaciones destacaron que los impactos a los derechos humanos se producen en varias fases del ciclo del cambio climático: durante la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, en los efectos negativos de los eventos climáticos y en las soluciones que se plantean para paliar la crisis. Sostuvieron además que las desigualdades estructurales de América Latina y el Caribe pueden exacerbar los impactos en los grupos vulnerables que menos han contribuido a la crisis climática. En la audiencia, un líder indígena de la Amazonía peruana presentó casos que ejemplifican los impactos del cambio climático en diferentes países. Abordó temas como el acceso al agua, la participación de las empresas, así como los daños de la contaminación, el fracking, el extractivismo, la minería en ecosistemas sensibles y la deforestación. El panel de la audiencia fue presidido por cuatro comisionadas mujeres: la Presidenta Esmeralda Arosemena de Troitiño, Antonia Urrejola, Margarette May Macaulay y Soledad García-Muñoz. Un punto resaltado tanto por las organizaciones como por las comisionadas fue la importancia de exigir el cumplimiento de derechos humanos a empresas, en particular a las corporaciones internacionales, teniendo en cuenta el importante rol que juegan frente a la crisis climática. En ese sentido, se enfatizó el rol crucial del Sistema Interamericano en generar sus propios estándares en materia de empresas y derechos humanos, los cuales garanticen el acceso a información ambiental para evitar conflictos de interés en procesos de toma de decisiones públicas. Las comisionadas acogieron la solicitud de audiencia y reconocieron la necesidad de asumir la crisis climática con la urgencia y relevancia que las circunstancias lo ameritan. Manifestaron su voluntad de seguir, junto con la sociedad civil, desarrollando y profundizando los aspectos de la lucha contra la crisis climática. La solicitud de audiencia fue presentada por Fundación Pachamama (Ecuador), Dejusticia (Colombia), EarthRights International (regional), AIDA (regional), FUNDEPS (Argentina), FIMA (Chile), DPLF (regional), IDL (Peru), CELS (Argentina), Engajamundo (Brazil), AHCC (Honduras), Conectas (Brazil), FARN (Argentina), CEMDA (México), y La Ruta del Clima (Costa Rica). En el marco de la audiencia, las organizaciones pidieron que la Comisión inste a los Estados de la región a: Tomar acciones concretas y efectivas que pongan fin a las actividades que agravan la crisis climática y amenacen el disfrute efectivo de los derechos humanos, tales como la explotación de hidrocarburos, carbón, operación de plantas generadoras de energía a combustión, construcción de megaproyectos, como hidroeléctricas y carreteras. Promover modelos de transición energética que garanticen derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, especialmente de los pueblos indígenas, niños, niñas y adolescentes, mujeres y comunidades rurales, asegurando su participación efectiva para que no se repitan los patrones de violencia generados por la política extractivista actual. Tomar medidas específicas para garantizar el acceso a la información relacionada con los impactos del cambio climático y de sus medidas de respuesta; asegurar la participación pública en la toma de decisiones en el contexto del combate al cambio climático; y proveer mecanismos accesibles y efectivos a la justicia en materia climática. Implementar la igualdad de género en el derecho a la información, participación política, el acceso a la justicia y toma de decisiones en los temas de adaptación y mitigación del cambio climático. Y a la Comisión le solicitaron: Incorporar en su mandato la crisis climática como un asunto prioritario que amenaza todos los derechos humanos y los ecosistemas, especialmente a través del litigio de casos, elaboración de informes temáticos, visitas in loco, y demás acciones de litigio, monitoreo y promoción de derechos humanos. Que impulse las peticiones y medidas cautelares relacionados con el cambio climático y sus medidas de respuesta, de manera que se asegure la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de grupos vulnerables, teniendo en cuenta los estándares desarrollados por la Corte IDH en la OC 23. Que exija a los estados la protección y garantía de los derechos de defensores y defensoras ambientales y del territorio. Que exhorte a los estados a diseñar e implementar acciones climáticas más ambiciosas a través de las CDN de 2020, en armonía con sus obligaciones de derechos humanos. Para tal fin, la CIDH podría dar seguimiento al avance de dichas políticas y observar su concordancia con las obligaciones en materia de derechos humanos asumidas por los estados. Que enfatice la responsabilidad de las empresas y las instituciones financieras en respetar los derechos humanos en el contexto del cambio climático, utilizando los estándares más garantistas en materia de empresas y derechos humanos.   El video de la audiencia está disponible aquí. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), [email protected], +5215570522107  

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Cambio Climático, Océanos

Científicos y ONG reclaman el fin de la negligencia de los gobiernos con el sistema que sostiene la vida en la Tierra

El Informe Especial sobre el océano y la criosfera en un clima cambiante del Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) revela el alcance de la crisis a la que se enfrenta la humanidad ahora que el océano y sus servicios empiezan a mostrar signos de colapso. Aunque el océano y el clima están vinculados de forma indisoluble, pues los dos funcionan juntos para hacer habitable el planeta, es la primera vez que el IPCC ha dirigido su atención al ámbito marino. El informe refleja lo que científicos marinos y ONG vienen diciendo hace años: que el océano está empezando a desmoronarse por una infinidad de factores de presión innecesarios que van de la sobrepesca a la contaminación, y a los que se añade la crisis climática. Los efectos de la crisis climática son los más graves: acidificación, sobrecalentamiento y desoxigenación. Estos tres factores han estado presentes en todos los eventos de extinción masiva a lo largo de la historia de la Tierra, y ahora están activos en el océano. El profesor Dan Laffoley, de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (CMAP), declaró: “Somos un mundo oceánico, movido y regulado por un océano único, y estamos llevando ese sistema de soporte vital al extremo de su capacidad con el sobrecalentamiento, la desoxigenación y la acidificación. El momento de las 'llamadas de atención' quedó atrás. Lo que necesitamos ahora es guiarnos por un interés propio e informado para emprender acciones que protejan el océano y el clima, y protegiendo con ello a la humanidad”. Las escalas temporales por las que se rige el océano implican que los cambios introducidos en su sistema, como el calentamiento, seguirán activos durante cientos de años. Por tanto, aunque se emprendan acciones inmediatas para frenar el aumento de la temperatura y reducir las emisiones de CO2, los servicios que el océano brinda al planeta seguirían en peligro. Por ello es tan importante controlar todos aquellos factores adicionales de presión que puedan ser controlados. La sobrepesca y la contaminación, así como la destrucción de hábitats, ecosistemas y biodiversidad, son ese tipo de factores de presión, que pueden ser frenados para apoyar la resiliencia del océano y para que éste resista la crisis climática. Gladys Martínez, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) afirmó: “El informe del IPCC deja muy claro que el tiempo para actuar por el océano se agota. Pero tenemos una pequeña ventana de oportunidad para conseguir un tratado sólido sobre alta mar de aquí a finales de 2020 y para proteger al menos 30% del océano para 2030, dos medidas que contribuirán a la resiliencia del océano. Los Estados están negociando un nuevo tratado en Naciones Unidas y deben completar este proceso en 2020, en línea con la resolución de la Asamblea General de la ONU y demostrando gran ambición. Aunque las perspectivas descritas por el IPCC son innegablemente sombrías, hay medidas que pueden tomarse ahora para ayudar a potenciar la resiliencia del océano. Los Estados Parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica, de carácter jurídicamente vinculante, negociarán nuevas metas para la protección de la biodiversidad en una reunión que se celebrará en 2020. La meta para la biodiversidad marina debería ser la protección de al menos un 30% del océano mediante áreas protegidas de manera efectiva, y el manejo sostenible del 70% restante. Poner fin a la sobrepesca y a la contaminación en todas sus formas, así como prevenir una pérdida adicional de biodiversidad, ecosistemas y hábitats, son medidas esenciales que están a nuestro alcance. Abordar el problema del colapso climático y contener el calentamiento a 1,5 grados centígrados (o lo más cerca posible de esa cifra) es esencial para la supervivencia de los servicios ecosistémicos del océano. Para ello, todos los Estados tienen que comprometerse con planes nuevos y más ambiciosos (contribuciones determinadas a nivel nacional o NDCs, por sus siglas en inglés) en 2020. contactos de prensa: Victor Quintanilla en México, [email protected], +521 5570522107 Patricia Roy en París, [email protected], +34 696 905 907 Mirella von Lindenfels en Londres, [email protected], +44 7717 844 352 Karen Rausch en Santiago, [email protected], +56 967354769  Sophie Hulme en Nueva York, [email protected], +44 7973 712869  

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Fracking

Organizaciones nacionales e internacionales rechazan señalamientos de exvicepresidente Vargas Lleras contra activistas que se oponen al fracking en Colombia

Latinoamérica. Las organizaciones nacionales e internacionales y las personas abajo firmantes rechazamos de manera enfática la estigmatización hecha por el exvicepresidente de Colombia, Germán Vargas Lleras, contra la Alianza Colombia Libre de Fracking y contra su integrante, el líder social Carlos Andrés Santiago. El pasado 22 de septiembre, en su columna del diario El Tiempo, el señor Vargas realizó acusaciones graves e infundadas contra la Alianza y contra el señor Santiago en razón de su activismo y del uso de acciones judiciales contra el uso de fracking en Colombia. Estar a favor o en contra del fracking es parte del debate público. Atacar a las personas que realizan activismo ambiental por ejercer sus derechos a la libertad de expresión y asociación, o por hacer uso de recursos judiciales, es inaceptable. El activismo ambiental es una actividad legal y legítima que, en lugar de ser estigmatizada, debe ser protegida en una democracia. El exvicepresidente Vargas tiene una voz poderosa que implica responsabilidades. Los ataques públicos contra líderes sociales en Colombia incrementan el riesgo para su vida e integridad. Exigimos al gobierno colombiano garantizar los derechos de las personas y organizaciones integrantes de la Alianza Colombia Libre de Fracking a reunirse, expresarse y a recurrir a la justicia.   Firman: Alianza Latinoamericana Frente al Fracking. Alianza Colombia Libre de Fracking. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Greenpeace Colombia. Observatorio Petrolero Sur, Argentina. Red por la Justicia Ambiental de Bolivia. Red por la Justicia Ambiental de Colombia. Fundar, Centro de Análisis e Investigación. México. Fundación Comunidades Unidas de Colombia. Fundación BioSierra Nevada. Asoquimbo. Equipo Jurídico Pueblos. Fundación Sindical Funtramiexco. Corporación Simbiosis. Asociación Comunitaria Fortaleza de la Montaña. Amigos del Río San Rodrigo. Alejandro Mazuera. Alianza Colombia Libre de Fracking de la Sierra Nevada De Santa Marta. Susana Muhamad. Manuel Rodríguez. Roberto Ochandio. Fundación Alma. CENSAT agua viva, amigos de la tierra Colombia. Comité Municipal de Derechos Humanos de CREDHOS, Sabana de Torres, Santander. Mujeres del Común, Santander. Movimiento Social en defensa de los Ríos Sogamoso y Chucuri. Red Nacional del Agua en Colombia. Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez CCALCP. Rodrigo Negrete Montes. Asociación Nacional de Usuarios Campesinos ANUC. Sindicato Empleados de la DIAN. Colectivo por la Protección de la Provincia de Sugamuxi. Corporación Compromiso- Observatorio de conflictos ambientales. Corporación SOS Ambiental, Comité Ambiental en Defensa de la Vida. Red de Comités Ambientales del Tolima. Movimiento Nacional Ambiental. Mesa Hídrica del Piedemonte Llanero. Sinaltrainal Junta Nacional. Corporación Podion. Asociación de Campesinos y Comunidades Sin Tierra del Cesar. Mesa Ambiental Franciscana. Corporación Terrae. Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos. Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán.  

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