
Project
Foto: Alberto Peña KayCuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.
Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.
El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:
- Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011.
- Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.
De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.
Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.
Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.
El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.
Partners:

Proyectos relacionados

Arco Minero amenaza entornos majestuosos de Venezuela
Desde hace décadas se viene desarrollando en Venezuela una de las mayores tragedias socioecológicas de América Latina. En ese país, al sur del río Orinoco, está una de las zonas más biodiversas del continente, que alberga cataratas majestuosas e impresionantes tepuyes (mesetas gigantescas con paredes verticales y cimas planas) y que es hogar de comunidades indígenas. Allí y como ha ocurrido en otros países, la minería de oro de pequeña escala está causando daños ambientales irreversibles. Esa actividad ha avanzado silenciosamente en los estados venezolanos de Amazonas y Bolívar. Hasta hace pocos años, no muchos investigadores le prestaban atención. Dicha situación cambió en 2011, cuando el entonces presidente Hugo Chávez anunció la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco, proyecto que se concretó cinco años después, en febrero de 2016, mediante un decreto de su sucesor en el cargo. Foto: Bram Ebus / Infoamazonía. Daños a gran escala de la minería El proyecto del Arco Minero implica habilitar 111,843 kilómetros cuadrados —un área más grande que Guatemala o Cuba y de casi el doble de tamaño de la Faja Petrolífera del Orinoco— para la realización de proyectos mineros aún no definidos. Su implementación ha legitimado y exacerbado los daños causados por la pequeña minería, entre ellos la contaminación del agua, la deforestación y la destrucción de suelos fértiles. El proyecto apunta además al desarrollo de gran minería en esta región megadiversa. Ahora, investigadores independientes como Carlos Eduardo Pacheco y otros de organizaciones como la Sociedad Venezolana de Ecología y Provita advierten de esos daños y de otros mayores por la falta de regulación ambiental en el país. Gracias a sus estudios, investigaciones y análisis de imágenes satelitales, sabemos que en el área del Arco Minero y sus alrededores existen al menos 5 o 6 grandes focos de deforestación asociada a la minería y cientos de menor tamaño, que los ríos Caroní e Ikabarú y sus cuencas están siendo destrozados por la actividad y que se han provocado daños en los Parques Nacionales Caura y Canaima, así como en los territorios de las comunidades indígenas Pemón, Yekuana, Akawayo y Yanomami, entre otras. Las consecuencias, alertan los investigadores, no son sólo ecológicas, sino también sociales. Una de ellas es el éxodo de miles de personas, desde las ciudades principales hacia la Orinoquía, escapando de la pobreza y en busca de oportunidades económicas en la minería. Foto: Bram Ebus / Infoamazonía. Además, en torno a la actividad minera, existen múltiples denuncias de trata de personas, prostitución, tráfico de drogas, extorsiones, masacres, presencia de grupos paramilitares e incluso de guerrillas procedentes de Colombia, así como daños a la salud de los mineros informales y sus familias debido al uso de mercurio. Estadísticas del Ministerio del Poder Popular para la Salud dan cuenta de un fuerte incremento en la mortalidad de mínimo 500% y de hasta 700% entre 2002 y 2013 en municipios como Sifontes, El Callao, Cedeño y Roscio. Muchos de los proyectos mineros de la zona están bajo el control de una mafia conocida como “Pranato Minero” de cuyos líderes poco se sabe. Por otro lado, la gran minería transnacional no ha quedado al margen del proyecto. Incluso empresas canadienses que hace poco demandaron internacionalmente a Venezuela por controversias relacionadas con sus inversiones, han vuelto como socias del país en la explotación minera en la Orinoquía. Alertando del problema en la Orinoquía ¿Dónde queda la responsabilidad social y ambiental? Parece no haber lugar para ella en un país con instituciones inexistentes y normas inaplicables. Nos queda entonces preguntarnos qué podemos hacer desde las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil ante esta nueva crónica de una muerte anunciada, la del sur del Orinoco por deforestación y por mercurio. En AIDA brindamos apoyo técnico y científico a las organizaciones que estudian esta problemática en Venezuela. Contribuimos a visibilizarla y a construir las redes necesarias para que la misma adquiera la relevancia que merece en la agenda pública —como uno de los atentados ecológicos y sociales más graves de la región y probablemente del mundo— y para que sea atendida con urgencia.
Leer más
Seis victorias para los arrecifes de América Latina en 2018
En 2018, nos unimos a organizaciones y personas de todo el mundo para celebrar el Año Internacional de los Arrecifes. AIDA fue parte de un movimiento mundial para generar mayor conciencia sobre el valor de los arrecifes y las amenazas que enfrentan. Para avanzar en la conservación de los arrecifes en América Latina, participamos en varias acciones legales para proteger arrecifes en México y el Caribe. Estamos orgullosos de celebrar las pequeñas victorias que hemos logrado rumbo a ese objetivo. Junto con sus aliados, AIDA: Apoyó la defensa legal del Arrecife Veracruzano En febrero, presentamos un escrito para apoyar la demanda de amparo interpuesta por pobladores del lugar contra la ampliación del puerto de Veracruz. Evidenciamos cómo el gobierno mexicano incumplió compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos al autorizar el proyecto en 2013. Justo un año antes, el gobierno había reducido el área del Sistema Arrecifal Veracruzano para viabilizar el proyecto. La autorización no se basó en la información científica adecuada y disponible para entender cómo evitar daños a los arrecifes y cómo preservar los servicios que brindan a la población de Veracruz. Para generar conciencia sobre el tema, coproducimos el documental La Batalla por los Arrecifes Veracruzanos. Alertó a la Convención Ramsar de amenazas al Arrecife de Puerto Morelos Enviamos una alerta urgente ante el Secretariado de la Convención Ramsar sobre las amenazas al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, área natural protegida y Humedal de Importancia Prioritaria Internacional. Junto a una coalición de organizaciones de la sociedad civil, solicitamos una visita de expertos internacionales para evaluar los riesgos que el sitio enfrenta, particularmente cambios en el uso de tierra en ecosistemas costeros debido a desarrollos turísticos masivos y no sostenibles. Creó un Grupo de Trabajo sobre Amenazas a humedales de México En mayo se creó, dentro del Comité Nacional de Humedales, el Grupo de Trabajo sobre Amenazas, el cual fue propuesto por AIDA a fin de motivar a que México cumpla con sus obligaciones para proteger humedales de importancia internacional, sitios Ramsar, que están en riesgo. En el marco del Grupo, se están realizando esfuerzos para fortalecer acciones nacionales orientadas a proteger esos ecosistemas, que incluyen arrecifes y a los peces herbívoros que viven en ellos. Apoyó la protección de 10 especies de pez loro en el Caribe mexicano En octubre enviamos una carta con argumentos de derecho internacional, ambientales y de derechos humanos, para la inclusión de 10 especies de pez loro en la lista mexicana de especies protegidas. La solicitud ha sido reconocida y aceptada, pero se espera una confirmación oficial a comienzos de este año. Nuestros esfuerzos apoyaron una propuesta de la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable que busca proteger legalmente a especies de pez loro, fundamentales para mantener saludables a los ecosistemas de arrecifes de coral. Los peces loro y otros peces herbívoros se alimentan de las algas que compiten con los corales por luz y oxígeno, permitiendo por tanto la conservación de los arrecifes. Ayudó a establecer un Grupo de Trabajo sobre corales en Costa Rica En coordinación con el Ministerio de Ambiente de Costa Rica, ayudamos a crear un grupo de trabajo de expertos académicos, miembros de la sociedad civil y autoridades gubernamentales competentes que plantearán soluciones integrales a los problemas que enfrentan los arrecifes de coral en el país. Trabaremos junto a ellos para asegurar la protección de esos ecosistemas. Apoyó al Grupo de Trabajo sobre peces herbívoros en Guatemala En coordinación con la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, académicos de la Universidad de San Carlos y miembros del gobierno, apoyamos la creación de un grupo de trabajo que elaborará un documento científico-técnico con la información necesaria para la emisión de un decreto ministerial que prohíba la pesca de peces herbívoros en el Caribe guatemalteco, protegiendo con ello los arrecifes del país.
Leer más
Seis victorias para los arrecifes de América Latina en 2018
En 2018, nos unimos a organizaciones y personas de todo el mundo para celebrar el Año Internacional de los Arrecifes. AIDA fue parte de un movimiento mundial para generar mayor conciencia sobre el valor de los arrecifes y las amenazas que enfrentan. Para avanzar en la conservación de los arrecifes en América Latina, participamos en varias acciones legales para proteger arrecifes en México y el Caribe. Estamos orgullosos de celebrar las pequeñas victorias que hemos logrado rumbo a ese objetivo. Junto con sus aliados, AIDA: Apoyó la defensa legal del Arrecife Veracruzano En febrero, presentamos un escrito para apoyar la demanda de amparo interpuesta por pobladores del lugar contra la ampliación del puerto de Veracruz. Evidenciamos cómo el gobierno mexicano incumplió compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos al autorizar el proyecto en 2013. Justo un año antes, el gobierno había reducido el área del Sistema Arrecifal Veracruzano para viabilizar el proyecto. La autorización no se basó en la información científica adecuada y disponible para entender cómo evitar daños a los arrecifes y cómo preservar los servicios que brindan a la población de Veracruz. Para generar conciencia sobre el tema, coproducimos el documental La Batalla por los Arrecifes Veracruzanos. Alertó a la Convención Ramsar de amenazas al Arrecife de Puerto Morelos Enviamos una alerta urgente ante el Secretariado de la Convención Ramsar sobre las amenazas al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, área natural protegida y Humedal de Importancia Prioritaria Internacional. Junto a una coalición de organizaciones de la sociedad civil, solicitamos una visita de expertos internacionales para evaluar los riesgos que el sitio enfrenta, particularmente cambios en el uso de tierra en ecosistemas costeros debido a desarrollos turísticos masivos y no sostenibles. Creó un Grupo de Trabajo sobre Amenazas a humedales de México En mayo se creó, dentro del Comité Nacional de Humedales, el Grupo de Trabajo sobre Amenazas, el cual fue propuesto por AIDA a fin de motivar a que México cumpla con sus obligaciones para proteger humedales de importancia internacional, sitios Ramsar, que están en riesgo. En el marco del Grupo, se están realizando esfuerzos para fortalecer acciones nacionales orientadas a proteger esos ecosistemas, que incluyen arrecifes y a los peces herbívoros que viven en ellos. Apoyó la protección de 10 especies de pez loro en el Caribe mexicano En octubre enviamos una carta con argumentos de derecho internacional, ambientales y de derechos humanos, para la inclusión de 10 especies de pez loro en la lista mexicana de especies protegidas. La solicitud ha sido reconocida y aceptada, pero se espera una confirmación oficial a comienzos de este año. Nuestros esfuerzos apoyaron una propuesta de la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable que busca proteger legalmente a especies de pez loro, fundamentales para mantener saludables a los ecosistemas de arrecifes de coral. Los peces loro y otros peces herbívoros se alimentan de las algas que compiten con los corales por luz y oxígeno, permitiendo por tanto la conservación de los arrecifes. Ayudó a establecer un Grupo de Trabajo sobre corales en Costa Rica En coordinación con el Ministerio de Ambiente de Costa Rica, ayudamos a crear un grupo de trabajo de expertos académicos, miembros de la sociedad civil y autoridades gubernamentales competentes que plantearán soluciones integrales a los problemas que enfrentan los arrecifes de coral en el país. Trabaremos junto a ellos para asegurar la protección de esos ecosistemas. Apoyó al Grupo de Trabajo sobre peces herbívoros en Guatemala En coordinación con la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, académicos de la Universidad de San Carlos y miembros del gobierno, apoyamos la creación de un grupo de trabajo que elaborará un documento científico-técnico con la información necesaria para la emisión de un decreto ministerial que prohíba la pesca de peces herbívoros en el Caribe guatemalteco, protegiendo con ello los arrecifes del país.
Leer más