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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Un plan para descontaminar nuestros ciudades y contener la crisis climática
En una carta pública presentada en la COP25, más de 100 organizaciones de varios países instan a que los gobiernos incluyan metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta en sus nuevos compromisos climáticos, los cuales deben presentar ante Naciones Unidas hasta marzo de 2020.¡Tú puedes ayudar a que no dejen pasar esta oportunidad: ¡Firma Aquí!Lee la carta en portugués En inglésLa mala calidad del aire es el problema ambiental que más vidas cobra a nivel mundial.Cada año, más de 4 millones de personas mueren por los daños que la contaminación atmosférica causa en la salud. Datos oficiales dan cuenta que a nivel global nueve de cada diez personas respiran aire contaminado, y que el problema afecta a más del 80% de quienes viven en ciudades. La mayoría de las personas afectadas está en países en desarrollo y los daños afectan de manera más grave a los sectores más vulnerables de la población: niños y niñas, mujeres embarazadas y adultos mayores.Por otro lado, la humanidad se encuentra hoy gravemente amenazada por una emergencia climática cuyos impactos los sufren también con mayor fuerza los segmentos más vulnerables de la población.Ambos problemas, la crisis climática y la mala calidad del aire, se relacionan con la atmósfera que nos rodea, y son un asunto de derechos humanos. En ese sentido, existe una forma de avanzar de manera eficiente en ambos frentes. Se trata de una oportunidad que debemos aprovechar, y tiene que ver con la reducción de las emisiones de los Contaminantes Climáticos de Vida Corta (CCVC).Los Contaminantes Climáticos de Vida Corta son agentes atmosféricos que contribuyen a la crisis climática con mucha más intensidad que el dióxido de carbono (CO2) y, como su nombre indica, tienen una permanencia relativamente corta en la atmósfera, desde días hasta décadas; a diferencia del CO2, que puede durar incluso milenios en la atmósfera. Además, los CCVC degradan la calidad del aire, afectan zonas glaciales y reducen el rendimiento de los cultivos. Los principales CCVC son el carbono negro, el metano, el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC).Apuntar a su mitigación implica reducir el calentamiento del planeta en el corto plazo y, al mismo tiempo, avanzar en la descontainación de las ciudades.Esta oportunidad ya ha sido respaldada por la ciencia.El Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC, por sus siglas en inglés), que agrupa a expertos y expertas en el tema, destacó, en su Informe Especial sobre los 1.5°C, que para enfrentar el calentamiento global debemos incorporar a nuestros esfuerzos la mitigación de contaminantes que no sean CO2, específicamente el carbono negro y el metano.Recientemente, al llamado se unieron más de 11 mil científicos de todo el mundo, que en una declaración pública reconocieron la emergencia climática, identificando entre las medidas necesarias para solucionarla la pronta reducción de los CCVC, destacando que ello reduciría el calentamiento en más de 50% para las próximas décadas.Con la próxima actualización de las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que contienen los compromisos climáticos que los gobiernos deben presentar ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), se abre la posibilidad de apostar por la mitigación de estos contaminantes y de contribuir efectivamente a la lucha contra la crisis climática y la mala calidad del aire.El plazo para que los gobiernos presenten nuevas y más ambiciosas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional vence en marzo del 2020.Por todo lo anterior, las organizaciones abajo firmantes consideramos que los gobiernos de los Estados que son parte de la CMNUCC deben respetar los derechos humanos, protegerlos bajo los más altos estándares y considerarlos en sus compromisos climáticos.En ese sentido, les solicitamos:Incluir metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta en la actualización de sus NDC hacia marzo del 2020.Detallar en sus compromisos los medios de implementación, los cuales deben asegurar el cumplimiento de las metas que establezcan.Enmarcar el cumplimiento de sus compromisos en políticas integrales que reconozcan los diferentes niveles de afectación entre la población, con especial énfasis en la protección de niños, niñas y otros grupos vulnerables.Especificar los procedimientos de monitoreo, reporte y verificación que acompañarán la implementación de sus compromisos.Velar para que los gobiernos locales y las empresas respeten las políticas que se establezcan y adecuen sus acciones a la urgente necesidad de mejorar la calidad del aire. Descarga la carta
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Um plano para descontaminar as nossa cidades e conter a crise climática
Em uma carta pública apresentada na COP25, mais de 100 organizações de vários países pedem aos governos que incluam metas ambiciosas e mensuráveis para reduzir os poluentes climáticos de vida curta em seus novos compromissos climáticos, que devem apresentar às Nações Unidas até março de 2020.Você pode ajudá-los a não perder esta oportunidade: ¡Assine Aquí!Leia a carta em espanhol Em inglêsA má qualidade do ar é o maior problema ambiental do mundo que custa mais vidas atualmente.Todos os anos, mais de 4 milhões de pessoas morrem devido aos danos causados à saúde pela poluição atmosférica. Dados oficiais mostram que, globalmente, nove em cada dez pessoas respiram ar poluído e que o problema afeta mais de 80% das pessoas que vivem nas cidades. A maioria das pessoas afetadas encontra-se nos países em desenvolvimento e prejudicam ainda mais os públicos mais vulneráveis da população: as crianças, as mulheres grávidas e os idosos.Por outro lado, a humanidade está hoje seriamente ameaçada por uma emergência climática cujos impactos também são sofridos com mais força pelos segmentos mais vulneráveis da população.Ambos os problemas, a crise climática e a má qualidade do ar, estão relacionados com a atmosfera que nos rodeia e são uma questão de direitos humanos. Nesse sentido, existe um caminho a seguir eficientemente em ambas as frentes. É uma oportunidade que devemos aproveitar, e tem a ver com a redução das emissões de poluentes climáticos de vida curta (PCVCs ou SLCPS, em inglês).Os poluentes climáticos de vida curta são agentes atmosféricos que contribuem para a crise climática com muito mais intensidade do que o dióxido de carbono (CO2) e, como o próprio nome indica, têm uma permanência relativamente curta na atmosfera, de dias a décadas; ao contrário do CO2, que pode durar até milênios na atmosfera. Além disso, os PCVCs pioram a qualidade do ar, afetam as áreas glaciais e reduzem o rendimento das culturas agrícolas. As principais PCVCs são o carbono negro, o metano, o ozono troposférico e os hidrofluorocarbonetos (HFC).Visar sua mitigação implica reduzir o aquecimento global no curto prazo e, ao mesmo tempo, avançar na descontaminação das cidades.Esta oportunidade já foi apoiada pela ciência.O Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática das Nações Unidas (IPCC), que reúne especialistas na matéria, destacou em seu Relatório Especial sobre 1,5°C que, para enfrentar o aquecimento global, devemos incorporar em nossos esforços a mitigação de outros poluentes além do CO2, especificamente o carbono negro e o metano.Recentemente, mais de 11 mil cientistas de todo o mundo se juntaram ao chamado, que em uma declaração pública reconheceu a emergência climática, identificando entre as medidas necessárias para resolvê-la a rápida redução dos PCVCs, destacando que isso reduziria o aquecimento em mais de 50% para as próximas décadas.Com a próxima atualização das Contribuições Nacionalmente Determinadas (CNDs ou NDCs, em inglês), que contêm os compromissos climáticos que os governos devem submeter à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC), abre-se a possibilidade de apostar na mitigação desses poluentes e contribuir efetivamente para o combate à crise climática e à má qualidade do ar.O prazo para os governos apresentarem novas e mais ambiciosas Contribuições Programadas Nacionais é março de 2020.Por todas as razões acima, as organizações abaixo assinadas consideram que os governos dos Estados Partes da UNFCCC devem respeitar os direitos humanos, protegê-los sob os mais altos padrões e considerá-los em seus compromissos climáticos.Nesse sentido, pedimo-lhes:Incluir metas ambiciosas e mensuráveis para a redução de poluentes climáticos de vida curta na atualização de suas NDCs até março de 2020.Especificar nos seus compromissos os meios de execução, que devem assegurar o cumprimento dos objectivos que fixaram.Enquadrar o cumprimento de seus compromissos em políticas integradas que reconheçam os diferentes níveis de impacto na população, com especial ênfase na proteção das crianças e outros grupos vulneráveis.Especificar os procedimentos de monitoramento, comunicação de informações e verificação que acompanharão a execução dos seus compromissos.Assegurar que os governos locais e as empresas respeitem as políticas estabelecidas e adaptem as suas acções à necessidade urgente de melhorar a qualidade do ar. Baixar a carta
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Seis medidas para vestir nuestras acciones de justicia climática
El 2 de diciembre pasado, inició en Madrid la vigésimo quinta Conferencia de las Partes (COP25) de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Es una reunión vital para el planeta en la que debería aumentarse la ambición y compromisos entre tres y cinco veces más que los actuales si queremos preservar la vida como la conocemos hoy. Al momento hay más anuncios que acciones, por lo cual quiero compartir seis medidas que podrían ayudar a que avancemos hacia los resultados que el planeta necesita. El panorama no es alentador, por ello la urgencia del cambio. Cada día se evidencian mayores daños por la crisis climática, en especial para quienes están en mayor situación de vulnerabilidad. Según el informe de la Brecha de Emisiones de Naciones Unidas, éstas siguen subiendo y las acciones en curso no son suficientes para alcanzar las reducciones necesarias. 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Esto es esencial para alcanzar lo antes posible al pico máximo de emisiones globales, reducirlas a la mitad para 2030 y llegar a cero emisiones en 2050. Indudablemente se están haciendo esfuerzos importantes con inversiones billonarias por parte de gobiernos, empresas, organizaciones y personas. Pero no es suficiente. Es esencial hacer un alto y evaluar qué está sirviendo y qué no, qué debemos seguir haciendo y qué deberíamos hacer diferente. Estas seis medidas podrían ayudar para que las acciones climáticas sean efectivas y contribuyan a lograr justicia climática: 1. Incluir, en serio, los derechos humanos como elemento transversal Aunque ha sido una petición de movimientos sociales, indígenas, campesinos y de organizaciones por décadas, hasta el momento no se cristaliza. Responder a este llamado es vital para aumentar la ambición y la responsabilidad que tanto se requieren. Si bien los Acuerdos de Cancún y de París se refieren a la importancia de respetar los derechos humanos, su implementación no ha incluido realmente esta perspectiva. Ello a pesar de que los organismos de derechos humanos han recordado a los Estados que es su obligación hacerlo, y a que científicas y científicos del IPCC resaltaran la importancia de abordar la desigualdad social y de incluir el conocimiento de las comunidades indígenas como elemento fundamental para resolver la crisis climática. 2. Participación efectiva de las personas y comunidades afectadas, como sujetos, en la planeación, discusión, decisión y monitoreo de las acciones climáticas Los pueblos indígenas, campesinos, afrodescendientes, las y los jóvenes, son de los grupos más afectados por la crisis climática. Además, las comunidades locales han protegido millones de hectáreas de bosques y otras áreas naturales, esenciales para la resiliencia climática. A pesar de ello, aún son muy reducidos los espacios de participación para estos actores y casi nulos los de decisión, en las COP y en otras instancias. Asegurar que las discusiones y decisiones sean realmente diversas es un paso esencial para incrementar la ambición y la efectividad climática. Las comunidades deben considerarse sujetos de derechos, no simplemente objetos de proyectos y acciones de protección. 3. Distribución equitativa de fondos Vivimos en medio de una inmensa desigualdad, donde la riqueza, la propiedad y los privilegios son de unos pocos, mientras las mayorías asumen los impactos negativos. La crisis climática es en parte resultado de ello. Aunque América Latina es la región más desigual del planeta, la desigualdad está subestimada, de acuerdo con la CEPAL. Por ello la distribución de recursos económicos y humanos debe atender esta realidad, asegurando que el Sur Global acceda verdaderamente a las oportunidades para participar en igualdad de condiciones hacia una verdadera justicia climática. Ello aumentaría la posibilidad de encontrar soluciones alternativas y replicar las ya en curso. 4. Rendición de cuentas de los responsables de la crisis climática Quienes están causando la crisis climática deberían responder por ésta en lugar de continuar gastando millones de dólares en su negación y en atacar a quienes buscan la rendición de cuentas y la justicia climática. Este es uno de los grandes obstáculos para avanzar y, por lo mismo, es tiempo de nombrar a los responsables y exigirles hacerse cargo, reparar el daño, en lugar de aceptar más paños de agua tibia y acciones voluntarias ineficaces. 5. Perspectiva femenina, desde el amor maternal Con esto me refiero a la necesidad de rescatar una perspectiva de colaboración, de dialogar en serio para llegar a consensos, asumiendo responsabilidades por encima de las diferencias y de la competencia. Incluyamos una perspectiva que priorice el cuidado de la Tierra, de la naturaleza y de las personas. Dejemos de poner por encima los intereses económicos y la visión de corto plazo. Enfoquemos nuestros esfuerzos en acordar cómo sí podemos alcanzar la justicia climática, saliendo de la negación y de las excusas sobre por qué no se puede. 6. Incluir los verdaderos costos de la crisis climática: sociales, económicos, ambientales y humanos Hasta el momento la mayoría de las evaluaciones económicas se ha centrado en calcular el costo de la transición a una economía de cero emisiones. Si bien hay cálculos de lo que implica no implementar la transición, éstos no son integrales, ignorando impactos sociales, ambientales y culturales. Esto es particularmente importante para regiones como América Latina, que además de sufrir pérdidas humanas y culturales, están perdiendo su riqueza natural sin siquiera conocer lo que implica. En todo caso, las y los científicos concluyen que los cambios serán más costosos entre más tiempo demoren. Esta COP25 podría ser una gran oportunidad para incorporar las anteriores y otras medidas frente a la emergencia climática. A estas alturas, insistir en lo mismo, solo cambiando de ciudad europea como sede, es un sinsentido que traerá más frustraciones y fracasos. No hacerlo será condenar a millones de personas más en el mundo a que sufran las consecuencias de la crisis climática y de soluciones inadecuadas que afectan sus derechos. La realidad es indiscutible, lo que hace impostergable poner el rostro humano a las soluciones, incluyendo los derechos humanos como eje transversal de las acciones climáticas. Si no lo hacemos, las acciones resultantes de la Conferencia de las Partes y de otras se parecerá al emperador del cuento de los Hermanos Grimm. Saldrán al desfile desnudas, luciendo con orgullo un costoso traje hecho con la ambición climática, insuficiente para lo que el planeta necesita. En lugar de ello, podemos cubrir la acción climática con el traje de la justicia climática, uno visible, uno que debemos tejer en conjunto. Si no se hace, seguirá habiendo niñas y muchas personas más gritando que el emperador está desnudo. El problema es que ya no tendremos mucho tiempo más para remediarlo.
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