Project
Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Aunque ocurren por temporadas todos los años, las enfermedades respiratorias se agudizan cada vez más. Es la impresión que tiene la médica pediatra Gina Pinilla, quien trabaja en Bogotá, la capital colombiana. Cuando la calidad del aire disminuye, las complicaciones de salud de los niños y niñas que llegan a urgencias se incrementan. Pero lo que la doctora Pinilla ha observado en más de una década de experiencia no es mera impresión. Un estudio realizado por un equipo multidisciplinario de varias universidades de Colombia evidencia que los daños a la salud por la mala calidad del aire se notan desde el primer día. Los ingresos hospitalarios aumentan en las primeras 24 a 72 horas y pueden extenderse por casi dos semanas. Es el primer estudio “multi-ciudad” que se realiza en Colombia y en América Latina para determinar la relación entre la contaminación del aire y las enfermedades respiratorias y circulatorias en la población, señala la doctora Laura Rodríguez, de la Universidad Industrial de Santander y quien lideró la investigación. Cada contaminante afecta de forma diferente Uno de los hallazgos que más llamó la atención a los investigadores es que los daños que causan los contaminantes no son los mismos para niños y niñas que para adultos. Para los primeros se manifiestan como enfermedades respiratorias y en los adultos son complicaciones cardiovasculares. “Para los niños, hay más afectación entre aquellos que tienen de 5 a 9 años. Esto no quiere decir que los más chiquitos no estén afectados, pero es más probable que los que están en este grupo tengan un episodio que los lleve a urgencias”, explica la doctora Rodríguez. Cuando un niño o niña presenta complicaciones respiratorias puede quedarse hasta una semana hospitalizado y conectado a un apoyo respiratorio. “Son niños que necesitan hospitalizaciones prolongadas. Por una semana, quedan dependientes de máquinas de oxígeno. Después quedan con secuelas y se enferman frecuentemente”, cuenta la doctora Pinilla. La ventilación mecánica es muy agresiva para el cuerpo de los infantes, pues se les debe sedar, a veces por días. Ahora bien, la mezcla de contaminantes afecta también de manera diferente según la edad. “La contaminación en cada ciudad tiene su comportamiento propio: la interacción, la cantidad y mezcla cambian entre ciudades”, precisa la doctora Rodríguez. Por ejemplo, en Bogotá, la contaminación por dióxido de azufre (SO2) y material particulado (PM10 y PM2.5) se relaciona con enfermedades circulatorias de personas mayores de 60 años. Y la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre y partículas PM2.5 aumenta significativamente la hospitalización de personas menores de 15 años. La investigadora dice que al daño causado por el dióxido de nitrógeno no se les da mucha importancia, pese a que está asociado con enfermedades cardiovasculares en adultos. Y, cuando ese contaminante se combina con dióxido de azufre y materiales particulados, sus efectos se potencian, explica al mencionar un seguimiento que analiza cómo interactúan los contaminantes. La contaminación afecta, aún en pequeñas cantidades Otro hallazgo importante del estudio da cuenta que no es necesario que los contaminantes lleguen a los límites máximos permitidos para que comiencen a dañar la salud. Por ejemplo, aunque el dióxido de nitrógeno sí es considerado nocivo, la regulación ha establecido límites de emisión muy altos. “Llegar a esos límites es muy difícil, la ciudad tiene que estar en una contaminación absurdamente alta para que las alertas suenen. El efecto en la salud no está relacionado con que se exponga a los límites o no, sino con el tipo de mezcla que usted está respirando porque los contaminantes se están potenciando entre sí”, explica la doctora Rodríguez. En varias ciudades de América Latina, los límites de contaminación que la reglamentación permite superan las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, el promedio anual de las PM10 (que son partículas sólidas como cenizas, hollín y polvo) en Bogotá es de 38 µg/m3 (microgramos por metro cúbico), cuando la OMS recomienda un máximo de 20. Otras ciudades de la región registran promedios anuales todavía mayores: 40 (Monterrey), 55 (Ciudad de México), 62 (Lima) y 69 (Santiago). ¿Qué significa esta información para tu ciudad? Cuando la mala calidad de aire alcanza su nivel más crítico, el hospital se queda sin camas y muchos niños y niñas con enfermedades respiratorias se quedan en el área de urgencias, explica la doctora Pinilla. Tristemente, es una situación común debido a que no hay planes de acción ante las contingencias ambientales. Para la doctora Laura Rodríguez, el resultado más importante de su investigación es la evidencia de que hay efectos ante ciertos índices de contaminación que pueden ayudar a que las instituciones tomen cartas en el asunto. Son tres acciones las que pueden adoptar: Controlar y regular los parámetros de calidad del aire de las emisiones de las industrias y considerar la medición de otros contaminantes. Incrementar los esfuerzos de comunicación hacia la población sobre los riesgos de los niveles de contaminación en sus ciudades. Preparar a las instituciones hospitalarias, sobre todo en los primeros meses del año, cuando la contaminación alcanza su nivel más alto, agravado por variaciones en el clima. La investigadora destaca la importancia de hacer planes e investigaciones intersectoriales y multidisciplinarios que logren comprender el panorama de la contaminación del aire, y de asegurar que esa información llegue a manos de las autoridades. El estudio fue realizado también por Julián Alfredo Fernández-Niño (U. del Norte, Barranquilla), Néstor Rojas (U. Nacional), Luis Camilo Blanco (U. Santo Tomás) y Víctor Herrera, U. Autónoma de Bucaramanga). Consúltalo aquí.
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Aunque ocurren por temporadas todos los años, las enfermedades respiratorias se agudizan cada vez más. Es la impresión que tiene la médica pediatra Gina Pinilla, quien trabaja en Bogotá, la capital colombiana. Cuando la calidad del aire disminuye, las complicaciones de salud de los niños y niñas que llegan a urgencias se incrementan. Pero lo que la doctora Pinilla ha observado en más de una década de experiencia no es mera impresión. Un estudio realizado por un equipo multidisciplinario de varias universidades de Colombia evidencia que los daños a la salud por la mala calidad del aire se notan desde el primer día. Los ingresos hospitalarios aumentan en las primeras 24 a 72 horas y pueden extenderse por casi dos semanas. 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Y la contaminación por dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre y partículas PM2.5 aumenta significativamente la hospitalización de personas menores de 15 años. La investigadora dice que al daño causado por el dióxido de nitrógeno no se les da mucha importancia, pese a que está asociado con enfermedades cardiovasculares en adultos. Y, cuando ese contaminante se combina con dióxido de azufre y materiales particulados, sus efectos se potencian, explica al mencionar un seguimiento que analiza cómo interactúan los contaminantes. La contaminación afecta, aún en pequeñas cantidades Otro hallazgo importante del estudio da cuenta que no es necesario que los contaminantes lleguen a los límites máximos permitidos para que comiencen a dañar la salud. 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Banco Interamericano de Desarrollo investigará al proyecto Hidroituango
En medio de la crisis humanitaria causada por la hidroeléctrica en la cuenca del río Cauca, Colombia, el Directorio Ejecutivo del BID aprobó una investigación de los estándares ambientales y sociales del propio Banco. Washington D.C. En una decisión histórica, el Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó una investigación internacional de su brazo privado BID Invest por su inversión en el proyecto Hidroituango, ubicado en el departamento de Antioquia, pero que ha tenido un impacto devastador para miles de personas en cuatro departamentos y 27 municipios de Colombia. La investigación tendrá como objetivo principal establecer si —al financiar este megaproyecto en una región de Colombia que sigue siendo afectada por altos niveles de violencia y el renaciente conflicto armado— el Banco cumplió o no con los estándares sociales y ambientales que está obligado a observar, y si hay una relación entre ello y los graves daños sufridos por las comunidades afectadas. “Como personas afectadas por Hidroituango, exigimos que la investigación sea rigurosa e independiente”, declaró Isabel Zuleta, vocera de Movimiento Ríos Vivos de Colombia, que representa a las comunidades afectadas. “Por más de una década, nuestras comunidades han denunciado los graves problemas que el proyecto ha causado y que se agudizaron con las múltiples emergencias que iniciaron desde el 2018 y aún no cesan. Esperamos que con esta investigación internacional las voces de las víctimas y opositores al proyecto por fin sean escuchadas”. La investigación tiene su origen en una queja presentada por 477 personas afectadas por el proyecto Hidroituango. En ella, las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos y pertenecientes al mismo, resaltan que las políticas del Banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. En la queja, las comunidades demuestran que el proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permitió la participación de las comunidades ni el acceso a información, y que se ha desarrollado en un contexto de violaciones a los derechos humanos, uso desproporcionado de la fuerza y una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua. Evidencian además una permanente discriminación por decidir oponerse al proyecto y por ser mujeres afectadas. Todo ello, señalan, contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. Asimismo, el reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica, la cual ha puesto en peligro la vida de miles de personas, quienes han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la represa. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y el desplazamiento continuo de miles de personas de sus hogares. Ningún otro proyecto de desarrollo ha causado una crisis humanitaria de tal magnitud en Colombia. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto, el cual fue autorizado de todas formas. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado por el gobierno ni por las entidades de control del Estado colombiano. No obstante, es importante resaltar que las comunidades buscaron entrar en un proceso de diálogo y mediación del conflicto entre la empresa a cargo del proyecto y Ríos Vivos a través del mecanismo de rendición de cuentas del BID. Pero la empresa se negó al diálogo, por lo que, dando continuidad al proceso, ese mecanismo recomendó la investigación. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia y espera generar 2.400 MW aunque lleva cerca de dos años la inundación aún no genera energía, tiene un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas sin retirar la capa vegetal, lo que está generando grandes cantidades de gas metano con efecto invernadero, sin terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El BID Invest ha invertido millones de dólares en el proyecto y ha facilitado la inversión de mil millones de dólares adicionales de otros bancos internacionales. Dichas inversiones se mantienen a pesar de la grave crisis del proyecto. Contactos de prensa: Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos, [email protected] Carla García Zendejas, Center for International Environmental Law, [email protected] Victor Quintanilla, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, [email protected] Alexandre Sampaio, International Accountability Project, [email protected] Nota para editores: La indagación es llevada adelante por el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo, una instancia internacional de rendición de cuentas que atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. La investigación tendrá lugar en un plazo máximo de nueve meses, dada la alta complejidad del caso. Entre los aspectos que se investigarán se encuentran los siguientes: Si se evaluó adecuadamente el área de influencia y la identificación de la población afectada. El aumento de la conflictividad e inseguridad en la zona de la represa, y los impactos diferenciales sobre las mujeres. La participación de las comunidades, que en opinión de ellas ha sido altamente deficiente. La relación entre el proyecto y los daños causados. Las deficiencias en los reasentamientos y las supuestas compensaciones. La evaluación y acceso a información sobre el riesgo de desastres.
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