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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Todo está conectado y es imposible desprenderse de nuestro impacto como individuos en la degradación del planeta. Y en esa cadena de pensamientos, muchos caemos en episodios –más o menos severos—de “ecoansiedad”. Es un padecimiento real que cada vez se detecta más y que, de no tratarse, puede, como toda enfermedad mental, ser peligrosa para nuestra salud e integridad. En 2017, la Asociación Americana de Psicología (APA en inglés) describió la ecoansiedad como un “miedo crónico a la catástrofe ambiental… Observar los lentos y aparentemente irrevocables impactos del cambio climático y estar preocupado por el futuro de uno mismo, de los niños y de las futuras generaciones”. Lo peculiar de este sentimiento es que puede detenernos. Podemos creer que absolutamente nada es útil y —por tanto— dejar de vigilar y de exigir, ser más laxos con nuestros hábitos de consumo y, en suma, contribuir mucho más al problema. Hay muchas sugerencias de lo que podemos hacer, pero con lo que pude recolectar es posible dividir nuestras acciones en tres planos: individual, comunitario y político-ciudadano-consumidor. Primero lo primero: estar bien uno mismo Una regla general para ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. La crisis climática afecta nuestra salud física (enfermedades respiratorias y cardiovasculares), nuestra seguridad alimentaria y de vivienda, nuestros derechos humanos y nuestra salud mental. De acuerdo a la APA, las respuestas emocionales son normales y las emociones negativas son necesarias para tomar decisiones y tener una vida plena. Pero el exceso de ellas y la falta de un plan futuro para resolver el problema puede interferir en nuestras habilidades de planeación, pensamiento racional y comportamiento. Esto sin contar que quienes sufren pérdidas por una catástrofe ambiental (huracanes, sequías e inundaciones) pueden desarrollar estrés postraumático. 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Segundo: nuestros círculos más inmediatos Recién se prohibieron las bolsas plásticas de un solo uso en la Ciudad de México. Más de una persona dijo que se estaba violando su derecho a comprar como le parezca, otros dijeron no tener idea de cómo hacer sus compras ahora. Llevo años usando bolsas de tela. Podría solo haber presumido eso, regocijarme por mi buena actitud ambientalista y alardear en redes sociales. Pero, ¿por qué no compartir recomendaciones? Algunas ideas que ya aplico en mi casa fueron bien recibidas por algunos vecinos y amigos. Incluso les parecieron prácticas. Generar lazos, quizás breves, son un paso para fortalecer nuestra unidad comunitaria. También me sirve mucho mantener el buen humor cuando se puede. Acercarnos a asociaciones vecinales, ser voluntarios en organizaciones con cuyas causas coincidimos; donar dinero, habilidades o equipo es dar ese paso más allá de nuestras acciones individuales. ¿Tienes un amigo que quiere disminuir su consumo de carne? ¡Ofrécele tus mejores recetas vegetarianas! ¿Sabes programar o diseñar? ¿Eres fuerte o tienes un automóvil de carga? Seguro hay grupos a los cuales tus habilidades les serían de gran ayuda. Por cierto, en AIDA siempre buscamos voluntarios. La APA revisa muy bien los impactos de la crisis climática en la salud mental de las comunidades. No son los mismos en una ciudad, una zona de alto riesgo por desastres o en comunidades indígenas. Las comunidades afectadas enfrentan la pérdida de cohesión social y de lugares de importancia espiritual o de recreación; así como el incremento de violencia de todo tipo, incluyendo la racial pues crecen las acusaciones a ciertos grupos. Además, la pérdida de identidad rompe la unión de estas comunidades, como está ocurriendo con las sociedades inuit de Groenlandia o, como hemos visto en AIDA, con los grupos indígenas y ribereños desplazados en el Amazonas. Tercero (y lo siento): tenemos que hablar de política y participación ciudadana Es probable que este tema no te guste, pero aquí también haces falta. No es lo mismo la contaminación por aguas negras de tu hogar que las descargas industriales sin tratar en un río. Podrías andar siempre en bicicleta, pero vivir en un país que es permisivo con industrias emitiendo gases volátiles cancerígenos y de efecto invernadero sin culpa alguna. Lo cierto es que nuestra muy buena voluntad individual –nada despreciable— no tiene tanto impacto como la voluntad (y obligación) de los gobiernos e industrias de hacer bien las cosas y procurar la salud de todas las personas y especies. Ciertamente, en América Latina la elección de nuestros representantes locales no funciona como en Estados Unidos. Pero eso no elimina nuestra responsabilidad de elegir y exigir representantes con una visión de un futuro limpio y resiliente, de mostrar que nos interesa. Una columna de Emma Marris en el New York Times lo explica muy bien: “La crisis climática no se resolverá con sacrificio personal. Se resolverá eligiendo a las personas correctas, aprobando las leyes correctas, elaborando las regulaciones correctas, firmando los tratados correctos y respetando aquellos ya firmados, particularmente con las naciones indígenas. Se resolverá haciendo que rindan cuentas las compañías y personas que han ganado miles de millones a costa de la atmósfera que compartimos”. El balance que en AIDA buscamos Estamos orgullosos de contar en nuestro equipo con personas apasionadas por el ambiente. Como individuos, compartimos nuestros avances e ideas en el plano personal para procurar un mejor planeta. A nivel comunitario, todos y todas aportamos a esta organización, y hay quienes organizan eventos y se unen a grupos ciudadanos y vecinales. Y a nivel de política pública y participación ciudadana, en AIDA trabajamos por la justicia ambiental, empoderamos comunidades con el conocimiento y herramientas que necesitan para exigir sus derechos y vigilarlos, llevamos casos emblemáticos ante la justicia y otras instancias relevantes para que empresas y gobiernos asuman sus obligaciones. Creemos que un futuro limpio y justo es posible.
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¿Por qué las mujeres son tan importantes en la búsqueda de justicia ambiental?
Columna publicada originalmente en La Silla Rota Las mujeres han tenido un rol fundamental en la conservación y defensa del planeta. La luchas pasadas y presentes por justicia climática y ambiental y por los derechos de los animales han sido, en una proporción importante, luchas de mujeres. Pero la estrecha relación entre las mujeres y el ambiente no escapa a las desigualdades que caracterizan a las sociedades actuales. Los contextos de pobreza, exclusión e inequidad se entrecruzan con los impactos de la devastación ambiental y la crisis climática. Y, por lo general, las mujeres los sufren de manera diferencial y agravada. En desastres, por ejemplo, las mujeres pueden sufrir los mayores daños y las tasas de mortalidad son notablemente superiores en comparación con los hombres. Ellas, en razón a los roles que desempeñan en sus comunidades pueden desarrollar menos capacidades para responder a emergencias derivadas de catástrofes. Porque no aprendieron a nadar o a trepar árboles, porque están pendientes de sus hijos menores o de las personas mayores en la familia, o porque deben usar ropa que dificulta su movilidad para reaccionar rápidamente. Además, por razones históricas y culturales, enfrentan barreras más fuertes para acceder a la información y participación sobre situaciones que afectan su derecho a un ambiente sano. Y tienen mayores dificultades para acceder a la justicia o a los mecanismos de reparación de daños. Por su parte, las mujeres que desarrollan roles en el ámbito público, participando de asuntos políticos, enfrentan a menudo nuevas cargas de trabajo que, por lo general, un hombre en la misma situación no asumiría. Al mismo tiempo, enfrentan riesgos y obstáculos más intensos para desarrollar su liderazgo. Ante este panorama, el enfoque de género —entendido como el mecanismo dirigido a garantizar la valoración integral de los impactos que cualquier acción tiene para hombres, mujeres y para quienes no se identifican dentro de estas categorías— es fundamental para hacer visibles las asimetrías, superar las barreras de discriminación y remover los escenarios de exclusión que impiden a las mujeres disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad. El enfoque de género busca que tales diferencias sean incluidas en el diseño, implementación, monitoreo y evaluación de cualquier intervención a nivel, político, económico y social. La perspectiva de género es indispensable para potenciar el liderazgo de las mujeres, que se hace cada vez más vital en la búsqueda de justicia climática y ambiental. En efecto, el desarrollo de las teorías ecofeministas ofrece al mundo novedosas y transformadoras alternativas que reflexionan sobre las lógicas que están llevando a la destrucción de la naturaleza y los impactos que traen consigo para la vida hombres, mujeres y demás seres sentientes. Además de ser las más afectadas, las mujeres son también sujetos activos con un papel clave en las soluciones a la crisis climática y en la preservación de la naturaleza.
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