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Foto: Alberto Peña KayCuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.
Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.
El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:
- Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011.
- Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.
De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.
Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.
Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.
El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.
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Respirar aire limpio debería ser un derecho humano: Relator Especial de la ONU
Incluso en un día despejado, la contaminación del aire en Bogotá puede ser tan intensa que el cielo se ve envuelto en una pálida neblina que se cierne sobre la ciudad. En la capital de Colombia, como en muchas urbes del continente, el aire contaminado se ha convertido en parte de la vida diaria. Pero no debería ser así. En un reciente informe, David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre el medio ambiente y los derechos humanos, dijo que respirar aire limpio debería ser considerado un derecho humano. Aunque la mayoría de los países ha reconocido el derecho a un ambiente sano, el derecho al aire limpio todavía no goza de un reconocimiento mundial. La contaminación atmosférica es un asesino doble: no sólo es uno de los riesgos más grandes para la salud pública mundial, también agrava la crisis climática. Por tanto, los Estados y las instituciones e instancias de derechos humanos debe incluir en la legislación las recomendaciones del Relator. Porque combatir la contaminación del aire es lo mejor que podemos hacer para mejorar la salud pública y, al mismo tiempo, salvar al planeta. Contaminación del aire: un asesino doble Más de 6.000 millones de personas alrededor del mundo, incluidos 2.000 millones de niños y niñas, respiran un aire nocivo para su salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La contaminación del aire, interior y exterior, contribuye cada año a cerca de 7 millones de muertes prematuras a nivel mundial. Más de 300 mil de ellas ocurren sólo en el continente americano. En todo el mundo, cientos de millones de personas sufren afecciones causadas por la contaminación del aire, considerada uno de los cinco factores principales detrás de enfermedades no transmisibles como los derrames cerebrales, cardiopatías, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el cáncer. Las partículas finas —como las del hollín, el carbono negro, los sulfatos, los nitratos y metales pesados— aumentan significativamente el riesgo de estos padecimientos. Además, el aire contaminado afecta de forma particular a las poblaciones más vulnerables: niños, niñas y personas adultas mayores, quienes sufren daños diferenciados que incluyen enfermedades y problemas respiratorios crónicos. Los riesgos para la salud de las comunidades pobres y de bajos ingresos, que suelen estar ubicadas cerca de fuentes de contaminación —fábricas, centrales eléctricas y carreteras altamente transitadas, entre otras— son también excesivos. Pero la contaminación del aire es más que sólo una preocupación de salud pública porque también acelera la crisis climática. La investigación da cuenta que el carbono negro —contaminante climático de vida corta generado por la quema de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa—puede acelerar el derretimiento de los glaciares, contribuyendo a la inseguridad hídrica y a desastres naturales. Y el metano, otro contaminante de ese tipo, puede retener hasta 30 veces más calor que el CO2, acelerando el calentamiento global. Ambos lados del mismo problema implican un gran costo. El Banco Mundial estima que el costo global de la contaminación atmosférica pronto superará los 5 billones de dólares por año y señala que si los países no frenan el problema, la mortalidad que éste causa a nivel mundial podría aumentar entre 50 y 100 por ciento para 2050. Los beneficios económicos de frenar el cambio climático superan por mucho los costos astronómicos causados por inundaciones, tormentas y sequías más extremas, que podrían causar pérdidas por cientos de miles de millones de dólares para fines de siglo, según un informe de la Cuarta Evaluación Nacional del Clima de Estados Unidos. Respetando los derechos humanos Si bien reducir la contaminación del aire es una medida económica sensata, también es una cuestión de respeto de los derechos humanos. Además de violar el derecho a un ambiente sano y limpio, la mala calidad del aire puede afectar nuestros derechos a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a un nivel de vida adecuado, así como los derechos de la niñez. Así lo afirma el Relator Especial de la ONU en su informe. 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Ruta urgente para mejorar la calidad del aire en Ciudad de México
La reciente contingencia ambiental extraordinaria por la mala calidad del aire que se presentó en Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), afectó la salud y los derechos humanos de la población, así como la economía y las actividades en la zona, evidenciando la urgencia de responder a las necesidades de la población para garantizar una buena salud y calidad de vida. Por ello, las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad de Aire (OCCA) y otras aliadas, exigimos a los gobiernos de las entidades federativas que participan en la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y a las autoridades federales, la implementación de las medidas descritas en este comunicado. De acuerdo con anuncios oficiales recientes, la mala calidad del aire que respiran actualmentelas y los habitantes de la ZMVM se debe a incendios en la región, altas temperaturas, falta de viento y lluvias. Ante dichas declaraciones, el OCCA y organizaciones aliadas destacan que el grave problema de los incendios no es un hecho excepcional, sino un fenómeno que irá al alza ante escenarios cada vez más frecuentes y extremos de variabilidad meteorológica derivados del cambio climático. Igualmente, cabe destacar que el problema de calidad del aire y el cambio climático están estrechamente vinculados a formas urbanas desconectadas y dispersas, que en México se relacionan con las políticas de vivienda promovidas desde la federación por una gestión inadecuada de los usos de suelo e inversiones en infraestructura vial orientadas a servir principalmente al automóvil particular. Abordar el problema de calidad del aire de manera aislada no dará soluciones eficaces o de fondo. Por ello, el OCCA y organizaciones aliadas exhortan a las autoridades federales y locales a tomar medidas congruentes con financiamiento suficiente, bajo una perspectiva de derechos humanos, transparente y participativa, que contribuyan a reducir la contaminación en el mediano y largo plazo. Las estrategias que el Observatorio y organizaciones aliadas proponen seguir son las siguientes: Actualizar las estrategias de gestión de la demanda del tránsito vehicular; Incorporar una perspectiva de accesibilidad urbana en políticas y proyectos, impulsando la articulación de la planeación del transporte y de los usos del suelo; Triplicar la inversión en movilidad sustentable; Proporcionar información con perspectiva de salud ambiental a través de mecanismos participativos y transparentes; Controlar las emisiones de fuentes naturales; y Reforzar el marco jurídico e institucional. Reiteramos nuestra disposición para participar en un diálogo abierto y transparente con la CAMe y las autoridades federales y locales, con el fin de avanzar en la implementación de lasacciones propuestas. Lee el comunicado completo aquí
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Organizaciones internacionales condenan asesinato de familiar de dirigente de Ríos Vivos de Colombia
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