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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Mandan alerta internacional sobre amenazas de la pesca sin control cerca de Galápagos
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Sociedad civil llama al Consejo de Derechos Humanos a reconocer el derecho universal a un ambiente sano
Más de 850 organizaciones de la sociedad civil, grupos de pueblos indígenas, movimientos sociales y comunidades locales hacen un llamado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para que reconozca el derecho universal a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible. Lo hacen en una carta abierta, enviada el 10 de septiembre y todavía abierta para firmas en línea. El llamado se adelanta a la reunión del Consejo de Derechos Humanos a celebrarse en Ginebra del 14 de septiembre al 6 de octubre. En la carta se sostiene que las personas deben ser protegidas de los impactos mortales de la degradación ambiental y el cambio climático, como el aumento en la propagación de enfermedades como la COVID-19. "El reconocimiento global de este derecho es un asunto de máxima urgencia antela crisis ambiental global que actualmente viola y amenaza los derechos humanos de miles de millones de personas en nuestro planeta", se afirma en la carta. "Como todos y todas sabemos, en un planeta muerto no existen derechos humanos". El derecho a un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible ya está contemplado en las constituciones y leyes de una mayoría considerable de países de todo el mundo, así como en los sistemas regionales. Existe también un sistema jurídico cada vez más amplio para implementar y aplicar este derecho. Ahora, personas defensoras de los derechos humanos, los pueblos indígenas, la acción climática y la justicia social instan al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que formalice este reconocimiento y lo haga universal. Al hacerlo, el Consejo de Derechos Humanos alentaría a los países a fortalecer políticas y legislaciones para cuidar mejor de la naturaleza y la biodiversidad, se lee en la carta. Esto conduciría a un aire más limpio, a un mayor acceso al agua potable y a una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. También proporcionaría justicia ambiental a las comunidades que están expuestas a entornos degradados y peligrosos, con aire tóxico o enfermedades. La deforestación y la degradación ambiental aumentan la exposición de los seres humanos a los virus zoonóticos, como la COVID-19, y a las enfermedades transmitidas por vectores, como el paludismo y el dengue. Los científicos advierten que el riesgo de propagación de enfermedades aumentará a medida que los ecosistemas naturales continúen descomponiéndose. Las nuevas investigaciones también sugieren que los efectos de la contaminación atmosférica en los pulmones, los corazones y la salud en general hacen que las personas sean más susceptibles a los peores impactos de la COVID-19. Para proteger a las personas de todo el mundo de futuras crisis y para crear una mayor resistencia a catástrofes como esta pandemia, la carta insta a los Estados a que "reconozcan, respeten, protejan y cumplan el derecho humano de todos y todas a disfrutar de un ambiente seguro, limpio, sano y sostenible". #HealthyEnvironment4All contacto de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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O racismo ambiental e os impactos diferenciais da pandemia
Por Tayná Lemos e Marcella Ribeiro No Brasil, apesar da letalidade da COVID-19 - 3,08% e com mais de 124 mil mortes até 3 de setembro - as grandes cidades estão avançando com seus planos de reabertura, com o Rio de Janeiro enchendo os bares e São Paulo, os restaurantes. A reabertura de bares e restaurantes durante o ápice da pandemia encontra uma explicação no fato de que a pandemia afeta pessoas de diferentes níveis socioeconômicos e raças de maneira diferente. Um estudo do Núcleo de Operações e Inteligência em Saúde (NOIS), uma iniciativa envolvendo várias universidades do país, constatou que uma pessoa negra sem escolaridade tem quatro vezes mais probabilidade de morrer do novo coronavírus no Brasil do que uma pessoa branca com educação superior. Com base em informações de casos até maio, o estudo também mostra que a taxa de mortalidade entre a população branca é de cerca de 38%, enquanto entre os negros é de quase 55%. "A taxa de mortalidade no Brasil é influenciada pelas desigualdades no acesso ao tratamento", disse o coordenador do NOIS e um dos autores do estudo, Silvio Hamacher, à EFE. Dolorosamente, esta tendência se repete em outros países, como os Estados Unidos e o Reino Unido. Isto destaca que um dos fatores por trás da alta taxa de mortalidade da COVID-19 é o racismo ambiental, um fenômeno no qual as consequências negativas das atividades econômicas são distribuídas de forma desigual. Distribuição desigual dos danos O termo racismo ambiental foi cunhado nos Estados Unidos pelo pesquisador Benjamin Chavis depois de observar que a poluição química das indústrias era despejada somente em bairros negros. "O racismo ambiental é discriminação racial nas políticas ambientais. É discriminação racial na escolha deliberada das comunidades negras para despejar lixo tóxico e instalar indústrias poluidoras", disse Chavis. Enquanto que toda atividade gera algum um impacto ambiental, os espaços territoriais escolhidos para implementá-las são sempre regiões à margem da cidade, em territórios ocupados por comunidades tradicionais ou periféricas, ou seja, comunidades não-brancas. No Brasil, o racismo ambiental afeta tanto as comunidades urbanas periféricas quanto as comunidades rurais tradicionais. E, como nos Estados Unidos, uma de suas facetas é a poluição desproporcional sofrida por essas minorias, em comparação com a classe média branca. Isso significa a poluição do ar e da água com agentes tóxicos, metais pesados, pesticidas, produtos químicos, plásticos, etc. No seu relatório de 2019, o então Relator Especial da ONU para os Direitos Humanos sobre as Implicações da Gestão Ambiental e a Eliminação de Resíduos e Substâncias Tóxicas, Baskut Tuncak, alertou que existe uma pandemia silenciosa de doenças e deficiências resultantes do acúmulo de substâncias tóxicas em nosso organismo. Em 2020, após sua visita ao país, ele disse que há uma conexão entre a poluição ambiental e a mortalidade do novo coronavírus, e que menos pessoas morreriam no Brasil se houvesse políticas ambientais e de saúde pública mais rígidas. "Existem sinergias entre a exposição à poluição e a exposição à COVID-19. As substâncias tóxicas no meio ambiente contribuem para a alta taxa de mortalidade no Brasil", disse Tuncak. As condições de saúde subjacentes que agravam a pandemia não são "má sorte", mas em grande parte "os impactos das substâncias tóxicas sobre o ar que respiramos, a água que bebemos, os alimentos que comemos, os brinquedos que damos a nossos filhos e os lugares onde trabalhamos". Um aumento na vulnerabilidade Assim, Tuncak afirmou que as pessoas mais vulneráveis à pandemia são os pobres urbanos e as comunidades tradicionais e indígenas porque são também as mais afetadas por problemas ambientais e de saúde pública. Isto leva à hiper-vulnerabilidade. Um exemplo desta situação é a dos 17 quilombos (assentamentos de origem africana) no município de Salvaterra, no estado do Pará, onde vivem cerca de 7.000 pessoas. Há vinte anos, um lixão aberto foi instalado ali sem consultar as famílias. Crianças, adultos e idosos foram forçados a viver com o lixo doméstico, lixo tóxico e hospitalar, entre outras coisas. Sua vulnerabilidade aumentou com a pandemia. Apesar do tamanho do país, não existem lacunas territoriais no Brasil. Quando uma indústria, um aterro sanitário, uma monocultura, uma usina hidrelétrica, uma mina ou uma usina nuclear é instalada, uma comunidade historicamente esquecida é impactada. Os danos invisíveis da poluição causada por essas atividades são difíceis de provar, mas afetam profundamente a saúde e a qualidade de vida de pessoas que já são extremamente vulneráveis. Outro exemplo é o da comunidade indígena de Tey Jusu, que em abril de 2015 recebeu uma chuva de agrotóxicos derramada por um avião que pulverizava uma monocultura de milho. A pulverização intoxicou pessoas na comunidade, prejudicando sua saúde. Infelizmente, a ingestão direta de pesticidas por membros de comunidades que vivem perto de plantações de monoculturas é uma realidade recorrente. Pior ainda é que o governo atual autorizou 118 novos agrotóxicos durante a pandemia, somando aos 474 aprovados em 2019 e outros 32 lançados nos primeiros meses de 2020. Estes pesticidas causam várias doenças, mas ainda não é possível determinar as conseqüências exatas sobre o corpo humano, muito menos sua interação com outras substâncias tóxicas ou com outras doenças, como a COVID-19. Segundo uma análise da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira e do Instituto de Pesquisa Amazônica, a taxa de mortalidade causada pela pandemia entre os povos indígenas na Amazônia legal é 150% maior do que a média nacional. Por outro lado, a taxa de contaminados pela COVID-19 entre essa população é 84% maior do que a média do Brasil. Isto se deve a vários fatores históricos, como a falta de postos de saúde, a distância dos hospitais, a ausência de qualquer tipo de assistência do governo federal, a invasão de terras e a degradação ambiental. Na verdade, uma das maiores ameaças às comunidades indígenas no Brasil ainda é a invasão de suas terras por mineradores ilegais, que causa, entre outras violações de direitos humanos, a contaminação da água por mercúrio. No ano passado, um estudo da Fundação Oswaldo Cruz constatou que 56% dos índios Yanomami tinham concentrações de mercúrio acima do limite estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, o que implica em sérios danos à saúde. Neste sentido, racismo ambiental é um termo que expõe uma separação histórica entre aqueles que colhem os frutos do crescimento econômico e aqueles que adoecem e morrem devido às conseqüências ambientais desse mesmo crescimento econômico. A variedade de danos sistêmicos à saúde dessas comunidades vulneráveis as torna especialmente suscetíveis aos piores efeitos da COVID-19. Portanto, ao discutir e abordar a pandemia é essencial saber que ela não atinge todas as pessoas da mesma maneira, que coloca as comunidades tradicionais em risco de extinção e que as questões ambientais são uma preocupação de saúde pública. Para superar a crise de saúde global, precisamos trazer o racismo para o centro do debate.
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