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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Declaración: Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana
Para lograr justicia climática, quienes firmamos esta declaración acordamos lo siguiente:Intensificaremos nuestros esfuerzos para que los derechos humanos ocupen un lugar primordial en el activismo climático. Lo haremos siguiendo el ejemplo de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, personas que viven en la pobreza, personas con discapacidad, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería, comunidades locales, personas trabajadoras y otros grupos afectados de manera desproporcionada que lideran la lucha contra las actividades que destruyen el planeta y en favor de la justicia climática.Exigiremos una actuación inmediata, audaz, impulsada por las personas y respetuosa con los derechos humanos de magnitud sin precedentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger así a las personas, los ecosistemas y la biodiversidad frente al colapso climático. Esta actuación requiere una transformación de nuestros sistemas económicos, sociales y políticos para abordar las desigualdades existentes en todos los aspectos de la vida, que incluye la distribución equitativa de los recursos, en particular mediante la reducción del consumo innecesario por grupos privilegiados. Es fundamental que logremos una importante y rápida reducción de las emisiones globales y un futuro sin combustibles fósiles para limitar el aumento de la temperatura lo más posible, y en todo caso a 1,5 °C como máximo, pues los actuales niveles de calentamiento ya están causando violaciones de derechos humanos.Exigiremos que todas las políticas, medidas y acciones climáticas de los gobiernos respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos, incluido el derecho de las personas a ser plenamente informadas y empoderadas para participar de forma significativa en la toma de decisiones relacionadas con el clima, y que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Nos opondremos a toda política o acción destinada a combatir el cambio climático o a facilitar la adaptación climática que sacrifique los derechos humanos, o que tenga como resultado el agravamiento de las desigualdades, el empobrecimiento, el hambre, la desposesión y la exclusión económica, social y política.Incrementaremos la presión sobre los países y empresas con mayor responsabilidad en el cambio climático y con más recursos. Exigimos que todos los países establezcan y cumplan con urgencia objetivos de reducción de las emisiones basados en datos científicos y compatibles con la protección de los derechos humanos, ajustándose a los plazos para su cumplimiento o adelantándose a ellos. Nos opondremos a los intentos de trasladar la carga y la responsabilidad que conlleva esta transformación de los países con elevadas emisiones a aquellos que tienen menos recursos y un historial de emisiones más bajo, y de empresas y grupos privilegiados a grupos menos privilegiados. Obligaremos a quienes tienen más responsabilidad en la crisis a reconocer sus propios actos y tomar medidas en consecuencia.Instaremos a los Estados con más recursos y responsabilidad en el cambio climático a proporcionar los medios económicos y tecnológicos necesarios a los países del Sur global para facilitar sus ambiciosos planes de mitigación del cambio climático y adaptación a él. Exigimos que esos Estados también proporcionen los medios adecuados —indemnizaciones incluidas— a las comunidades y particulares afectados para hacer frente a las pérdidas y los daños causados por la crisis climática, consultándolos siempre y respetando sus costumbres y derechos individuales y colectivos. Fomentaremos la transparencia y el uso adecuado de esos recursos y nos opondremos a la creación de cargas económicas y deudas adicionales como consecuencia de este apoyo.Combatiremos sin descanso el control empresarial de las políticas y las instituciones, y exigiremos rendición de cuentas a los sectores que destruyen el clima y a quienes los financian.Exigiremos una transición justa, equitativa e inclusiva en el proceso de abandonar los combustibles fósiles e ir hacia una agricultura sostenible y una energía renovable que empodere a pueblos indígenas, personas trabajadoras, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería y comunidades locales, en lugar de privarlos de sus derechos. Reclamaremos medidas que garanticen que todas las personas, especialmente las que sufren discriminación, tienen acceso a educación en asuntos relacionados con el clima y a los recursos, la formación, el conocimiento y los empleos dignos que son necesarios para una transición impulsada por las personas hacia una sociedad sin emisiones de carbono y resiliente.Trabajaremos para conseguir la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a sus tierras y territorios ancestrales. Reclamaremos la protección, el reconocimiento y la promoción de los conocimientos locales y tradicionales que han demostrado ser eficaces y adecuados para abordar la crisis climática y para hacer posible la transición y la resiliencia tan necesarias en nuestros sistemas de alimentación, siempre con el consentimiento de los pueblos indígenas y en su beneficio.Exigiremos un acceso efectivo y adecuado a la justicia de aquellas personas y comunidades cuyos derechos se vean afectados por la crisis climática o la falta de acción climática, incluidas las afectadas por pérdidas y daños de origen climático y aquéllas cuyos derechos están amenazados debido a los desplazamientos relacionados con el clima. Trabajaremos para garantizar que pueden disfrutar del acceso a la justicia y a recursos efectivos y que se piden cuentas a los responsables de los daños relacionados con el cambio climático. Utilizaremos proactivamente los instrumentos jurídicos y órganos nacionales, regionales e internacionales de derechos humanos para garantizar que las obligaciones en materia de derechos humanos se respetan de manera efectiva para promover la justicia climática.Apoyaremos a todos los defensores y defensoras de los derechos ambientales, en particular a quienes individual y colectivamente protegen sus territorios, su acceso a la tierra, sus medios de vida y el ambiente, y a quienes trabajan para defender a las personas y al planeta de las actividades destructivas y del colapso climático. Exigiremos un entorno seguro y propicio, en el que todos los defensores y defensoras de los derechos humanos, en particular quienes sufren formas múltiples y entrecruzadas de discriminación y desigualdad, reciban protección efectiva y puedan defender y promover los derechos humanos sin temor a castigos, represalias o actos de intimidación. 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Organizaciones y jóvenes de huelga climática suman esfuerzos
Diversas organizaciones de la sociedad civil anuncian su participación en la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre. Demandan que México declare Emergencia Climática y tome acción inmediata correspondiente. Ciudad de México. Por este medio, queremos informarles que 39 organizaciones de la sociedad civil trabajando temas diversos nos sumamos a la iniciativa de jóvenes de Fridays For Future Ciudad de México para llamar la atención sobre la grave crisis climática global y la urgente necesidad de tomar acciones sin precedentes para evitar peores escenarios en el futuro. Las consecuencias sociales, ambientales y económicas de mantener los modelos de producción y de consumo actuales serán sufridas en mayor medida por las personas jóvenes, niños, niñas y por quienes aún no nacen. Debido a lo anterior, la legítima demanda de acción y justicia climática de jóvenes alrededor del mundo cada vez suma más voces. Hoy, México ocupa el puesto número 13 de países con mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, esto quiere decir que somos corresponsables de todas las consecuencias, impactos y cambios que vemos actualmente en el planeta. Nuestro país tiene la oportunidad de tomar acciones inmediatas y efectivas para reducir sus emisiones, eliminar el uso de combustibles fósiles y adoptar un modelo basado en energías renovables y asegurar la distribución equitativa de recursos, así como buscar sistemas sustentables de producción de alimentos. No podemos seguir otorgando permisos, tiempo y concesiones a las empresas para que continúen con sus prácticas contaminantes. En México, el 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático, lo cual contribuye a exacerbar las crisis y desigualdades sociales. El incremento de la temperatura tendrá una consecuencia directa en la pérdida de especies, contaminación local, mala calidad del aire, agua y suelo, así como en la ya reducida disponibilidad de agua dulce. Será también un factor que agravará las tendencias migratorias, acelerando y generando conflictos geopolíticos en la región, atentando directamente contra los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. Por todo lo expuesto anteriormente, nuestras demandas son las siguientes: Declaración de emergencia climática nacional. Que el Gobierno de México reconozca la crisis ambiental que vivimos y emita una declaratoria de “Emergencia climática” que establezca como prioridad nacional la integración de políticas y esfuerzos climáticos con mecanismos claros y verificables, así como presupuesto suficiente y metas anuales para cumplir con las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional que limiten el aumento de la temperatura global a 1.5°C. Compromiso nacional e internacional con un plan detallado. Que el gobierno de México presente ante la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas (que se llevará a cabo en Nueva York el próximo 23 de septiembre) un plan detallado en donde se comprometa a incrementar sustancialmente sus acciones actuales para poner el país en la trayectoria identificada por el IPCC. Reducción de las emisiones de GEI al 50% en 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050. Que se tomen todas las medidas necesarias incluyendo el abandono gradual pero acelerado del uso de combustibles fósiles impulsando una transición energética justa hacia energías renovables. Enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Empezando por la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Agricultura sostenible. Que se prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que la siembra y cultivo agroecológicos tienen para el enfriamiento del planeta. De igual manera, establecer políticas que disminuyan el enorme impacto negativo que tienen las técnicas de agricultura predominantes. Como organizaciones preocupadas por la emergencia climática a nivel global, nos sumaremos a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la crisis climática organizando, difundiendo y participando en las actividades cuyo calendario se anexa. Organizaciones convocantes: Fridays For Future CDMX Alianza Internacional de Habitantes Alianza Mexicana contra el Fracking Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán Asociación de Consumidores Orgánicos Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bicitekas Bike Recycling México CCL (Ciudadn@s por un Clima Vivible) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Centro para la Diversidad Biológica Colectivo E3 Contaminantes Anónimus Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia - CONUR Coordinadora Socialista Revolucionaria - CSR El Poder del Consumidor Extinction Rebellion - México Food & Water Watch Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala Fundar – Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales GEA Huerto Roma Verde La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida) Llamado Mundial para Frenar el Cambio Climático Misión Planeta A.C. Pobladores A.C. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Raké (Sociedad de alumnos de Relaciones Internacionales de la Ibero) Reacción por el Planeta Red por los Derechos de la Infancia en México Regeneration International Ruta Cívica Servicios y Asesoría para la Paz A.C. Taller13 Contacto de prensa: [email protected]
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Celebramos que el Consejo de Estado mantenga la suspensión del fracking en Colombia
Nos sentimos orgullosos de ser parte del litigio en el que esta decisión ocurre y esperamos que el alto tribunal siga priorizando el principio de precaución y considerando los riesgos de daños que el fracking implica para el ambiente y la salud humana. Bogotá, Colombia. En el marco de la demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte, el Consejo de Estado se abstuvo de revertir la suspensión provisional de la reglamentación para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Ello significa que esa técnica continúa suspendida, que actualmente no es legal llevarla a cabo y que Colombia vive una moratoria al frackingpor orden judicial. Con su decisión, el Consejo de Estado, alto tribunal colombiano, desestimó la solicitud presentada por el gobierno, que buscaba levantar la suspensión vigente desde noviembre del año pasado y dar vía libre al fracking en el país. Desde AIDA celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado y nos sentimos muy honrados de ser parte de este litigio. Se trata sin duda de un paso en la dirección correcta ante el alto grado de incertidumbre sobre los riesgos asociados al fracking. Entre ellos están la contaminación del aire y de fuentes de agua superficiales y subterráneas, daños a la salud humana y emisiones de metano a la atmósfera, potente gas de efecto invernadero y una de las causas principales de la crisis climática que el mundo enfrenta. En ese escenario, la urgencia de transitar hacia energías limpias es evidente. El alto tribunal concluyó que se debía aplicar el principio de precaución ya que, incluso sin certeza científica absoluta, hay pruebas mínimas de daños potenciales derivadas de una aparente deficiencia en las medidas contempladas en la reglamentación del fracking. Colombia apunta hoy a ser un ejemplo para América Latina. La suspensión provisional de la reglamentación corresponde a una medida cautelar mientras se resuelve definitivamente el caso. Es fundamental que el Consejo de Estado continúe dando prioridad al principio de precaución, teniendo en cuenta la falta de certeza plena sobre los riesgos de daños irreversibles que el fracking implica para el ambiente, el clima y para las personas. En AIDA saludamos la independencia judicial, pues es fundamental para la protección del ambiente por medio del derecho. Esperamos que el proceso judicial en curso considere apropiadamente las pruebas y argumentos presentados, incluidos los relacionados con una tarea cada vez más urgente: la lucha contra la emergencia climática. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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