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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Colombia da un paso correcto al suspender proyecto de fracking
Basándose en una reciente orden judicial, la autoridad ambiental del país suspendió el trámite de un proyecto en el Magdalena Medio. La decisión representa un avance en los esfuerzos para frenar la expansión del fracking en América Latina. Bogotá. En un avance para los esfuerzos contra la expansión del fracking en América Latina, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia suspendió el trámite de permiso ambiental de un proyecto de fracking en el Magdalena Medio. Con esta decisión, Colombia se une a la creciente lista de comunidades, municipios y regiones de América Latina y el mundo que han logrado detener el avance del fracking en sus territorios, muchos de ellos mediante el establecimiento de prohibiciones o moratorias. “La decisión de la autoridad ambiental es un ejemplo positivo para las naciones de la región y para el mundo”, dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es el resultado de un movimiento cívico admirable y del uso del principio de precaución como una herramienta para proteger la salud humana y los ecosistemas, y para enfrentar la crisis climática”. La decisión, que puso freno al proyecto “APE Guane A” de la empresa Ecopetrol, tiene como fundamento la suspensión del marco regulatorio del fracking en el país, realizada en noviembre de 2018 por el Consejo de Estado. AIDA apoya la medida adoptada por el Consejo de Estado y considera que al acatar esa orden judicial la ANLA dio un paso en la dirección correcta. “Al no existir normas vigentes para regular el fracking, en Colombia tenemos una moratoria judicial que implica que no se puede implementar ningún proyecto que busque explotar yacimientos no convencionales de gas y petróleo mediante esa técnica”, explicó Juana Hofman, abogada de AIDA. “Por ello, todo trámite orientado al desarrollo de actividades de fracking debe ser suspendido”. En su decisión, la ANLA señala que “la suspensión provisional de las disposiciones antes mencionadas se traduce en que las mismas se encuentran temporalmente fuera del ordenamiento jurídico, lo que de manera consecuente trae consigo que esta Autoridad Ambiental no cuenta con normativa técnica que le permita contrastar las medidas de manejo que deben ser incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental EIA para ser analizadas dentro del procedimiento de evaluación ambiental, y por ende, no podría determinar si es viable o no el otorgamiento de la licencia ambiental requerida para los nuevos proyectos de yacimientos no convencionales.” El proyecto suspendido contempla el uso de fracking en un complejo cenagoso localizado entre los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el norte de Colombia. El fracking o fracturamiento hidráulico es una técnica muy perjudicial para el agua, la calidad del aire, la salud humana y el clima. Genera emisiones de metano, un contaminante fuertemente asociado al calentamiento global. Debido a sus impactos negativos en el ambiente y en las personas, el fracking ha sido prohibido por vía judicial o legislativa en muchas comunidades, regiones y países del mundo, como Esocia, el estado de Nueva York (Estados Unidos) y la provincia de Quebec (Canadá). Los esfuerzos para frenar la expansión del fracking han asido ampliamente liderados por la ciudadanía y por preocupaciones sobre los riesgos que esa técnica implica para el clima, el ambiente y la salud pública. La Alianza Colombia Libre de Fracking se ha mantenido firme en su compromiso por detener el avance del fracking en Colombia y merece ser felicitada por este importante paso hacia adelante. AIDA llama al gobierno colombiano a continuar por el camino de la prevención, cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia ambiental para enfrentar la crisis climática y para proteger el agua, los territorios y a las comunidades. Por ello le instamos a que se abstenga de autorizar operaciones de fracking en el país. “El fracking es un procedimiento que nos aleja de nuestras metas climáticas, y de la ruta energética que todos los países deben seguir”, señaló Puentes Riaño. “Decisiones como la tomada son invitaciones para buscar energías renovables que son opciones deseables para nuestras comunidades y para el planeta, en Colombia y en todo el mundo”. Contactos de prensa: Carlos Lozano Acosta (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (300) 564 0282 Juana Hofman (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (310) 884 6715
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Los grandes aliados de los corales
Varios estudios han demostrado que los peces herbívoros desempeñan un papel fundamental en la salud y sobrevivencia de los arrecifes de coral al limpiarlos de las algas que les quitan luz y espacio. Pero las poblaciones de estos peces están disminuyendo drásticamente por diversas causas, todas de origen humano, lo que termina dañando a los corales. En el Caribe mexicano, por ejemplo, el 60% de los arrecifes está en mal estado o en estado crítico de salud. Existe una gran diversidad de especies de peces herbívoros, agrupadas en varias familias que a su vez se dividen en varios grupos de acuerdo con sus modos de alimentación y su rol en controlar el crecimiento de algas, principalmente macroalgas. Las familias de peces loro o pericos son de las más importantes. Su fuerte dentadura les permite limpiar gran cantidad de macroalgas y mantener sanos a los arrecifes coralinos. Los peces herbívoros viven en aguas tropicales y subtropicales, entre ellas las de varios países de América Latina y el Gran Caribe —Belice, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Venezuela, República Dominicana, Jamaica, entre otros—, contribuyendo a la salud de ecosistemas de coral vitales como el Sistema Arrecifal Mesoamericano y otros de la región. Pero la relación entre peces herbívoros y arrecifes de coral está en riesgo. Pese a servir de criaderos de peces y barreras naturales contra huracanes —entre otras funciones clave—, los arrecifes de coral son muy frágiles y vulnerables a la crisis climática que enfrentamos, cuyas consecuencias incluyen la acidificación de los océanos, el aumento del nivel del mar y la proliferación de algas. Y, según expertos, ante la menor presencia de peces herbívoros, los ecosistemas arrecifales pierden su capacidad de recuperarse del embate de fenómenos naturales como los huracanes, que son cada vez más intensos debido al aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. La disminución de las poblaciones de peces herbívoros es evidente en la región Caribe, donde comunidades pesqueras han comenzado a capturar peces loro tras sobreexplotar especies comerciales de peces. Ello ha resultado directamente en un incremento de la cobertura de macroalgas en varios arrecifes coralinos de la zona, algo que representa una amenaza seria a su supervivencia. Otra amenaza es la destrucción y fragmentación de hábitats, como manglares y pastizales marinos, que afecta el ciclo de vida de varias especies de pez loro. Además, la degradación de entornos incrementa la sedimentación y concentración de nutrientes, causando el aumento de macroalgas. El crecimiento de algas, así como el incremento de enfermedades en los corales, también se debe a la contaminación proveniente del manejo inadecuado de aguas residuales y de la creciente agricultura. El panorama descrito requiere la implementación urgente de medidas orientadas a preservar a las poblaciones de peces herbívoros y con ello a mantener la salud y capacidad de recuperación de los arrecifes de coral. Esas acciones deben incluir el establecimiento y adopción de estrategias firmes de gestión de pesca y conservación para la recuperación de poblaciones de peces herbívoros, particularmente de peces loro; así como la creación de áreas protegidas marinas o zonas de recuperación pesquera en entornos clave y donde se prohíba la captura de peces. Se requiere también estandarizar el monitoreo de las poblaciones de peces en toda la región e implementar alternativas de manejo, promover una gestión regional e integral que involucre a las autoridades locales para compartir experiencias, y establecer herramientas comunes de manejo y conservación. Finalmente, es necesario crear e implementar legislación que permita conservar arrecifes y peces herbívoros, combatir la sobrepesca y las malas prácticas turísticas, así como promover un desarrollo costero de bajo impacto. En el mundo natural, abundan relaciones vitales como las de los peces herbívoros y los corales. Aprendamos a reconocerlas y valorarlas. La naturaleza nos cuida y debemos cuidarla también.
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Poner los derechos fundamentales de las personas en el centro de las soluciones a la emergencia climática
Anunciando la Primera Cumbre Global en la Historia sobre Derechos Humanos y Cambio Climático La Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana, primera en su tipo en la historia, será organizada por grupos líderes de la sociedad civil y la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 18 a 19 de septiembre en Nueva York. La Cumbre de los Pueblos tiene como objetivo motivar a la comunidad de derechos humanos a incrementar la ambición de sus esfuerzos en materia de justicia climática, con el propósito de crear el movimiento más diverso jamás reunido para atender la crisis climática. La Cumbre de los Pueblos fue anunciada en una carta abierta que se comparte a continuación y que fue publicada en inglés por la Thomson Reuters Foundation. La comunidad de derechos humanos y la comunidad ambientalista deben actuar conjuntamente en la búsqueda de soluciones. Es hora de avanzar unidas para enfrentarnos a la crisis climática. Nuestras organizaciones aspiran a un mundo en el que las personas prosperen en un ambiente seguro y sano, y donde los derechos humanos se antepongan a los beneficios de las empresas. Para conseguirlo, tenemos que enfrentarnos a la crisis climática unidas en el movimiento más potente y diverso jamás formado. Sólo juntas podremos hacer que los líderes y las lideresas mundiales se tomen en serio esta emergencia. Las personas y sus derechos fundamentales deben ocupar un lugar fundamental en las soluciones reales al deterioro climático. Ésta es una invitación para que todas las personas que valoran la dignidad y el bienestar humanos apoyen con todas sus fuerzas el llamamiento en favor de una justicia climática global. Y para que quienes trabajan para proteger nuestro planeta centren sus esfuerzos en las comunidades, en especial en aquéllas donde habitan las personas más afectadas por la crisis climática y menos responsables de ella. La comunidad de derechos humanos puede aportar energía, conocimientos y bases de apoyo clave a la lucha por la justicia climática. La fuerza de un movimiento colectivo para resolver la crisis climática debe estar a la altura de la gravedad del problema. Nuestras organizaciones se están agrupando para que sea así, y estamos pidiendo a la comunidad ambientalista y a la de los derechos humanos que se unan a nosotras. Para superar este reto, las personas deberemos tener más conexión y estar más comprometidas que nunca con nuestro planeta. Es una cuestión de supervivencia. El crecimiento sin control de las emisiones de dióxido de carbono ha desencadenado peligrosos cambios desestabilizadores sin precedentes en nuestro clima. La dejadez de empresas y gobiernos ya ha expuesto a millones de personas a catástrofes meteorológicas cada vez más extremas. Debemos dar marcha atrás ya: se está acabando el tiempo para poder hacerlo. No nos engañemos. Los efectos del cambio climático ya menoscaban nuestros derechos a la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo e incluso a la propia vida. Y son aún más graves para las personas que ya están en situaciones vulnerables en lugares golpeados por la dureza del clima, la pobreza o la opresión. Nuestras sociedades no pueden seguir así. Las personas necesitan tener acceso a la justicia, los gobiernos deben trabajar para ellas y las empresas deben rendir cuentas de sus actos. Es hora de actuar. Por todas partes hay señales de una voluntad común de hacerlo. Las calles se llenan de estudiantes que piden un futuro seguro. Los pueblos indígenas alzan la voz en defensa de la tierra, el agua y los derechos de sus comunidades. Los trabajadores y trabajadoras exigen puestos de trabajo seguros y bien pagados en industrias mejores y más limpias. Quienes luchan en favor de los derechos de las mujeres aportan muchas soluciones feministas. Líderes religiosos nos piden que protejamos las comunidades y la naturaleza. La comunidad científica se reúne y comparte hallazgos para sacarnos de la crisis. Sabemos cuál es el reto, y las respuestas están ahí. Ya existen soluciones, como utilizar fuentes de energía renovables, respetar los derechos fundamentales y la sabiduría tradicional, y centrarnos realmente en las necesidades de las personas por encima de la avaricia de las empresas. Todas nuestras organizaciones se ocupan ya del cambio climático, algunas más explícitamente que otras. Pero es el momento de vincular nuestras causas y unir fuerzas. Se nos viene encima una situación de emergencia climática y debemos actuar ya. Defensores y defensoras de los derechos ambientales, pueblos indígenas y activistas locales llevan desde hace tiempo jugándoselo todo para combatir la degradación ambiental. A su lucha se unen ahora movimientos de masas cada vez más grandes, como las huelgas de estudiantes por el clima, el movimiento Rebelión contra la Extinción y activistas que piden un Nuevo Pacto Verde. En esta nueva era de activismo climático, la comunidad de derechos humanos no puede mantenerse al margen. Es más urgente que nunca que demos un paso adelante trabajando en colaboración para proteger a las comunidades y los individuos que están en la primera línea de la lucha contra el cambio climático. Por ese motivo, 150 activistas, líderes y lideresas no gubernamentales de diferentes comunidades se reunirán el 18 y el 19 de septiembre en la Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana. Nuestras organizaciones estarán allí junto con la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para apoyar a las personas que exigen a sus gobiernos que emprendan de inmediato una ambiciosa acción climática para proteger a las comunidades. Creemos en aprovechar todo el potencial de un movimiento diverso para salvaguardar a las generaciones actuales y futuras. Un movimiento unido para exigir justicia climática. Firmantes: Astrid Puentes, Codirectora Ejecutiva, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bridget Burns, Directora, Women’s Environment and Development Organization Carroll Muffett, Presidente y Director General, Center for International Environmental Law Chris Grove, Director Ejecutivo, ESCR-Net Ellen Dorsey, Directora Ejecutiva, Wallace Global Fund Gillian Caldwell, Directora Ejecutiva, Global Witness Iago Hairon Souza, Coordinador, Engajamundo Jennifer Morgan, Directora Ejecutiva Internacional, Greenpeace International Kumi Naidoo, Secretario General, Amnistía Internacional May Boeve, Directora Ejecutiva, 350.org Phil Bloomer, Director Ejecutivo, Business & Human Rights Resource Centre Philip Alston, Presidente del Center for Human Rights and Global Justice, New York University Sharan Burrow, Secretaria General, Confederación Sindical Internacional Sofia Monsalve, Secretaria General, FIAN International Steve Trent, Director Ejecutivo, Environmental Justice Foundation Thalita Silva e Silva, Coordinadora, Engajamundo
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