Project
Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
Partners:
Proyectos relacionados
Ruta urgente para mejorar la calidad del aire en Ciudad de México
La reciente contingencia ambiental extraordinaria por la mala calidad del aire que se presentó en Ciudad de México y en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), afectó la salud y los derechos humanos de la población, así como la economía y las actividades en la zona, evidenciando la urgencia de responder a las necesidades de la población para garantizar una buena salud y calidad de vida. Por ello, las organizaciones integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad de Aire (OCCA) y otras aliadas, exigimos a los gobiernos de las entidades federativas que participan en la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) y a las autoridades federales, la implementación de las medidas descritas en este comunicado. De acuerdo con anuncios oficiales recientes, la mala calidad del aire que respiran actualmentelas y los habitantes de la ZMVM se debe a incendios en la región, altas temperaturas, falta de viento y lluvias. Ante dichas declaraciones, el OCCA y organizaciones aliadas destacan que el grave problema de los incendios no es un hecho excepcional, sino un fenómeno que irá al alza ante escenarios cada vez más frecuentes y extremos de variabilidad meteorológica derivados del cambio climático. Igualmente, cabe destacar que el problema de calidad del aire y el cambio climático están estrechamente vinculados a formas urbanas desconectadas y dispersas, que en México se relacionan con las políticas de vivienda promovidas desde la federación por una gestión inadecuada de los usos de suelo e inversiones en infraestructura vial orientadas a servir principalmente al automóvil particular. Abordar el problema de calidad del aire de manera aislada no dará soluciones eficaces o de fondo. Por ello, el OCCA y organizaciones aliadas exhortan a las autoridades federales y locales a tomar medidas congruentes con financiamiento suficiente, bajo una perspectiva de derechos humanos, transparente y participativa, que contribuyan a reducir la contaminación en el mediano y largo plazo. Las estrategias que el Observatorio y organizaciones aliadas proponen seguir son las siguientes: Actualizar las estrategias de gestión de la demanda del tránsito vehicular; Incorporar una perspectiva de accesibilidad urbana en políticas y proyectos, impulsando la articulación de la planeación del transporte y de los usos del suelo; Triplicar la inversión en movilidad sustentable; Proporcionar información con perspectiva de salud ambiental a través de mecanismos participativos y transparentes; Controlar las emisiones de fuentes naturales; y Reforzar el marco jurídico e institucional. Reiteramos nuestra disposición para participar en un diálogo abierto y transparente con la CAMe y las autoridades federales y locales, con el fin de avanzar en la implementación de lasacciones propuestas. Lee el comunicado completo aquí
Leer más
Organizaciones internacionales condenan asesinato de familiar de dirigente de Ríos Vivos de Colombia
El movimiento Ríos Vivos, que agrupa a las personas afectadas por la represa Hidroituango, denunció el asesinato de la señora Diana Gutiérrez, en el municipio de Tarazá, Antioquia. Pedimos a las autoridades investigar prontamente los hechos y sancionar a los responsables. El pasado jueves 6 de mayo, fue asesinada en el municipio de Tarazá, Antioquia, la señora Diana Gutiérrez, prima hermana de William Gutiérrez, dirigente de Ríos Vivos y presidente de la Asociación de Pescadores y Barequeros de Puerto Valdivia. De acuerdo con reportes de medios de comunicación, personas armadas arrojaron una granada en un establecimiento comercial y abrieron fuego, asesinando a dos personas e hiriendo a otras siete. Los miembros del movimiento han sufrido también múltiples amenazas, intimidaciones y violaciones a derechos humanos por su defensa del territorio y del río Cauca, en particular frente al proyecto Hidroituango. De otro lado, las comunidades de varios municipios asentados aguas abajo del río Cauca, represado para implementar la hidroeléctrica, viven con miedo e incertidumbre ante una posible catástrofe. La amenaza es inminente debido a la prolongada y grave crisis por la que atraviesa desde hace meses ese proyecto. Asimismo, las comunidades que perdieron sus medios de vida y de subsistencia con el represamiento súbito del río se encuentran en absoluto abandono estatal, sin alimentos y con riesgo permanente por decenas de derrumbes en la zona del embalse. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y el International Accountability Project (IAP) expresamos nuestro apoyo a las comunidades afectadas por el proyecto hidroeléctrico Hidroituango en Colombia, agrupadas en el Movimiento Ríos Vivos. Exigimos al Estado colombiano investigar cuanto antes el atentado en el que resultó muerta la señora Gutiérrez, establecer la identidad de los responsables y sancionarlos de manera oportuna y ejemplar. Condenamos categóricamente este ataque y demandamos garantías para las personas defensoras del ambiente en el país, en particular para los integrantes de Ríos Vivos.
Leer más
¿Está la ONU oponiéndose finalmente al fracking?
A nivel mundial, las posturas en torno al fracking o fracturación hidráulica están divididas, algo que es evidente en el Reino Unido, donde crecí. El Reino Unido está conformado por cuatro países. De ellos, Inglaterra es el único que aún permite el fracking. Escocia, Gales e Irlanda del Norte (junto con muchas otras naciones alrededor del mundo) han prohibido esta controversial técnica. Pese a los sismos relacionados con el frackingen zonas del país donde ese tipo hechos no ocurría —y a oleadas de protestas, controversia y campañas de rechazo—, el gobierno británico se ha negado a cambiar su postura. Sin embargo, una reciente recomendación de Naciones Unidas al Reino Unido puede significar el comienzo del fin para el frackingen Inglaterra y, ojalá, en todo el mundo. El frackingy Naciones Unidas Hasta hace poco, la ONU parecía tener una relación complicada con el fracking. Varios de sus organismos hicieron declaraciones contradictorias sobre los beneficios y problemas de esa forma de explotación de hidrocarburos. A comienzos de 2018, la Conferencia de la ONU sobre Comercio y Desarrollo lanzó un informe que, de acuerdo con uno de sus autores, “no dice que [el fracking]es bueno o malo”, sino que el análisis de costos y beneficios de cada proyecto depende de una serie de factores relacionados con el contexto específico. El informe menciona, junto con sus desventajas, aspectos que considera positivos del fracking, llamándolo un “combustible puente” para aquellos Estados que buscan moverse hacia fuentes de energía más amigables con el ambiente. Ese argumento no es evidente porque el impacto ambiental de la fracturación hidráulica es mayor que el de la explotación de gas y petróleo convencionales. No obstante, la ONU parece haber endurecido su posición frente al frackingen los últimos meses, particularmente debido a sus impactos negativos en términos del cambio climático y en el contexto del Acuerdo de París, tratado intergubernamental por el cual las naciones se comprometieron a la adopción de medidas ambiciosas para mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 grados centígrados respecto de los niveles preindustriales. Desde octubre de 2018, la ONU ha emitido dos recomendaciones contra el fracking. Exhortó al gobierno del Reino Unido a considerar una prohibición completa e integral de la técnica, e instó a que el gobierno argentino reconsidere el desarrollo de un gran proyecto de fracking. Los peligros del fracking Aunque para sus promotores, el frackingha resultado en un aumento de la producción de gas y petróleo, sobre todo en Estados Unidos, su uso ha tenido un gran costo ambiental, especialmente para la calidad del aire y la provisión de agua, lo último debido a la cantidad de agua empleada en el proceso y a su contaminación. Además, la fracturación hidráulica libera grandes cantidades de metano, un gas de efecto invernadero cuyo potencial de calentamiento global es 86 veces mayor al del dióxido de carbono en un periodo de 20 años, de acuerdo con el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático. Asimismo, las fugas de metano pueden dañar severamente la calidad del aire que rodea los sitios donde se hace fracking. Esa técnica también incrementa los riesgos de sismos debido a la alta presión usada para fracturar el subsuelo y extraer gas y petróleo de rocas. En sus recomendaciones para el Reino Unido y Argentina, la ONU subrayó claramente los peligros del fracking. La razón fundamental para recomendar que Argentina reconsidere un megaproyecto de frackingfue “el impacto negativo [que el proyecto podría tener] en el calentamiento global y en el disfrute de derechos sociales y económicos por parte de la población mundial y de las generaciones futuras”, a la luz del Acuerdo de París. En su recomendación al Reino Unido, resaltó que las mujeres resultan “desproporcionadamente afectadas por los efectos nocivos del fracking, incluidos la exposición a químicos tóxicos y peligrosos, la contaminación ambiental y el cambio climático”. Frenando la expansión del fracking Mientras elfrackinges aplicado en ciertas zonas del mundo, y prohibido en otras, su desarrollo en América Latina está avanzando rápidamente. Ante la creciente demanda energética a nivel mundial, es crucial que la región y la comunidad internacional en general se comprometan a desarrollar únicamente proyectos energéticos realmente sostenibles. La fracturación hidráulica no es uno de ellos. Creo que el reciente cambio de postura de la ONU respecto del frackinges un avance positivo que debería inspirar a que Argentina y el Reino Unido actúen en consecuencia. Personalmente, espero que el Reino Unido preste atención a la creciente evidencia acerca de los daños de esta técnica y deje de emplearla de inmediato. Para América Latina y para otras regiones donde el frackingavanza a ciegas, existen muchos ejemplos de cómo afrontar esta práctica controversial. Por ello AIDA publicó recientemente un informe que resalta los argumentos y mecanismos usados alrededor del mundo para restringir el frackingy evitar sus daños en las personas y el ambiente. Es clave que esos impactos sean adecuadamente considerados para los pasos ambiciosos que necesitamos dar hacia una matriz energética que no implique vulnerar los derechos humanos, los bienes comunes ni agravar los efectos catastróficos del cambio climático.
Leer más