Project
Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
Partners:
Proyectos relacionados
¿En qué va el proceso de reforma al Sistema Interamericano de Derechos Humanos?
Por Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes En junio les conté acerca del proceso que algunos Estados de la OEA iniciaron contra la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Interamericano, para realizar duras reformas que debilitarían su funcionamiento y por ende, nuestra protección a los derechos humanos. Ahora quiero actualizarlos acerca de en qué van las discusiones. Les escribo especialmente ahora para invitarlos a participar, firmando la petición a los Estados para que fortalezcan y no debiliten el Sistema Interamericano. Somos más de 3,000 personas quienes firmamos, únete tu también! Vean nuestro video al Consejo Permanente de la OEA Las perspectivas en junio pasado se veían bien complicadas. Pocas veces había habido una Asamblea General tan tensa como las últimas dos, en especial la última donde el Sistema Interamericano fue duramente atacado, en donde varios Estados incluso solicitaron refundarlo. La Asamblea terminó con un llamado a reformar el Estatuto en Asamblea Extraordinaria de los Estados, algo que nunca ha pasado en la historia de la CIDH. La buena noticia es que parece que los Estados han bajado un poco de intensidad y se vislumbran espacios para el diálogo. La última intervención del representante de Brasil hizo referencia a este proceso en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente con sociedad civil, concluyendo que la confianza y opciones de negociación han mejorado y que este proceso nos debería llevar a conclusiones donde lo sustantivo que es la protección de los derechos humanos, prevalezca sobre lo procesal. Vean nuestro video al Consejo Permanente de la OEA Es un honor que el Representante citara nuestras palabras. Estamos pendientes que este buen mensaje se transforme en acciones, atendiendo a las solicitudes que la CIDH ha hecho a Brasil, incluyendo respecto a la represa de Belo Monte, y que el gobierno brasileño responda y brinde su perspectiva del caso. Las no tan buenas noticias es que aún el proceso no ha terminado, por lo cual seguimos pendientes de definir cuáles serán y cómo se implementarán las reformas. Por ejemplo, parte de las recomendaciones de algunos Estados incluye que si la Corte Interamericana rechaza medidas cautelares entonces la CIDH también debería hacerlo, lo cual y como lo dijimos, desconoce la diferente naturaleza de la Corte y la CIDH y arriesgaría. La CIDH se ha comprometido a hacer varios informes, que tomaría muchos de sus recursos, que podría afectar la función de protección, es decir avance en los casos presentados violaciones a derechos de millones de personas en el hemisferio. Por ello y partiendo del reconocimiento que el Sistema Interamericano y todos sus actores, no somos perfectos y que hay mucho por mejorar, es esencial que el proceso termine en buenas recomendaciones que busquen su efectividad. Así, AIDA y nuestros demás colegas en el hemisferio continuamos trabajando ante los Estados, la OEA y la CIDH misma, para presentar nuestros comentarios, compartir nuestra experiencia como personas usuarias del Sistema, para evitar que se debilite. Así que te pedimos HOY que te sumes con tu firma y nos ayudes a defender el SIDH y con ello, defender nuestros derechos humanos. Si eres una persona que a nivel inpidual o en tu comunidad crees que alguna decisión de la Comisión pueden usarla en sus casos de represas, minería, proyectos turísticos, libertad de expresión, protección de las mujeres, entre otros… levanta tu voz y une tu firma! ¿Si no eres tú, si no lo hacemos nosotros, entonces quién? Video completo de la sesión En este audio se oye al representante de Brasil citar a AIDA (los últimos 5 minutos).
Leer más¿Hasta cuándo esperará La Oroya?
Por María José Veramendi Villa, asesora legal de AIDA, @MaJoVeramendi “No a las ONGs antimineras…fuera de La Oroya c…”, es una de las pintas que se lee a un costado del camino al ingresar a La Oroya. Esta ciudad —ubicada en los Andes centrales peruanos, a 3.750 metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.) y a unos 175 kilómetros de Lima— es una de las más contaminadas del mundo y alberga en casa al principal agente contaminante. Al llegar a la ciudad, la vista recae inevitablemente en la enorme chimenea del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), fundado en 1922 por la Cerro de Pasco Copper Corporation y operado por CENTROMIN Perú entre 1974 y 1997, año en que fue adquirido por la empresa Doe Run Company-Doe Run Perú (DRP). Actualmente, y hasta que un banco de inversión concrete su venta, el CMLO es operado por la liquidadora Right Business. Cuenta con circuitos de fundición y refinado de cobre, zinc y plomo, y con un sub-circuito para el procesamiento de otros metales como cadmio, plata y oro. El manejo del CMLO por parte de DRP y Right Business ha sido, por decirlo menos, impune. La compañía ha incumplido las obligaciones asumidas conforme al Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), cuyo plazo de cumplimiento fue ampliado en dos oportunidades. Así, el complejo permaneció cerrado desde 2009 y por casi tres años debido a graves problemas económicos y al incumplimiento del PAMA. Tras varios intentos fallidos de DRP por lograr una nueva ampliación del plazo para cumplir con el PAMA, éste venció en marzo de 2012. Sin embargo, el 28 de julio de 2012, el CMLO reinició las operaciones del circuito de zinc sin haberse evidenciado el cumplimiento integral de sus compromisos ambientales. Pero entonces ¿con base en qué instrumento de gestión ambiental se reiniciaron operaciones? La respuesta aún es un misterio y la explicación de las autoridades, inexistente. Demás está decir que mientras el CMLO permaneció cerrado, la remediación de la contaminación brilló por su ausencia. Cabe destacar que para el 28 de agosto y tras el reinicio de las operaciones del circuito de zinc, la Dirección General de Salud (DIGESA) ya había registrado tres situaciones de emergencia, siete de peligro y 15 de cuidado. Hace poco se iniciaron las pruebas de calibración para poner en funcionamiento el circuito de plomo. Según el diario El Comercio, un ejecutivo de Right Business señaló que ello implica que “podrían existir momentos en los que se dispare la emisión de dióxido de azufre. Si esto ocurre, se dan las alertas necesarias para detener las pruebas y ajustar el procedimiento hasta lograr controlar plenamente la operación”. Al hacer una consulta sobre la calidad del aire en La Oroya entre el 3 y el 9 de diciembre, el buscador arrojó cuatro situaciones de cuidado y una de peligro por niveles elevados de dióxido de azufre en la estación de Sindicato, y tres situaciones de cuidado en la estación de Hotel Inca. Esto quiere decir que mientras se realizan las pruebas, la población se sigue contaminando. La Oroya es una ciudad de grandes contrastes. Alberga por un lado a un sector de la población que en su mayoría trabaja en el CMLO y para quienes la contaminación es invisible y los altos niveles de plomo y otros metales pesados en la sangre no representan ningún peligro. Por el contrario, los indicadores son considerados por ese grupo como parte un discurso obstruccionista de las “ONGs antimineras” y de otros oroínos, frecuentemente estigmatizados por, según ellos, querer frenar el desarrollo de La Oroya y del país entero. Del otro lado está el sector de la población que ha decidido poner un alto a la situación y luchar por sus derechos y los de sus hijos y, aunque resulte irónico, por el derecho de todos los habitantes de La Oroya a vivir en un ambiente sano. Hace dos semanas estuve con algunos de estos luchadores y luchadoras, beneficiarios y beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) desde 2007 y víctimas de un caso por violaciones a sus derechos humanos, que está en curso ante dicho organismo. Las medidas cautelares obligan al Estado peruano a proveer de un diagnóstico médico especializado para los beneficiarios y tratamiento médico especializado y adecuado para aquellos cuyo diagnóstico demuestre que se encuentran en una situación de peligro de daño irreparable a su integridad personal o a su vida. A la fecha, ello no se ha cumplido a cabalidad y, salvo unas cuantas honrosas excepciones, la atención que han recibido estos hombres y mujeres ha sido, en muchos casos, deplorable. Han sido maltratados y re-victimizados por el sistema de salud. Frases como “esto ya no tiene solución” han sido recurrentes al hacer referencia a su estado de salud o al de sus hijos o hijas. En 2002, Anna Cederstav y Alberto Barandiarán publicaron un excelente libro, fruto de un análisis y seguimiento de los reportes de emisiones atmosféricas de DRP entre 1996 y 2001. En el texto, titulado “La Oroya no espera”, se recomendó a la DIGESA, entre otros, “[i]mplementar en conjunto con la empresa un sistema de evaluación médica y monitoreo para todos los pobladores de la ciudad de La Oroya, particularmente a niños y mujeres gestantes, con la finalidad de atender situaciones de emergencia y evitar más impactos graves a la salud de la población”. Han transcurrido diez años de la publicación y cinco desde las medidas cautelares y pese a que existen protocolos de atención y recomendaciones de grupos de expertos, estos luchadores y luchadoras siguen esperando a que el Estado atienda adecuadamente su situación de salud, repare la violación a sus derechos y ponga un alto a una empresa que opera y contamina de manera impune. ¿Hasta cuándo…?
Leer másBuenas noticias al cerrar el 2012: ¡Menos azufre, más aire limpio!
Por Gladys Martínez, asesora legal de AIDA Trabajar en AIDA ha significado una búsqueda constante de la defensa del ambiente, no sólo desde escritorio, mediante llamadas y reuniones. Pero también en mi vida privada: reciclar al limpiar (lavar y guardar tarros, botellas, latas, etc. hasta que llegue el día de recolección); cerrar la llave de la ducha aunque el agua esté deliciosa; utilizar la lavadora sólo en horarios de tarifa reducida; no poner el aire acondicionado en casa aunque en los calores de Semana Santa nos derritamos como helados bajo el sol... Sin embargo, y desde los últimos años, tengo todavía un cargo de conciencia: una preocupación grande cada vez que debo manejar a la ciudad; no me refiero a una gran urbe como Bogotá, México D.F. o Lima, sino a San José, la capital Costa Rica. Me veo obligada a conducir ya que nuestro sistema de transporte público está apenas en desarrollo y vivo a 45 minutos de casi todos los sitios de reuniones. ¡Pero la situación promete ser otra! A partir de enero de 2013 los costarricenses podrán respirar un poco mejor, pues el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) anunció que a partir de entonces, la cantidad de azufre en la gasolina y el diesel se reducirá en un 70%. Actualmente, los combustibles utilizados en el país tienen 50 partes por millón de azufre, pero la nueva disposición del Gobierno obligará a los distribuidores a dar productos con apenas 15 partes por millón. Esta decisión apunta a ubicar a Costa Rica como el país centroamericano con combustibles más limpios y a la altura de la normativa más avanzada de países europeos. Abajo se puede ver un gráfico ilustrativo con los niveles de azufre (partes por millón) en el diesel en algunos países del continente, comparados con la Unión Europea y Estados Unidos. ¿Qué repercusiones positivas traerá esto? El azufre está relacionado con efectos nocivos en la salud de las personas como dificultad para respirar, irritación ocular por formación de ácido sulfuroso e inflamación de las vías respiratorias, edema pulmonar, alteraciones psíquicas, problemas de asma y bronquitis crónica. Al combatir las consecuencias negativas de la elevada presencia de azufre en los combustibles, la medida gubernamental beneficiará sobre todo a quienes son más vulnerables a estos males: niños, mujeres gestantes y ancianos. Por otro lado, la disminución de los niveles de azufre ayudará al mejor rendimiento de los automotores, pues entre más “limpio” sea el combustible, mejor funcionará la computadora del motor. Más avances en la UE El pleno del Parlamento y el Consejo de la Unión Europea acaban de aprobar una disminución del 3.5% al 0.5% —entre 2012 y 2020— en el contenido de azufre de los combustibles utilizados por los buques en aguas europeas. Esto debido a que la contaminación ambiental que estas emisiones provocan deriva en 50 mil muertes cada año.
Leer más