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Foto: Alberto Peña KayCuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, bosques y humedales situados a gran altitud, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. En Colombia, cerca de dos millones de personas dependen del páramo de Santurbán para su provisión de agua.
Los páramos en buen estado capturan además grandes cantidades de carbono, mitigando el cambio climático, y son refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico ojo de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo de Santurbán contiene oro y otros minerales. Una empresa canadiense, Eco Oro Minerals, quiere construir la mina de oro Angostura, la cual liberaría grandes cantidades de cianuro y arsénico en el agua que viene del páramo.
El trabajo legal de AIDA ayudó a convencer al Gobierno colombiano de:
- Negar una licencia ambiental a la mina Angostura en mayo de 2011.
- Proteger, en 2013, 76 por ciento del páramo de Santurbán de actividades industriales, un porcentaje mayor al propuesto inicialmente.
De otro lado, AIDA, junto con sus socios, abogó para que el Banco Mundial retire su inversión de la mina Angostura, lo que finalmente ocurrió en diciembre de 2016.
Apoyamos también el litigio que condujo a que el más alto tribunal de Colombia reafirmara en febrero de 2016 que la minería en páramos está prohibida.
Sin embargo, 24 por ciento de Santurbán aún está desprotegido porque no fue designado oficialmente como páramo en la delimitación hecha por el gobierno, la cual fue además invalidada por la justicia en noviembre de 2017 porque no se consultó a las comunidades afectadas.
El gobierno debe ahora realizar un nuevo proceso de delimitación en diálogo con la población de la zona. Y las amenazas para Santurbán continúan ya que Eco Oro todavía quiere construir su mina y existe otro proyecto minero que se busca implementar en sus cercanías.
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La resistencia indígena, contada con voz propia
Es vital que los pueblos indígenas y comunidades tradicionales tengan la oportunidad de usar y fortalecer su propia voz no solo para denunciar la violación sistemática de sus derechos, sino también para compartir conocimientos ancestrales que son clave para enfrentar la crisis ambiental y climática actual. Sin embargo, por diferentes razones, las organizaciones que acompañan las luchas indígenas —así como los medios y periodistas que las retratan— con frecuencia hablan en nombre de pueblos y comunidades. Esta labor de intermediación es importante para visibilizar e incrementar el impacto y alcance de la defensa de los territorios, pero, ¿qué mejor que conocer estas historias de voz de las propias comunidades? El proyecto Encuentro Intercultural de Comunicadores Indígenas —iniciativa de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), financiada por Swift Foundation, encargada a Tierra Poderosa y apoyada por organizaciones que trabajan con comunidades de la región— representa un avance en ese sentido pues amplifica el trabajo de integrantes de pueblos indígenas que han hecho de la comunicación una herramienta valiosa de reivindicación en sus territorios. El proyecto reúne a seis miembros de colectivos de comunicación de pueblos indígenas de diferentes países de Centro y Sudamérica en un espacio de intercambio de experiencias acerca de la defensa de formas ancestrales de vida. Estas vivencias son al mismo tiempo historias exitosas de autodeterminación. Es el caso de Juana Ramírez Villegas, mujer indígena del pueblo Mixe o Ayuuk en Oaxaca, México. El colectivo de comunicación del que forma parte ha conseguido llevar a nivel nacional la exigencia de respeto por su territorio frente a la construcción de un corredor interoceánico. Del mismo modo, Elvia Bo, mujer maya, ha mantenido informadas sobre sus derechos a comunidades indígenas del sur de Belice, muy alejadas entre sí. Esa labor ha sido clave para enfrentar los intentos reiterados de gobiernos y empresas por implementar megaproyectos extractivos en ese territorio indígena. El proyecto hace visible además a Laura Brito Boriyu, que integra un grupo de jóvenes en Colombia cuyas habilidades de comunicación y realización audiovisual han servido para denunciar las afectaciones que desde hace más de 40 años sufre el pueblo Wayúu, en La Guajira, a causa de una de las minas de carbón a cielo abierto más grandes del mundo. Desde Brasil, Mitã Xipaya —joven comunicador del pueblo Xipaya— participa del proyecto para contar cómo su colectivo denuncia los daños socioambientales de la represa Belo Monte, construida en plena Amazonía, y motiva a las y los jóvenes de Altamira, la ciudad más próxima a la hidroeléctrica, a cambiar su presente y futuro. También desde Brasil, Arewana Juruna y Kujaesage Kaiabi —comunicadores y cineastas indígenas que viven en el Territorio Indígena de Xingú en Mato Grosso, donde habitan 16 pueblos indígenas— evidencian la importancia de los colectivos indígenas de comunicación para generar conciencia sobre la protección de la Amazonía ante las políticas destructivas del gobierno actual. Con el proyecto, los equipos y esfuerzos de estos colectivos se han hecho más robustos. El sitio web del proyecto contiene animaciones con las historias de estos seis comunicadores y comunicadores indígenas, además de información adicional sobre sus territorios. El punto en común son los procesos históricos de resistencia de los pueblos indígenas de la región al modelo de desarrollo actual, que prioriza megaproyectos y políticas destructivas. Conocerlas y escucharlas, de voz de sus protagonistas, es fundamental si como sociedad queremos caminar hacia un mejor vivir, en armonía y equilibrio con la naturaleza. Preservar el único planeta que conocemos de la crisis climática, la mayor amenaza que enfrentamos como humanidad, pasa necesariamente por recoger el conocimiento ancestral de los pueblos en el diseño e implementación de soluciones. La lista de organizaciones que colaboraron con el proyecto incluye al Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), al Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR), al Movimiento Xingú Vivo para Siempre, al Sarstoon-Temash Institute for Indigenous Management (SATIIM), a la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI) y a la Unión de Jóvenes Indígenas del Xingú Medio (UJIMX).
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Poder judicial reafirma el derecho a la consulta previa de comunidades amenazadas por el fracking en Colombia
En lo que representa un paso importante en la dirección correcta, una jueza colombiana suspendió la licencia o permiso ambiental del proyecto piloto de fracking Kalé y el trámite de licenciamiento ambiental del proyecto piloto de fracking Platero —ambos ubicados en el municipio de Puerto Wilches, Santander— hasta que se realicen los procesos de consulta con las comunidades de la región. El fallo judicial responde a la tutela o recurso de amparo presentado por las comunidades afrocolombianas de Puerto Wilches (AFROWILCHES), la Corporación Podion, el Colectivo José Alvear Restrepo y por la Alianza Colombia Libre de Fracking a la que AIDA brinda apoyo jurídico. Para AIDA, la suspensión de los proyectos representa una victoria para las comunidades del Magdalena Medio pues reconoce que el fracking no puede avanzar en el país sin su participación real y efectiva, sin licencia social y en un contexto de amenazas contra la vida de las personas defensoras que se oponen a esta técnica. "La decisión judicial también envía un mensaje poderoso de alerta a los demás países de América Latina para que los gobiernos que actualmente avanzan en la implementación del fracking respeten el principio de democracia ambiental, en especial al tratarse de una técnica y de una industria que afecta notablemente el ambiente y la salud de las personas", dijo Yeny Rodríguez, abogada de AIDA. "Si bien la garantía del derecho a la participación y a la consulta previa es innegociable, el fracking sigue siendo una técnica ampliamente cuestionada, que ha sido prohibida a nivel mundial debido a la falta de certeza científica sobre sus posibles riesgos y a los altísimos costos socioambientales que ha dejado en los países que ya la emplean", resaltó. Existe una moratoria judicial al desarrollo del fracking comercial en Colombia desde noviembre del 2018, cuando el Consejo de Estado declaró la suspensión provisional de la técnica a nivel nacional en el marco de un litigio contra la normativa que la regula. Ello tiene como fundamento el principio de precaución ya que la regulación del fracking no contempla los riesgos e impactos ambientales que su aplicación podría ocasionar. Se espera tener una sentencia definitiva del Consejo de Estado sobre la regulación del fracking en los próximos meses. Adicionalmente, está en curso un segundo recurso de amparo presentado por más de 10 organizaciones sociales de pescadores, agricultores, mujeres y jóvenes de Puerto Wilches por la vulneración del derecho a la participación ambiental en la implementación de los proyectos piloto de fracking en el país. El recurso fue negado en primera instancia, pero se espera un fallo favorable en la segunda. Las decisiones de los dos procesos judiciales de tutela llegarán al conocimiento de la Corte Constitucional colombiana. Ese tribunal y el Consejo de Estado tendrán la última palabra sobre el futuro de la implementación del fracking en el país. Los jueces y juezas de Colombia y del continente tienen el poder, además de la oportunidad, de transformar modelos de desarrollo que afectan masiva y sistemáticamente el ambiente y los derechos humanos, como el que se plantea con el avance del fracking. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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La oportunidad de un alto tribunal en Perú para combatir los derrames de petróleo en la Amazonía
En 2014, debido a una fuga en el Oleoducto Norperuano, 2.500 barriles de petróleo fueron vertidos a la Quebrada de Cuninico, provincia de Loreto, en el corazón de la Amazonía. Las consecuencias del derrame persisten hasta hoy, afectando la vida e integridad de las comunidades nativas de San Francisco, Nueva Esperanza, Cuninico y Santa Rosa, cuyos habitantes sufren para encontrar agua limpia y desarrollar sus cultivos. Tras el derrame que cambió drásticamente sus vidas, los pueblos indígenas afectados claman a las autoridades que el desastre no vuelva a ocurrir. Acompañados por el Instituto de Defensa Legal, presentaron en junio de 2018 una demanda de amparo para pedir el mantenimiento del Oleoducto Norperuano y evitar más derrames. Ahora mismo, la demanda está siendo conocida por el Tribunal Constitucional de Perú, que tiene en sus manos una oportunidad magnífica: ordenar a la empresa estatal Petroperú realizar el mantenimiento del oleoducto, una tarea fundamental para frenar los derrames de petróleo en la Amazonía peruana y con ellos la violación sistemática de los derechos humanos fundamentales de los pueblos indígenas que allí habitan. Desde AIDA, en el marco del programa Todos los ojos en la Amazonía, nos sumamos a su lucha con la presentación ante el tribunal de un escrito legal (Amicus Curiae) que recoge argumentos del derecho internacional de los derechos humanos sobre la obligación del Estado peruano de garantizar la adopción de las medidas necesarias —administrativas, jurídicas, políticas y culturales— para proteger los derechos a una vida digna y a un medio ambiente sano. Un problema sistemático con la infraestructura petrolera Lo ocurrido en Cuninico, tristemente, no es un hecho anecdótico, sino más bien sistemático. Los derrames de petróleo en la región amazónica de Perú están causando graves afectaciones socioambientales que ponen en riesgo a familias y comunidades enteras, comprometiendo su seguridad alimentaria, contaminando ecosistemas y afectando las cosmovisiones y formas de vida de los pueblos amazónicos. De acuerdo con La sombra del petróleo, informe de OXFAM publicado en 2020, de los 474 derrames ocurridos en lotes petroleros amazónicos y en el Oleoducto Norperuano entre 2000 y 2019 —que afectaron el territorio de 41 pueblos indígenas— el 65% se debió a corrosión de los ductos y a fallas operativas, mientras que el 28% fue causado por terceros. Ello prueba que la responsabilidad de la gran mayoría de los derrames recae sobre las empresas operadoras. Datos del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental y del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería —ambas entidades públicas— confirman que, en su mayoría, los derrames petroleros no son atentados puntuales de terceros, sino que se derivan principalmente de la falta de supervisión y vigilancia del Estado y de la ausencia de debida diligencia de las empresas. Ello ha generado un escenario estructural de amenazas y violaciones a los derechos humanos y ambientales de estas poblaciones ancestrales. La dependencia de la extracción de los combustibles fósiles, la falta de mantenimiento de las instalaciones, la debilidad institucional y los vacíos respecto a la responsabilidad empresarial son otras de las causas de los continuos derrames petroleros en Perú. Litigio estratégico: un camino a seguir Los tribunales de la región han sido, en muchas ocasiones, actores muy valiosos para la protección del derecho a un ambiente sano y de los derechos humanos en general. En Colombia, han evitado el avance de algunos proyectos que se implementaron sin consulta previa, afectado los derechos de los pueblos indígenas. En México, han reconocido los derechos de comunidades indígenas a participar en la utilización y administración de los minerales que están en el subsuelo de su territorio. Y en Ecuador, la Corte Constitucional (el más alto tribunal del país) ordenó al Ministerio del Ambiente remediar los daños causados por las plantaciones de palma aceitera y tomar medidas para controlar y mitigar daños futuros y potenciales. Ahora, es turno del Tribunal Constitucional de Perú proteger la Amazonía de nuevos derrames de petróleo. Sin duda, la decisión puede ser un precedente regional histórico para la protección de un ecosistema indispensable. La Amazonía es un territorio majestuoso: en sus cerca de 7,4 km2 es el bosque tropical más grande del planeta y alberga por lo menos el 10% de la biodiversidad conocida, mucha de ella endémica. También es la casa de más de 470 pueblos indígenas, quilombolos y campesinos desde tiempos ancestrales; entre sus árboles y ríos se escuchan más de 86 lenguas y 650 dialectos diversos. Además, es un ecosistema vital en tiempos de crisis climática: funciona como un gran sumidero de carbono que almacena entre 90 y 140 mil millones de toneladas métricas de dióxido de carbono (CO2), uno de los gases de efecto invernadero más importantes que, de ser liberado, aceleraría aún más el cambio climático. Lo ocurrido en Perú resalta la importancia del litigio estratégico para preservar la Amazonía como ecosistema clave frente a la crisis climática, y para defender a los pueblos que la llaman hogar.
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