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Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
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Texto publicado originalmente en La Silla Vacía Las Zonas de Reserva Forestal (ZRF) son una herramienta clave para la protección de la biodiversidad. Según la ley 2 de 1959, fueron creadas con el fin de garantizar el desarrollo de la economía forestal y la protección de los suelos, las aguas y la vida silvestre. No obstante, pese a su importancia ambiental, esta figura de ordenamiento forestal no ha cumplido su finalidad en todos los casos. Los bosques en Colombia no se han salvado del avance de la deforestación y del extractivismo. Esto se debe principalmente a dos razones. La primera es que, desde la expedición del decreto ley 2811 de 1974, en Colombia está permitido sustraer áreas de las reservas forestales "por razones de utilidad pública e interés social" con el fin de destinarlas a otras actividades económicas que impliquen remoción de los bosques o cambios en el uso del suelo. Con este argumento, se han sustraído miles de hectáreas de bosques en el país para desarrollar actividades como la explotación minera. Esto ha reducido la figura de protección. Hoy se calcula que de las 48.275.517 hectáreas que integran las siete ZRF, 14.741.237 hectáreas ya han sido sustraídas. La segunda razón es que no existe a nivel nacional una política clara en materia de bosques. Por décadas, los gobiernos han ideado diversos programas, estrategias y planes para atender al fenómeno de la deforestación. Ejemplo de ello son los programas del gobierno Rem Visión Amazonía, que busca frenar la deforestación en este macroterritorio; o la estrategia Sin Fuego, Cero Incendios para prevenir y atender los incendios en la Amazonía. Son iniciativas muy valiosas, sin duda, pero no responden a un país que desborda de realidad. Así, a la fecha, las ZRF no se articulan, a nivel nacional y regional, a planes de ordenación forestal que garanticen un aprovechamiento sostenible de los bosques. Tampoco existe un marco jurídico actualizado y claro que permita al Estado brindar soluciones eficaces al control territorial que se sabe está detrás de la deforestación, a la construcción de infraestructura que la sucede y al espacio que una zona deforestada con carreteras y aeropuertos va dejando para que la minería ilegal, la agroindustria y la ganadería extensiva avancen llevándose todo a su paso, incluidas las personas. La normativa que existe no responde a las graves dinámicas de apropiación y acaparamiento de baldíos y de despojo de comunidades étnicas y campesinas, ni a los retos que plantea para la ordenación forestal la dispersión de múltiples actores armados con poder e intereses en estos territorios. Tampoco contempla aún la reglamentación de las "concesiones para la gestión forestal y de la biodiversidad" de las que habla el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2022-2026. Estas se implementarán con pueblos indígenas y comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras (Par. 2 Art. 41 del PND), para las que el gobierno acaba de recibir una cuantiosa financiación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este último es un escenario difícil donde comunidades rurales vulnerables entran a negociar con el Estado, en condiciones de desigualdad, un acuerdo sobre cómo manejar el bosque que cuidan y habitan, del que dependen para vivir. Para añadir leña al fuego, al inicio del año pasado, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MinAmbiente) expidió la Resolución 110 de 2022 con la que flexibilizó los requisitos y trámite para sustraer reservas forestales. Además, eximió a ciertos sectores y actividades del procedimiento administrativo de sustracción. Con ello, entre otras cosas, abrió paso a la exploración minera en zonas donde no se necesite remover bosque, lo cual incluye zonas que hayan sufrido procesos previos de deforestación. 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Incluso con fines exploratorios, se pueden emplear métodos disruptivos en el ecosistema, como perforaciones para cuantificar la magnitud del depósito, con el riesgo de perforar acuíferos y disminuir la cantidad de agua disponible para servicios ecosistémicos. Además, existe peligro de degradar la calidad del agua al mezclar las aguas superficiales con las subterráneas. 2. MinAmbiente deja viva la disposición tal vez más cuestionada de la Resolución 110, a pesar de estar viciada de inconstitucionalidad pues, para su expedición, las comunidades étnicas cuyos territorios se traslapan con las reservas forestales —del Pacífico, Amazonas y Sierra Nevada de Santa Marta— no fueron consultadas previamente. 3. Este proyecto de resolución le abre al gobierno actual una ventana de oportunidad para hacer las cosas bien desde el inicio y avanzar en la actualización de una regulación que se ajuste a las complejas dinámicas territoriales. 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Se logra un acuerdo para avanzar en el Tratado de Alta Mar
Se acordó un nuevo tratado para proteger la mitad del planeta, pero todavía se requiere su adopción formal. Al final de la tarde de hoy, los gobiernos reunidos en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York llegaron a un acuerdo acerca de las principales cuestiones de fondo para un tratado que proteja la vida marina en alta mar. Para garantizar que este avance duramente alcanzado no se pierda, la High Seas Alliance (Alianza de Alta Mar) hace un llamado para que la ONU concluya cuanto antes los trámites de adopción en la última sesión reanudada. "Tras una montaña rusa de dos semanas de negociaciones y esfuerzos de superhéroe en las últimas 48 horas, los gobiernos han llegado a un acuerdo acerca de cuestiones clave que permitirán avanzar en la protección y mejor gestión de la biodiversidad marina en alta mar", dijo Rebecca Hubbard, directora de la High Seas Alliance. Alta mar, la zona del océano situada más allá de las aguas nacionales de los países, es el mayor hábitat de la Tierra y el hogar de millones de especies. Con poco más del 1% de las aguas de alta mar protegidas actualmente, el nuevo tratado proporcionará una vía para establecer zonas marinas protegidas en esas aguas. También es una herramienta clave para ayudar a cumplir el objetivo, acordado recientemente en Kunming-Montreal, de proteger al menos el 30% del océano a nivel mundial para 2030: el nivel mínimo de protección que los científicos advierten que es necesario para garantizar la salud del océano. Pero el tiempo apremia. El nuevo tratado traerá la gobernanza del océano al siglo XXI, incluyendo el establecimiento de requisitos modernos para evaluar y gestionar las actividades humanas planificadas que podrían afectar la vida marina en alta mar, así como garantizar una mayor transparencia. Esto reforzará en gran medida el manejo efectivo de la pesca, el transporte marítimo y de otras actividades que han contribuido al deterioro general de la salud del océano. La cuestión del financiamiento suficiente para la implementación del tratado, así como las cuestiones de equidad en torno al reparto de los beneficios de los recursos genéticos marinos, fue uno de los principales puntos de fricción entre el Norte y el Sur a lo largo de la reunión. Sin embargo, justo en las últimas horas, los gobiernos lograron un acuerdo que estableció una distribución equitativa de estos beneficios, lo de aguas profundas y los de alta mar. "El viaje para llegar a un tratado ha sido muy largo. Esperamos que los 52 Estados que conforman la Coalición de Alta Ambición lideren su adopción y ratificación, así como la identificación de áreas importantes de protección en alta mar", dijo Hubbard. Citas de miembros de LA HIGH SEAS ALLIANCE Gladys Martínez de Lemos, directora ejecutiva, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA): “Los gobiernos han dado un paso importante que fortalece la protección legal de dos terceras partes del océano y con ello de la biodiversidad marina, los medios de vida de comunidades costeras y la soberanía alimentaria mundial. El acuerdo marca una ruta para establecer áreas de gran y plena protección en alta mar, así como para la evaluación ambiental de proyectos y actividades que puedan dañar esa vasta zona”. Laura Meller, campañista de océanos, Greenpeace Nordic: "Es un día histórico para la conservación y una señal de que, en un mundo dividido, la protección de la naturaleza y de las personas puede triunfar sobre la geopolítica. Celebramos que los países hayan buscado compromisos, hayan dejado de lado sus diferencias y hayan logrado un Tratado que nos permitirá proteger los océanos, aumentar nuestra resiliencia al cambio climático y salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas. Por fin podemos pasar de las palabras al cambio real en el mar. Los países deben adoptar formalmente el tratado y ratificarlo lo antes posible para que entre en vigor, y entonces conseguir los santuarios oceánicos totalmente protegidos que nuestro planeta necesita. El reloj sigue corriendo para cumplir el 30x30. Nos queda media década y no podemos descuidarnos". Matthew Collis, Vicepresidente Adjunto de Política, IFAW: "El acuerdo de un nuevo tratado para conservar alta mar es una maravillosa manera de celebrar el Día Mundial de la Vida Silvestre para la fauna marina y para su hogar en alta mar. IFAW felicita a los gobiernos por este importante paso, que marca el rumbo para proteger el 30% de los océanos de aquí a 2030. Para lograr el 30x30, los gobiernos deben adoptar, ratificar e implementar sin demora el nuevo tratado sin demora". Minna Epps, directora del Programa Global Marino y Polar, UICN: "El Tratado de Alta Mar abre el camino para que la humanidad proteja al fin la vida marina en nuestro único océano. Su adopción llena vacíos esenciales del derecho internacional y ofrece un marco para que los gobiernos colaboren en la protección de la salud del océano a nivel mundial, la resiliencia al cambio climático, el bienestar socioeconómico y la seguridad alimentaria de miles de millones de personas". Lance Morgan, presidente, Marine Conservation Institute: "Siguiendo los pasos del Marco Mundial para la Biodiversidad, este acuerdo histórico es un paso enorme para garantizar zonas marinas protegidas en alta mar y alcanzar el 30x30". Lisa Speer, directora del Programa Internacional del Océano, Consejo para la Defensa de los Recursos Naturales (NRDC): “Este texto sienta las bases para proteger puntos clave de biodiversidad en alta mar. Ahora tenemos una vía para alcanzar el objetivo de proteger de forma significativa al menos el 30% de los océanos para 2030, un objetivo que, según los científicos, es crucial para mantener la salud del océano frente al calentamiento, la acidificación y otros impactos del cambio climático. Empecemos ya". Fabienne McLellan, directora general, OceanCare: "Este tratado cambiará las reglas del juego, algo que el océano necesita urgentemente. Acogemos particularmente los elementos centrados en la conservación, como las evaluaciones de impacto ambiental (EIA). Las EIA son uno de los mecanismos más efectivos e importantes para evitar, mitigar y gestionar las actividades perjudiciales en los casos en que se produzcan daños graves para la vida marina debido, por ejemplo, a la contaminación acústica submarina. Aunque abogamos por una mayor ambición en las disposiciones acerca de EIA, estos requisitos reforzarán la conservación del océano". Susanna Fuller, Vicepresidenta de Conservación y Proyectos, Oceans North: "Tras el Acuerdo de Montreal-Kunming, que establece una ruta mundial para la protección de la biodiversidad, este tratado aportará una ambición similar para alta mar. Dado que las aguas canadienses están delimitadas por tres cuencas oceánicas internacionales, Canadá tiene un papel fundamental a la hora de garantizar la implementación del tratado, una vez adoptado formalmente". Liz Karan, directora del Proyecto de Gobernanza Oceánica, Pew: "La implementación efectiva de este tratado histórico es la única vía para salvaguardar la biodiversidad de alta mar para las generaciones futuras y ofrece a los países una ruta para cumplir el objetivo de 30x30. Los gobiernos y la sociedad civil deben garantizar ahora que el acuerdo sea adoptado y entre rápidamente en vigor". Christopher Chin, director ejecutivo, The Center for Oceanic Awareness, Research, and Education (COARE): "Con este texto finalizado, el mundo está mucho más cerca de asumir la importancia de alta mar y de alcanzar los objetivos 30x30. Sin embargo, una vez adoptado, los Estados miembros deben ratificar el tratado y les pedimos que lo hagan lo antes posible". Andrew Deutz, director de Política Global, Instituciones y Financiación de la Conservación, The Nature Conservancy: "Aunque el tratado es susceptible de mejorar, debemos celebrar el hecho de que —tras más de una década de debates y tres intentos concertados de sacarlo adelante— por fin tenemos un marco mundial para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad de casi la mitad de la superficie de nuestro planeta. Que esto haya llegado a tiempo para frenar la acelerada crisis ecológica en nuestro océano dependerá de la rapidez con que los países puedan ratificar el tratado a nivel nacional y empezar a incorporar ambiciones como el 30x30 en su propia toma de decisiones como en la de los organismos mundiales que gestionan la actividad humana en alta mar. Si pueden hacerlo pronto, poniendo a las personas y al planeta por encima de la política, puede que tengamos la oportunidad de ir más allá del dañino statu quo y entrar en una nueva era de gestión positiva de la naturaleza para estos ecosistemas tan cruciales". Farah Obaidullah, Defensora del Océano y fundadora, Women4Oceans: "Este es un momento histórico para la humanidad y para la protección de todos los seres vivos de nuestro océano a nivel mundial. Un momento de esperanza único y bien recibido para quienes estamos legítimamente preocupados/as por la situación del mundo. Casi la mitad de nuestro planeta tendrá ahora la posibilidad de algún tipo de protección frente a las cada vez mayores agresiones contra el océano. Este tratado llega en el momento oportuno. Con el recrudecimiento de la crisis climática y de la crisis de la vida silvestres, y con la aparición en el horizonte de una nueva y temeraria industria de explotación minera de los fondos marinos, no podemos permitirnos ningún retraso en la entrada en vigor de este tratado". Contactos de prensa: Patricia Roy (Europa), +34 696 905 907 Michael Crocker (EE. UU.), +1 (207) 522-1366 Mirella von Lindenfels, + 44 7717 844 352 Julio Whalen-Valeriano (ONU), +1 (850) 292-4689
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