Project
Alberto Peña Kay
Cuidando al Páramo de Santurbán de los daños de la mineria
En la región andina, ecosistemas de alta montaña, llamados páramos, capturan agua de la niebla y la suministran a tierras bajas. Uno de ellos es el páramo de Santurbán, que abastece de agua dulce a más de dos millones de personas en Colombia.
Santurbán, como los otros páramos del continente, también captura grandes cantidades de carbono, siendo así un aliado clave para la mitigación de la crisis climática. Es además refugio para cientos de especies amenazadas, incluyendo al icónico oso de anteojos.
La tierra en y alrededor del páramo contiene oro y otros minerales. Ello ha puesto a Santurbán en la mira de la industria minera multinacional que, por décadas, ha buscado instalar proyectos de gran escala en el ecosistema que amenazan con degradarlo.
El Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán —una coalición de personas defensoras ambientales— ha frenado estos intentos continuos, apoyado por AIDA y otras organizaciones de la sociedad civil.
Antecedentes
El páramo de Santurbán está en medio de la cordillera Oriental de los Andes colombianos, en los departamentos de Santander y Norte de Santander, a una altura que va de los 2.200 a los 4.290 metros sobre el nivel del mar.
Comprende una superficie de 129.743 hectáreas, en las que alberga 57 lagunas. Es hábitat de 457 especies de plantas y de 293 de fauna vertebrada.
En Santurbán existen yacimientos mineros, sobre todo de oro, pero también de plata y cobre. A ello se debe la tradición minera de la región, particularmente en la parte del páramo que está en Santander, en la provincia de Soto Norte. Las comunidades de la zona han construido su cultura e identidad en torno a la extracción de oro, principalmente artesanal y de pequeña escala.
Pero los depósitos de oro en el páramo también han atraído, desde los años 90, a conglomerados mineros extranjeros que han buscado desarrollar proyectos de gran escala. Esto ha generado preocupación en la población que se abastece de las fuentes hídricas de Santurbán, quienes se han movilizado en defensa del agua, el territorio y la vida.
Pese a que normas nacionales e internacionales prohíben la minería en páramos, el gobierno colombiano ha otorgado títulos mineros a empresas transnacionales en Santurbán.
Foto: Keishpixl / Pixabay.
El largo camino de defensa del páramo
Una de las empresas que buscó desarrollar gran minería en Santurbán es Eco Oro Minerals Corp. —antes Greystar Resources—, empresa canadiense que pretendía instalar allí la mina a cielo abierto Angostura para extraer oro y plata. Entre 1994 y 1995, la empresa adquirió sus títulos mineros e hizo exploraciones. Y en 2010 solicitó el permiso de explotación minera.
Fue en ese año cuando AIDA se involucró en la defensa del ecosistema, apoyando al Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán. Nuestro trabajo legal contribuyó a que, en mayo de 2011, el gobierno colombiano negara la licencia ambiental a la mina.
En enero de 2013, el gobierno declaró una parte del páramo (11.700 hectáreas) como Parque Natural Regional. Ese año —junto con el comité y organizaciones aliadas—, realizamos una campaña y trabajo de incidencia para que el gobierno reconociera la totalidad de Santurbán como ecosistema de páramo mediante una delimitación con base en criterios científicos. En diciembre de 2014, el Ministerio de Ambiente realizó una delimitación que protegía el 76 % del páramo (98.954 hectáreas).
Por otro lado, fruto de un litigio apoyado por AIDA, en febrero de 2016, el más alto tribunal de Colombia reafirmó que la minería en páramos está prohibida.
Ese mismo año, en diciembre, la Corporación Financiera Internacional (CFI), brazo del Grupo del Banco Mundial para el sector privado, retiró su inversión en Eco Oro Minerals. Este logro resultó de un proceso iniciado en 2012, cuando el comité —asesorado y acompañado por AIDA y organizaciones internacionales aliadas— presentó un reclamo ante un mecanismo independiente de quejas, el cual concluyó que la inversión de la CFI en el proyecto Angostura no tomó en cuenta los impactos sociales y ambientales del mismo, contradiciendo las políticas internas de la institución financiera.
También en 2016, Eco Oro Minerals presentó una demanda de arbitraje contra el Estado colombiano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) argumentando afectaciones por las decisiones estatales orientadas a la protección de los páramos del país, incluida la delimitación de Santurbán.
En 2017, la Corte Constitucional invalidó la delimitación porque no se consultó a las comunidades afectadas. El alto tribunal ordenó hacer una delimitación participativa.
Y ese año surgió una nueva amenaza para Santurbán cuando la multinacional canadiense Aris Mining solicitó el permiso ambiental para Soto Norte, un proyecto de minería de oro ubicado en las cercanías del páramo. Tras movilizaciones ciudadanas y cuestionamientos técnicos, en octubre de 2020, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales archivó el proyecto.
Foto: Aztlec.
Situación actual
En marzo de 2025, el gobierno colombiano declaró al costado occidental del macizo de Santurbán como zona de reserva temporal de recursos naturales renovables, delimitando y protegiendo un área de 75.344,65 hectáreas. Esto implicó la suspensión por dos años del proyecto Soto Norte. No obstante, continúa vigente el contrato que tiene Aris Mining para formalizar las actividades mineras de pequeña escala de la empresa Calimineros mediante la compra y procesamiento de material mineralizado.
Además, la minera canadiense continúa impulsando el proyecto. En septiembre de 2025, publicó su estudio de prefactibilidad, replanteando el diseño original de la mina.
De otro lado, quienes integran el Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán enfrentan amenazas y estigmatización por su labor. En marzo de 2025, Relatorías Especiales y el Grupo de Trabajo sobre empresas y derechos humanos de la ONU denunciaron esos hechos mediante comunicaciones enviadas a los gobiernos de Colombia, Canadá y Emiratos Árabes Unidos; así como a las empresas Aris Mining y MDC Industry Holding Company LLC, antigua copropietaria del proyecto Soto Norte.
En cuanto a la demanda de arbitraje presentada por Eco Oro Minerals, en julio de 2024, el CIADI falló a favor del Estado colombiano y rechazó el reclamo de indemnización por USD 1.100 millones presentado por la empresa canadiense.
Respecto de la delimitación de Santurbán, en julio de 2026, el Ministerio de Ambiente expidió una resolución que introduce el concepto de “delimitación progresiva”. Con esa base, el gobierno propone delimitar progresivamente el páramo, abarcando 29.199 hectáreas en 19 municipios, aquellos donde ya concluyeron los acuerdos participativos exigidos por la Corte Constitucional en su fallo de 2017. Plantea también dos medidas sobre creación y ampliación de reservas para restringir la minería en el ecosistema.
Conoce más de los impactos de la minería en los páramos de América Latina
Partners:
Proyectos relacionados
Mandan alerta internacional sobre las amenazas de puente vehicular a Xochimilco
Un grupo de organizaciones e individuos solicitó al Secretariado de la Convención Ramsar enviar una misión técnica de asesoramiento e instar al Estado mexicano a cumplir con las obligaciones adquiridas bajo el tratado cuando inscribió al sitio como humedal de relevancia internacional. Ciudad de México, México. Ante los riesgos graves que implica la construcción del Puente Vehicular Periférico Sur para el humedal de Xochimilco, organizaciones e individuos mandaron una alerta urgente al Secretariado de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. En ella solicitan el envío de una misión técnica de asesoramiento que recomiende acciones urgentes para la restauración del sitio y que se exhorte al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones bajo el tratado. “En la alerta se documenta cómo el Estado mexicano no está garantizando el mantenimiento de las características ecológicas de este humedal urbano pese a los servicios valiosos e irremplazables que brinda para la biodiversidad y para las comunidades locales”, explicó Sandra Moguel, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Si bien el sitio presenta un deterioro grave, su restauración es posible”. Xochimilco es un ecosistema remanente y único de la Cuenca de México. Provee de agua a la Ciudad de México y es hábitat de especies endémicas como el ajolote y la rana de Moctezuma. Además, las chinampas (método de cultivo mesoamericano) y su paisaje constituyen un sistema agrícola único en el mundo. En 2004, el gobierno mexicano inscribió al Sistema Lacustre Ejidos Xochimilco y San Gregorio Atlapulco como humedal de importancia internacional bajo la Convención Ramsar. Además, la zona fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1987 y es Área Natural Protegida desde 1992 con un programa de manejo que prohíbe la construcción de cualquier obra de infraestructura. Sin embargo, la construcción de infraestructura urbana, así como la contaminación del agua y la disminución de recarga de ese recurso, han dañado el humedal al punto de poner en riesgo su sobrevivencia. El proyecto del Puente Vehicular Periférico Sur y Canal Nacional en la Alcaldía de Xochimilco fragmenta el flujo hidrológico del humedal Ramsar. Aunque el sitio ya se encontraba dividido, existían canales subterráneos que permitían el intercambio de agua entre ambas partes. Cabe resaltar que el gobierno de la ciudad avanzó con la construcción del puente de seis carriles, que comenzó en febrero de 2020, sin haberse realizado una evaluación de impacto ambiental. Ello ocurrió al amparo del “Acuerdo de Facilidades en materia de Impacto Ambiental para la realización de obras y/o actividades públicas en la Ciudad de México”, una modificación a la normativa local para agilizar el proceso. “La eliminación del procedimiento de evaluación de impacto ambiental no sólo viola la legislación ambiental nacional, sino también la propia Convención Ramsar”, dijo Tamara Vázquez, del Colectivo Xochimilco Vivo. “El tratado obliga a los Estados parte a garantizar que cualquier proyecto susceptible de alterar las características ecológicas de un Sitio Ramsar, o de dañar otro humedal de su territorio, sea sometido a procedimientos rigurosos de estudios de impacto”. En la alerta se evidencian otras vulneraciones del Estado mexicano a la Convención Ramsar, entre ellas la falta de integración de los humedales en la planificación, la omisión del concepto de uso racional y de la restauración como parte integral del manejo adecuado de estos ecosistemas, y la no prevención de actividades que tienen impactos adversos en los humedales urbanos y periurbanos. El puente está en operación desde julio pasado, pero hay zonas inundadas o sumergidas en charcos debido a la falta de filtración natural de agua en el humedal. Esto conlleva riesgos de desgaste, inestabilidad e incluso de colapso de la obra. Aunque el objetivo de levantar el puente fue la disminución del tráfico vehicular en el sur de la ciudad, existe un “tráfico inducido” derivado de su construcción. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (AIDA), [email protected], 5570522107 Ricardo Ruiz (CEMDA), [email protected], 5559644162
Leer más
5 logros del movimiento ambiental en 2021
En todo el mundo se observan movimientos impulsados desde la sociedad civil que son cada vez más fuertes y cuyas voces se escuchan en los espacios de toma de decisiones. Así, cada una de estas acciones que nacen en lo local se unen hacia una meta común que traspasa fronteras: la protección del ambiente y de las personas. Las exigencias llegan hasta las altas instancias donde las decisiones adoptadas no solo afectan al movimiento que las originó, sino que generan precedentes para el resto. Por eso, hacemos un recuento de cinco logros obtenidos este año en el mundo por el movimiento ambiental del que somos parte, los cuales están abriendo camino para la rendición de cuentas, la protección de los derechos humanos y la dotación de nuevas herramientas jurídicas y de otro tipo para fortalecer la lucha conjunta. 1. El Acuerdo de Escazú entra en vigor Celebramos el Día de la Tierra (22 de abril) con la entrada en vigor del Acuerdo de Escazú, el primer tratado sobre derechos ambientales de América Latina y el Caribe y el único en el mundo que consagra la protección de las personas defensoras ambientales. Escazú es el primer acuerdo regional que busca garantizar el acceso a la información, la participación pública y la justicia en asuntos ambientales, necesario para facilitar el trabajo y proteger la vida de las personas defensoras. Además, reconoce la necesidad de medidas de protección para comunidades en situación vulnerable. Con la ratificación de Argentina y México, se consiguieron las adhesiones necesarias para este gran avance. El acuerdo es también resultado de muchos años de trabajo desde la sociedad civil, sector que impulsó el desarrollo del Principio 10 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo, que es clave para garantizar el derecho humano a un ambiente sano y sostenible. Ahora que ya entró en vigor, necesitamos que los países integren las responsabilidades que Escazú establece en sus sistemas internos para que las personas defensoras y las comunidades puedan usar el acuerdo a su favor y, entonces, sea realmente efectivo. 2. Corte ordena a Shell reducir sus emisiones a casi la mitad En un fallo histórico y de gran importancia en la lucha ciudadana por la justicia climática, el Tribunal del Distrito de La Haya ordenó que la empresa angloholandesa Shell reduzca sus emisiones en 45% para 2030. En el veredicto se dispone, por primera vez, que una empresa y sus subsidiarias deben alinear sus políticas con las metas globales de reducción de emisiones, como las estipuladas en el Acuerdo de París. Esta decisión es un precedente mundial al que se llegó gracias a la demanda presentada por varias organizaciones de la sociedad civil y por más de 17 mil ciudadanas y ciudadanos holandeses. El objetivo central de la demanda no era obtener una compensación financiera por los daños, sino obligar a la petrolera a reducir sus emisiones. Este caso abrió la discusión acerca de la responsabilidad de las empresas en el cambio climático y, además, fue pionero en utilizar los principios rectores de la ONU acerca de las empresas y los derechos humanos. Niels Hazekam, Asesor Principal de Políticas en Both Ends, una de las organizaciones que participó en la demanda, nos contó los detalles del litigio contra Shell en este webinar. Esta victoria representa un gran paso hacia el uso de los sistemas judiciales como herramientas para avanzar en la justicia climática, con grandes posibilidades de ser replicado en otras partes del mundo, incluyendo América Latina. 3. Tribunal internacional reafirma protección ambiental en Costa Rica Es legítimo que un país se declare libre de minería a cielo abierto como objetivo para proteger el ambiente. Así lo declaró el tribunal arbitral del CIADI, del Banco Mundial. El caso tiene su origen en el arbitraje que la minera Infinito Gold interpuso en contra de Costa Rica. La minera exigía el pago de 400 millones de dólares como indemnización por las ganancias no percibidas cuando el país anuló su concesión de explotación de minerales. AIDA advirtió al gobierno costarricense de las amenazas que el proyecto propuesto por Infinito Gold, Crucitas, tendría en el ambiente y los derechos humanos. En 2008, el gobierno emitió un decreto declarando el proyecto de interés. Y, en 2011, la Corte Suprema confirmó la decisión de declarar al proyecto Crucitas ilegal. La minera, inconforme con esa decisión, pidió el arbitraje internacional y la indemnización. Este año, el CIADI concluyó que Costa Rica no tendrá que pagar dicho monto y aclaró que el país no negó a la empresa el acceso a la justicia local. La decisión es un avance importante ante la creciente intención de las empresas por demandar a los países que deciden proteger sus ecosistemas. 4. La ONU reconoce el derecho humano a un ambiente sano El 8 de octubre, en un día histórico y crucial para el futuro del planeta, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que todas las personas tenemos el derecho humano a un ambiente seguro, sano, limpio y sostenible. Costa Rica, Eslovenia, Maldivas, Marruecos y Suiza lideraron los esfuerzos al interior del Consejo en la última etapa de una larga lucha, junto con miles de organizaciones, movimientos, empresas y personas defensoras que se unieron a #HealthyEnvironmentForAll. Compartiendo cartas e invitando a la sociedad civil de todo el mundo, lograron mostrar el interés legítimo por reconocer este derecho. Cabe decir que este hito en la historia del derecho ambiental internacional es resultado de casi 50 años de trabajo de miles de personas que, desde la Declaración de Estocolmo en 1972, han sentado las bases para este día. También el 8 de octubre, el Consejo estableció la creación de una nueva Relatoría Especial para promover los derechos humanos en el contexto de cambio climático. Fue la respuesta a una demanda de la sociedad civil en la que AIDA fue punto de encuentro y coordinación a nivel de América Latina para movilizar esta decisión. 5. Caso de contaminación llega a la Corte Interamericana Después de más de 15 años, el caso de violaciones a derechos humanos por contaminación ambiental en La Oroya, Perú, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un caso de contaminación del aire causada por actividades empresariales en un contexto urbano llega a la Corte. La Comisión Interamericana presentó el caso ante la Corte tras establecer la responsabilidad internacional del Estado y como respuesta a la petición de un grupo de personas expuestas crónicamente a metales pesados provenientes del complejo metalúrgico de la empresa Doe Run Perú, representadas por AIDA y sus aliados. Las personas afectadas recurrieron al Sistema Interamericano de Derechos Humanos porque a pesar de que el Tribunal Constitucional peruano dispuso en 2006 medidas urgentes para la protección de sus derechos, el Estado no las acató. La presentación del caso ante la Corte representa también una gran oportunidad para restablecer los derechos de las personas afectadas. ¡Conoce más y lee sobre las principales victorias de AIDA en nuestro Informe Anual 2021!
Leer más
Tres historias de justicia ambiental y climática
Frente a los desafíos cada vez más grandes a los que nos enfrentamos debido a la degradación del ambiente y la crisis climática, la fuerza de la lucha conjunta demuestra que es posible garantizar un ambiente sano y un futuro sostenible para todas las personas. Este año, AIDA consiguió avances importantes en ese camino, de la mano de comunidades y de aliados en la región. Las historias a continuación hablan de logros que nos acercan a la justicia ambiental y climática que necesitamos con urgencia y por la que trabajamos cada día. Son historias de éxito y de esperanza que nos inspiran a seguir avanzando con más fuerza. 1. Mujeres mayas empujan al BID a la rendición de cuentas En Guatemala, bajo nuestro asesoramiento y con el apoyo de aliados locales e internacionales, la lucha de mujeres mayas por defender su agua y su territorio hizo historia. Lograron que la oficina de rendición de cuentas del Grupo del BID reconozca los daños ocasionados por dos represas financiadas por el BID Invest y abra la posibilidad de que el banco retire su inversión de manera responsable. Conoce Más 2. Un fallo afianza la preservación de las áreas naturales protegidas La intención de grandes desarrolladores inmobiliarios de desmantelar el área de protección de flora y fauna Yum Balam, en el Caribe mexicano, se topó con la pared. La Suprema Corte de México sentó un precedente legal clave al determinar que el programa de manejo, fundamental para el aprovechamiento sostenible del sitio, es legal. AIDA contribuyó a defender a Yum Balam en los tribunales, así como a construir el programa de manejo. Conoce Más 3. La ayuda internacional llega a dos lagos altoandinos Junto con comunidades y organizaciones locales, AIDA impulsó la solicitud de apoyo técnico internacional para la recuperación de los lagos Poopó y Uru Uru en el altiplano boliviano, la cual fue finalmente formalizada por el gobierno. Ese apoyo, previsto para el próximo año, es vital para el rescate de estos ecosistemas, verdaderos sistemas de vida para la biodiversidad y para las comunidades indígenas y campesinas de la zona. Conoce Más ¡Encuentra estas historias y mucho más sobre el camino recorrido este año en nuestro Informe Anual 2021!
Leer más