Project
Foto: Paolo MacorigCuidando la biodiversidad de México de la minería submarina
La Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México, es escenario de la hazaña migratoria de la ballena gris. Cada año, miles de ejemplares de ese mamífero llegan allí para dar a luz a sus crías.
La zona también es vital para el tránsito, alimentación y refugio de la ballena azul, la ballena jorobada y otras especies vulnerables como la tortuga caguama. Es hogar además de especies de interés pesquero como almejas, langostas y camarones.
Ese entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en el lugar, están en grave riesgo. En la Bahía de Ulloa, el proyecto minero Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, cantidad equivalente al 60% de la superficie de la Ciudad de México.
La ballena gris y otras especies de ballena y tortuga marina que habitan la zona o que la recorren, se comunican entre sí, se mantienen unidas y encuentran alimento por medio de sonidos. Para obtener la arena fosfática, el proyecto emplearía grandes barcos de dragado, generando un gran ruido en el área y poniendo en riesgo la sobrevivencia de estas especies al posiblemente alterar su entorno y modificar su comportamiento.
Partners:
Proyectos relacionados
Perú inicia diagnósticos a personas afectadas por contaminación tóxica en La Oroya
En mayo de 2016, la CIDH requirió al Estado peruano proteger la vida e integridad de otras 14 personas afectadas por la contaminación causada por el Complejo Metalúrgico de La Oroya. Recién la semana pasada comenzaron las evaluaciones médicas y mediciones de la concentración de metales pesados en los beneficiarios. La Oroya, Perú. El 14 y 15 de octubre pasados, comenzaron a realizarse en el centro médico de la ciudad mediciones de concentración de metales pesados en sangre y orina y evaluaciones médicas al grupo adicional de personas afectadas por la contaminación proveniente del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Ello ocurrió cinco meses despues de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara tales acciones al Estado peruano mediante la ampliación de la medida de protección otorgada originalmente en 2007, con la cual el número de beneficiarios subió de 65 a 79. El 3 de mayo, la Comisión pidió que el Estado adopte las medidas necesarias para preservar la vida e integridad personal de 14 beneficiarios adicionales[1], “realizando las valoraciones médicas necesarias para determinar los niveles de plomo, cadmio y arsénico en la sangre, a fin de suministrar atención médica adecuada, de acuerdo a los estándares internacionales aplicables a la materia.” Cinco meses después de la solicitud y ante la insistencia y reclamos de las organizaciones que representamos a los beneficiarios, finalmente se realizaron en el Centro de Salud de La Oroya las mediciones de metales pesados a siete de los nuevos beneficiarios. También se les hicieron evaluaciones médicas en las especialidades de nutrición, odontología, psicología, medicina interna, neumología y gastroenterología. Para ello, los médicos de las tres últimas especialidades llegaron a La Oroya desde Lima y Huancayo. Los resultados deberán ser procesados por el Centro de Salud Ocupacional y Protección del Medio Ambiente para la Salud (CENSOPAS) y entregados a los beneficiarios en un plazo no mayor a 45 días. El Ministerio de Salud se comprometió a gestionar que aquellos beneficiarios que, según el diagnóstico, requieran tratamiento médico, sean atendidos por médicos especialistas en Huancayo y/o Lima, pues el Centro de Salud de La Oroya no tiene el personal para hacerlo. También comprometió una nueva fecha para la medición y evaluación médica de aquellos beneficiarios que no pudieron ser atendidos. Desde las organizaciones que representamos a las víctimas esperamos que éste sea un primer paso hacia el cumplimiento pleno de las medidas de protección solicitadas por la Comisión, el cual se exprese no solo en un diagnóstico, sino también en tratamientos médicos especializados y seguimiento adecuado al estado de salud de cada uno de los beneficiarios, aquellos de la medida inicial otorgada en 2007, cuya protección continúa vigente, y los incluidos en la ampliación otorgada este año. “Pese a que las medidas cautelares fueron emitidas originalmente por la CIDH hace casi 10 años —solicitando una serie de acciones urgentes para la protección de la salud— éstas todavía no han sido implementadas en su totalidad. Ello implica que por años los problemas de salud de los beneficiarios no han sido debidamente atendidos”, señaló Christian Huaylinos, abogado de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). Asimismo, el Estado debe atender con urgencia la situación de los servicios de salud en La Oroya, cuyo centro de salud está en crisis al funcionar en un lugar que ha sido declarado inhabitable por el Instituto Nacional de Defensa Civil y tener solo cinco médicos para la población de La Oroya y la de toda la Provincia de Yauli. “En La Oroya existen problemas estructurales en materia de salud y ambiente que deben ser resueltos con urgencia. Es necesario que la CIDH emita pronto el Informe de Fondo del caso que sobre esta situación fue presentando ante dicha instancia hace casi 10 años. Son 10 años de espera para las víctimas que buscan justicia ante la violación de sus derechos humanos. Si existe un verdadero compromiso del Estado con la población de La Oroya, éste se podrá evaluar en el cumplimiento pleno de las eventuales recomendaciones que emita la CIDH en ese informe”, dijo María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). [1] Uno de los nuevos beneficiarios falleció por causas ajenas al objeto de la medida de protección de la CIDH. Contactos de prensa: María José Veramendi Villa, AIDA, [email protected], +51 954114393 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959789232
Leer más
Corazones Verdes que Sangran: La situación de constante peligro para los activistas ambientales en Latinoamérica
“¡Despierta humanidad, ya no hay tiempo!” Berta Cáceres, Discurso de aceptación del Premio Goldman 2015 Ser un defensor/a de los derechos humanos y del ambiente no es tarea fácil. Por el contrario, es uno de los trabajos más peligrosos que se puede ejercer. Estás en riesgo ya sea que pertenezcas a una comunidad campesina, indígena o afrodescendiente, si eres un activista independiente o si eres parte de una organización de la sociedad civil. En su informe más reciente, En Terreno Peligroso, Global Witness dio cuenta que el 2015 fue el peor año en cuanto al asesinato de activistas ambientales y defensores del territorio[1]. El informe documentó 185 asesinatos en 16 países, haciendo de Brasil (50 homicidios), Colombia (26 homicidios), Perú (12 homicidios) y Nicaragua (12 homicidios) los más peligrosos de América Latina[2]. Desafortunadamente, el asesinato de defensores ambientales representa el trágico final de un problema más grande. Como sociedad, todos queremos desarrollo económico y social, y los gobiernos son elegidos, en su mayoría, con base a esa promesa. No obstante, cada vez más Estados y varios actores privados son con frecuencia cómplices de acciones que tienen como objetivo silenciar las voces legítimas y el trabajo de las y los defensores ambientales. Amenazas, acoso y campañas de desprestigio o criminalización hacen mella en el trabajo de estos defensores, quienes terminan dedicando gran cantidad de tiempo a defenderse ante sistemas judiciales, a menudo también cómplices, o incluso protegiéndose físicamente de cualquier atentado contra su vida. Varios Relatores Especiales de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han reconocido el importante rol que las y los defensores ambientales tienen en nuestras sociedades y, por ello, han recomendado a los Estados su protección. Sin embargo, el nivel de peligro ha continuado en aumento. Defensores ambientales con medidas cautelares de la CIDH para la protección de sus vidas, como en el ampliamente conocido caso de Berta Cáceres, continúan siendo amenazados o asesinados a plena vista de las autoridades y a menudo debido a la complicidad de un Estado. La empresa minera Yanacocha sigue acosando a Máxima Acuña con la intención de sacarla por la fuerza de su tierra y allanar el camino para el proyecto minero Conga, incluso luego que un tribunal peruano determinara que ella no ha violado los derechos de propiedad de la empresa. En La Oroya, una ciudad en los Andes peruanos donde un complejo metalúrgico ha operado desde 1922, docenas de víctimas de contaminación tóxica han estado luchando por años para defender su salud y su ambiente, y continúan buscando una solución en tribunales nacionales e internacionales. Su lucha ha estado plagada de ataques y campañas de desprestigio contra ellas y contra las organizaciones que han asumido su representación legal. Las víctimas han sido etiquetadas como “anti-mineras” y “anti-desarrollo”, acosadas en las calles, e incluso intimidadas con perros muertos colgados frente a sus casas. La lista de este tipo de incidentes en América Latina no hace más que crecer y, asociados a ellos, están minas, represas y otros proyectos de infraestructura inadecuadamente planificados y desarrollados. Como sociedades que buscan el desarrollo económico y social, necesitamos dejar de pretender que éstos y otros innumerables ataques contra las y los defensores ambientales no ocurren o no tienen un impacto en los costos financieros, políticos y sociales que eventualmente todos terminaremos pagando. Los costos llegarán y serán altos. ¡Los gobiernos necesitan despertar ahora y actuar para defender a las y los defensores, ya no hay tiempo! A la memoria de quienes han dado su vida defendiendo algo que debería ser preciado para todos, pero que de alguna forma es solo cuidado por unos cuantos: nuestro planeta. [1] Global Witness. En Terreno Peligroso, junio de 2016, p. 4. [2] Global Witness. En Terreno Peligroso, junio de 2016, pp. 8 -9.
Leer más
Nuevo estudio confirma que las grandes represas son una fuente principal de los gases causantes del cambio climático
Investigadores de la Universidad del Estado de Washington concluyeron que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, generan 1.3 por ciento del total de gases de efecto invernadero producido por la humanidad. El hallazgo ratifica una vez más que las represas no son energía limpia y afectan el clima. Seattle, Estados Unidos. Un nuevo e importante estudio a cargo de investigadores de la Universidad del Estado de Washington da cuenta que los embalses de las grandes represas son una fuente “subestimada” de gases de efecto invernadero, principalmente metano, un contaminante 34 veces más dañino que el dióxido de carbono. La investigación evidencia además que todos los embalses, no solo los construidos en zonas tropicales, son gran fuente de emisiones contaminantes a la atmósfera. De acuerdo con el estudio, los gases contaminantes provienen de la descomposición de la materia orgánica que es inundada por los embalses artificiales de agua. La contaminación generada es de gran magnitud. Los embalses generan 1.3 por ciento de los gases de efecto invernadero de toda la humanidad en un año (más que todas las emisiones contaminantes de Canadá) y el 80% de esa contaminación es metano, señala la investigación. “En toda América, gobiernos están impulsando la construcción de cientos de grandes represas, sobretodo para producir energía, argumentando que ayudan a mitigar el cambio climático al ser fuentes limpias”, explicó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es cada vez más claro que las grandes represas, más que una solución, son un problema. Los líderes del mundo deben con urgencia empezar a planificar e implementar soluciones energéticas alternativas a fin de conseguir un avance real en la lucha contra el cambio climático”. Junto con una coalición de organizaciones de la sociedad civil, AIDA, Amazon Watch e International Rivers hemos insistido por años que la implementación de grandes proyectos hidroeléctricos —como la represa Belo Monte en Brasil— causan daños serios al ambiente, el clima, y a los derechos de las comunidades afectadas. “Las grandes represas son uno de los causas más importantes de la destrucción ambiental en la Amazonía”, dice Leila Salazar-López, directora ejecutiva de Amazon Watch. “Además de emitir metano, destruyen la biodiversidad y los bosques ancestrales de miles de comunidades indígenas y tradicionales que han vivido por siglos de los ecosistemas ribereños. Es imprescindible calcular los costos reales de las grandes represas para entender todos sus impactos y no generar más daños que beneficios”. Como organizaciones trabajando en la promoción de soluciones reales al cambio climático, estamos dispuestas a compartir evidencia científica sobre los daños de las grandes represas con gobiernos, organismos internacionales e instituciones financieras, para contribuir al cambio energético que todos necesitamos. “Los nuevos hallazgos tumban el mito de las hidroeléctricas como fuente limpia de electricidad y ponen de relieve porqué las grandes represas deben ser excluidas de los mecanismos de financiamiento climático”, dijo Kate Horner, directora ejecutiva de International Rivers. Los hallazgos de este nuevo estudio deben ser considerados en los inventarios de emisiones contaminantes que contribuyen al cambio climático, y en la ejecución de programas y planes orientados a resolver nuestras necesidades energéticas. Para más información consulte: Estudio de la Universidad del Estado de Washington (inglés). Comunicado de la Universidad del Estado de Washington sobre el estudio (en inglés). Video corto de Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA, con una breve explicación de la investigación y su importancia. 10 razones por las que las iniciativas climáticas no deberían incluir grandes proyectos hidroeléctricos (manifiesto). Carta abierta a organismos internacionales, gobiernos e instituciones financieras para que dejen de considerar a las grandes represas como energía limpia e implementen soluciones reales al cambio climático. Contactos de prensa: Astrid Puentes Riaño, Codirectora de AIDA, [email protected], +521 5523016639 Moira Birss, Responsable de Comunicaciones, Amazon Watch, [email protected], 510 394 2041 Sarah Bardeen, Directora de Comunicaciones, International Rivers, [email protected], 510 219 5704
Leer más