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Foto: Paolo MacorigCuidando la biodiversidad de México de la minería submarina
La Bahía de Ulloa, en Baja California Sur, México, es escenario de la hazaña migratoria de la ballena gris. Cada año, miles de ejemplares de ese mamífero llegan allí para dar a luz a sus crías.
La zona también es vital para el tránsito, alimentación y refugio de la ballena azul, la ballena jorobada y otras especies vulnerables como la tortuga caguama. Es hogar además de especies de interés pesquero como almejas, langostas y camarones.
Ese entorno marino, las condiciones de vida de la fauna que alberga y los medios de sustento de comunidades que dependen del turismo y la pesca en el lugar, están en grave riesgo. En la Bahía de Ulloa, el proyecto minero Don Diego pretende extraer, durante 50 años, 350 millones de toneladas de arena fosfática del fondo marino, cantidad equivalente al 60% de la superficie de la Ciudad de México.
La ballena gris y otras especies de ballena y tortuga marina que habitan la zona o que la recorren, se comunican entre sí, se mantienen unidas y encuentran alimento por medio de sonidos. Para obtener la arena fosfática, el proyecto emplearía grandes barcos de dragado, generando un gran ruido en el área y poniendo en riesgo la sobrevivencia de estas especies al posiblemente alterar su entorno y modificar su comportamiento.
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Sala Constitucional Reitera Protección Al Parque Marino Las Baulas: Declara Inconstitucional Reglamento Que Permitía Construcciones
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Contactos de prensa: Rolando Castro, Abogado CEDARENA Gladys Martínez, Abogada AIDA (506) 2837080 (506) 2837080 [email protected] [email protected] SALA CONSTITUCIONAL REITERA PROTECCIÓN AL PARQUE MARINO LAS BAULAS: DECLARA INCONSTITUCIONAL REGLAMENTO QUE PERMITÍA CONSTRUCCIONES SAN JOSÉ, Costa Rica, 3 de junio de 2008—La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica el 23 de mayo pasado, anuló el Reglamento de Zonificación de Cabo Velas en Guanacaste, por impactar la zona de anidación más importante de la tortuga marina baula en el Océano Pacífico Oriental: el Parque Nacional Marino las Baulas (PNMB). En la resolución la Sala confirma la importancia del Parque para garantizar la conservación de las tortugas, declaradas internacionalmente en peligro crítico de extinción, por lo cual impide las construcciones dentro del parque. Así, la Sala dio la razón al Fideicomiso Las Baulas, asesorados legalmente por el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), con el apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), en los aspectos de derecho internacional aplicable, quienes demandaron el reglamento en julio de 2006. Hace tan sólo dos semanas esta misma Sala ordenó al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) iniciar los trámites de expropiación a los terrenos privados dentro del Parque Marino, debido al impacto de los desarrollos privados sobre las tortugas baula. Esta última demanda fue interpuesta también por CEDARENA, AIDA, en conjunto con Justicia para la Naturaleza, ONG costarricense. El Reglamento de Cabo Velas anulado por la Sala permitía a la Municipalidad de Santa Cruz autorizar construcciones dentro del Parque, ignorando los serios impactos que éstas causarían a las baulas. “Como es sabido, las baulas requieren de condiciones particulares para la anidación, por lo cual la presencia de seres humanos en las playas y los impactos de las luces de las construcciones, las afecta severamente”, señaló Mario Boza, biólogo del Fideicomiso las Baulas. El PNMB se creó con el fin de proveer las condiciones apropiadas para su desove, pero el Reglamento las estaba desconociendo. “Nos complace mucho esta decisión de la Corte costarricense pues marca un precedente esperanzador en la conservación de esta especie” señaló Astrid Puentes, Directora Legal de AIDA. “Esperamos que pueda ser replicado en otros países de la región”, agregó Puentes. La decisión de la Sala tiene carácter retroactivo por lo cual se deben revertir los permisos otorgados y construcciones desarrolladas al amparo de ese Reglamento. “Con esta decisión la Sala no sólo está protegiendo el equilibrio ecológico que establece el artículo 50 de la Constitución de Costa Rica, sino también está ordenando el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el país en los convenios internacionales”, señaló Rolando Castro, abogado de CEDARENA.
Leer másSala Constitucional De Costa Rica Ordena Expropiaciones En Parque Nacional Marino Las Baulas
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 14 DE MAYO DE 2008 Contactos de prensa: Rolando Castro, Abogado CEDARENA Gladys Martínez, Abogada AIDA (506) 2837080 (506) 2837080 [email protected] [email protected] SALA CONSTITUCIONAL DE COSTA RICA ORDENA EXPROPIACIONES EN PARQUE NACIONAL MARINO LAS BAULAS SAN JOSÉ—La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica ordenó, el pasado 5 de mayo al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) iniciar los trámites de expropiación a los terrenos privados dentro del Parque Nacional Marino Las Baulas (PNMB) en Guanacaste. Esta resolución responde a un recurso de amparo interpuesto en marzo de 2005 por AIDA y sus organizaciones participantes en Costa Rica, Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA) y Justicia para la Naturaleza (JPN) contra la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), la Municipalidad de Santa Cruz, el Ministerio de Hacienda y el MINAE, por la violación del derecho constitucional a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado, derivado de la falta de protección del PNMB y por ende del sitio de anidación de las tortugas. Este es un precedente muy importante para Costa Rica, y para el hemisferio, ahora que los desarrollos turísticos en zonas turísticas están en su máximo apogeo. La Municipalidad de Santa Cruz y la SETENA habían emitido permisos de construcción a particulares dentro del Parque, ignorando los impactos que estos desarrollos turísticos causarían a las baulas. Con la decisión de la Sala estos permisos quedan sin validez. “Esperamos que la Municipalidad y la SETENA, hayan recibido un mensaje claro que entratándose de parques nacionales se debe actuar con sumo cuidado y no aprobar proyectos que pongan en peligro el fin mismo del parque”, aseguró Rolando Castro, abogado de CEDARENA. “La construcción y operación dentro del sitio agravaría la situación de la playa”, agregó. Las tortugas baula son animales jurásicos, declaradas internacionalmente en peligro crítico de extinción. Esta especie requiere de condiciones particulares para la anidación, por lo cual la presencia de los seres humanos en las playas y los impactos de las luces de las construcciones las afecta severamente. El PNMB se creó con ese fin, constituyéndose en la zona más importante de anidación de esta especie en el Océano Pacífico Oriental. “Esta orden de expropiación deberá ser acatada de inmediato por el MINAE para evitar que suceda lo mismo que en otras playas de anidación Flamingo y Tamarindo”, afirmó Gladys Martínez abogada de AIDA. “Costa Rica, incluyendo a cada una de sus autoridades, tiene la obligación de proteger esta especie que es patrimonio de la humanidad, además de ser un atractivo turístico y por ende un valioso recurso económico para el país”, agregó.
Leer másEl Complejo Metalúrgico Doe Run En La Oroya, Perú, Pierde Su Certificado Ambiental
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA: 10 de Abril de 2008 Contactos de prensa: Perry Gottesfeld, Executive Director OK International, 415-362-9898 [email protected] Anna Cederstav, Ph.D. AIDA y Earthjustice, 510-550-6700 [email protected] EL COMPLEJO METALÚRGICO DOE RUN EN LA OROYA, PERÚ, PIERDE SU CERTIFICADO AMBIENTAL Lima, Perú — Doe Run Perú, que opera una de las mayores fundiciones metalúrgicas del hemisferio, ha perdido su Certificado Ambiental a través de una medida poco común que han adoptado los auditores externos e independientes de la compañía. En principio, TÜV Rheinland había concedido el certificado hace menos de dos años, pero lo revocó el 11 de marzo de 2008 alegando que el complejo incumplía las leyes ambientales peruanas y que carecía de medidas adecuadas para evitar la contaminación. La pérdida del certificado es otra muestra que Doe Run Peru no está cumpliendo con sus responsabilidades ambientales. El año pasado, a Doe Run Perú se le impuso una multa de USD$234,000 por diversas violaciones graves de las leyes ambientales de Perú. Además, la semana pasada, las autoridades peruanas publicaron un informe que detalla dichas violaciones, incluyendo haber sobrepasado los niveles máximos permitidos de plomo y partículas suspendidas en el aire. Doe Run Perú obtuvo el certificado ambiental ISO 14001 en el 2006, que definió como un “hito importante en lo que se refiere a cumplir nuestros compromisos con nuestras comunidades, nuestros empleados y el medio ambiente.” El sitio web de Doe Run Company define el certificado ISO como un “símbolo reconocido de la dedicación de una compañía por una calidad superior, la satisfacción del cliente y una mejora continua.” No obstante, varios estudios que han llevado a cabo tanto el Gobierno como expertos internacionales en salud, han demostrado que casi todos los niños que viven en la zona que rodea el complejo metalúrgico de Doe Run Perú presentan niveles inaceptablemente altos de plomo en el organismo. Muchos de ellos han estado gravemente expuestos y requieren tratamiento médico inmediato. “TÜV Rheinland ha actuado responsablemente al llevar a cabo esta medida sin precedentes para subrayar el deber de Doe Run Perú de hacer más para proteger la salud pública en La Oroya”, dijo Perry Gottesfeld, Director Ejecutivo de Occupational Knowledge International (Estados Unidos). Anna Cederstav, científica de AIDA y Earthjustice, y autora del libro La Oroya No Espera ha afirmado que “para Doe Run, la revocación del certificado debería significar claramente que les queda mucho trabajo por hacer,” y añadió que “no obstante, todavía nos preocupa que, si se les paga suficiente, otro organismo de certificación aceptará otorgar un certificado similar a Doe Run”. En el 2006, varias organizaciones presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), con la intención de que se recomendara al gobierno peruano poner en práctica medidas urgentes para detener estas graves violaciones contra la salud y la vida de los residentes de La Oroya. El año pasado, la Comisión aceptó esta petición y solicitó al Estado implementar tales medidas cautelares. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que 120 millones de personas están siendo sometidas a una exposición excesiva al plomo (aproximadamente tres veces más que el número de infectados por el VIH/SIDA) y que el 99% de los más afectados viven en países en vías de desarrollo. El plomo afecta tanto a niños como a adultos y provoca daños cerebrales, retraso mental y otros problemas de aprendizaje en niños. Además del plomo, la población de La Oroya ha estado expuesta también a niveles extremos de otros contaminantes dañinos, entre ellos arsénico, cadmio y dióxido de azufre.
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