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Maíra Irigaray / Amazon Watch

Fazendo com que o Brasil se responsabilize pelos danos da represa Belo Monte

Quando em pleno funcionamento, Belo Monte será a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, construída em um dos ecossistemas mais importantes do planeta: a floresta Amazônica. Localizada no rio Xingu, no Pará, um estado do norte do Brasil, o reservatório cobrirá mais de 500 quilômetros quadrados de florestas e terras agrícolas, uma área do tamanho da cidade de Chicago.

Para a população da Bacia do Xingu, a construção de Belo Monte tem significado a perda do acesso à água, à alimentação, à moradia, ao trabalho e ao transporte. Ao menos 20 mil pessoas serão deslocadas.

O governo e o consórcio encarregado do projeto começaram a construir a usina sem antes consultar primeiro as pessoas da região, muitas das quais são indígenas. Negligenciaram a normativa internacional de direitos humanos, a qual requer o consentimento prévio, livre e informado das comunidade indígenas afetadas. O Brasil também descumpriu as medidas cautelares outorgadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais destinavam-se a proteger a vida, saúde e integridade das comunidades.

A represa começou a operar, ainda que não em plena capacidade. Recentemente um tribunal federal suspendeu a Licença de Operação do empreendimento devido à falta de cumprimento, por parte do consórcio, com as obras de saneamento básico em Altamira, cidade diretamente afetada pela hidroelétrica.


Consulta o expediente de fatos do caso

 


El Estado mexicano debe cumplir las recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos

El Grupo de Trabajo hace un llamado al gobierno mexicano a avanzar en la transparencia, la consulta previa, la debida diligencia y el respeto a las personas y el medio ambiente. La sociedad civil exhorta a las empresas a cumplir los Principios Rectores sobre Empresas y DDHH. Durante la visita, el Grupo de Trabajo escuchó el testimonio sobre 81 casos de personas y comunidades afectadas por actividades empresariales: Ciudad de México (19), Oaxaca (17), Guadalajara (11), Hermosillo (6) y Xochicuautla (28). Ciudad de México, México. El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos de la ONU en visita oficial a México se reunió con autoridades, empresas, organizaciones de la sociedad civil; personas y comunidades afectadas por diferentes actividades empresariales. Dichas reuniones permitieron al Grupo de Trabajo conocer el incumplimiento del deber del Estado de proteger los derechos humanos y de las empresas de respetarlos, así como de proveer un adecuado acceso a la justicia en caso de afectaciones a estos derechos. Los testimonios que escucharon durante su visita el Sr. Pavel Sulyandziga y el Sr. Dante Pesce, expertos miembros del Grupo de Trabajo, fueron de personas y comunidades afectadas por las actividades empresariales por la falta de acceso a la información y a la consulta y consentimiento, violaciones a derechos laborales, impactos graves a la salud y medio ambiente; entre otros. En Oaxaca se reunieron con comunidades afectadas principalmente por proyectos mineros, eólicos, de extracción de hidrocarburos, entre otros, y se presentaron 17 casos en total. Las personas asistentes hablaron sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidos por parte de las empresas, los gobiernos locales, estatal y federal; así como de la falta de información y garantías al derecho a la consulta libre, previa e informada como en el caso de Eólica del Sur. En Guadalajara, los expertos visitaron el río Santiago, donde les sorprendió el nivel de contaminación y los daños a la salud del corredor industrial en el que se vierten desechos de diferentes actividades empresariales, algunas de grandes empresas transnacionales. Los expertos determinaron que había “una catástrofe ecológica”. Posteriormente, el Grupo escuchó los testimonios de casos relacionados con las presas de El Zapotillo y Las Cruces, proyectos turísticos, proyectos mineros en Wirikuta y Zacualpan y con las maquilas de la industria electrónica; haciendo de su conocimiento casos de criminalización y amenazas a defensores de derechos humanos. En Hermosillo, Sonora, el Grupo de Trabajo visitó a la comunidad de Ures para conocer en persona las afectaciones del derrame de lixiviados por parte de Buenavista del Cobre (subsidiaria de Grupo México), ocurrido en 2014 en los ríos Sonora y Bácanuchi. Luego se reunieron con representantes de diferentes comunidades. Las personas participantes hicieron énfasis en la negligencia y omisiones por parte del Estado para hacer cumplir la ley, la impunidad con la que operan las empresas afectando los derechos humanos, y las dificultades en el acceso efectivo a la justicia. En Xochicuautla, Estado de México, comunidades indígenas, urbanas y rurales presentaron 28 casos sobre hidroeléctricas, minería, energía, infraestructura y privatización de agua. El pueblo de Xochicuautla solicitó al Grupo de Trabajo que “pusieran fin al ecocidio; la cancelación del proyecto de la autopista Toluca-Naucalpan, y que se terminen las persecuciones hostigamientos y detenciones a los indígenas”. Los expertos se reunieron con al menos una decena de empresas, y Grupo Higa fue la única empresa que no respondió a la invitación de dialogar con el Grupo de Trabajo de la ONU. En su visita en la Ciudad de México se ejemplificaron casos de todo el país. Entre ellos,  la situación del estado Guerrero en donde víctimas y organizaciones expusieron la situación de violencia, corrupción con autoridades y colusión con el crimen organizado en la que se desarrolla el trabajo de las empresas; ambiente que propicia un sinnúmero de violaciones a derechos humanos toleradas e impulsadas por autoridades estatales y federales. Asimismo, se ejemplificó la semiesclavitud en los campos agrícolas, en donde las principales empresas responsables son extranjeras. El resto de casos se pueden consultar en el informe que presentaron al Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU una coalición de más de 100 organizaciones y movimientos sociales. En los 68 casos documentados se muestra que los derechos vulnerados con más frecuencia son: a la tierra y el territorio (32 casos), al acceso a la información (28 casos) y al medio ambiente sano (22 casos). Los sectores sobre los cuales se documentaron más abusos fueron: minería (11 casos), hidrocarburos (9), energía (8), construcción (8) y agroindustria (6). Además, en más de 50% de los casos se documentaron intimidación y amenazas en contra de opositores a proyectos empresariales. La coalición de organizaciones y movimientos sociales consideramos que el gobierno debe aceptar las recomendaciones y plantear un plan claro para su cumplimiento. Desde sociedad civil exhortamos al Estado a: Informar sobre cómo implementará las salvaguardas para prevenir impactos sociales y ambientales negativos vinculados a las reformas, a actividades extractivas; así como a las demás violaciones a derechos humanos producidas por las empresas y a lo largo de su cadena de valor. Informar sobre cómo se garantizará la participación de sociedad civil, personas afectadas por la actividad empresarial, pueblos indígenas y sindicatos independientes en el monitoreo del cumplimiento de dichas recomendaciones. A las empresas a: Comunicar cómo cumplirán los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos y cómo implementarán la debida diligencia a lo largo de du cadena de valor para cumplir con los cambios sugeridos por el Grupo de Trabajo.   Organizaciones firmantes en orden alfabético: Alianza de la Costa Verde Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bios Iguana Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País Cartocrítica Casa del Migrante Saltillo Centro de Derechos Humanos “Fray Bartolomé de Las Casas” Centro de Derechos Humanos “Fray Francisco de Vitoria” Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” (Centro Prodh) Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL) Centro Fray Jualián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Local Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH) Centro de Reflexión y Acción Laboral (CEREAL) Centro Diocesano para los Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) Colectivo sí a la vida No al basurero tóxico en Noria de la Sabina Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales Comités de Cuenca Río Sonora Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH) Comité de Derechos Humanos de Tabasco (CODEHUTAB) Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) Consejo en Defensa de la Vida y el Territorio Tiyat Tlali DECA Equipo Pueblo DH Rayoactivo El Barzón Chihuahua EcoRed Feminista la Lechuza Buza Enfoque DH Estancia del Migrante en Querétaro Frente de Derechos Humanos de la Sierra de Puebla Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua (FPDTA) Fundar, Centro de Análisis e Investigación Foro de Derechos Humanos y Resistencias de la Sierra de Puebla Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales Grupo Focal sobre Empresas y Derechos Humanos Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) Movimiento Ciudadano en Defensa de la Loma Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER) Movimiento Mesoamericano contra el Modelo Extractivo Minero (M4) Organic Consumers Association (México) Oxfam México Programa Universitario de Derechos Humanos, Programa de Incidencia, Programa de Medio Ambiente, UIA Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Semillas de Vida SMR, Scalabrinianas: misión con Migrantes y Refugiados Serapaz, Servicios y Asesoría para la Paz Y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos” (conformada por 80 organizaciones en 21 estados de la República mexicana)  

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Mecanismo del Banco Mundial alerta sobre riesgos de proyecto minero en Santurbán

La Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman concluyó que la Corporación Financiera Internacional no previó impactos ambientales de la mina Angostura y aún así invirtió, desconociendo sus políticas internas. Washington/Ottawa/Bogotá/Ámsterdam. La Oficina del Asesor en Cumplimiento Ombudsman (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo independiente de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), advirtió que esa institución incumplió estándares del Grupo del Banco Mundial, del que es parte, al invertir en el proyecto minero Angostura en el páramo de Santurbán, Colombia. Entre las pautas incumplidas está la evaluación de los impactos potenciales de la mina en la biodiversidad del lugar. Así lo establece la CAO en su informe final resultado del procedimiento de queja iniciado contra la inversión. Por ello la CFI debería retirar su inversión. La queja fue presentada por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, con el apoyo del Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL), el Centro para la Investigación de Corporaciones Multinacionales (SOMO), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y MiningWatch Canadá. La CFI es el brazo financiero para el sector privado del Grupo del Banco Mundial. “La biodiversidad existente en Santurbán es crítica para la provisión de agua. Por tanto, cualquier amenaza sobre la misma afecta el suministro del líquido en el área metropolitana de Bucaramanga”, sostuvo Alix Mancilla, del Comité de Santurbán. Según el informe, la CFI falló también en su obligación de asegurar la evaluación de los impactos de la totalidad del proyecto minero, pues se concentró solo en aquellos de la etapa de exploración. Lo hizo pese a que, para justificar su inversión, manifestó que todo el proyecto era viable, incluyendo la explotación de la mina. En el informe, la CAO señaló que la posibilidad de que la etapa de exploración cumpliera con los estándares era “incierta y potencialmente compleja”. El mecanismo independiente dio cuenta además que "uno de los propósitos declarados de la inversión de la CFI era desarrollar los informes necesarios para determinar si el proyecto podría cumplir con los estándares” de la propia institución. Ello incluía la realización de un estudio de los impactos ambientales y sociales del proyecto, así como la evaluación de la biodiversidad y el hábitat crítico del lugar del proyecto, aspectos que Eco Oro Minerals, empresa canadiense a cargo de la mina, no hizo. A pesar de ello, "la CFI no ha procurado remediación, pero ha realizado posteriores inversiones en la compañía", menciona la CAO. "Si el propósito de la inversión era evaluar la viabilidad del proyecto, no hay razón que justifique la falta de estudios necesarios para dicha valoración. No es posible dar luz verde a un proyecto en una región tan crítica para los habitantes de Santurbán sin valorar sus consecuencias reales", declaró Carla García Zendejas, de CIEL.  En su respuesta al informe, la CFI no reconoce culpa ni se compromete a hacerle frente a los hallazgos de la CAO. Al contrario, reitera su justificación para invertir en el proyecto, indicando que la mina traerá empleo y ganancias. “Es muy grave que pese a las fallas en la evaluación de los riesgos, la CFI haya seguido invirtiendo en el proyecto minero Angostura”, agregó Kris Genovese, de SOMO. "Una vez más, es decepcionante, pero no sorprendente, la falta de respuesta de la CFI ante el fallo de la CAO". Por su lado, Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA, dijo que “el proyecto es ilegal, por eso la licencia fue negada en 2011 y la Corte Constitucional ratificó la prohibición de minería en páramos. Nos preocupa también que la CFI invirtió en una empresa cuyo proyecto desde el comienzo era inviable y que demandó internacionalmente al Estado colombiano, que es parte del Banco Mundial.” De acuerdo con el informe de la CAO, la CFI tiene una política explícita para invertir en empresas mineras junior con poca capacidad socioambiental y en países donde existe poca regulación en estos términos. “Es hora que la CFI retire su inversión de Eco Oro y deje de estimular las inversiones en empresas mineras junior, tal como ha venido haciendo en Colombia y otros países, sabiendo los serios daños socioambientales que esto implica y el contexto de impunidad en que operan las empresas”, sostuvo Jen Moore, de MiningWatch. “Las comunidades afectadas por la mina seguiremos desafiando el proyecto y usaremos todos los medios legales a nuestra disposición para frenarlo”, afirmó Elizabeth Martinez, del Comité de Santurbán. La Corte Constitucional de Colombia estudia una acción de tutela interpuesta por el Comité de Santurbán y elaborada por el Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez sobre la falta de participación ciudadana en la delimitación del páramo de Santurbán. La acción será resuelta próximamente. Ante el incumplimiento de sus propios estándares y los resultados del informe de la CAO, la CFI debería retirar la inversión en la empresa Eco Oro, y así actuar en consecuencia con sus políticas internas.   Informe de la CAO: http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOComplianceInvestigationReportonIFCinvestmentinEcoOroMinerals-Spanish.pdf Comunicado de la CAO (inglés): http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/CAOCommuniqueEcoOroSummaryofFindingsAugust252016.pdf Respuesta de la CFI (inglés): http://www.cao-ombudsman.org/cases/document-links/documents/EcoOro-IFCManagementResponsetoCAOInvestigationReport-5August2016.pdf Contactos de prensa Miguel Ramos, Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán, [email protected], +57 3118806350 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +57 300 56 40 282 Carla García Zendejas, CIEL, [email protected], +1 202 374 2550 Jennifer Moore, MiningWatch Canadá, [email protected], +001 613 569 3439 Kris Genovese,  SOMO, [email protected], +31 65 277 3272  

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Colombia debe acatar recomendaciones de Ramsar para la Ciénaga Grande

Autoridades nacionales y regionales deben contribuir a ese cumplimiento. El colapso del sitio puede desplazar a miles de personas que dependen del mismo para su sustento. Bogotá, Colombia. Tras la visita de expertos de la Convención Ramsar para evaluar la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta, creemos necesario que el informe con las conclusiones y recomendaciones de la misión técnica de asesoramiento sea de conocimiento público y que sea acatado por el Estado colombiano en su conjunto. Tanto autoridades nacionales como regionales deben contribuir a lograr ese cumplimiento. Reconocemos la voluntad política del gobierno nacional para dar con la solución a la crisis ambiental por la que atraviesa la Ciénaga Grande. La visita, realizada del 22 al 26 de agosto con el consentimiento gubernamental, ocurrió tras la petición realizada en 2014 al Secretariado de la Convención por a Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida. Ramsar es un tratado intergubernamental para la prptección de humedales. Según los medios, se prevé que los expertos entreguen sus conclusiones al gobierno a más tardar en un mes. ”Esperamos que la sociedad colombiana se apropie de las recomendaciones que emitirá la Misión Ramsar y que el Estado en su conjunto concurra para cumplirlas”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado de AIDA. “El colapso de la Ciénaga puede provocar el desplazamiento de miles de personas que allí habitan y cuyo sustento depende del sitio”, sostuvo Juan Pablo Sarmiento, de la Universidad del Norte. “El Estado colombiano debe preservar la Ciénaga porque es crucial para enfrentar los efectos del cambio climático”, agregó. En el ecosistema han muerto cientos de miles de peces producto de la degradación ambiental causada, entre otros, por incendios forestales, deforestación y construcción ilegal de diques. Consideramos que también han contribuido al problema la falta de coordinación entre las entidades a cargo del tema, la escasez de recursos económicos para tareas de protección, la falta de educación ambiental y de persecución de los crímenes ambientales que allí se cometen. Además de las recomendaciones que surjan de la misión de Ramsar, creemos importante contar en el país con una entidad fuerte e independiente de presiones políticas para la evaluación adecuada de los proyectos de desarrollo que se implementan en la Ciénaga, incluyendo las carreteras, y la entrega de los permisos ambientales correspondientes. La Convención puede sugerir al Estado colombiano incluir a la Ciénaga Grande en la lista Montreaux, lo cual permitiría la obtención de ayuda económica solicitada por organizaciones no gubernamentales o por el Estado; así como asesoría técnica para generar recomendaciones orientadas a la recuperación y conservación del sitio. Esas orientaciones harían que las acciones de la Corporación Autónoma Regional, el Ministerio de Medio Ambiente, la Gobernación del Magdalena y de otras autoridades responsables de la gestión de la Ciénaga sean más efectivas. Contactos de prensa Juan Pablo Sarmiento, Universidad del Norte, [email protected], +57 300 5514583 Carlos Lozano Acosta, AIDA, [email protected], +573005640282  

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