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Maíra Irigaray / Amazon WatchFazendo com que o Brasil se responsabilize pelos danos da represa Belo Monte
Quando em pleno funcionamento, Belo Monte será a terceira maior usina hidrelétrica do mundo, construída em um dos ecossistemas mais importantes do planeta: a floresta Amazônica. Localizada no rio Xingu, no Pará, um estado do norte do Brasil, o reservatório cobrirá mais de 500 quilômetros quadrados de florestas e terras agrícolas, uma área do tamanho da cidade de Chicago.
Para a população da Bacia do Xingu, a construção de Belo Monte tem significado a perda do acesso à água, à alimentação, à moradia, ao trabalho e ao transporte. Ao menos 20 mil pessoas serão deslocadas.
O governo e o consórcio encarregado do projeto começaram a construir a usina sem antes consultar primeiro as pessoas da região, muitas das quais são indígenas. Negligenciaram a normativa internacional de direitos humanos, a qual requer o consentimento prévio, livre e informado das comunidade indígenas afetadas. O Brasil também descumpriu as medidas cautelares outorgadas pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, as quais destinavam-se a proteger a vida, saúde e integridade das comunidades.
A represa começou a operar, ainda que não em plena capacidade. Recentemente um tribunal federal suspendeu a Licença de Operação do empreendimento devido à falta de cumprimento, por parte do consórcio, com as obras de saneamento básico em Altamira, cidade diretamente afetada pela hidroelétrica.
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Brasil y las Olimpiadas: Señales de Peligro, señales de esperanza
Mientras la bandera brasileña era izada en los Juegos Olímpicos de Río, al ritmo del suave sonido de una guitarra acústica, aquellas conocidas palabras del himno nacional de mi país llamaron mi atención: Gigante por tu propia naturaleza, Tú eres bello, tú eres fuerte, un coloso intrépido Y tu futuro refleja esa grandeza. Por siglos ha sido fácil, motivo de orgullo, celebrar la riqueza natural de nuestro paisaje, desde la poderosa cuenca del Amazonas hasta los miles de kilómetros de costa virgen. Lo que ha resultado más difícil es defenderlo. El año pasado, Brasil fue el país más peligroso del mundo para los defensores ambientales. Al menos 50 de los nuestros fueron asesinados y, en lo que va de este año, 23 han muerto de esa forma. La Amazonía, donde nací y pasé mi niñez, es el epicentro de estos crímenes. Plantaciones, haciendas y grandes represas han sido construidas en tierras que alguna vez albergaron hogares. Indígenas y comunidades afrobrasileñas, guardianes del mundo natural, han sido desalojados de tierras que pasaron de generación en generación. Está claro que la economía y el desarrollo han sido priorizados por encima de la salud pública y el bienestar. Cada vez más, las represas se han convertido también en agentes del despojo en la Amazonía. Sobre el poderoso río Xingú, la enorme represa hidroeléctrica Belo Monte desplazó a comunidades indígenas que cuidan y dependen de la cuenca del río. Grandes cantidades de selva tropical fueron destruidas, con impactos desastrosos en la vida silvestre. Varias especies de plantas y animales ahora están extintas y, literalmente, toneladas de peces murieron, probablemente por la contaminación. Altamira, la ciudad más próxima a la represa, ocupa ahora el tercer lugar en Brasil en términos de violencia y desigualdad. Belo Monte difícilmente está trayendo un desarrollo equitativo y justo a Brasil. No obstante, hay razones para la esperanza. Un par de cosas ocurridas la semana pasada me hace creer que podríamos ver algunos cambios positivos en el futuro cercano. La primera es que el gobierno negó el permiso ambiental para una megarepresa sobre el río Tapajós, la cual habría repetido la destrucción de Belo Monte, devastando las tierras y cultura del pueblo Muduruku. La segunda es más simbólica: la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Me emocionó particularmente el foco en dos cuestiones que Brasil tiene que abordar con prioridad en los años siguientes: la deforestación y el cambio climático. La atención a la crisis ambiental fue enérgica. Habría sido incluso más fuerte si los indígenas no habrían sido retratados como reliquias de los orígenes ancestrales de Brasil. En realidad, nuestros grupos indígenas juegan un papel crucial en los esfuerzos presentes y futuros para alcanzar la sostenibilidad. En cierta medida, esperanza es de lo que se tratan las Olimpiadas. Reúnen al mundo por un bien común y, en su mejor momento, ayudan al desarrollo de una sociedad pacífica preocupada por preservar la dignidad humana en todos los continentes. Aunque tengo profundos desacuerdos personales con la realización de los Juegos Olímpicos en Río, espero que Brasil tome con seriedad el compromiso serio demostrado en la ceremonia de apertura. Espero que Belo Monte sea el último caso de su tipo. Espero que los defensores del ambiente y los derechos humanos puedan trabajar seguros y sin miedo. Espero que las generaciones futuras crezcan en un país que realmente sea un “gigante por su propia naturaleza”. Solo entonces nuestro futuro será tan grande como las magníficas tierras a las que llamamos hogar. Considera por favor hacer hoy un donativo para AIDA y ayúdanos a construir un futuro grande para las personas en Brasil y en toda América Latina.
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Seminario virtual "Programa de Ayuda a la Preparación del Fondo Verde del Clima: Avances en Latinoamérica"
En este seminario virtual, representantes de gobierno, del Secretariado del Fondo Verde del Clima y de la sociedad civil compartieron su experiencia en torno al Programa de Ayuda a la Preparación del Fondo, compartiendo información sobre los avances logrados hasta la fecha en la región. El Fondo es el mecanismo financiero global más grande que existe al momento para ayudar a los países en desarrollo a enfrentar el cambio climático. De forma paralela, a través de su Programa de Ayuda a la Preparación o Readiness Support en inglés, el Fondo apoya al fortalecimiento de capacidades institucionales para que los países en desarrollo estén mejor preparados para acceder e implementar efectivamente los recursos financieros que la institución otorga. Varios países de América Latina ya han accedido a esa ayuda y están en plena fase de implementación. Grabación Presentaciones Breve resumen Consúltalo AQUÍ.
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Hay esperanza de justicia para los pueblos indígenas de América
(Texto publicado originalmente en Animal Político) El 15 de junio pasado fue un día histórico en el continente americano pues, tras 17 años de negociaciones, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), reunida en República Dominicana, aprobó la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Declaración es una gran razón para celebrar, pues implica avances en temas importantes como el compromiso de los Estados de respetar los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a la tierra, territorio y a un ambiente sano; y de respetar el desarrollo sostenible. Además, reconoce que la violencia contra las mujeres indígenas “impide y anula el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales”. También reitera el derecho de los indígenas a participar en asuntos que afecten sus derechos y a ser sujetos de procesos de consulta previa y de consentimiento libre, previo e informado, particularmente respecto de afectaciones a su territorio. Necesidad de una justicia efectiva Al mismo tiempo en que se aprobaba la Declaración, tuvo lugar una acción global que pidió justicia para Berta Cáceres —líder ambientalista, defensora de derechos humanos y del pueblo indígena Lenca en Honduras—, asesinada el 3 de marzo pasado. Más que una coincidencia, estos dos hechos simultáneos evidencian la necesidad diaria e imperiosa de justicia efectiva en la región, sobre todo respecto de violaciones de derechos humanos causadas por proyectos extractivos, energéticos, turísticos y de infraestructura; algo que se ha vuelto una constante en América Latina. Evidencian además la urgencia de que las declaraciones y obligaciones internacionales en materia de derechos humanos se concreten en la práctica. El asesinato de Berta estaba anunciado. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le había otorgado medidas cautelares que el Estado de Honduras incumplió. Dos días después de su muerte, la Comisión otorgó medidas cautelares al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), la organización que Berta dirigía. Pese a ello, Nelson García, uno de sus miembros, fue también asesinado días después. El pedido principal de acción global fue la creación de una Comisión de Expertos Independientes que apoyen la investigación sobre los asesinatos y ayuden a encontrar la verdad. Berta y Nelson no son casos excepcionales de ataques a quienes defienden derechos humanos, el ambiente y el territorio. Más de 100 personas dedicadas a ello han sido asesinadas en Honduras desde 2010. La situación no es exclusiva de Honduras. Brasil, Colombia, Nicaragua y Perú también forman parte de los cinco países más violentos para los defensores, lista que completa Filipinas. El 2015 ha sido catalogado como “el peor de la historia” para defensores de la tierra y el ambiente. Berta dedicó su vida a defender los ríos. Al momento de su asesinato trabajaba para salvar su territorio indígena de la construcción de la represa Agua Zarca en el río Gualquarque. Las comunidades allí han denunciado la existencia de más de 50 proyectos extractivos y energéticos que afectan sus tierras y cuya aprobación ignora normas nacionales e internacionales. Hacia un desarrollo real Berta y Agua Zarca son solo la punta del iceberg que muestra la realidad latinoamericana. Aunque los proyectos extractivos, energéticos, turísticos y de infraestructura son promovidos por gobiernos —con apoyo de entidades financieras internacionales, bancos nacionales e inversión extranjera— como esenciales para el desarrollo y el combate a la pobreza, la realidad evidencia lo contrario. Sistemáticamente, estos proyectos son implementados incumpliendo las leyes y sin planeación ni evaluaciones adecuadas de impactos en el ambiente y los derechos humanos. Tampoco se evalúan alternativas reales de desarrollo y de fuentes de energía que eviten impactos negativos. De hecho, muchos de estos proyectos no serían viables en países desarrollados, donde se implementan mejores tecnologías. Relatores Especiales de la ONU han llamado la atención sobre este asunto en toda América hace años. Así también lo reconoció la CIDH en un informe reciente acerca de industrias extractivas y su impacto en pueblos indígenas y tribales. Irónicamente, la Comisión atraviesa por una crisis financiera sin precedentes por la falta de aportes suficientes de los Estados. Justamente algunos de ellos han negado o retardado los fondos necesarios por altercados con la Comisión motivados por decisiones relacionadas con proyectos energéticos o extractivos. El ejemplo más evidente es Brasil, cuya reacción ante las medidas cautelares que ordenaron la suspensión de la represa Belo Monte en 2011, terminó en un proceso de revisión a la CIDH, el retiro de su embajador y el congelamiento de aportes. Ese país aún no ha regularizado sus contribuciones a la Comisión. Esperanza y oportunidad Por todo lo anterior, la aprobación de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es una noticia esperanzadora. Es esencial que los derechos y obligaciones que contiene se implementen inmediatamente. Empezando por el caso de Berta, los Estados deben demostrar que hablan en serio, que reconocen el problema regional, que alcanzan resultados serios de justicia y verdad, y que promueven un desarrollo real en favor de su gente. América Latina tiene la oportunidad histórica de ubicarse finalmente en el siglo XXI, respetando el Estado de Derecho, aplicando lo que predica en instrumentos internacionales e impulsando un desarrollo que cuide nuestros recursos naturales y los derechos de quienes más cercanamente dependen de ellos. De no hacerlo, la región continuará detrás de los mismos espejitos y espejismos que le deslumbraron en la Conquista.
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