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Fortaleciendo la Protección Mediante el Sistema de Derechos Humanos de la ONU
Lo vemos una y otra vez. Industrias arrojan contaminantes tóxicos al aire. Operaciones de fracking contaminan el agua con químicos venenosos. Grandes represas inundan poblaciones y desplazan personas. Minas dañan tierras de cultivo. Personas pierden su salud, su trabajo, su acceso al agua, e incluso su hogar. Todos estos hechos violan derechos humanos básicos protegidos por normas internacionales.
Hacer cumplir la legislación sobre derechos humanos brinda otra estrategia efectiva para poner en la mira problemas causados por degradación ambiental. El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrece varios mecanismos que AIDA usa para proteger derechos humanos —incluido el derecho a un ambiente sano— en América Latina.
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Proyecto Barro Blanco, registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio de la ONU, es suspendido por incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental
Ciudad de Panamá, Panamá y Ginebra, Suiza. En una decisión histórica, la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) de Panamá ordenó ayer la suspensión temporal de la construcción del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco debido al incumplimiento de su Evaluación de Impacto Ambiental. La represa fue registrada bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de la ONU pese a que amenaza con inundar el territorio de las comunidades Ngäbe Buglé. En momentos en que los delegados de los gobiernos están reunidos en Ginebra, Suiza, para elaborar el borrador del texto de negociación de un nuevo acuerdo climático global, la decisión tomada por la ANAM ilustra por qué la necesidad de que el acuerdo incorpore el respeto a los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas. En Ginebra, varios países ya han insistido en la necesidad de que las acciones climáticas respeten, protejan, promuevan y cumplan con los derechos humanos de todos y todas. "Panamá ha dado un primer y fundamental paso para proteger los derechos de las comunidades Ngäbe que no fueron consultadas adecuadamente sobre el proyecto Barro Blanco, registrado bajo el MDL. Pero aún se necesita mucho trabajo", señaló Alyssa Johl, abogada sénior del Centro para el Derecho Ambiental Internacional. "Panamá debe reconocer urgentemente sus obligaciones de proteger los derechos humanos en las acciones climáticas, como Barro Blanco; y debe hacerlo apoyando el llamado a incluir la protección de los derechos humanos en el régimen climático de la ONU". Los actuales mecanismos climáticos como el Mecanismo de Desarrollo Limpio no brindan incentivos para la implementación sostenible de acciones climáticas ni ofrecen recursos en caso de impactos adversos. "La Junta Directiva del MDL aprobó el proyecto cuando era claro que la represa inundaría los hogares de numerosas familias indígenas. Esta decisión es una señal de advertencia para introducir salvaguardas para proteger los derechos humanos, incluidas consultas adecuadas con los afectados y un mecanismo de queja", comentó Eva Filzmoser, directora de Carbon Market Watch. La decisión de la ANAM fue motivada por una investigación administrativa que determinó un incumplimiento de la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto. Ello incluye la falta de definición de acuerdos con las comunidades indígenas afectadas, deficiencias en los procesos de negociación, ausencia de un plan de manejo arqueológico para la protección de los petroglifos y otros hallazgos, incumplimientos reiterados en el manejo de la erosión y sedimentación, mal manejo de residuos sólidos y peligrosos, y extracción de madera sin autorización. El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá consideró apropiado que la ANAM haya tomado medidas efectivas e inmediatas para frenar esta obra ante hallazgos que reflejan una inadecuada gestión ambiental de la empresa, y que requieren una investigación y sanción ejemplares. "Durante 15 años de oposición al proyecto Barro Blanco, hemos denunciado violaciones a nuestros derechos humanos e irregularidades en los procedimientos ambientales. Estas denuncias nunca fueron escuchadas. Hoy vemos con satisfacción que las autoridades nacionales las han reconocido y han suspendido el proyecto como primer paso para el diálogo. Sin embargo, mantenemos la posición de la comunidad de solicitar la cancelación de este proyecto como única vía para proteger nuestros derechos humanos y territorio. Esperamos que esto sea un ejemplo para la comunidad internacional, para otros proyectos hidroeléctricos en Panamá y en todos los países", señaló Weni Bagama, integrante del Movimiento 10 de abril (M-10). "Cualquier diálogo entre las comunidades afectadas, el gobierno y la empresa tiene que ser transparente, de buena fe y respetuoso de los derechos de las comunidades, e incluir todas las garantías para que éstas participen en igualdad de condiciones y para que los acuerdos sean plenamente respetados", señaló María José Veramendi Villa, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "En ese diálogo, el Estado debe tomar en cuenta todas las violaciones de derechos humanos denunciadas por las comunidades desde la aprobación del proyecto". La suspensión de la represa hidroeléctrica Barro Blanco es celebrada por grupos ambientales en todo el mundo después de años de esfuerzo para apoyar a los pueblos indígenas de la comarca Ngäbe Buglé, la cual ha enfrentado opresión y violaciones de sus derechos. Ahora los ojos están puestos en la reacción de los bancos involucrados en el financiamiento del proyecto. Entre ellos están el Banco de Desarrollo Alemán (DEG) y el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), entidades ante las cuales el M-10 presentó una queja en representación de las comunidades indígenas. "Urgimos a los bancos a frenar el desembolso de los fondos restantes hasta que los problemas sean resueltos y las comunidades indígenas estén de acuerdo con el proyecto", dijo Kathrin Petz de Urgewald.
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Lideresa indígena condena violaciones de derechos por parte de Brasil ante las Naciones Unidas
Ponentes destacan violaciones derivadas de la construcción de represas en la Amazonía en el Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, Suiza. En un innovador evento realizado durante el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de la Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), Sônia Guajajara, denunció la alarmante indiferencia del Gobierno brasileño frente a los derechos de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que se apresura en promover una ola de construcción de grandes represas sin precedentes en la cuenca del Amazonas con efectos devastadores sobre sus territorios y medios de vida. En su testimonio, Guajajara afirmó que la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con relación a los planes de construcción de represas del gobierno federal, ha sentado un precedente problemático para el Estado de Derecho y el futuro de los pueblos indígenas de Brasil. En el evento paralelo denominado “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a proyectos de grandes represas en Brasil”, también participó el abogado brasileño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Alexandre Andrade Sampaio, quien criticó el uso del mecanismo legal conocido como “Suspensión de Seguridad” (Suspensão de Segurança), el cual permite a los administradores de justicia, por solicitud del gobierno, suspender indefinidamente decisiones en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los usos más escandalosos de este artificio legal que originalmente fue creado durante la dictadura militar, es la suspensión de decisiones judiciales que declaran la ilegalidad de grandes proyectos hidroeléctricos, como Belo Monte, donde el gobierno federal ha fallado en garantizar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, tal como lo estipula la Constitución brasileña. De acuerdo con Sampaio, la Suspensión de Seguridad también constituye un obstáculo para que Brasil cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales en materia de consulta y consentimiento libre, previo e informado, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Congreso brasileño en 2002, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. “La alianza entre intereses económicos y poder político representa una fuerte crisis para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el Brasil de hoy en día”, dijo Guajajara. “Sin embargo, incluso si el gobierno negara nuestros derechos, no puede negar su responsabilidad frente a este Convenio”. “La Suspensión de Seguridad viola derechos humanos. Las mismas personas que pueden desestimarla son aquellas que se benefician de su existencia”, señaló Sampaio. “Por eso es importante que la comunidad internacional centre su atención en este asunto e inste al Gobierno brasileño a adoptar medidas efectivas que conduzcan al respeto de los derechos humanos”. Declaraciones conjuntas fueron remitidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte de una coalición de organizaciones brasileñas e internacionales, incluyendo la ONG francesa France Libertés. Al discutir las crecientes amenazas a los derechos de los pueblos indígenas, esos documentos destacan que el Gobierno brasileño planea construir un complejo masivo de más de 29 grandes represas a lo largo del río amazónico Tapajós y de sus afluentes en los próximos diez años. Menos conocido que el controversial proyecto Belo Monte en el río vecino Xingú, el complejo Tapajós provocaría la inundación y consecuencias devastadoras para pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales tanto río arriba como abajo de las represas planeadas, incluyendo la eliminación de peces migratorios que constituyen la base de la dieta de las comunidades y de las economías locales. La prisa del gobierno federal para construir la serie de grandes represas en la región del Tapajós sin llevar a cabo consultas previas con los pueblos indígenas, ha ocasionado crecientes protestas por parte de tribus locales, tales como los Mundurukú, Kayabi and Apiaká. “Estamos presenciando la repetición de una oscura historia en los ríos del Amazonas donde la tragedia de Belo Monte amenaza con reproducirse en el Tapajós”, dijo Christian Poirier de Amazon Watch. “Mientras el Gobierno brasileño afirma respetar a sus pueblos indígenas, en realidad está trabajando por desmantelar sus derechos para poner sus tierras y ríos a disposición de la explotación sin restricciones”. Antes del evento paralelo, delegados se reunieron con la Embajadora de la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Regina Dunlop, con el fin de presentar sus preocupaciones. Mientras que la Embajadora afirmó que dicha información sería más relevante si se presentara a los representantes del gobierno en Brasilia, Guajajara y Sampaio respondieron que estas críticas son ignoradas frecuentemente por tomadores de decisiones gubernamentales hasta que los problemas son expuestos en foros internacionales como las Naciones Unidas. “La reputación de Brasil está en juego ante este escenario internacional”, señaló Sônia Guajajara. “Estamos aquí para dar visibilidad al inaceptable perjuicio y a la discriminación sufrida por los pueblos indígenas y para exigir que se detenga”. El evento paralelo en Ginebra fue organizado por France Liberté (Fundación Danielle Mitterand) con el apoyo de Amazon Watch e International Rivers.
Read moreOrganizaciones hacen un llamamiento a las Naciones Unidas a fin de detener el inminente desalojo forzoso de familias indígenas Ngöbe
Acción urgente busca detener el desalojo de una comunidad indígena en Panamá. Panamá, Washington D.C., San Francisco, Lima. Organizaciones ambientales y de derechos humanos presentaron una acción urgente ante Relatores Especiales de la Organización de las Naciones Unidas en representación de miembros de la comunidad indígena Ngöbe, quienes enfrentan el inminente desalojo forzoso de sus tierras a causa de la implementación del proyecto hidroeléctrico Barro Blanco al oeste de Panamá. Este desalojo desplazaría a las comunidades Ngöbe de su tierra, la cual constituye su principal fuente de alimento, agua y medios de subsistencia, así como de su cultura. La acción urgente, presentada por la organización Ngöbe Movimiento 10 de Abril para la Defensa del Río Tabasará (M10) y tres ONG internacionales -la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL), y Earthjustice-, solicita a los Relatores Especiales hacer un llamado al Estado de Panamá para que detenga los procesos de desalojo y la construcción de la represa hasta cumplir con sus obligaciones internacionales. Dado que el proyecto es financiado por los Bancos de Desarrollo alemán y holandés (DEG and FMO, respectivamente), así como por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), las organizaciones instaron a los Relatores Especiales a requerir a Alemania, Holanda y a los países miembros del BCIE, que suspendan el financiamiento hasta que cada país tome medidas para reparar y prevenir violaciones de derechos humanos adicionales en perjuicio del pueblo Ngöbe. Los desalojos forzosos de los Ngöbe son la más reciente amenaza derivada del proyecto Barro Blanco. Éstos implican la inminente violación de sus derechos humanos a la vivienda adecuada, a la propiedad, al consentimiento libre, previo e informado, a la alimentación, al agua y a los medios de subsistencia, así como a la cultura y a la educación. "Nuestras tierras y recursos naturales son los aspectos más importantes de nuestra cultura. Todos los días tememos ser desplazados de nuestro hogar", dijo Weni Bagama del M10. Esta acción resalta el hecho de que los miembros de la comunidad Ngöbe nunca fueron consultados ni otorgaron su consentimiento para abandonar sus tierras. "Panamá debe respetar los derechos del pueblo indígena Ngöbe y abstenerse de llevar a cabo el desalojo. Ejecutar estos desasolojos forzosos constituiría una violación del derecho internacional de los derechos humanos", señaló María José Veramendi Villa de AIDA. Asimismo, un punto central de la acción es el rol de los gobiernos cuyos bancos financian la represa. "De acuerdo al derecho internacional, los Estados deben asegurar que su bancos de desarrollo no financien proyectos que violen derechos humanos, incluso extraterritorialmente. Llevar a cabo los desalojos forzosos de los Ngöbe sin su consentimiento es una razón suficiente para suspender el financiamiento de este proyecto", manifestó Abby Rubinson de Earthjustice. El registro del proyecto Barro Blanco bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kyoto (MDL) es otro punto de preocupación. "La omisión de Panamá de proteger a los Ngöbe de ser desplazados forzosamente de sus tierras sin su consentimiento arroja serias dudas sobre la capacidad del MDL para asegurar el respeto de los derechos humanos de acuerdo al derecho internacional", dijo Alyssa Johl de CIEL. "Los proyectos del MDL deben ser diseñados e implementados de tal forma que respeten las obligaciones en materia de derechos humanos".
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