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Fortaleciendo la Protección Mediante el Sistema de Derechos Humanos de la ONU
Lo vemos una y otra vez. Industrias arrojan contaminantes tóxicos al aire. Operaciones de fracking contaminan el agua con químicos venenosos. Grandes represas inundan poblaciones y desplazan personas. Minas dañan tierras de cultivo. Personas pierden su salud, su trabajo, su acceso al agua, e incluso su hogar. Todos estos hechos violan derechos humanos básicos protegidos por normas internacionales.
Hacer cumplir la legislación sobre derechos humanos brinda otra estrategia efectiva para poner en la mira problemas causados por degradación ambiental. El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrece varios mecanismos que AIDA usa para proteger derechos humanos —incluido el derecho a un ambiente sano— en América Latina.
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Gobierno de México debe rendir cuentas ante organismo internacional por la autorización de infraestructura turística en el Golfo de California
La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) pide que, hasta el 8 de enero de 2014, autoridades mexicanas respondan a la denuncia sobre incumplimiento de la legislación ambiental en los permisos otorgados a cuatro mega resorts. Distrito Federal, México. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) pide una explicación del Gobierno mexicano por la autorización de proyectos turísticos en el Golfo de California. El organismo internacional, establecido bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, tomó esa determinación tras la petición ciudadana presentada por organizaciones de México y Estados Unidos[i], quienes denunciaron la violación sistemática de la legislación ambiental mexicana en los permisos otorgados a cuatro mega resorts que ponen en riesgo ecosistemas frágiles: humedales, manglares y arrecifes de coral. La petición[ii] fue presentada a la CCA en abril por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice a nombre de 11 organizaciones locales e internacionales. En ella se presentan cuatro proyectos como ejemplo de la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México al avalar infraestructura turística masiva en el Golfo de California pese a que viola las normas sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. El Secretariado de la CCA dispuso que el Gobierno de México debe dar, hasta el 8 de enero de 2014, una respuesta sobre los permisos otorgados, abordando específicamente los siguientes aspectos: el uso de la mejor información disponible, la evaluación de impactos acumulativos y fragmentación de ecosistemas, la falta de inclusión de medidas precautorias y preventivas, y la omisión en el ejercicio de facultades para suspender obras. La CCA requirió también información acerca de la aplicación de las resoluciones y recomendaciones de la Convención Ramsar: un tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional como los que alberga el Golfo de California. “Es un gran avance en el derecho nacional e internacional pues se reconoce a esas disposiciones como parte de la implementación de las obligaciones contenidas en tratados internacionales ratificados por México”, dijo Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. El Secretariado reconoció en particular las resoluciones adoptadas por las partes contratantes de la Convención Ramsar que establecen estándares de evaluación de impacto ambiental y protección de humedales. Reconoció además las recomendaciones de las Misiones de Ramsar que visitaron Marismas Nacionales y Cabo Pulmo, concluyendo que desarrollos turísticos de la magnitud planteada no eran apropiados por la vulnerabilidad de dichos ecosistemas[iii]. Por ello solicitó que México explique la omisión de realizar la evaluación de impacto ambiental de acuerdo con esas disposiciones. “La CCA solicitó la rendición de cuentas del Gobierno mexicano respecto al abuso de la discrecionalidad al considerar opiniones técnicas, tal es el caso de Playa Espíritu, proyecto que carecía de viabilidad ambiental según la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Protegidas)”, detalló Eduardo Nájera, director de COSTASALVAjE, una de las organizaciones peticionarias. “Es urgente que la nueva administración de la Semarnat no cometa los mismos errores que sus antecesores y realice una evaluación de impacto ambiental transparente y sin arbitrariedades, sobre todo cuando se trate de proyectos que puedan poner en peligro humedales de importancia prioritaria internacional como Marismas Nacionales, Cabo Pulmo y la Bahía de la Paz”, manifestó Carlos Eduardo Simental, director de la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), también peticionaria. Finalmente, Carolina Herrera, especialista para Latinoamérica del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés), señaló que espera que, una vez recibida la respuesta de México, “la CCA desarrolle una investigación detallada de los hechos para que presione a México a no relajar sus propias medidas de protección ambiental en favor de desarrollos costernos no sostenibles”. Consulte la determinación de la CCA. [ii] Para mayor información sobre el mecanismo de petición ciudadana consulte este enlace. [iii] Estas misiones son un mecanismo de asistencia técnica contenido en Ramsar cuyo principal objetivo es prestar asistencia a las Partes que tienen humedales que ameritan atención prioritaria debido al cambio de sus características ecológicas.
Read moreEl Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas recibe solicitud de investigar las violaciones a derechos humanos causadas por el proyecto hidroeléctrico Barro Blanco
Washington, D.C., Estados Unidos. Un total de 12 organizaciones de la sociedad civil pidieron al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, James Anaya, que realice una investigación formal sobre los impactos en los derechos humanos de la represa Barro Blanco, ubicada en el río Tabasará, Panamá. Las organizaciones panameñas e internacionales también solicitaron al Relator Anaya pedir al Gobierno de Panamá la suspensión inmediata de la construcción de la represa hasta tanto se hayan atendido completamente las amenazas a los derechos del pueblo indígena Ngäbe, afectado por el proyecto. La controversia sobre este proyecto recibió particular atención durante las negociaciones de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre cambio climático, realizadas la semana pasada en Bonn, Alemania, ya que el proyecto Barro Blanco se encuentra registrado bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), un esquema de compensación de emisiones de carbono establecido bajo el Protocolo de Kioto. “La represa Barro Blanco afectará directamente al pueblo Ngäbe; sin embargo, ni siquiera fuimos consultados antes de que el proyecto fuese aprobado”, dijo Weni Bagama, una de las líderes Ngäbe del Movimiento 10 de Abril, un movimiento local que defiende el río Tabasará de los proyectos de desarrollo. En septiembre de 2012, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) llevó a cabo una inspección en el área del proyecto y entrevistó a los miembros de las comunidades Ngäbe sobre los impactos del mismo. El informe de evaluación del PNUD confirmó que la represa provocará la inundación de casas y sitios religiosos, históricos y culturales en el territorio Ngäbe-Buglé. El informe también documentó los impactos del proyecto, incluyendo el hecho de que la represa convertirá el flujo del río Tabasará en un ecosistema de aguas estancadas, afectando la dieta y medios de subsistencia de los Ngäbe. “A pesar de las evidencias de que la represa tendrá graves impactos en el modo de vida y herencia cultural del pueblo Ngäbe, la construcción del proyecto continúa”, añadió Weni Bagama. “Pedimos al Relator Anaya que investigue la situación y haga todo lo que esté en sus manos para proteger los derechos de las comunidades indígenas afectadas”. “El foro público en donde se discutió el proyecto fue convocado como reuniones comunitarias sin informar claramente de su objetivo real, además no hubo representatividad de las comunidades indígenas afectadas”, dijo Tania Arosemena, Directora Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). Asimismo, señaló que “el proceso de consulta pública no cumplió con los estándares mínimos exigidos por las normas nacionales e internacionales correspondientes”. En el año 2011, CIAM presentó una demanda en representación de miembros del pueblo Ngäbe, solicitando la declaratoria de nulidad de la aprobación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto. El caso se encuentra aún en espera de sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia de Panamá. Varias de las organizaciones que se dirigieron al Relator Anaya también plantearon el caso durante las negociaciones de la ONU sobre cambio climático en Bonn la semana pasada. “El proyecto Barro Blanco ilustra la urgente necesidad de reforma del MDL”, dijo Alyssa Johl, abogada sénior del Center for International Environmental Law (CIEL). “Una vez que un proyecto ha sido registrado como MDL, las comunidades afectadas carecen de mecanismos para que sus preocupaciones sobre su impacto social y ambiental sean escuchadas. El régimen climático de la ONU debe establecer un proceso que permita a las comunidades reclamar los daños asociados a proyectos MDL, así como un proceso para la remoción del registro de proyectos que claramente violan las normas del MDL como es el caso del proyecto Barro Blanco”. “Dada la ausencia de un proceso de queja en el MDL y la falta de protección de los derechos del pueblo Ngäbe por parte del Gobierno panameño, las comunidades requieren el apoyo del Relator Anaya”, dijo Abby Rubinson, abogada asociada del Programa Internacional de Earthjustice. “Apreciamos los esfuerzos pasados del Sr. Anaya para involucrar al Gobierno de Panamá a fin de que éste brinde una respuesta a las preocupaciones de las comunidades Ngäbe, y le pedimos que continúe desempeñando su muy requerido rol para prevenir futuras violaciones”. Las organizaciones panameñas que firmaron la carta dirigida al Relator Anaya fueron CIAM, Movimiento 10 de Abril, la Asociación Ambientalista de Chiriquí. CIEL, Earthjustice, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Carbon Market Watch, Both ENDS, Collective Voices for Peace, Salva la Selva y Marin Interfaith Task Force on the Americas son las organizaciones internacionales que firmaron esta carta.
Read moreA pesar de críticas, el BNDES aprueba un préstamo sin precedentes para la controversial represa de Belo Monte en la Amazonía brasileña
Los cuestionamientos señalan que el financiamiento ignora las violaciones a derechos humanos y salvaguardas ambientales, afectando así la reputación del banco. Brasilia, Brasil. El lunes 26 de noviembre, el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) anunció la aprobación de un préstamo sin precedentes de 22,5 billones de reales (aproximadamente US$10.8 billones) para la construcción de la controversial represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingú, un gran afluente del Amazonas. Es el crédito más grande en los 60 años de historia del banco. El BNDES otorgará 13.5 billones de reales a través de financiamiento directo; mientras que la Caja Económica Federal (CEF), un banco público, transferirá siete billones de reales y el banco de inversión privada BTG, otros dos billones. En respuesta al anuncio del BNDES, nueve organizaciones de la sociedad civil brasileña presentaron ayer una petición al Ministerio Público Federal solicitando una investigación por la presunta violación de requisitos legalmente vinculantes relativos a los impactos sociales y ambientales del proyecto, sus riesgos y su viabilidad económica. La petición hace un llamado a que los Procuradores tomen medidas urgentes para evitar que el BNDES transfiera el préstamo al desarrollador de la represa (Norte Energía, S.A.) antes de que se investigue el caso. El controversial proyecto ha sido paralizado al menos en seis oportunidades por las comunidades indígenas y de pescadores afectadas, quienes han protestado ante la incapacidad de Norte Energía y las agencias gubernamentales de cumplir con los requerimientos ambientales y sociales. Recientemente, ocho mil trabajadores del proyecto cerraron el complejo, incendiaron los campos de construcción y la maquinaria y bloquearon carreteras en reclamo por la violación de la legislación laboral por parte de la empresa. “Mientras Norte Energía y el Gobierno brasileño, incluyendo el BNDES, continúen ignorando las demandas de los afectados, habrá resistencia y aumentará la conflictividad. Al aprobar este préstamo mientras existe un grado alto de conflictividad en la zona se demuestra la falta de compromiso del BNDES para garantizar derechos y salvaguardas ambientales. El banco debería reconsiderar la aprobación del préstamo para evitar más conflicto”, señaló Maíra Irigaray, Asesora de Financiamiento Internacional de Amazon Watch. Jueces federales suspendieron las obras de Belo Monte en dos ocasiones durante 2012 con base en la ausencia de consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, tal como lo estipula la Constitución de Brasil y los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos. La Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han determinado que el proyecto pone en riesgo los derechos de las comunidades indígenas afectadas. Asimismo, análisis expertos e independientes han evidenciado que la represa es económica, social y ambientalmente inviable. Norte Energía y el Gobierno Federal responden por 15 acciones civiles en la justicia brasileña promovidas por el Ministerio Público, la defensoría pública e instituciones de la sociedad civil, así como por acciones a nivel internacional que cuestionan las numerosas ilegalidades e irregularidades cometidas desde el inicio de las obras. A pesar de los grandes riesgos legales, financieros y de reputación que rodean Belo Monte, el BNDES ha decidido financiar el proyecto, aparentemente bajo la intensa presión del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. Con la aprobación de este crédito, el BNDES se convierte en el mayor financiador de un proyecto que adolece de graves violaciones a los derechos humanos y la legislación ambiental, incluida la integridad cultural de los pueblos indígenas y las comunidades ribereñas. Entre sus impactos ambientales, Belo Monte causaría importantes emisiones de gases de efecto invernadero, incluyendo de metano, un gas 25 veces más fuerte que el dióxido de carbono. “Las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa Belo Monte han sido denunciadas ante instancias internacionales, por lo cual el Estado de Brasil y por ende ahora también BNDES, podrían ser responsables”, afirmó Astrid Puentes, co-directora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), una organización que brinda apoyo legal a las comunidades afectadas. En 2011, la CIDH, parte de la Organización de Estados Americanos (OEA), otorgó medidas cautelares para proteger la vida y la integridad personal y cultural de las comunidades indígenas contactadas y no contactadas de la cuenca del río Xingú, afectadas con la construcción de la represa. Las medidas están vigentes pese a que el Estado ignoró las solicitudes de la Comisión. “El BNDES no aplicó ninguna salvaguarda social y ambiental seria para la aprobación de un préstamo que utiliza el dinero de los impuestos de los brasileños”, sostuvo Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre. “El banco dice que parte de los recursos deberá ser utilizado en la mitigación de los problemas. Eso es discurso, nadie garantiza que ese dinero va a minimizar el sufrimiento de los afectados ya que hasta ahora prácticamente todas las promesas que Norte Energía le hizo a los indígenas, ribereños y pescadores no han sido cumplidas. El BNDES ya transfirió más de tres billones de reales para Belo Monte sin ningún análisis de riesgo y hay que ver la situación desastrosa de la población de la región, la deforestación y la falta de infraestructura en Altamira”. El préstamo sin precedentes para Belo Monte, la que sería la tercera represa más grande del mundo, es el más cuantioso en los 60 años de historia del banco. Los críticos del proyecto argumentan que éste es económicamente inviable debido a factores como los crecientes costos de construcción, que pasaron de 4.5 billones de reales en 2005 a un estimado actual de 28.9 billones. Se prevé que el proyecto utilice sólo el 39% de su capacidad instalada: 11,233 MW. De acuerdo con Brent Millikan, Director del Programa de Amazonía en International Rivers, “si los costos sociales y ambientales, junto con los riesgos financieros, legales y de reputación de Belo Monte hubiesen sido seriamente tomados en consideración, el BNDES nunca se hubiese acercado al proyecto”.
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