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Fortaleciendo la Protección Mediante el Sistema de Derechos Humanos de la ONU
Lo vemos una y otra vez. Industrias arrojan contaminantes tóxicos al aire. Operaciones de fracking contaminan el agua con químicos venenosos. Grandes represas inundan poblaciones y desplazan personas. Minas dañan tierras de cultivo. Personas pierden su salud, su trabajo, su acceso al agua, e incluso su hogar. Todos estos hechos violan derechos humanos básicos protegidos por normas internacionales.
Hacer cumplir la legislación sobre derechos humanos brinda otra estrategia efectiva para poner en la mira problemas causados por degradación ambiental. El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrece varios mecanismos que AIDA usa para proteger derechos humanos —incluido el derecho a un ambiente sano— en América Latina.
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Queja interpuesta contra el Grupo del Banco Mundial por el financiamiento de mina de oro de Eco Oro Minerals en frágiles humedales colombianos
Comunidad que habita aguas abajo del proyecto presentó queja ante el Ombudsman de la CFI. Bucaramanga, Colombia. Hoy, grupos locales de Bucaramanga, Colombia presentaron una denuncia contra la inversión del Grupo del Banco Mundial en el proyecto de mina “Angostura”, de la empresa minera Eco Oro Mineral, ante la Oficina del Ombudsman y Asesor en materia de Observancia (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de quejas independiente de la Corporación Financiera Internacional (CFI). La denuncia cita, entre las diez principales preocupaciones de la población, el fracaso de la CFI para evaluar los impactos, potencialmente graves e irreversibles, tanto sociales como ambientales del proyecto. Éste es una mina de oro de gran escala ubicada en un frágil humedal de alta montaña, llamado páramo de Santurbán, que proporciona agua a más de 2,2 millones de colombianos. El Comité por la Defensa del Agua y del Páramo Santurbán, una alianza de casi 40 grupos que viven aguas abajo del proyecto en Bucaramanga, afirma que la CFI (brazo financiero del Banco Mundial para el sector privado) ignoró sus políticas al invertir USD 11,79 millones en el proyecto de Greystar Resources - ahora Eco Oro Mineral - en 2009. La CFI apoyó el proyecto minero antes de que la empresa cumpliera con las evaluaciones de impacto ambiental y social, exigidas por la legislación colombiana. “Podría haber una veintena de municipios afectados por este proyecto. Creemos que es indignante que una iniciativa tan perjudicial como la minería cuente con el respaldo del Grupo del Banco Mundial, cuya misión es promover el desarrollo real y sostenible”, dijo el abogado Miguel Ramos, miembro del Comité, que incluye un variado grupo de representantes de derechos humanos, medio ambiente, estudiantes y organizaciones empresariales. Luego de fuertes protestas de más de 40.000 personas y polémicas audiencias, el Ministerio de Medio Ambiente colombiano rechazó la solicitud inicial de una licencia ambiental presentada por la compañía con sede en Vancouver. El Ministerio basó su decisión en el derecho ambiental y constitucional del país, que prohíbe la actividad minera en los humedales de páramo. Los páramos son ecosistemas frágiles que suministran aproximadamente el 75% del agua dulce de Colombia, incluyendo el agua potable de millones de personas, y desempeñan un papel clave en la mitigación y adaptación al cambio climático. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) y Alerta Minera Canadá, apoyan la petición del Comité en relación a que la CAO realice la auditoria del proyecto y recomienda una retirada total de los fondos de la CFI. “La CFI se promociona como un líder internacional en estándares ambientales y sociales”, comentó Natalia Jiménez Galindo, abogada de AIDA. “Sin embargo el proyecto Angostura de Eco Oro indica lo contrario e incentiva a que futuros inversionistas no cumplan con las obligaciones en materia de medio ambiente, ya a que en este caso, la CFI ni siquiera garantiza una protección mínima para el medio ambiente, exigiendo una evaluación de impacto ambiental y social”. De hecho, el Proyecto de Eco Oro ya ha estimulado las inversiones de por lo menos otras cinco empresas en áreas próximas al mismo, representando más del doble de la superficie de las concesiones mineras en el páramo de Santurbán. “La CFI invirtió en la mina de Eco Oro, declarando explícitamente que sería un éxito impulsar otras inversiones en el sector minero de Colombia. Sin embargo, la CFI no toma en cuenta las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, particularmente en un área que ha sido zona de conflicto. Por ello deberían reevaluar su inversión y retirarla,” Expresó, Jen Moore, Coordinadora del Programa América Latina de Alerta Minera Canadá. La queja alega que la CFI ha pasado por alto los potenciales problemas de seguridad relacionados con el proyecto Angostura de Eco Oro. Se proporciona evidencia que de actos de violencia asociados por grupos de guerrilleros y paramilitares despues del establecimiento de instalaciones militares en la zona en 2003, lo cual contradice afirmaciones de la empresa minera. Eco Oro posee derechos mineros de aproximadamente 30.000 hectáreas de tierra en el páramo de Santurbán, cerca de la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. En respuesta al rechazo de su propuesta de proyecto minero a cielo abierto del año 2009, la compañía habría dicho en 2011 que perseguiría una operación minera completamente bajo tierra. Pero las personas de Bucaramanga continúan absolutamente en desacuerdo con el proyecto. Se considera que la región alberga importantes depósitos de oro, carbón y otros minerales.
Read moreLa controversia por la represa Belo Monte hará parte de la revisión de las Naciones Unidas sobre el desempeño de Brasil en derechos humanos
La represa está bajo revisión por violaciones ambientales y en derechos humanos. Ginebra, Suiza. Este 25 de mayo, las Naciones Unidas examinará el desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos durante la Evaluación Periódica Universal (EPU) en Ginebra, Suiza. Los múltiples reclamos de violaciones de derechos humanos por causa de la construcción de la represa hidroeléctrica Belo Monte en el río Xingu, en el Amazonas, serán parte esencial en la Evaluación. Grupos brasileños e internacionales enviaron extensa documentación a las Naciones Unidas señalando las violaciones de derechos humanos sufridas por las comunidades indígenas y rurales ocasionadas por la represa, que será la segunda más grande de Brasil y la tercera más grande del mundo. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos presentará la información de estos y otros informes como parte de la Evaluación del desempeño del gobierno brasileño en derechos humanos. Un punto clave en la controversia sobre la represa será la falta de cumplimiento de la Resolución de abril de 2011 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo internacional de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos. La Comisión solicitó al gobierno brasileño suspender el proyecto y tomar medidas para proteger a las comunidades indígenas, incluyendo las comunidades no-contactadas en aislamiento voluntario. Hasta ahora, el gobierno brasileño se ha negado a implementar la resolución de la CIDH o incluso a dialogar con las comunidades afectadas. Dos informes de la sociedad civil enviados por una coalición de grupos brasileños e internacionales en noviembre pasado resaltaron estos y otros problemas con el polémico proyecto hidroeléctrico. El informe concluye que el gobierno no consultó con las comunidades afectadas y no obtuvo su consentimiento libre, previo e informado, como lo exige el derecho internacional de los derechos humanos. También documenta violaciones a los derechos a la vida y a la salud de los pueblos indígenas y el posible desplazamiento forzado de cerca de 40.000 personas. Los dos informes hacen parte de un creciente número de denuncias de violaciones de derechos humanos relacionadas con los planes del gobierno brasileño para promover la construcción de grandes represas en la región amazónica. Denuncias que han sido atendidas por organismos nacionales e internacionales de derechos humanos. "Esperamos que como resultado del EPU, el gobierno brasileño revise en profundidad el daño que sus políticas energéticas e hidroeléctricas están causando a los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales", señaló Astrid Puentes Riaño, co-directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), organización que participó en los informes. "Brasil tiene una gran oportunidad para cambiar su modelo de desarrollo hacia uno que sea realmente sostenible y respetuoso de los derechos humanos." Andressa Caldas, directora de la organización brasileña de derechos humanos Justicia Global, dijo que Belo Monte se ha convertido en sinónimo de violaciones a los derechos de los pueblos indígenas y de la irresponsabilidad ambiental. "El gobierno brasileño tendrá que responder ante estas acusaciones", dijo Caldas. "Este gobierno ya está aumentado su delegación para el EPU con expertos enfocados en la defensa de la represa Belo Monte. Pero no hay manera de justificar un proyecto tan absurdo. " ¿Qué es el EPU? La Evaluación Periódica Universal es un procedimiento en el cual todas las naciones de la ONU son evaluadas cada cuatro años por el Consejo de Derechos Humanos, compuesto por representantes de diferentes países. Durante el proceso, cada país tiene la oportunidad de demostrar las medidas que ha adoptado para mejorar la situación de derechos humanos y su cumplimiento de obligaciones bajo el derecho internacional.
Read moreMinisterio de minas colombiano anuncia la protección de los páramos frente a minería
Bogotá, Colombia. Colombia ha señalado que no se permitiría la construcción de una de las minas a cielo abierto de oro y otros metales más grande del hemisferio. En un paso sorprendentemente audaz, el 17 de marzo pasado el Ministro de Minas colombiano Carlos Rodado, aceptó que "De conformidad con la ley colombiana, no es posible desarrollar proyecto alguno de explotación minera en las zonas de páramo.” Si se aplica lo dicho, esto impediría la construcción del proyecto de gran minería de Angostura en el departamento de Santander, en el páramo de Santurbán. “Este es un paso importante en el cumplimiento de las obligaciones constitucionales y de los tratados internacionales por parte de Colombia para proteger los páramos,” dijo Natalia Jiménez Galindo, asesora legal de AIDA en Bogotá. “El Estado debe rechazar todo el proyecto de Angostura, tanto la solicitud de explotación minera como la de infraestructura adicional”, concluyó Jiménez. Si se aprueba la mina Angostura se pondría en peligro el páramo de Santurbán, un humedal de gran altitud altamente frágil y que da agua a más de un millón de habitantes. En colaboración con varios socios, AIDA ha protegido este ecosistema contra la minería, prestando asesoramiento jurídico a organizaciones y enviando a las autoridades un análisis de las obligaciones internacionales aplicables. "Aplaudimos al Ministerio de Minas por este reconocimiento de la prohibición de la minería en los páramos y esperamos verlo reflejado en una decisión oficial" dijo Astrid Puentes Co-directora de AIDA. “Esto enviaría el mensaje adecuado por parte del gobierno colombiano que en realidad tiene la voluntad de proteger los páramos y de hacer una diferencia contra el cambio climático”. AIDA insta al Estado colombiano a rechazar formalmente la totalidad del proyecto de gran minería Angostura propuesto por Greystar Resources Corporation de Canadá. Esta sería la única decisión coherente con el pronunciamiento del Ministerio de Minas con las normas y con el concepto del Instituto Alexander von Humboldt.
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