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Fortaleciendo la Protección Mediante el Sistema de Derechos Humanos de la ONU
Lo vemos una y otra vez. Industrias arrojan contaminantes tóxicos al aire. Operaciones de fracking contaminan el agua con químicos venenosos. Grandes represas inundan poblaciones y desplazan personas. Minas dañan tierras de cultivo. Personas pierden su salud, su trabajo, su acceso al agua, e incluso su hogar. Todos estos hechos violan derechos humanos básicos protegidos por normas internacionales.
Hacer cumplir la legislación sobre derechos humanos brinda otra estrategia efectiva para poner en la mira problemas causados por degradación ambiental. El Sistema de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ofrece varios mecanismos que AIDA usa para proteger derechos humanos —incluido el derecho a un ambiente sano— en América Latina.
Proyectos relacionados
Tabla de casos sobre derechos humanos y ambiente ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos
A fin de ayudar a organizaciones e individuos a obtener información sobre la protección del ambiente en el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, AIDA ha creado un cuadro de casos sobre la temática ante el Sistema. El cuadro presenta la información de manera esquemática y organiza los casos según su estado procesal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y/o ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; identificando las fechas de las decisiones de Admisibilidad, Fondo, Solución Amistosa y/o Sentencia emitida por la Corte Interamericana, otorgamiento de medidas cautelares y/o provisionales, según corresponda. Finalmente, el cuadro presenta un resumen de la decisión más reciente en el cual destaca el estándar fijado por la Comisión o la Corte según el caso. Esperamos que el cuadro sea de utilidad para los usuarios del Sistema y todas aquellas personas y organizaciones que busquen conocer más acerca de la protección internacional del ambiente.
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México actúa para proteger sus humedales del desarrollo no sostenible
AIDA y los miembros del Comité Nacional de Humedales han obtenido una gran victoria tras años de trabajo para proteger legalmente a los humedales —zonas terrestres inundables de manera permanente o intermitente como esteros (desembocaduras de ríos en el mar), arrecifes, manglares, entre otras— de México. El 4 de febrero de 2014, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) presentó la nueva Política Nacional de Humedales, un marco legal que nosotros habíamos estado pidiendo desde 2009. “No es la panacea, pero es un buen comienzo”, dice Sandra Moguel, abogada de AIDA que participó en el Comité Nacional de Humedales, un grupo liderado por la CONANP que ayudó a desarrollar la política. México es rico en humedales. El país ocupa el segundo lugar, después del Reino Unido, en el número de zonas de humedales protegidas bajo la Convención Ramsar, un tratado internacional para la conservación y el uso sostenible de esos ecosistemas. Los arrecifes de coral, con siglos de antigüedad, sirven como áreas de reproducción para peces que alimentan a la población y deleitan a los buzos. Los bosques de manglar albergan especies en peligro de extinción y brindan servicios ambientales cada vez más importantes: absorben las emisiones de carbono, y protegen a las costas de tormentas, mismas que son más severas debido al cambio climático. Pero muchos arrecifes, manglares, esteros y ríos han sido víctimas de desarrollos pobremente planeados. En el Golfo de California, por ejemplo, planes de mega resorts nos han mantenido ocupados defendiendo el arrecife de coral Cabo Pulmo y, ahora, una propuesta de expansión portuaria está amenazando los arrecifes de Veracruz. Para defender estos y otros humedales, hemos tenido que recurrir a una maraña de leyes y políticas. Pero ya no más. Ahora contamos con un instrumento específico y además acorde a las leyes y políticas referidas a la protección de humedales. La nueva política establece acciones, metas y prioridades para el manejo y protección de los humedales. Es un gran avance. Si bien una política nacional de humedales es un requisito para Ramsar, la de México se distingue de muchas otras en el mundo por establecer no sólo principios y lineamientos, sino también un plan de acción para llevarlos a cabo. Por ejemplo, el gobierno pronto establecerá y mantendrá niveles mínimos de agua para preservar los manglares. Otras acciones garantizarán el uso razonable de los humedales. La pesca, el turismo y otras actividades que dependen de los manglares deben realizarse de manera sostenible. Si se producen daños, el Estado debe garantizar la restauración de estos ecosistemas. Un elemento clave que AIDA impulsó es el principio de progresividad ambiental. La nueva política impide al gobierno continuar modificando y reduciendo áreas naturales protegidas para dar paso a grandes proyectos de infraestructura, o beneficiar intereses privados. Ahora las autoridades deben preservar y promover la progresividad ambiental respetando los estatus de áreas protegidas y mejorando las salvaguardas. Estamos emocionados. Este principio podría ayudar a AIDA en su batalla legal para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital. La hidroeléctrica reduciría el flujo de agua y los sedimentos que alimentan y sostienen a los manglares de Marismas Nacionales, una zona protegida de humedales en el Golfo de California. La construcción de la hidroeléctrica revertiría claramente el progreso ambiental. La nueva política tiene puntos débiles. Por ejemplo, no establece fechas para revisar el progreso del plan de acción, y las acciones podrían complementarse para que sean más efectivas, pero, comparativamente, está a la vanguardia de las políticas de humedales en América Latina. “México está poniendo el ejemplo”, dice Moguel. “Esperemos que esto aliente a otros países a hacer lo mismo”. Tus contribuciones nos han ayudado a presionar para el desarrollo de esta nueva política, y a realizar aportes a la misma. Y con tu apoyo constante seremos capaces de ayudar a México en sus esfuerzos por proteger sus vitales humedales.
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Sobre los glaciares y su incipiente protección legal
Sobre los glaciares y su incipiente protección legal Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA Además de gigantes y majestuosos, los glaciares son cruciales para la supervivencia de nuestra especie, al ser la reserva de agua dulce más importante del planeta. Sólo 3% del agua en el mundo es dulce y de ese porcentaje, más del 70% está congelada en glaciares[1]. También son nuestro seguro frente a sequías. Cuanto menos lluvia y nieve caiga en invierno, los glaciares entregarán más agua a los ríos, manteniendo los caudales en verano y épocas secas. Su derretimiento implica no sólo problemas por falta de agua, sino también un aumento en los niveles del mar. De hecho, si todo el hielo glaciar se derritiese, los mares subirían 70 metros en promedio, ocasionando catástrofes inimaginables para la humanidad[2]. Parece increíble entonces que, aún siendo los guardianes del líquido más preciado para los seres humanos, la protección de los glaciares sea casi inexistente en el mundo. Pero ¿qué son exactamente? Los glaciares son enormes cuerpos de hielo formados lentamente por la caída de nieve que se comprime en grandes masas congeladas. Para que se forme un glaciar, es necesario que pasen cientos de años y que las temperaturas se mantengan durante un tiempo suficiente para que la nieve se acumule y se transforme en hielo. Inventariar los glaciares del mundo es una tarea considerada inconclusa. Pero según aproximaciones, los glaciares ocupan hoy unos 33 millones de km2 (10%) de la superficie terrestre. Aunque hay glaciares en todos los continentes, excepto Australia, el 90% está distribuido entre la Antártida y Groenlandia. En Sudamérica, los glaciares cubren 25.500 km2. De esa superficie, 75% está en Chile y 15% en Argentina[3]. Gigantes amenazados Las amenazas más peligrosas que los glaciares enfrentan actualmente son el cambio climático y las actividades industriales que el ser humano realiza cerca de ellos, en especial la minería. El cambio climático ha generado la disminución de nieve y de precipitaciones, así como el aumento de la temperatura, algo que reduce la acumulación de hielo e incrementa el derretimiento de los glaciares. La minería —en sus fases de exploración y explotación— afecta a los glaciares con la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, el levantamiento de polvo que se deposita sobre ellos y acelera su derretimiento, y con el empleo de materiales tóxicos o de descarte que provocan su remoción. Según datos de la organización Chile Sustentable, que dedica grandes esfuerzos a protegerlos, desde principios del siglo XX y con pocas excepciones, los glaciares de todo el mundo han estado retrocediendo a un ritmo sin precedentes. Algunos han desaparecido durante este siglo y muchos lo harán en cuestión de décadas. Vea impactantes imágenes del derretimiento de glaciares, extractos del documental Chasing Ice, un proyecto que comprimió años de filmación en segundos, capturando el derretimiento de enormes montañas de hielo. ¿Quién los protege? No existe a la fecha un tratado internacional referido específicamente a la preservación de los glaciares, ni un proyecto que lo esté considerando. Aquellos que podría decirse que los protegen tangencialmente son el Tratado Antártico y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto. Dentro del llamado “Sistema del Tratado Antártico”, especial mención merece el “Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico” que, acordado en 1991, busca la protección integral del medio ambiente antártico y sus ecosistemas, regulando las actividades que se lleven a cabo en la zona para evitar impactos en el clima y en el entorno glacial. Aunque la CMNUCC (1992) y su Protocolo de Kioto (1997) no mencionan directamente a los glaciares, hielos marinos, plataformas, ni capas de hielo, intentan controlar un calentamiento global que claramente los afecta. A nivel regional, una iniciativa interesante fue la Ley Marco de Protección a los Glaciares, aprobada unánimemente en 2011 por el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), organismo regional integrado por los Parlamentos nacionales de América Latina. En el artículo primero se señala que “los Estados latinoamericanos deben proteger y conservar las áreas y ecosistemas de glaciares, nevados y de los denominados hielos eternos para garantizar la regulación hídrica y las reservas de agua dulce”. Aunque la iniciativa no es vinculante, otorga sugerencias a los estados miembros para que sus principios sean armonizados con las respectivas legislaciones nacionales. Argentina, ¡a la vanguardia! El 30 de septiembre de 2010, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en promulgar una ley para proteger sus glaciares. Se trata del “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, una norma constitucional con jerarquía superior al resto de la legislación nacional y provincial. Entre sus principales puntos, la ley dispone la elaboración de un inventario nacional de glaciares, y establece una serie de actividades prohibidas que afectan a los glaciares (entre ellas la minería), así como la obligación de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales para evitar el daño a glaciares. El logro no fue fácil. En 2008, una primera versión de la ley fue aprobada por unanimidad y sin mayores debates en el Congreso argentino. Pero su vigencia duró poco tiempo, ya que la empresa canadiense Barrick Gold, al enterarse que su proyecto Pascua-Lama (emplazado cerca de tres glaciares) tendría irreconciliables problemas con la norma, consiguió un veto de la presidenta argentina Cristina Fernández argumentando la afectación al desarrollo económico por minería de ciertas provincias. El veto derivó en la renuncia de Romina Picolotti, Secretaria de Ambiente de la Nación, quien había apoyado la ley; y detonó además un movimiento social nacional para defender los glaciares argentinos. Dos años de amplio debate en el Congreso dieron paso a la promulgación de una nueva y mejorada ley de protección a los glaciares en septiembre de 2010. Chile promete ser el siguiente Chile posee la mayor superficie de glaciares de Sudamérica con un área aproximada de 21,000 km2, distribuidos en miles de glaciares que van desde las cumbres del Altiplano hasta el extremo austral del continente. El país carece de un marco jurídico vinculante que los proteja, pero no está del todo dormido: existe un proyecto de ley que se cocina hace años y que podría concretarse pronto. El primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares fue en 2006. Estuvo impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama, que amenaza a los glaciares montañosos del norte del país. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007. El proyecto fue reactivado en 2013 y el Senado se encuentra hoy en proceso de perfeccionar el texto para avanzar en su promulgación. En cumplimiento de esa tarea, los senadores de la Comisión de Medio Ambiente han escuchado a las partes interesadas, incluidas organizaciones ambientalistas, mineras y representantes del sector público. En enero de este año, la Comisión recibió al glaciólogo Alexander Brenning, académico de la Universidad de Waterloo, Canadá. El experto les presentó su ponencia La criósfera de Chile central bajo la influencia del cambio climático y de las actividades mineras, la cual aborda la forma en la que los glaciares de Chile y el mundo están siendo afectados por el cambio climático y por la actividad minera. Pascua-Lama, el proyecto que puso el tema sobre la mesa El polémico proyecto bi-nacional Pascua-Lama, ubicado entre Chile y Argentina, sirvió como detonador de los avances legislativos que ambos países han realizado en materia de glaciares. El proyecto está actualmente paralizado y la firma a cargo del mismo, la canadiense Barrick Gold, enfrenta costos ambientales gigantescos: ni la inmensa riqueza de la que quería echar mano fue suficiente para sobrellevar el daño ambiental inherente. En Chile, la autoridad ambiental y la justicia ordenaron la suspensión del proyecto debido a los impactos en los glaciares. El fallo se mantendrá hasta que no se hagan las reparaciones y obras necesarias para proteger las aguas y glaciares. En Argentina, Pascua-Lama no fue suspendido. Las autoridades de ese país han ignorado los riesgos e impactos en glaciares y se resisten a implementar la ley. Sin embargo, lo ocurrido en Chile implica que el proyecto no puede avanzar tampoco en Argentina, por lo que la empresa decidió suspenderlo indefinidamente. Lea sobre los traspiés ambientales del proyecto en Chile en un post anterior de este blog y consulte Los Glaciares de Barrick Gold, un informe completo y detallado del caso (hasta mayo de 2013) elaborado por la ONG argentina CEDHA. En las conclusiones del informe de CEDHA, surge la siguiente interrogante: ¿por qué Barrick Gold no tomó las medidas necesarias para evitar el impacto en los glaciares? Es posible, por un lado, que las multas que enfrenta la empresa sean inferiores al valor del oro que yace debajo de los glaciares, y que no esperaba una clausura total de su proyecto. La otra explicación es que simplemente no se pueda evitar la contaminación en los glaciares, que ésta sea inseparable de la forma de explotación del mineral. La organización concluye que, al final de cuentas, la minería a gran escala es incompatible con la presencia de glaciares. El futuro de estos gigantes y sensibles guardianes del agua del mundo aún está por verse. Lo que está claro es que la tarea de reconocerlos, valorarlos y protegerlos tiene años de retraso. El que las primeras iniciativas legales en su defensa vengan de nuestra parte del planeta es razón para enorgullecernos, pero también nos obliga a implementar efectivamente esos escudos y a seguir trabajando para extender la preservación de los glaciares a todo el planeta. [1] Según datos del Global Water Partnership: http://www.gwp.org/ [2] Según datos del US Geological Survey: http://www.usgs.gov/ [3] http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/inventario
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