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Foto: Andrés ÁngelFrenando la expansión del fracking en América Latina
Fracking es la abreviatura de fracturación hidráulica, un proceso usado para extraer petróleo y gas natural de reservorios históricamente inaccesibles.
El fracking ya se ha extendido en el Norte global, pero en América Latina recién comienza. Los gobiernos le están abriendo sus puertas sin entender sus impactos y riesgos, y sin consultar a las comunidades afectadas. Muchas comunidades se están organizando para prevenir o detener los impactos del fracking, los cuales afectan sus derechos humanos fundamentales. Pero en muchos casos necesitan apoyo técnico y legal.
¿Qué es exactamente el fracking y cuáles son sus impactos?
Un pozo recto es perforado en la tierra a gran profundidad. Luego la perforación da una curva y gira horizontalmente, creando un pozo en forma de L. El fluido del fracking —una mezcla de agua, químicos y arena— es bombeando dentro del pozo a muy alta presión, fracturando las capas de la roca de esquisto por encima y debajo del pozo. El gas o petróleo atrapado en la roca sube a la superficie junto con el fluido.
La sopa química —ahora contaminada también con metales pesados e incluso elementos radioactivos subterráneos— es vertida frecuentemente en estanques sin revestimiento. Puede filtrarse en acuíferos y desbordarse hacia arroyos, envenenando fuentes de agua para personas, agricultura y ganadería. El gas también puede filtrarse de la roca fracturada hacia acuíferos. Como resultado, el agua que fluye de grifos domésticos puede arder en llamas. Otros daños documentados incluyen agotamiento de suministros de agua potable (por todo el fluido), contaminación del aire por la perforación y las plataformas de bombeo, grandes emisiones de metano que agravan el calentamiento global, terremotos y daños a la salud que incluyen cáncer y defectos congénitos.
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Organizaciones repudian reclamación internacional de Eco Oro contra el Estado colombiano por la protección de los páramos
La empresa canadiense pretende desarrollar la mina Angostura en el páramo de Santurbán y anuncia un posible arbitraje internacional por las medidas adoptadas en el país para proteger sus páramos, valiosas fuentes de agua y esenciales para mitigar el cambio climático. Washington/Ottawa/Bogotá/Bucaramanga/Ámsterdam. Organizaciones de la sociedad civil repudian el anuncio de la empresa canadiense Eco Oro Minerals Corp. de iniciar una disputa de arbitraje internacional en contra del Estado colombiano. Eco Oro ha declarado su intención de demandar a Colombia a través del capítulo de inversión del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Colombia por las medidas que el Estado andino ha asumido para proteger Santurbán y el resto de los páramos del país de actividades nocivas como la minería a gran escala. Eco Oro Minerals pretende desarrollar el proyecto minero de oro Angostura en Santurbán con inversión de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial. La empresa argumenta haber sido afectada por la delimitación de ese ecosistema y el reciente fallo de la Corte Constitucional de Colombia, que reafirma la prohibición de desarrollar minería en todos los páramos del país. Asimismo, indicó en un boletín de prensa tener la opción de remitir la disputa “a un arbitraje internacional” y de buscar “compensación monetaria por los daños”. “Desde el comienzo de Angostura era claro que la Constitución y normas aplicables protegen los páramos, que el proyecto podría afectar Santurbán y que por ende podría no ser autorizado. Los Estados no deben ser sancionados por proteger sus fuentes de agua, cumpliendo las obligaciones nacionales e internacionales”, dijo Carlos Lozano Acosta, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Los páramos son fuente del 70% del agua dulce que se consume en Colombia y esenciales para mitigación del cambio climático. El Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán presentó una queja sobre el proyecto ante la oficina del Asesor en Cumplimiento de la Corporación Financiera Internacional (CFI), la institución del Grupo del Banco Mundial dedicada exclusivamente al sector privado. Se espera el informe de la investigación en los próximos meses. “Nos preguntamos si la CFI tendrá conocimiento que su inversión en Eco Oro podrá ser presuntamente utilizada en litigios contra Estados miembros del mismo Banco Mundial. Ya es hora de que la CFI retire su inversión de esta empresa”, manifestó Carla García Zendejas, del Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL). “En 2011, el Ministerio de Ambiente de Colombia negó la licencia ambiental a la mina Angostura, lo cual demostró ya la inviabilidad del proyecto. La decisión de la Corte Constitucional de Colombia lo reafirmó, sosteniendo que el derecho al agua y la protección de los páramos prima sobre las expectativas económicas de quienes desarrollan proyectos mineros en esos ecosistemas”, sostuvo Miguel Ramos, del Comité de Santurbán. “Tal como ocurre en El Salvador, en cuyo caso el Estado está siendo demandado por US$250 millones por no haber otorgado a una empresa canadiense un permiso minero que incumplía los requisitos normativos de tal país, el sistema de arbitraje internacional creado en los acuerdos neoliberales de inversión entre países es una amenaza real a la soberanía de los Estados y de los pueblos a decidir sobre temas tan transcendentales como el agua”, afirmó Jen Moore, de MiningWatch. Las organizaciones llaman a la empresa a desistir de su amenaza de llevar al Estado colombiano al arbitraje internacional y señalan el riesgo de que otras empresas con intereses en el páramo de Santurbán sigan el ejemplo de Eco Oro. Encuentra aquí más información sobre el tema.
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Carta Pública al Presidente de Honduras sobre el asesinato de Berta Cáceres
Estimado Presidente Juan Orlando Hernández En representación de 50+ organizaciones internacionales, nos dirigimos a usted para expresarle nuestra conmoción y preocupación por el reciente asesinato de Berta Cáceres, activista ambiental y dirigente de la organización indígena COPINH. Como bien sabrá, unos hombres armados asesinaron a tiros a Cáceres durante la madrugada del 2 de marzo de 2016. Durante años Cáceres recibió múltiples amenazas de muerte y sufrió varios intentos de secuestro por su labor de defensa de la tierra indígena del pueblo lenca frente al proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca en Río Blanco. Estas amenazas se habían intensificado en las últimas semanas tras retomarse la construcción de la presai. Exigimos que se lleve a cabo una investigación internacional e independiente de las circunstancias en torno a la muerte de Cáceres y que se garantice la protección de su familia y sus compañeros. A pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había otorgado a Cáceres medidas cautelares de emergencia por su situación de extrema vulnerabilidad, ella llegó a denunciar que el Gobierno de Honduras no las había aplicado plenamente. Exigimos también acción urgente para proteger a Gustavo Castro Soto, un activista mexicano quien fue testigo al asesinato, y para asegurar un regreso seguro para él a México. El caso de Berta Cáceres es el asesinato de mayor notoriedad de la tendencia cada vez mayor que se observa en Honduras de asesinatos, violencia e intimidación contra personas que defienden los derechos de los indígenas sobre la tierra. Honduras es el país más peligroso per cápita del mundo para los defensores del medio ambiente y la tierra, ya que, entre 2010 y 2015, se asesinó a al menos 109 de estos activistas. El caso de Berta Cáceres no ha escapado a la atención de la comunidad internacional. El Senador estadunidense Patrick Leahy ha llamado a Usted Presidente a castigar a los responsables por “este crimen despreciable”. El año pasado, la Senadora estadounidense Barbara Boxer escribió una carta al Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, para insistir en que se ofrezca una mejor protección a los defensores del medio ambiente en Honduras. Este llamamiento se produjo como respuesta directa a la entrega a Cáceres del Premio Goldman de Medio Ambiente de 2015, un prestigioso galardón con el que se premia a activistas ambientales locales de todo el mundo. La noticia de su muerte ha acaparado la atención de los medios de comunicación internacionales. Las 50+ organizaciones internacionales que se especifican a continuación por la presente instan al Gobierno de Honduras a que se asegure de que se respete el derecho de los pueblos indígenas sobre su tierra y de que los defensores hondureños del medio ambiente puedan desempeñar su labor legítima sin temer por su seguridad.
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Taller de Fortalecimiento de Capacidades sobre el Fondo Verde del Clima
La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo de LARCI y de la Charles Stewart Mott Foundation —y en colaboración con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe ( GFLAC), el Instituto de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y Transparencia Mexicana—, organizaron un taller de dos días (18 y 19 de febrero de 2016) en Ciudad de México, dirigido a la sociedad civil de América Latina. En el taller se discutió cómo opera el Fondo Verde del Clima en la región, qué actividades financia, y qué oportunidades específicas existen para la participación pública en el diseño, desarrollo e implementación de programas y proyectos a ser financiados por la institución. Resumen: Consulta aquí el resumen del evento. Presentaciones:
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