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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Defienden a Yum Balam, ecosistema clave para la biodiversidad y el clima
AIDA presentó un escrito legal que evidencia la importancia del área protegida, así como las obligaciones internacionales de México en materia ambiental y de derechos humanos para preservarlo frente a la intención de instalar allí 21 mil cuartos de hotel, un proyecto que implicaría daños significativos en el sitio. Cancún, México. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) presentó ante el Juzgado Séptimo de Distrito del Estado de Quintana Roo un escrito legal (Amicus Curiae) para defender el Área de Protección de Flora y Fauna Yum Balam, ubicada al norte del estado. En 2018, cuando se publicó el Programa de Manejo del sitio, propietarios privados y ejidales presentaron varias demandas de amparo en contra del mismo y del decreto de creación del área protegida argumentando afectaciones a sus derechos de participación, propiedad y legalidad. Antes de la publicación del Programa de Manejo, el Consejo Asesor del área protegida recibió el informe de una consultoría que recomienda, por ser económicamente viable, la construcción dentro de Yum Balam de un megaproyecto turístico que contempla 21 mil cuartos de hotel. “Esa viabilidad está en duda porque cada cuarto de hotel generaría cambios en el uso del suelo, incremento poblacional, pérdida de flora y fauna y otros daños irrreversibles en las características ecológicas del lugar”, afirmó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “Lo que está en juego es conservar el aporte que Yum Balam realiza al disfrute de un ambiente sano para las generaciones presentes y futuras”. El decreto de creación del área protegida, que data de 1994, pone al interés público y a la regulación de los entornos naturales que benefician a todo el país por encima de intereses privados. Y el Programa de Manejo está orientado a regular la conservación y uso sostenible de Yum Balam. Adicionalmente, el sitio es considerado Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar. “De acuerdo con un estudio, los manglares y pastos marinos de Yum Balam evitan la fuga de 38.5 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2), equivalentes a la emisión de gases de efecto invernadero de 9.4 millones de mexicanos”, resaltó Pilar Diez, Directora Regional del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA-Sureste). En sus 152 mil hectáreas de superficie, el sitio posee también arrecifes y dunas costeras. Es hábitat de más del 90% de las aves endémicas de la Península de Yucatán, de tortugas marinas en estado de protección especial como la carey y la caguama, de tiburones ballena y delfines, y de especies terrestres en peligro de extinción como el jaguar. De hecho, el significado en maya de Yum Balam es Señor Jaguar. “Con el escrito buscamos documentar la importancia nacional y mundial de Yum Balam en un contexto crisis climática”, dijo Thompson. “Apostar por el desarrollo de megaproyectos turísticos es incompatible con la tarea urgente de enfrentar esa crisis y lograr justicia climática”. Tanto el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC por sus siglas en inglés) como la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) han sido muy firmes respecto a la situación actual de pérdida de ecosistemas y a las acciones urgentes que todos los países deben adoptar ante la crisis climática. “El escrito documenta el marco legal internacional según el cual el Estado mexicano está obligado a garantizar derechos humanos fundamentales como el derecho a un ambiente sano”, explicó Thompson. “México tiene la obligación de conservar su biodiversidad: sus humedales costeros, bosques, selvas y otros ecosistemas que regulan el clima y contribuyen a la pesca y al turismo”. Por tanto, la decisión del Juzgado debe ser congruente y progresiva con ese contexto, dando continuidad a la protección de Yum Balam. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Cartas a la CIDH a 10 años de la admisión del caso de La Oroya
En una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ocasión del décimo aniversario de la admisión de su caso, las personas afectadas por contaminación con metales pesados en La Oroya, Perú, hacen un llamado urgente para que la Comisión emita el informe de fondo del caso. Ese paso implica la esperanza de alcanzar justicia ante la violación de derechos humanos que pobladores de La Oroya no han dejado de sufrir. El caso de La Oroya fue el primero en evidenciar el grave problema de la contaminación con metales pesados en Perú y el primero en ser llevado ante instancias internacionales. Siendo una problemática que ha crecido y se ha extendido en el país de la mano de actividades mineras y petroleras, la resolución del caso de La Oroya en favor de las personas afectadas resulta vital para impulsar una política púbica integral sobre el tema, la cual se implemente adecuadamente en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en materia de derechos humanos. Es por ello que AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) —que representamos legalmente a las personas afectadas—, y la Plataforma Nacional de Afectados por Metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas y la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental, nos sumamos al pedido urgente de justicia mediante otras dos cartas dirigidas también a la Comisión. Carta de las personas afectadas de La Oroya "Hoy sabemos que nuestro cuerpo está contaminado, pero no sabemos cuál es el tratamiento adecuado para su rehabil¡tación pese a que día a día sufrimos múltiples padecimientos... Nuestro caso evidencia una problemática de contaminación por melales tóxicos con manifestaciones y afectados a lo largo del país, frente a la cual un pronunciamiento pronto y adecuado de la Comisión, no sólo contrIbuIrá a transformar posItivamente nuestras realidades y la garantía de nuestros derechos, s¡no que además permitirfa abrir nuevos cam¡nor de just¡cia y amb¡ente sano para los miles de afectados por metales tóxicos que existen en la actualidad en el Perú..." LEE LA CARTA carta de aida y aprodeh "...es importante reiterar que el caso de La Oroya no solo se constituye en sí mismo en un caso urgente y relevante para los peticionarios y de cara al mandato de la CIDH, sino que además es un caso emblemático y estratégico en el contexto de Perú, por cuanto un pronunciamiento de la CIDH en el caso de La Oroya, que obligue al Estado peruano y lleve el caso ante la Corte Interamericana, podría generar un importante antecedente y dar lineamientos para el caso peruano, contribuyendo a la garantía de derechos de diversas comunidades a los largo del país, las cuales se han agrupado en la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados del Perú, cuyas principales reivindicaciones son la generación de una Política Pública de Afectados por Metales Pesados y la creación una Comisión Multisectorial para la atención de la problemática..." LEE LA CARTA Carta de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales y la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental "Un pronunciamiento pronto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe de fondo del caso la Oroya, no solo contribuiría a otorgar justicia a decenas de familias de esa comunidad que durante esta década han dedicado gran parte de su vida a la defensa de su salud y del ambiente sano, sino que además, sería un antecedente muy importante para que el estado peruano deje de dilatar la gestión de esta situación e implemente las medidas adecuadas para atender la problemática de salud pública y ambiental, asociado con la contaminación por metales pesados, y de esta manera avance en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos..." LEE LA CARTA
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Caminando por donde alguna vez corrió un arroyo: ¿Carbón o vida?
La cita fue en un domingo caluroso de julio. Junto a comunidades indígenas Wayuu y afrodescendientes desplazadas por la minería de carbón, miembros de organizaciones sociales y de derechos humanos, empleados de la empresa Cerrejón y funcionarios de gobierno caminé por más de cinco horas por donde alguna vez corrió el cauce natural del arroyo Bruno. Lo que vi a mi paso fueron restos de caracoles que murieron de sed, pegados al fango, y el cuerpo sin vida de un tigrillo que, inerte, nos muestra lo que no debería pasar de nuevo. El Bruno es una vena de agua que irrigaba el departamento de la Guajira, ubicado en el extremo norte de Colombia y azotado hace años por una sequía extrema. El arroyo es un generoso tributario del río Ranchería, una de las fuentes hídricas más importantes del departamento, y hace parte de los sistemas subterráneos de agua que han dado vida a las comunidades de la región. Fue doloroso caminar por donde alguna vez el Bruno fluía libre, pensar —mientras lo hacía— que lo que ahora es un tramo seco, antes era un caudal rebosante de vida. Ese domingo también recorrimos lo que ahora pretende ser el cauce artificial del arroyo después que, en 2014, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales autorizara a Cerrejón desviar 3,6 kilómetros del caudal del Bruno para favorecer la continuidad de la explotación de carbón en la Guajira. Varias cosas me impresionaron ese día. Una de ellas fue que pese a que los ríos nos pertenecen a todos y las fuentes naturales de agua son públicas, estuvimos siempre acompañado por empleados de la empresa. Entramos a terrenos “de propiedad” de la concesionaria de explotación de carbón en la Guajira. Las comunidades que antes transitaban libremente la rivera del arroyo hoy no pueden hacerlo. Aunque el Bruno es una de las pocas vertientes de agua del departamento menos lluvioso de Colombia y una de las escasas fuentes de agua dulce de las comunidades, su cauce fue taponado y desviado para facilitar la minería. Una obra de ingeniería afectó una de las vertientes más importantes para una región sedienta y creó un camino artificial por el que no corre ni un hilo de agua. “Si llevan agua son ríos; si no, son caminos, nos enseña uno de los versos del poeta indígena guatemalteco Humberto Ak'abal. El nuevo “cauce” del Bruno no es río, “sino camino estéril” que atestigua el deterioro de un ecosistema sensible. El “camino” no recupera ni mitiga los daños de la desviación del arroyo. Por el contrario, produce nuevos. El mundo enfrenta una crisis climática y la minería de carbón es una de sus principales causas. Mientras varios países están reemplazando el uso de carbón en sus matrices energéticas por opciones limpias, en Colombia se decide secar un río para explotar cada vez más carbón. Recorriendo caminos de justicia Pese a todo, al día siguiente de la caminata, la frustración por lo absurdo no impidió un asomo de esperanza. El lunes, a la audiencia pública convocada por algunos congresistas para la rendición de cuentas sobre lo ocurrido con el Bruno, llegaron los representantes de las comunidades y organizaciones. La fuerza y dignidad de sus palabras, en donde se cifran décadas de resistencia, me abrazaron el alma. “Este territorio es nuestro, nuestros ríos son nuestra vida y la vida se cuida, por nuestros hijos, por nuestro presente y por nuestro futuro y el del mundo”. Como en muchas ocasiones antes, la Guajira le habló al país y al mundo. Les dijo que no es posible que se priorice el uso del agua para la minería sobre su consumo humano Les advirtió que el país debe transitar a formas de producción de energía que no generen los daños que la minería de carbón ha provocado por décadas en el clima, los derechos humanos y en los ecosistemas y especies que nos sostienen. El arroyo debe volver a su cauce, los caracoles deben beber nuevamente de sus aguas y ningún tigrillo debe seguir muriendo por la destrucción de su mundo. En una sentencia de 2017, la Corte Constitucional evidenció que existen incertidumbres sobre los impactos ambientales y sociales del proyecto de modificación del cauce del arroyo Bruno. Y ordenó la creación de una Mesa Interinstitucional para resolver las denuncias de las personas afectadas. Las comunidades seguirán exigiendo el cumplimiento de ese fallo y demostrando que las incertidumbres son en realidad certezas de daños que siguen minando sus vidas. AIDA, junto con otras organizaciones, seguirá acompañando esa lucha para evidenciar los daños de la minería de carbón y promover alternativas limpias y justas que respeten el ambiente y a las personas.
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