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Hacia el fin de los subsidios a la sobrepesca

La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.

Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.

Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.

Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros. 

Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.

Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.

Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.

El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.

Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.

Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.

 

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Los desafíos de los pueblos indígenas frente a proyectos de desarrollo

Ciudad de México. El 9 de agosto se conmemora el Día Internacional de los Pueblos indígenas, siendo un momento para reflexionar  acerca del legado que ellos han heredado de sus ancestros, sus prácticas bioculturales, su manera de relacionarse con la gente y la naturaleza. Pero no solo eso. Retienen además esquemas sociales, culturales, económicos y políticos distintos de los dominantes en la sociedad mexicana y que, lamentablemente, enfrentan grandes retos y problemáticas a la hora de proteger sus derechos individuales y colectivos como pueblos diferentes. Los pueblos originarios han buscado por años el reconocimiento y respeto de sus identidades, su forma de vida y el derecho sobre sus tierras y territorios, así como la lucha por la defensa de sus recursos naturales. Pese a ello, a lo largo de la historia sus derechos han sido violados. En la actualidad, se encuentran sin duda entre las poblaciones más vulnerables y perjudicadas por el modelo de desarrollo promovido por años. El caso particular de las comunidades mayas radicadas en Hopelchen, Campeche, no es la excepción. El permiso 07_2012 otorgado a la empresa Monsanto en 2012 para la siembra comercial de 253,500 hectáreas de soya genéticamente modificada (GM) para 7 estados del país, incluyendo los de la Península de Yucatán vino a trastocar la economía, la convivencia y relativa paz en la región. A pesar del impacto negativo y la transformación sustancial que la siembra de soya transgénica conlleva en los modos de vida de los campesinos de la región, las comunidades indígenas afectadas no fueron informadas y mucho menos  consultadas sobre el permiso otorgado a la empresa; tampoco sobre la pertinencia de sembrar esta oleaginosa, principalmente destinada para producción de aceites y grasas, así como alimentos para animales. En 2019 las comunidades mayas viven en resistencia frente a distintas afectaciones vinculadas a dicho cultivo: su principal actividad económica, la apicultura, exportada en su mayoría a la Unión Europea, ha sufrido mermas, no solo por el abuso de agroquímicos sino por la reducción de zonas de pecoreo para las abejas debido a la tala ilegal de montes y selvas, siendo el municipio de Hopelchen de los más deforestados en todo el país. Hay que reconocer que las abejas no son las únicas víctimas de este modelo de desarrollo depredador sino también  la flora y fauna de la región, junto con los cultivos de las propias comunidades. El crecimiento acelerado de las áreas de cultivo para el establecimiento de grandes extensiones de monocultivos no solo trae como consecuencia la deforestación. Se han abierto a la agricultura zonas de selvas inundables (no aptas para el uso agrícola) en donde se han desecado aguadas y se construyen pozos de absorción de agua ilegales para evitar que los cultivos se inunden. Estos pozos de absorción actúan como desagües a través de los cuales enormes cantidades de residuos de agrotóxicos, incluyendo el potencialmente cancerígeno glifosato, contaminan el agua en los mantos freáticos, de la cual se abastecen las comunidades para consumo humano, sin que ninguna autoridad les informe sobre las afectaciones en su salud a mediano y largo plazo. Por otro lado, el descontrolado incremento de fumigaciones aéreas con agroquímicos muy cercanas a poblados como Suc Tuc, Ich-Ek, Poste y Sahcabchen, del municipio de Hopelchén, pone en evidencia el nulo control de las avionetas que pasan cerca de las comunidades,  rociándolas  con agroquímicos, omitiendo la aplicación de medidas sanitarias o fitosanitarias adecuadas, provocando no solo que los habitantes perciban el olor de los químicos sino que algunos reporten dolor de cabeza, mareos y vómito. El riesgo para la salud humana que esto implica es muy grande. Además se observan graves daños en la apicultura y las selvas de los ejidos que colindan con las áreas fumigadas. Los peligros que conlleva el actual modelo agroindustrial basado en semillas transgénicas, monocultivos y agroquímicos, ha violentado diversos derechos humanos de las comunidades mayas, como el derecho a la salud, al agua libre de sustancias químicas, al medio ambiente sano, a la alimentación, a ser informados, escuchados y consultados, entre otros. Las comunidades mayas de Hopelchén, apoyadas por investigadores, académicos y organizaciones de la sociedad civil, han venido denunciando desde hace ocho años las afectaciones y los riesgos asociados a este modelo depredador. “Estos dos modelos de desarrollo hoy confrontan a los pobladores de Hopelchén, ejerciendo presión de un grupo sobre otro que, incluso, alcanzan niveles preocupantes de descalificaciones y acusaciones falsas, como el que las comunidades mayas en resistencia “son marionetas de ambientalistas”. Estas declaraciones buscan acallar las voces de líderes indígenas y de sus familias, vulneran su integridad y se dan en un contexto de omisión por parte de las autoridades al no asumir su responsabilidad en la aplicación y cumplimiento de la ley, atentando contra el derecho a emprender la defensa de los derechos humanos ¡Esto debe parar ya¡”, señaló Carlos Escoffié, abogado del Colectivo de Comunidades de Los Chenes. “Las corporaciones deben responsabilizarse por sus impactos al ambiente y a la salud de las poblaciones, respetando sus derechos humanos; mientras que los agentes del Estado deben prevenir, investigar, sancionar y reparar, así como defender y garantizar esos  derechos humanos, actuando en favor  de los pueblos y comunidades indígenas en lugar de apoyar los intereses económicos empresariales”, explicó Maria Colin, campañista legal de Greenpeace México. “El gobierno mexicano debe cambiar las políticas agrícolas erróneas que promueven un modelo basado en monocultivos, plaguicidas y transgénicos y, en vez de ello, apoyar a los agricultores y comunidades indígenas que producen alimentos sanos mediante un buen manejo sustentable de sus recursos naturales, en armonía con la naturaleza”, señaló Colin.   Suscriben: Greenpeace México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos Cohesión Comunitaria e Innovación Social Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. Colectivo de Comunindades Mayas de los Chenes.  Contactos de prensa: Angélica Simón, Greenpeace, 5534313544 Colectivo de Comunidades de Los Chenes, [email protected]   Victor Quintanilla, AIDA, [email protected], +521 5570522107      

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Comunidades y organizaciones piden asistencia técnica internacional para rescatar lagos Poopó y Uru Uru en Bolivia

Solicitan la visita y recomendaciones de expertos de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. Los lagos están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática. De su recuperación depende la subsistencia de comunidades indígenas, así como de especies clave de animales y plantas. La Paz, Bolivia. Comunidades locales y organizaciones ambientales, sociales y de mujeres solicitan que la Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales, envíe una misión de expertos al país para evaluar la salud de los lagos Poopó y Uru Uru, así como para hacer recomendaciones al Estado boliviano para la recuperación urgente de esos ecosistemas. “El conocimiento especializado sobre humedales de la Convención de Ramsar puede ser de enorme utilidad para salvar los lagos Poopó y Uru Uru”, sostuvo Carlos Lozano Acosta, abogado sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, estos lagos son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, en especial para varias especies de aves endémicas y migratorias. El lago Poopó es el segundo más grande de Bolivia después del emblemático lago Titicaca. Son el hábitat donde se concentra la mayor cantidad de flamencos en el altiplano boliviano y, posiblemente, en toda la región altoandina de Sudamérica. Estos ecosistemas altiplánicos son también hogar de especies únicas como la keñola (Rollandia microptera), especie en peligro de extinción. De la preservación de los lagos Poopó y Uru Uru depende también los modos de vida y medios de subsistencia de poblaciones campesinas e indígenas, entre ellas comunidades quechuas, aymaras y los Uru Murato o “pueblos del agua”, una de las naciones indígenas originarias más antiguas de Bolivia. “Justamente para preservarlos es que el gobierno inscribió en 2002 a los lagos Poopó y Uru Uru como humedales de importancia prioritaria internacional bajo la Convención Ramsar”, recordó Sergio Vásquez, director del Centro de Comunicación y Desarrollo Andino (CENDA). “Queremos que Ramsar apoye al Estado boliviano para proteger a éstos y a otros humedales altoandinos”. En diciembre de 2015, los niveles de agua del lago Poopó se redujeron a tal grado que el cuerpo de agua desapareció, hecho considerado como una de las mayores catástrofes ambientales del país. Las causas fueron varias: la sedimentación producida por la minería, el desvío de sus afluentes y fenómenos naturales agravados por la crisis climática. Aunque el lago Poopó logró aumentar su caudal en tiempo de lluvia, su situación aún es muy crítica en época seca. “Por ello pedimos que expertos de Ramsar identifiquen medidas para fortalecer la vigilancia y monitoreo de estos ecosistemas”, señaló Ángela Cuenca, del Colectivo de Coordinación de Acciones Socioambientales (Colectivo CASA). “Queremos además que recomienden acciones de mitigación y restauración ante los daños ocasionados por actividades mineras”. La degradación de los lagos Poopó y Uru Uru incide directamente en el bienestar de las personas que dependen de ellos, generando daños en la salud, especialmente en mujeres, niñas y niños. Los Uru Murato, antes dedicados a la pesca, se vieron obligados a migrar para trabajar en las minas, convirtiéndose en “refugiados climáticos”. “Las mujeres indígenas y campesinas vivimos y sentimos los efectos de la contaminación y desaparición del lago, porque somos nosotras las responsables del sostenimiento y alimentación de nuestras familias”, resaltó Margarita Aquino, de la Red Nacional de Mujeres Defensoras de la Madre Tierra – RENAMAT. "Las fuentes de agua son vitales para la Madre Tierra y para nuestras comunidades". Consulta y descarga la infografía del caso Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107  

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Infografía: Lagos Poopó y Uru Uru, humedales bolivianos en riesgo

Ubicados en la parte central-este del altiplano boliviano, los lagos Poopó y Uru Uru son fuente importante de agua para la biodiversidad de la zona, así como para comunidades indígenas y campesinas. Ambos ecosistemas, considerados Humedales de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, están en grave riesgo por la actividad minera, el desvío de ríos y la crisis climática.   

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