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Hacia el fin de los subsidios a la sobrepesca

La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.

Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.

Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.

Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros. 

Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.

Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.

Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.

El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.

Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.

Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.

 

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El financiamiento climático avanza, pero falta ambición

La vigésimo segunda Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), realizada en Marrakech, Marruecos, permitió avances en cuanto al financiamiento que los países en desarrollo necesitan para afrontar los impactos de los cambios extremos en el clima. Sin embargo, las decisiones en ese rubro no fueron lo suficientemente ambiciosas. Contar con recursos económicos suficientes y predecibles es fundamental para planificar y ejecutar actividades de mitigación y adaptación. La COP22, la primera conferencia tras la puesta en vigencia del Acuerdo de París, sirvió para comenzar a establecer los procedimientos para implementar el nuevo pacto global adoptado en la COP21 de París, en diciembre del año pasado. “El encuentro mandó además un mensaje político al mundo: los compromisos establecidos bajo el Acuerdo de París se mantienen por encima de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuyo vencedor desconoció la existencia del cambio climático”, señala Andrea Rodríguez, abogada de AIDA y quien participó como miembro de la sociedad civil en la conferencia mundial en Marrakech. Financiando la lucha contra el cambio climático En materia de financiamiento, componente clave de la lucha contra el cambio climático, se dieron avances importantes. Uno de ellos fue que los países en desarrollo presentaron una hoja de ruta, un plan para movilizar 100 mil millones de dólares a partir del 2020, compromiso contemplado ya por el Acuerdo de París. Aunque el plan es válido, las acciones de los países deben ser más ambiciosas para lograr la meta financiera y garantizar que los recursos económicos estarán disponibles cuando sean requeridos. Por otro lado, en la COP22 se hicieron recomendaciones al Fondo Verde del Clima, el mayor mecanismo financiero para canalizar recursos económicos hacia programa y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Se esperaba que las recomendaciones vayan más en línea con el Acuerdo de París y con instrumentos de planeación adoptados bajo las Naciones Unidas. No obstante, fueron más en el sentido de incrementar el acceso directo al financiamiento y continuar apoyando la preparación de los países para que sus propuestas sean aprobadas con mayor facilidad. AIDA, junto con sus aliados, organizó dos eventos paralelos a la conferencia para analizar los avances alcanzados al momento en torno al Fondo desde la perspectiva de varios de los actores involucrados en el proceso. Los panelistas enfatizaron la necesidad de fortalecer capacidades a nivel nacional para que las propuestas de financiamiento presentadas ante el Fondo sean planificadas y diseñadas con base en las necesidades prioritarias de cada país. En ese contexto, se abordó también la importancia de fortalecer el rol de los actores no gubernamentales en la toma de decisiones para que las mismas resulten en propuestas más integrales y legítimas. En las dos semanas de negociación, hubo incertidumbre sobre la continuidad del Fondo de Adaptación. La decisión adoptada en el tema menciona que el Fondo servirá a la implementación del pacto global y su continuidad fue garantizada gracias al aporte de cuatro países (Alemania, Bélgica, Italia y Suecia) por 81 millones de dólares. Finalmente, en cuanto al financiamiento a largo plazo, se decidió priorizar la movilización de recursos públicos y garantizar apoyo financiero para acciones de adaptación, con una mayor participación del sector privado. Lo que se esperaba eran nuevos compromisos financieros para el periodo posterior al 2020, pero ello no ocurrió.  

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Seminario virtual "Rumbo a la 15ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima"

Del 13 al 15 de diciembre, se celebrará la 15ª reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima (FVC) en el Estado Insular de Samoa. En esa oportunidad, la Junta tiene previsto aprobar nuevas propuestas de programas y proyectos a ser financiados por el Fondo. Adoptará además una serie de decisiones que le permitan mejorar la operación de la institución financiera. En este seminario virtual, miembros de entidades acreditadas ante el FVC, del Secretariado del Fondo y de la sociedad civil de América Latina, compartieron sus expectativas en torno a la que será la última reunión de la Junta del 2016.  Grabación Presentaciones   Resumen Consúltalo AQUÍ.

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Derechos Humanos

Respaldo internacional a la creación de grupo de expertos para investigar el asesinato de Berta Cáceres en Honduras

Las organizaciones firmantes del pronunciamiento apoyamos la creación del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que surge para colaborar en la investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato contra el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto. Desde que Berta, lideresa y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue brutalmente asesinada el 2 de marzo de 2016, hemos acompañado la demanda de su familia, del COPINH y de la sociedad hondureña por conocer la verdad y porque haya justicia.  En ocasiones anteriores, hemos hecho llamados al Estado hondureño para que realice una investigación independiente y exhaustiva que asegure la identificación, juzgamiento y sanción de los responsables, tanto materiales como intelectuales. En este sentido, preocupa que, pese a las numerosas solicitudes de actores nacionales e internacionales, las autoridades han guardado silencio y hasta la fecha continúan impidiendo la participación plena de los familiares y víctimas. Asimismo, preocupa que las investigaciones actuales no sugieren claridad sobre la autoría intelectual ni sobre los diferentes niveles de participación de quienes están imputados.  Ante este panorama, la participación del GAIPE, conformado por profesionales expertos e independientes, constituye una iniciativa importante que permitiría hacer una lectura objetiva del proceso y apoyar para lograr una mayor rigurosidad en las investigaciones, de conformidad con los estándares internacionales.  Cabe recordar que la participación de expertos y expertas internacionales en procesos internos ha sido clave para impulsar cambios estructurales en diversos países, en este sentido, se puede citar como experiencia reciente el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI) en México. En el caso de Honduras, las organizaciones esperamos que este equipo pueda brindar recomendaciones, entre otras cosas, para superar las causas que promueven la impunidad en los delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos.  También solicitamos garantizar las medidas de seguridad para que tanto integrantes como colaboradores del GAIPE, puedan desarrollar sus actividades sin injerencias indebidas. Finalmente, exhortamos a las autoridades a dar acceso a la investigación en curso así como aprovechar esta oportunidad de colaboración y mantener una actitud receptiva y transparente que brinde legitimidad al proceso y devuelva la confianza a las víctimas y a la sociedad hondureña, así como a la comunidad internacional.  

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