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Hacia el fin de los subsidios a la sobrepesca

La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.

Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.

Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.

Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros. 

Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.

Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.

Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.

El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.

Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.

Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.

 

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HOY, más que nunca, necesitamos seguir trabajando por la justicia y la protección del planeta

Quienes trabajamos para proteger nuestro planeta, para mejorar el ambiente en el que vivimos, para preservar nuestras fuentes de agua, y para concretar acciones que contrarresten efectivamente el cambio climático, estamos convencidos que ante los resultados de las elecciones en Estados Unidos, nuestro trabajo es más necesario que nunca. Es igual de esencial el involucramiento de cada uno de ustedes para lograr la justicia ambiental. Hoy, especialmente, reiteramos nuestro compromiso con la justicia, con el ambiente y con los derechos humanos. Cada una de las personas que trabajamos en AIDA estamos comprometidas con hacer de nuestro planeta un lugar mejor para vivir. Estamos conscientes que la tarea es dura. Tenemos la responsabilidad histórica de mostrar que podemos encontrar soluciones pacíficas que aseguren un futuro promisorio para las generaciones presentes y futuras. Trabajar juntos es HOY un imperativo. Es necesario que todos reaccionemos al unísono, nos involucremos y colaboremos para construir la esperanza y el camino hacia un futuro pacífico, próspero, respetuoso y tolerante; un futuro en el que las y los guardianes de la naturaleza sigan cumpliendo esa tarea, conservando su cultura y sus modos de vida. ¡Agradecemos el apoyo y la solidaridad de cada uno de ustedes, algo que nos llena de energía para juntos seguir adelante!  

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Lucha contra el cambio climático: Tiempo de convertir las promesas en acciones

El Acuerdo de París contra el cambio climático comenzó a regir hoy y con él la implementación efectiva de los compromisos que los países del mundo, desarrollados y en camino de serlo, hicieron para contrarrestar el problema. Esos aportes nacionales hicieron posible el consenso global y ahora no pueden ser menos ambiciosos, pero sí mejores. El 5 de octubre, los países de la Unión Europea ratificaron el Acuerdo de París adoptado en la conferencia de la Organización de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de diciembre de 2015. De ese modo se alcanzó la ratificación de al menos 55 países que juntos representaran el 55 por ciento de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, requisito para la entrada en vigor del acuerdo. Esa vigencia es un logro político global importante al que contribuyeron varios países de América Latina que ratificaron el acuerdo de forma temprana: Argentina, Bolivia, Brasil, Guatemala, Honduras, México, Panamá y Perú, entre otros. Luego, China y Estados Unidos, los más grandes emisores mundiales, también le dijeron sí al nuevo pacto por el clima. Ahora todos los países que ratificaron el Acuerdo de París pueden poner en marcha sus compromisos nacionales contra el cambio climático, aquellos que presentaron como aportes para la adopción del acuerdo el año pasado. Los compromisos incluyen, entre otras cosas, reducción de emisiones contaminantes, financiamiento de acciones climáticas, actividades de adaptación y mitigación. “Estas contribuciones son legalmente vinculantes y solo podrán ser mejoradas, aumentando así la ambición de las medidas establecidas en las mismas, pero ya no se podrá ir hacia atrás en ellas”, explica Andrea Rodríguez, abogada de AIDA. Para que los compromisos sean una realidad, en cada país se tienen que impulsar acciones orientadas a contar con las normas necesarias y con instituciones fortalecidas. Así se podrán implementar con éxito estrategias climáticas de las que salgan programas, proyectos y tareas específicas de adaptación y mitigación. Desde el punto de los recursos económicos, aquellos de los que dependen los países más vulnerables para hacerle frente a los impactos de los cambios extremos en el clima, la puesta en vigencia del Acuerdo de París puede resultar en un marco financiero internacional más solido, predecible y transparente. Contar oportunamente con dinero suficiente y administrado adecuadamente es clave para que los compromisos se concreten y sean cada vez más ambiciosos. “La entrada en vigor del Acuerdo de París es hito a nivel mundial para al fin comenzar la transformación urgente de la economía y la sociedad hacia un futuro realmente sostenible; la evidencia irrefutable de los impactos del cambio climático nos obliga a ejercer la responsabilidad histórica de actuar rápido y mostrar resultados”, afirma Astrid Puentes, codirectora de AIDA. “América Latina debe demostrar su liderazgo mundial, implementando soluciones adecuadas y alejándose de decisiones anticuadas que aumentan la vulnerabilidad de nuestros países, sacrifican el desarrollo y afectan aún más a personas y comunidades”.

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Fracking

Última Frontera: Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina

Promovida fuertemente por Estados Unidos, la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países del continente, a pesar de que ninguno de ellos posee un conocimiento integral de sus riesgos, de los daños graves e irreversibles que puede ocasionar en la salud de las personas y el ambiente, ni de cómo prevenirlos o mitigarlos. Ante esto, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) quiere contribuir al debate y la sensibilización sobre los impactos de esta técnica por medio de la publicación de este informe. A través de estas páginas abordamos la situación del fracking en seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México. En cada caso se analiza: el contexto energético del país; las políticas públicas para promover y regular el fracking; los impactos sociales, ambientales y económicos ocasionados por esta técnica en la población, en sus derechos humanos y en los territorios; y las estrategias de incidencia, movilización y resistencia desplegadas en cada país. El informe finaliza con una síntesis de conclusiones y recomendaciones a la luz del análisis y reflexión sobre los diferentes casos estudiados. Como ALFF, queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestra región, hacia uno que sea sostenible y socialmente más justo. Consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual en el continente. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking reproduce. Es eso lo que queremos cambiar. Descarga el informe  

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