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ShutterstockHacia el fin de los subsidios a la sobrepesca
La sobrepesca es uno de los principales problemas para la salud de nuestro océano. Y la entrega de subsidios negativos al sector pesquero es una de las causas fundamentales de esa sobreexplotación.
Los subsidios a la pesca son contribuciones financieras, directas o indirectas, que entidades públicas otorgan a la industria pesquera.
Según sus impactos, pueden ser beneficiosos cuando fomentan el crecimiento de las poblaciones de peces mediante herramientas de conservación y gestión de los recursos pesqueros. Y son considerados negativos o perjudiciales cuando promueven la sobrepesca con apoyos para, por ejemplo, incrementar la capacidad de captura de una flota pesquera.
Se estima, cada año, los gobiernos gastan aproximadamente 22 mil millones de dólares en subsidios negativos para compensar costos por combustible, artes de pesca y mejoras a embarcaciones, entre otros.
Datos recientes evidencian que, como resultado de ese apoyo, el 63% de las poblaciones de peces en todo el mundo deben ser reconstituidas y el 34% son pescadas a niveles “biológicamente insostenibles”.
Aunque las negociaciones internacionales para poner fin a los subsidios negativos a la pesca, en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC), comenzaron oficialmente en 2001, no fue hasta la Conferencia Ministerial de la OMC de 2017 cuando los países se comprometieron a tomar acciones y a lograr un acuerdo.
Ello sucedió finalmente en junio de 2022, durante la duodécima Conferencia Ministerial de la OMC, cuando los países miembros alcanzaron, tras más de dos décadas, un acuerdo vinculante para frenar algunas subvenciones pesqueras perjudiciales, un avance crucial para la sostenibilidad de los recursos pesqueros a corto, mediano y largo plazo, así como para garantizar la seguridad alimentaria y los modos de vida de comunidades costeras.
El acuerdo establece la creación de un marco global que reduzca los subsidios a la pesca ilegal, no declarada y no regulada; los subsidios a la pesca de poblaciones sobreexplotadas; y los subsidios a los buques que pescan en alta mar, una zona no regulada. Contempla también medidas orientadas a una mayor transparencia y responsabilidad en cuanto a la forma en la que los gobiernos apoyan a su sector pesquero.
Los países acordaron seguir negociando normas para frenar otros subsidios nocivos como aquellos que promueven la pesca en aguas de otros países, la sobrepesca y la capacidad excesiva de una flota para capturar más peces de lo que es sostenible.
Si queremos tener recursos pesqueros abundantes y saludables, es momento de cambiar la forma en que hemos concebido la pesca hasta ahora. Debemos enfocar nuestros esfuerzos en la creación de modelos de aprovechamiento de las pesquerías que permitan su conservación en el largo plazo.
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Carta a los Estados Miembros de la OEA ante la crisis financiera de la CIDH
AIDA se une a más de 300 organizaciones en el llamado a los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para actuar rápidamente ante la crisis financiera que afecta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La carta llama a una acción urgente para garantizar el inmediato financiamiento de esta importante institución protectora de los derechos humanos, así como la creación de un fondo sostenible que dé continuidad a su financiamiento. Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos, La Coalición de organizaciones por los Derechos Humanos en las Américas, además de otras redes regionales y globales de sociedad civil, queremos mostrar nuestra preocupación por la grave crisis financiera que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Es por eso que suscribimos la presente carta, apelando a todos los Estados miembro de la Organización de los Estados Americanos (OEA), para que tomen las medidas necesarias que garanticen su inmediato y adecuado financiamiento. Asimismo, hacemos un llamado urgente a la creación de un fondo sostenible de financiamiento para los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), a fin de atender la precaria situación que se viene dando desde hace años, tanto en la Comisión como en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La CIDH es uno de los órganos principales de protección cuyo mandato consiste en promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. Es el único mecanismo regional que supervisa las obligaciones de todos los países miembros de la OEA en esta materia, y constituye el último recurso de defensa frente a violaciones de los derechos fundamentales en el continente. La CIDH es un referente internacional por su gran labor de protección a miles de defensoras y defensores de derechos humanos, que viven amenazados y criminalizados en las Américas. Este órgano, vela por los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, de las mujeres y niñas, personas con discapacidad y de las personas LGTBI, entre otros colectivos, en su lucha por erradicar la discriminación. El rol de la CIDH, no sólo en el ámbito de protección de los derechos humanos, sino también en el de acción para promover su cumplimiento, alcanza a casi mil millones de habitantes a lo largo y ancho de la región. A pesar de ello, la Comisión Interamericana ha contado, históricamente, con un presupuesto exiguo, que actualmente ha llegado al grado de comprometer la efectiva realización de sus funciones básicas y de su mandato, asignado por los Estados Miembro de la OEA. La propia Comisión anunció que el 31 de julio de 2016 se vencen los contratos del 40% de su personal y que no cuenta con los fondos, ni con la expectativa de recibirlos, para poder renovarlos. Además informó la suspensión de las visitas a países previstas para este año, así como la de los Períodos de Sesiones 159 y 160, programados originalmente para julio y octubre de este año. En contraste con otros órganos de protección de derechos humanos, nacionales e internacionales, el financiamiento que recibe la CIDH del fondo regular de la OEA, es decir, de los Estados miembro, es contradictorio con los deseos de los países de aspirar a una región más democrática. En 2016, dicho fondo le asignó un monto de alrededor de 5.4287,9 millones de dólares, lo que constituye un 6,44% del total del presupuesto anual de la OEA ⎯el Consejo de Europa destina el 41,5% de su presupuesto a la promoción y protección de los derechos humanos. Si bien la Asamblea General de la OEA, ha aprobado en el pasado resoluciones comprometiéndose a atender esta situación, las mismas no se han materializado con el necesario aumento de recursos que le permita tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte ⎯la cual, si nada cambia, verá reducido su presupuesto una tercera parte, para finales de este año⎯, contar con el financiamiento adecuado para llevar a cabo sus mandatos. Así, esta petición tiene como fin no sólo el que la CIDH pueda continuar con sus actividades programadas para el año en curso, que pueda renovar los contratos del 40% de su personal, así como llevar a cabo sus períodos 159 y 160, sino también el que se pueda crear definitivamente una estructura que convierta en una práctica sostenible la financiación de este órgano y el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aumentando significativamente el presupuesto que la OEA asigna a la SIDH. Las organizaciones de la sociedad civil firmantes, vemos en esta crisis una oportunidad única para consolidar el compromiso de los Estados miembro de la OEA, con los derechos humanos en el continente. Es por eso que les emplazamos a encontrar la manera de construir una estructura sólida y robusta, que garantice la protección de las herramientas que el SIDH proporciona a millones de personas en las Américas.
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Pronunciamiento de AIDA, APRODEH y Justiça Global sobre la grave crisis financiera que afecta a la CIDH
Las organizaciones consideran el hecho una afrenta a la protección de los derechos humanos en la región e instan a los Estados miembros de la OEA a cumplir su responsabilidad de financiar adecuadamente a la Comisión. Washington, Estados Unidos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) anunció en un comunicado el día de ayer, que la grave crisis financiera por la que atraviesa la ha llevado a suspender todas las visitas previstas para este año, las audiencias de julio y octubre y a la inminente pérdida del 40% de su personal. La CIDH lleva casi dos décadas gestionando que los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), organismo del que es parte, le garanticen un presupuesto estable que le permita realizar su labor de forma efectiva. En su comunicado, la CIDH hace un llamado a que en la Asamblea General de la OEA, a llevarse a cabo en junio en República Dominicana, los Estados miembros adopten “una decisión histórica y trascendental, que refleje [su] compromiso con la defensa de los derechos humanos en la región”, aumentando radicalmente el presupuesto del fondo regular de la OEA y asignando a la CIDH y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) en general los recursos necesarios para el cumplimiento del mandato asignado por los propios Estados. La Comisión es un órgano autónomo de la OEA. Su mandato es promover la promoción y la protección de los derechos humanos en el continente americano. Conforma, junto con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos (SIDH), el cual constituye en muchos casos la última esperanza para aquellas personas y comunidades cuyos derechos humanos han sido vulnerados y no encuentran verdad, justicia y reparación en la administración de justicia de sus propios países. Este es el pronunciamiento acerca del tema de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) de Perú y Justiça Global de Brasil: “La inminente pérdida de casi la mitad del personal de la CIDH, es un serio agravio para la protección de los derechos humanos en la región y refleja la falta de voluntad política de los Estados miembros de la OEA con la Comisión Interamericana. La Comisión ya enfrentaba serias limitaciones de recursos financieros y humanos para el cumplimiento de su labor, ahora, con casi la mitad su personal, su efectividad se verá seriamente afectada. Miles de víctimas de violaciones de derechos humanos en el hemisferio han depositado su confianza y sus últimas esperanzas de justicia en la CIDH y en el Sistema. Es el caso de las personas intoxicadas por metales pesados en La Oroya, Perú, quienes, tras haber presentado su denuncia en 2006, aún esperan un informe de fondo. También están las comunidades que han perdido su modo de vida a causa de la construcción de la represa Belo Monte en Brasil, quienes pese a la inauguración de la represa continúan esperando que el caso avance en la Comisión y se haga justicia por la violación a sus derechos. Al no financiar adecuadamente un órgano que ellos mismos crearon, los Estados ponen un obstáculo más para que estas personas accedan a la justicia. Hacemos un llamado a los Estados miembros de la OEA a que, en tanto la Asamblea General atiende esta situación, hagan inmediatamente una contribución voluntaria de emergencia que permita a la CIDH mantener a su personal, realizar las visitas que tenía previstas, así como llevar a cabo sus periodos de sesiones de julio y octubre. Los Estados miembros tienen una responsabilidad con el Sistema Interamericano. Esperamos que cumplan con ella, no a través de discursos y resoluciones de buenas intenciones, sino con acciones concretas e inmediatas de financiamiento.”
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Correspondencia con el Banco Mundial respecto de Berta Cáceres y las Grandes Represas
El 11 de mayo, más de 300 organizaciones de todas partes del mundo enviaron una carta al Dr. Jim Yong Kim, Presidente del Banco Mundial, en respuesta a sus declaraciones del pasado 6 de abril, en un evento realizado en el Seminario de la Unión Teológica de Nueva York. Durante su presentación, y ante una pregunta sobre los impactos de las grandes represas evidenciados por el asesinato de Berta Cáceres en Honduras, el Dr. Kim, entre otras cosas, respondió: “No se puede hacer el tipo de trabajo que estamos tratando de hacer y no tener algunos de estos incidentes". Las organizaciones firmantes de la carta consideran que las declaraciones del Presidente del Banco Mundial son inaceptables, por lo que le instan a disculparse públicamente y a realizar una rectificación inmediata. La intervención del Dr. Kim está disponible en el siguiente video (minuto 53 en adelante). CONSULTA la carta enviada al Presidente del Banco Mundial en ESPAÑOL e INGLÉS. El 11 de mayo, el Banco Mundial respondió a la carta de las organizaciones con una Hoja Informativa pública sobre Honduras y las poblaciones indígenas, la cual está disponible en su sitio web. A su vez, el 13 de mayo, una comisión redactora de la coalición de organizaciones respondió al Banco Mundial tomando nota de la condena que hizo el Presidente del Banco Mundial del asesinato de Berta Cáceres. Puntualizaron además que la referencia del Presidente a graves violaciones de derechos humanos causadas por represas, como el desplazamiento involuntario, es preocupante y que el tema debe ser atendido. Reiteraron la existencia de alternativas a las grandes hidroeléctricas y la necesidad de implementarlas. Las organizaciones concluyeron que: "En honor a su compromiso de 'escuchar las voces de las Berta Cáceres del mundo', quedamos atentos a los avances del Grupo del Banco Mundial para impulsar alternativas que efectivamente respeten los derechos humanos de personas y comunidades; y que sean más eficientes, menos costosas y que protejan el planeta y a las comunidades que dependen de éste. Es la única forma de lograr prosperidad común para todos y todas." LEE la respuesta de las organizaciones al Banco Mundial en ESPAÑOL e INGLÉS.
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