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Haciendo que Brasil se responsabilice por los daños de la represa Belo Monte

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Cuando entre en pleno funcionamiento, Belo Monte será la tercera represa más grande del mundo, construida en uno de los ecosistemas más importantes del planeta: el bosque tropical del Amazonas. Ubicado sobre el río Xingú en Pará, un estado del norte de Brasil, el embalse cubrirá 500 kilómetros cuadrados de bosque y tierras de cultivo, un área del tamaño de Chicago.

Para la población de la cuenca del Xingú, la construcción de Belo Monte ha significado perder el acceso al agua, la alimentación, la vivienda, el trabajo y el transporte. Al menos 20,000 personas han sido desplazadas.

El Gobierno y el consorcio a cargo del proyecto comenzaron a construir la represa sin consultar primero a las personas de la zona, muchas de las cuales son indígenas. Pasaron por alto la normativa internacional de derechos humanos, la cual requiere el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades indígenas afectadas. Brasil también incumplió las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales estaban destinadas a proteger la vida, salud e integridad de las comunidades.

La represa comenzó a operar en mayo de 2016, aunque no en toda su capacidad. Y, en abril de 2017, un tribunal federal suspendió su licencia de operación porque el consorcio no completó los trabajos de saneamiento básico en Altamira, ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica.

 

¿Qué hace AIDA?: 

  • Continuar representando a las personas y comunidades afectadas en su búsqueda para que el Gobierno de Brasil se haga responsable de los daños causados a sus vidas.
  • En 2010, junto con organizaciones aliadas de Brasil, solicitamos medidas cautelares en favor de los pueblos indígenas afectados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las cuales fueron otorgadas el 1 de abril de 2011.
  • En 2011, presentamos ante la Comisión una denuncia formal contra el Estado brasileño. En diciembre de 2015, el caso se abrió a trámite. La Comisión puede emitir recomendaciones para que Brasil repare las violaciones de derechos humanos relacionadas con Belo Monte y, si el Estado incumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene a Brasil.
  • Generar presión internacional sobre Brasil al informar del caso al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

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