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Foto: Banco MundialIncidiendo ante el Fondo Verde del Clima
El Fondo Verde del Clima es la principal entidad multilateral de financiamiento climático que existe en el mundo. Como tal, tiene un rol clave en la canalización de recursos económicos de países desarrollados a países en desarrollo para proyectos de mitigación y adaptación a la crisis climática.
Creado en 2010, en el marco de Naciones Unidas, el Fondo apoya una amplia gama de proyectos, desde energía renovable y transporte bajo en emisiones, hasta la reubicación de comunidades afectadas por la crecida de mareas o el apoyo a pequeños agricultores afectados por sequías. El apoyo que otorga es vital para que personas y comunidades de América Latina y de otras regiones vulnerables puedan mitigar emisiones de gases de efecto invernadero y enfrentar los impactos cada vez más devastadores del calentamiento del planeta.
El financiamiento climático otorgado por el Fondo Verde es fundamental para garantizar la transformación de los sistemas económicos y energéticos hacia sistemas resilientes y de bajas emisiones, algo que el planeta necesita con urgencia. Para que la transición que apoye sea justa, es crucial hacer seguimiento y monitoreo de sus operaciones, asegurando que cumpla efectivamente con el rol que le ha sido asignado, que es en beneficio de las personas y comunidades más afectadas.
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Proyectos relacionados
Empresas canadienses cometen diversas violaciones a los derechos humanos en América Latina, señala informe
Ginebra. Hoy se presentó en Ginebra el informe Desenmascarando a Canadá: Violaciones de derechos en América Latina y el Caribe durante la presesión del Proceso del Examen Periódico Universal (EPU) de las Naciones Unidas. Este documento fue entregado por una delegación que incluye líderes indígenas, comunidades locales y representantes de la sociedad civil latinoamericana. El informe es el resultado del trabajo de más de 50 organizaciones que presentaron tres documentos críticos (Informe Regional, Informe Amazónico e Informe Petrolero), que juntos demandan responsabilidad por abusos corporativos en 37 proyectos canadienses en nueve países de América Latina y el Caribe. Los hallazgos clave incluyen 32 proyectos que infringen el derecho a un medio ambiente limpio; con casos específicos de contaminación del aire, agua y tierra, como los 105 derrames de petróleo en el Bloque 192 de Perú por Frontera Energy. Además, se encontró que 26 proyectos violaban el derecho al consentimiento libre, previo e informado y la consulta, como se vio en las tácticas divisorias empleadas en el proyecto Warintza de Ecuador por Solaris Resources Inc. Además, 19 proyectos violan derechos económicos, sociales y culturales, incluyendo impactos en la seguridad alimentaria y las actividades económicas tradicionales en el proyecto Volta Grande de Brasil por causa de Belo Sun. Los informes también resaltan una violencia alarmante, con 16 proyectos violando los derechos civiles y políticos de personas defensoras ambientales, que llevaron a situaciones como la lesión de 20 personas en Perú, en julio de 2023. "Vinimos aquí para denunciar la participación de empresas canadienses en violaciones a los derechos humanos en Brasil, particularmente el caso de la minera Belo Sun, en Pará, que aspira a establecer la mina de oro a cielo abierto más grande del país. Aunque Canadá se promociona como defensor de los derechos humanos y del medio ambiente, sus acciones contradicen su discurso, especialmente al violar los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. La incongruenncia es evidente cuando sabemos que Canadá no ha firmado el convenio 169 de la OIT. Debido a esto, esperamos que las misiones diplomáticas con las que estamos dialogando reconozcan esta realidad y presionen a Canadá para cambiar la actuación de sus corporaciones, buscando una acción concreta en defensa de los pueblos indígenas y comunidades tradicionales", afirmó Maurício Terena, coordinador jurídico de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB). El examen Periódico Universal (EPU) se lleva a cabo cada cuatro años. Es un procedimiento mediante el cual todos los estados miembros de la ONU evalúan el récord de derechos humanos de los gobiernos bajo evaluación. Este año, el EPU de Canadá se llevará a cabo el 10 de noviembre de 2023 en Ginebra. Se espera que los Estados miembros consideren e incluyan las recomendaciones hechas por la sociedad civil latinoamericana. Entre las sugerencias presentadas, destaca la necesidad de que Canadá introduzca una legislación vinculante y amplia centrada en la debida diligencia y responsabilidad corporativa. Esto incluye la supervisión de instituciones financieras y corporaciones canadienses a lo largo de sus cadenas de suministro globales, con el objetivo de prevenir, mitigar y sancionar irregularidades corporativas, asegurando que las víctimas de estas prácticas en el extranjero puedan buscar justicia y reparación total. "Esperamos que el proceso del EPU se consolide como una estrategia más en nuestra defensa de los derechos de los pueblos indígenas, actuando como instrumento de protección de los derechos humanos, indígenas y ambientales. Es esencial reconocer que las corporaciones involucradas en tales violaciones están cometiendo actos criminales. Estas acciones no deben ser vistas solo como actos aislados, sino en una perspectiva más amplia, ya que al violar los derechos indígenas, se afecta a toda la humanidad. Es esencial que los estados asuman este compromiso, dentro de la ONU, de integrar un mecanismo global donde reconozcan la necesidad de monitorear y exigir acciones que respeten los derechos humanos, indígenas y ambientales", manifestó Kari Guajajara (Brasil), asesora jurídica de la Organización Indígena Nacional de la Amazonía Brasileña (COIAB). Esta no es la primera vez que Canadá enfrenta alegaciones dentro del Sistema de las Naciones Unidas debido a las actividades de sus corporaciones en el extranjero. Seis recomendaciones fueron dirigidas a Canadá durante el tercer ciclo de la Revisión Periódica. Estas abordaron, entre otras preocupaciones, garantizar y proteger los derechos humanos esenciales por parte de las empresas canadienses. Sin embargo, incluso después de comprometerse a cumplir estas recomendaciones, Canadá ha fallado consistentemente al cumplir con sus obligaciones extraterritoriales sin tomar medidas efectivas para supervisar actividades corporativas a nivel nacional e internacional. "Nuestro informe revela la inquietante realidad detrás de las compañías canadienses en América Latina. Mientras Canadá presume de una conducta empresarial ética y se posiciona como "pro-clima", las evidencias documentadas muestran que Canadá protege a las industrias extractivas responsables de significativos impactos a los derechos humanos y ambientales, donde las ganancias se priorizan sobre las personas y el medio ambiente", concluye Gisela Hurtado, Oficial de Incidencia Política de Amazon Watch. La delegación presente en Ginebra está compuesta por Mauricio Terena de APIB; Maria Judite "Kari" Guajajara de COIAB; Josefa de Oliveira, Educadora Popular del Movimiento Xingu Vivo Para Siempre; Lorena Aranha Curuaia, Vicepresidenta de la Comunidad Iawá; y Brayan Mojanajinsoy Pasos (Colombia), Secretario General de la Asociación de Consejos Indígenas del Municipio de Villagarzón Putumayo (ACIMVIP). Y contó con el apoyo de las organizaciones Amazon Watch, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Earthworks, Gaia y Ambiente y Sociedad. Resumen de los principales casos de empresas canadienses involucradas en violaciones de derechos destacadas en el informe 1. Frontera Energy en el Lote 192 en Perú: - Más de 2.000 lugares contaminados, afectando a 26 comunidades indígenas amazónicas. - El plan de cierre de actividad propuesto no incluye reparaciones para las comunidades afectadas. 2. Minera Argentina Gold SRL (alianza entre Barrick Gold y Shandong Gold): - Responsable de al menos cinco derrames de sustancias tóxicas, incluyendo cianuro y arsénico, al río Jáchal en Argentina desde la mina Veladero. - El proyecto viola la Ley de Glaciares debido a su ubicación en una zona glaciar y afecta al patrimonio mundial de la biodiversidad reconocido por la UNESCO, la Reserva San Guilhermo. 3. Proyecto Volta Grande de Belo Sun en Brasil: - Impactos acumulativos con la represa hidroeléctrica Belo Monte, ubicada a menos de 10 km del sitio de minería proyectado. - Fuerzas de seguridad armadas contratadas por la empresa minera para vigilar líderes locales y restringir su movimiento. - Total desconocimiento al consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas y ribereñas. - Riesgos inminentes e irreversibles de una tragedia ambiental si los residuos tóxicos se vierten en el río Xingu debido a una posible rotura de la presa, dada la falta de estudios de seguridad sísmica y de presas de relaves. - Impacto directo en las comunidades, sus medios de vida tradicionales y ecosistemas locales. 4. Mina Varadero en Chile: - Contaminó fuentes de agua con mercurio, afectando a poblaciones rurales y a niños y niñas. 5. Represa Hidrosogamoso de ISAGEN - Brookfield Asset Management en Colombia: - Causó daños significativos a los ecosistemas y comunidades locales. 6. Proyectos mineros de American Lithium (Falchani, Macusani y Quelccaya) en Perú: - Liberan regularmente residuos tóxicos, afectando a más de 700.000 personas y contaminando las cuencas del lago Titicaca y del río Amazonas. 7. Proyecto minero Warintza de Solaris Resources Inc. en Ecuador: - Ignoró los derechos territoriales del pueblo indígena Shuar Arutam y adoptó tácticas divisionistas. 8. Proyecto minero Ixtaca en México: - Suspendido debido a violaciones de los derechos indígenas. 9. Proyecto minero El Pato II en Guatemala: - Afectó a las comunidades mayas Poqomam y mestizas sin la consulta previa adecuada. 10. Proyecto minero Mocoa de Libero Copper en Colombia: - Afectó directamente el territorio ancestral del pueblo Inga, violando sus derechos. 11. Proyecto de extracción de oro Machado de Cosigo Resources LTD en Colombia: - Impactó gravemente sitios sagrados indígenas en el territorio Yaigojé Apaporis. 12. Mina Pueblo Viejo de Barrick Gold en República Dominicana: - Obligó al desplazamiento de 65 familias locales debido a la presa de desechos El Llagal. 13. Proyectos mineros de La Plata por Atico Mining Corporation y Las Naves por Curimining S.A. (una subsidiaria de Adventus Mining Corporation) y Salazar Resources Limited en Ecuador: - Intentaron legalizar sus operaciones a pesar de violar leyes nacionales e internacionales de derechos humanos, lo que llevó a enfrentamientos y lesiones. 14. Lote 95 de Petrotal en Perú: - Protestas demandando derechos de la comunidad resultaron en varias muertes por las fuerzas policiales que protegían el campo petrolero. 15. Equinox Gold en Brasil: - Ocultó datos sobre sus operaciones e impactos, incluido un rompimiento de presa. - 4.000 personas directamente afectadas por residuos tóxicos provenientes de la ruptura de la presa que contaminaron ríos amazónicos locales, violando el derecho a un ambiente limpio y acceso adecuado al agua potable. - Criminalización de líderes comunitarios locales que protestaban por el derecho al agua. 16. Gran Tierra Energy en Ecuador: - Llevó a cabo exploraciones en los bloques Charapa, Chanangué e Iguana sin la debida divulgación de información a las comunidades locales.
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Voces buscando justicia para la comunidad de La Oroya
La situación de la comunidad de La Oroya en Perú, afectada por décadas de contaminación tóxica y por la falta de medidas eficaces para combatirla por parte del Estado, no es una excepción en América Latina. Lamentablemente, hay en el continente muchas zonas de sacrificio ambiental y social en las que se desarrollan actividades altamente contaminantes —como la del complejo metalúrgico de La Oroya— y pobremente supervisadas por las autoridades llamadas a garantizar la vida, la salud, la integridad personal y otros derechos humanos. La importancia del caso responde precisamente a estas realidades y trasciende el contexto peruano para representar la oportunidad histórica de sentar un precedente clave para todo el continente. A ello apuntan las miradas puestas en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene pendiente emitir un fallo respecto de la responsabilidad del Estado peruano y las medidas de reparación para las personas afectadas. A la espera de la decisión, escucha los testimonios de quienes han sido parte de la búsqueda de justicia para La Oroya. Son voces que demuestran la gravedad de los daños causados, que dan cuenta que el camino en busca de reparación ha sido largo, pero fructífero. Son voces que expresan la urgencia de garantizar un futuro mejor para residentes de La Oroya y, en últimas, el goce efectivo del derecho a un ambiente sano en el continente. 1. Yolanda Zurita, peticionaria en el caso "Comunidad de La Oroya vs. Perú" ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos: 2. Anna Cederstav, directora ejecutiva adjunta y directora financiera de AIDA: 3. Liliana Ávila, coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de AIDA:
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Financiamiento climático y perspectiva de género: dos conceptos que deben ir entrelazados
Por Camila Bartelega, Florencia Ortúzar y Francisco Pinilla* Las mujeres y niñas sufren desproporcionadamente los embates de la crisis climática. Esto se debe a que —generalmente— son las encargadas de buscar agua, comida y de velar por los/as niños/as, personas ancianas y enfermas. Estas labores de cuidado no remuneradas son mucho más difíciles con el cambio climático. También está comprobado que las mujeres y niñas sufren más riesgos ante desastres naturales. Se estima que en esos casos experimentan tasas de mortalidad 14 veces más altas que los hombres. Esto puede ser porque cargan con personas vulnerables a su cuidado, porque muchas veces no se les enseña a nadar o a trepar árboles o porque visten ropas no adecuadas para reaccionar, entre otras razones. Por otro lado, dado que la crisis climática genera caos y aumenta la violencia, quedan más expuestas a sufrir asaltos sexuales e incluso a violencia en sus propios hogares, alimentada por la frustración creciente de un mundo donde los recursos son más escasos y complejos de adquirir. Queda claro entonces por qué es importante incluir la perspectiva de género al hablar de la mejor forma de afrontar la crisis climática. Pero hacerlo es importante no solo para “nivelar el campo” para las mujeres, históricamente en desventaja, sino también porque ellas tienen muchos conocimientos que aportar y la carga adicional que llevan afecta su capacidad para contribuir a las mejores soluciones. Así, incorporar un enfoque de género en la acción climática es justo y también deseable para obtener resultados más eficaces y beneficiosos. Cuando se las excluye, pierden las mujeres y perdemos todos. Para Maite Smet, directora ejecutiva de la Red Internacional de Forestería Análoga, al hablar de un enfoque de género, o hasta de uno feminista, estamos hablando de temas de poder. "Trabajar desde la justicia de género y climática es querer transformar los sistemas de poder que históricamente han oprimido y excluido socialmente a las personas. Se abre la oportunidad de incluir a personas que no han sido parte de las conversaciones y decisiones importantes sobre el clima", comenta. Veamos ahora la relación entre la perspectiva de género y el financiamiento climático, elemento vital en la ardua batalla por mantener un planeta habitable. Género y financiamiento para el clima Enfrentar la crisis climática mundial requiere transformar nuestra forma de existir en el planeta, incluyendo la producción de energía y de alimentos, la infraestructura y el transporte, entre otros. Esto requiere cuantiosos recursos financieros. El Acuerdo de París establece que los países desarrollados deben prestar asistencia financiera a los países menos desarrollados y más vulnerables. Lo anterior nos lleva al mundo del financiamiento climático, a la provisión de fondos para implementar acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Siendo que los impactos de la crisis climática afectan desproporcionadamente a las mujeres y niñas, todo financiamiento climático debe tener una perspectiva de género. ¿Qué significa esto? Implica un financiamiento que entiende estos impactos diferenciados y que los aborda intencionalmente. Significa decidir el financiamiento con participación de las mujeres, reconociendo que tienen conocimientos valiosos sobre sus territorios y que por ende son portadoras de valiosas soluciones. Finalmente, se traduce en un financiamiento que esté disponible y accesible para las mujeres. Según Natalia Daza, monitora de género del Fondo Verde del Clima para América Latina y el Caribe e integrante de Women Environment and Development Organization, el enfoque de género en el financiamiento climático tiene mucho que ver con entender que la desigualdad moldea la forma en que se dan las relaciones sociales. "Las mujeres se ven impactadas de forma diferenciada, usualmente de forma más negativa, por los efectos del cambio climático. Por eso la sociedad civil tiene un papel muy importante: asegurar que las acciones climáticas incluyan las voces de mujeres, organizaciones LGBTIQ+ y organizaciones feministas desde el diseño hasta la implementación", explica. El enfoque de género en el Fondo Verde del Clima En AIDA, cuando hacemos seguimiento al financiamiento climático que llega a la región, nos concentramos en el Fondo Verde del Clima (FVC), el principal fondo climático del mundo, que rinde cuentas ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Aunque está lejos de ser perfecto (entre otras razones, porque lo escrito no necesariamente se cumple), es quizás el fondo más progresista en temas de género. La política de género del FVC reconoce que el cambio climático afecta de manera diferente a mujeres y hombres, además de enfatizar la importancia de la participación y del liderazgo de las mujeres en los procesos de toma de decisiones relacionados con el financiamiento. Es considerada progresista, en comparación con otros fondos, porque tiene un enfoque transversal que busca integrar las consideraciones de género en todos los aspectos del financiamiento. De acuerdo con Seblewongel Deneke, especialista en género del FVC, cualquier política o estrategia que surja dentro del fondo debe tener en cuenta la perspectiva de género. "Está claro que tanto las mujeres como los hombres contribuyen por igual y deberían tener las mismas oportunidades. Pero debemos reconocer que existen retos diferenciados para hombres y mujeres, que ambos son parte de la solución". La política incluye el desarrollo de capacidades, de herramientas y de materiales. "El debate sobre el clima no es sólo acerca de la agenda climática, sino que pone en la mesa otros elementos de la desigualdad. Tenemos que cambiar el acceso a la educación, a la salud y garantizar los derechos básicos que se supone cada individuo debe tener, incluidas las mujeres", afirma Seblewongel. ¿Qué hace falta? No podemos negar que hemos avanzado. La importancia de la perspectiva de género, en la acción climática y en el financiamiento climático, se discute y se reconoce. Existen políticas para asegurarla, instituciones encargadas de implementarla y a veces incluso personal y presupuestos destinados a este objetivo. Pero no es una misión cumplida. El acceso a financiamiento climático para las mujeres aún es menor y ellas gozan de menos posiciones de poder. Y muchas veces los proyectos de mitigación y adaptación no consideran los efectos desproporcionados del cambio climático en las mujeres. Está claro que no es fácil cambiar las cosas cuando se mueven con la inercia de lo que siempre ha sido. Pero no debemos bajar los brazos. En AIDA hemos incluido la perspectiva de género de forma transversal en todo nuestro trabajo. Con ello hemos abierto camino en muchos frentes y mejorado nuestros resultados, en beneficio no solo de las mujeres. Como nodo regional del GCF Watch, un observatorio internacional que da seguimiento al Fondo Verde del Clima, AIDA es puente entre la toma de decisiones a nivel de la Junta Directiva y los territorios que reciben los proyectos financiados. Florencia Ortúzar, abogada senior de AIDA, comenta que no basta tener fondos, sino también inversiones adecuadas. "El seguimiento de la sociedad civil es clave para asegurar que las inversiones en nombre del clima se hagan con respeto a los derechos humanos y con enfoque de género, alcanzando el máximo potencial posible de los fondos destinados a este tipo de proyectos y programas". Ese fue el tema de un evento presencial realizado en junio en Río de Janeiro. Apoyado por la Alianza Global para la Acción Verde y de Género (GAGGA por sus siglas en inglés) —y organizado por el Fondo Socioambiental CASA, AIDA y Both Ends—, el evento buscó capacitar y motivar a organizaciones regionales con bases feministas para que estén mejor preparadas para dar seguimiento al Fondo Verde del Clima. Lola Gutiérrez, directora del Fondo de Mujeres Bolivia, quien participó en el evento, resalta la importancia de conocer más del fondo, de las experiencias de otros países y de cómo acceder a estos recursos. "A las mujeres, el extractivismo y el cambio climático nos afectan de forma diferenciada y somos actoras fundamentales de la solución. Es fundamental estar presentes y problematizar lo que está pasando". Una de las conclusiones del evento fue que, con los avances en políticas y con una narrativa mucho más receptiva al género, podemos dejar de ser porteras que evitan el paso de malos proyectos para ser goleadoras que proponen los proyectos a ser implementados para frenar la crisis climática. Ahí está la esperanza, en que pronto sean estas organizaciones de base las que accedan a los fondos y propongan soluciones. Solo entonces celebraremos y descansaremos. * Camila Bartelega es becaria del Programa de Clima de AIDA, Florencia Ortúzar es abogada sénior y Francisco Pinilla es estratega de comunicación digital.
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