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Foto: Jaime RojoLa hidroeléctrica Las Cruces amenaza el ambiente y los derechos humanos
De ser construida, la hidroeléctrica Las Cruces apresará al río San Pedro Mezquital, el único que aún fluye libre en la Sierra Madre Occidental mexicana. Al interrumpir el caudal, afectará la pesca, agricultura, ganadería y otras actividades de las que cerca de 12.000 familias dependen para subsistir.
El embalse inundaría el poblado de San Blasito y afectaría al pueblo de Saycota, así como a 14 sitios sagrados y un centro ceremonial, fuentes de cultura y vida espiritual de los pueblos indígenas de la zona. Restringiría además el agua y nutrientes que el río lleva a Marismas Nacionales, uno de los bosques de manglar más grandes de México.
En septiembre de 2014, el gobierno dio los permisos ambiental y de uso de agua para la operación y construcción de la hidroeléctrica, pese al impacto que el proyecto tendrá en Marismas Nacionales y a que la entidad estatal a cargo del proyecto no consultó ni obtuvo el consentimiento de las comunidades indígenas y ribereñas afectadas. Ignoró también las opiniones técnicas de autoridades nacionales y las recomendaciones de organismos internacionales sobre las amenazas que el proyecto representa para el ambiente y los derechos humanos.
AIDA trabaja de la mano con organizaciones locales para apoyar a las comunidades afectadas por el proyecto en su lucha para que sus derechos sean respetados.
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“Retratos de una transición energética feminista”
La transición a energía es indispensable y está en marcha, pero ¿cuáles son los riesgos y oportunidades que representa la revolución de energía verde para la realización de los derechos de las mujeres?, ¿Cómo podemos evitar que se repliquen prácticas extractivas comúnmente asociadas a las industrias fósiles?, ¿Cómo podemos promover modelos de energía renovable que impulsen la participación de las mujeres y la erradicación de la pobreza energética? La serie “Retratos de una transición energética feminista” busca visibilizar las historias de las activistas y defensoras de derechos humanos que luchan por una transición energética justa que proteja el medio ambiente, impulse la igualdad de género y brinde acceso seguro, asequible y sostenible a los recursos energéticos. Pese a que las mujeres tienen un papel fundamental en el manejo y uso de los recursos energéticos en los hogares y sus comunidades, enfrentan retos comunes ligados a la discriminación sistemática, la pobreza energética y la falta de representación en el desarrollo del nuevo sector de energía renovable. No podemos acelerar el rumbo hacia sistemas de energía sostenibles sin poner al centro las voces de las mujeres y las comunidades que históricamente han estado rezagadas de los espacios de toma de decisión. En el contexto de la Conferencia de la Partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) y cuando se discute una transición energética que supone un cambio técnico y tecnológico sin precedente para pasar de una fuente de energía a otra y contrarrestar los efectos del cambio climático, las organizaciones de la sociedad civil, Global Initiative for Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR) y la Asociación Interamericana por la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo de FES-Ginebra, lanzan el primer video de la serie que cuenta la historia de María, una mujer indígena de la etnia Maya Chuj que vive en la micro-región de Yich K’isis en Guatemala. Es a través de las historias y experiencias de las mujeres que podemos reducir los riesgos de la transición energética y catalizar el potencial transformador de la energía renovable para impulsar la igualdad de género y construir un futuro sostenible y bajo en carbono. ¡Escucha la historia de María!
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Los cinco avances que la COP26 debe impulsar
Desde el pasado 31 de octubre y durante dos semanas, líderes de más de 190 países, organizaciones internacionales, miembros de la sociedad civil y activistas coincidirán en Glasgow, Escocia, a propósito de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP26). Al encuentro global llegará también el movimiento juvenil con sus propuestas de cambio, entusiasmo y esperanza, un aporte que con los años se ha hecho cada vez más contundente. La COP26 fue aplazada un año por la pandemia global y se realiza en medio de las crisis sociales y económicas derivadas de la contingencia sanitaria, que intensificó las brechas entre países ricos y pobres. Las grandes diferencias en el acceso a programas de vacunación han sumado dificultades a la participación de organizaciones de la sociedad civil, tarea clave para empujar las negociaciones en Glasgow. Lo cierto es que estas dos semanas son cruciales para el futuro del planeta. Según la más reciente evaluación científica de Naciones Unidas, las consecuencias del cambio climático “son irreversibles”, se están viviendo en todas partes del mundo y tienen una relación “inequívoca” con la actividad humana. La gravedad de la situación es tal que estamos cerca de cruzar puntos de inflexión que podría llevarnos a un “punto de no retorno”. No es más un problema del futuro ni solamente de las personas y países más vulnerables. Frente a ese panorama, es clave que la COP26 logre avances en al menos cinco áreas: 1. La ambición que permita mantener el calentamiento global por debajo de 1.5ºC Urge una verdadera reducción de emisiones basada en planes serios para abandonar la explotación y uso de combustibles fósiles y promover energías renovables. Los subsidios a los combustibles fósiles siguen presentes en muchas partes del mundo. Ya no hay tiempo ni espacio para las falsas soluciones, aquellas que permiten seguir contaminando (como las promesas del carbón limpio, por ejemplo). Las transformaciones necesarias son difíciles, pero también posibles, deseables y urgentes. Un mundo sin quema de combustibles fósiles es más verde y justo. Es importante que esta titánica tarea se haga respetando los derechos de las personas y comunidades en los territorios, incluyendo las diferentes voces, aprovechando y honrando el conocimiento local, con un enfoque de justicia climática y equidad de género. De otro lado, está demostrada la utilidad de incluir metas claras y medibles de mitigación de los contaminantes climáticos de vida corta, que permanecen menos tiempo en la atmósfera que los gases de efecto invernadero, pero cuyas emisiones causan entre el 30 y 45 por ciento del calentamiento del planeta, además de contaminar el aire. La inclusión en las negociaciones de un abordaje integral que contemple la reducción de estos contaminantes es una oportunidad para mitigar la crisis climática y proteger la salud humana en el corto plazo. 2. el libro de reglas del Acuerdo de París El artículo 6 del Acuerdo de París propone a los países la utilización de mecanismos de cooperación voluntaria para aumentar la ambición climática, entre ellos los mercados de emisiones de CO2, cuyas normas, modalidades y procedimientos no han sido definidos. Estos mecanismos de mercado permitirían a los países vender un “excedente” de emisiones a países que no hayan alcanzado sus objetivos de mitigación o que busquen un cupo mayor, dando origen a un nuevo mercado internacional de intercambio de créditos de carbono generados en los sectores público y privado de cualquier lugar del mundo. En la COP se debe establecer el órgano que regulará este mercado. Es la única parte del libro de reglas del Acuerdo de París que toavía no se ha resuelto. Luego de la falta de consensos en la COP25 de Madrid, se espera una definición al respecto en Glasgow. Las negociaciones deben asegurar que el mercado garantice que los bonos provengan de proyectos con salvaguardas socioambientales que garanticen el respeto, protección y cumplimiento de los derechos humanos, en especial de grupos en situación más vulnerable, como los pueblos indígenas; así como la integridad de ecosistemas y la reducción neta de emisiones. Asimismo, los mercados de carbono deben garantizar un aumento adicional del esfuerzo global de mitigación y no lo contrario, es decir, ayudar a reducir de emisiones que no hubieran sido posible disminuir sin estos mecanismos. 3. las finanzas climáticas La meta de la COP26 es atender el compromiso de los países desarrollados de movilizar 100 mil millones de dólares por año hasta 2025 para que los países menos desarrollados mitiguen y se adapten a los embates del cambio climático. También deben sentarse las bases para las negociaciones que llevarán a una meta post 2025. Pero esto es solo el inicio. Necesitamos una verdadera transformación de las finanzas internacionales, dejando atrás las inversiones que no aportan al cuidado y regeneración del planeta. Además, los y las negociadoras deben asegurar que los fondos climáticos lleguen a quienes más los necesitan: los países, sectores y poblaciones más vulnerables al cambio climático, que muchas veces tienen dificultades para acceder a financiamiento por la burocracia que implica. De otro lado, el financiamiento debe respetar estándares de derechos humanos, especialmente de comunidades étnicas y mujeres. Para ello se necesita un sistema efectivo de salvaguardas y rendición de cuentas. 4. las medidas para enfrentar las pérdidas y daños El artículo 8 del Acuerdo de París reconoce la importancia de evitar, reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y daños. Este debe ser el tercer pilar de la acción climática, junto con la mitigación y la adaptación. Su inclusión en la agenda climática internacional como parte de una respuesta justa y sistemática ha sido esencialmente promovida por países vulnerables y movimientos sociales de todo el mundo. Comunidades y naciones pobres o en situación de vulnerabilidad ya están sufriendo los efectos más negativos de la crisis climática, siendo los menos responsables de ella. Las acciones de mitigación y adaptación no aplican ante escenarios de pérdidas y daños, que requieren respuestas efectivas basadas en la asignación de responsabilidades y la justicia climática. Pese a la evidencia de los daños y su contexto de injusticia, las negaciones climáticas poco han avanzado para fortalecer este pilar y promover un marco que permita dar respuestas concretas. Es urgente que la COP26 avance en este propósito. En la COP25 se creó la Red de Santiago sobre Pérdidas y Daños con la idea de reunir a diversos actores y catalizar la asistencia técnica para “evitar, minimizar y hacer frente a las pérdidas y los daños a nivel local, nacional y regional”. Es urgente que en la COP26 se configure esta red, otorgándole mandatos claros para que promueva discusiones, recomendaciones y adopte acciones que respondan a demandas históricas sobre el tema. 5. la protección del océano como prioridad El océano es el principal regulador climático del planeta. Uno de los servicios más importantes que brinda es la absorción de emisiones, con la que ha retenido aproximadamente el 90% del calor atmosférico causado por el cambio climático. Pero esto no es inocuo. La gran cantidad de CO2 capturada está alterando el pH del océano, lo que conlleva un proceso de acidificación que genera un desequilibrio en los ecosistemas marinos y afecta seriamente a comunidades pesqueras y habitantes de zonas costeras en todo el mundo. Pese a su importancia y a lo frágil que se ha vuelto debido a la crisis climática, el océano no ha sido parte de las negociaciones internacionales sobre cambio climático. La COP25 dio los primeros lineamientos al respecto. Lo clave es que lo que se negocie esté orientado a proteger y conservar el océano, no a intensificar su uso como sumidero de carbono o como lugar para compensar las necesarias mitigaciones en tierra. Es indispensable que en Glasgow se den pasos decisivos para invertir en soluciones basadas en la naturaleza, asegurar la conservación del 30% del océano global a través de una red robusta de áreas marinas protegidas para 2030, detener la expansión de la exploración y producción de petróleo y gas natural en alta mar; y promover la participación de las comunidades de pescadores y comunidades costeras en la planeación, desarrollo e implementación de políticas relacionadas. Los países no deben utilizar medidas de mitigación en el océano como compensaciones de carbono para permitir más emisiones terrestres. Cabe resaltar que todos estos avances deben tener a los derechos humanos como motor y pilar fundamental. Existe una relación inseparable entre el cambio climático y los derechos humanos. Así lo reconoce el Acuerdo de París, estableciendo que —al adoptar medidas para enfrentar el cambio climático— las Partes deben respetar, promover y tener en cuenta sus obligaciones relativas a los derechos humanos; especialmente aquellas relacionadas con la protección de los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños y niñas, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables; así como el derecho al desarrollo, la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional. La justicia climática debe iluminar todas las decisiones que busquen frenar la crisis climática, en las COP y en cualquier otro escenario.
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El llamado de la ciencia a la acción por el clima y el aire
Por Fabio López Alfaro y Luisa Gaona Quiroga, pasantes de AIDA La primera entrega del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) —que se concluirá en 2022— dedica por primera vez un capítulo completo a los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), cuya reducción puede mitigar la crisis climática y mejorar la calidad del aire. El énfasis del IPCC en estos contaminantes reafirma la relación intrínseca entre clima y aire, así como la necesidad urgente de implementar medidas efectivas y conjuntas para su protección. Los CCVC son compuestos que absorben o reflejan la energía solar, es decir que tienen la capacidad de calentar o enfriar la Tierra en escalas de tiempo cortas (de días a años), en contraste con los gases de efecto invernadero (GEI), como el dióxido de carbono, cuyo impacto climático puede durar décadas, siglos o incluso más. Los CCVC más conocidos son el carbono negro (pequeñas partículas producidas por la quema de diésel, biocombustibles y biomasa), el metano (que tiene un alto efecto en el calentamiento de la Tierra y es precursor de otros contaminantes), el ozono troposférico y los hidrofluorocarbonos (HFC). Debido a que no permanecen en la atmósfera por largo tiempo, sus efectos en el clima son regionales y sus cambios están ligados a alteraciones en sus fuentes de emisión. Aunque algunos CCVC pueden calentar el planeta y otros enfriarlo, lo cierto es que estos contaminantes causan entre el 30 y 45 por ciento del calentamiento del planeta, además de dañar la calidad del aire y afectar el rendimiento de los cultivos. Por ello su gestión integral es decisiva para la mitigación de la crisis climática y la mejora de nuestra calidad de vida. La situación de América Latina En este ciclo de evaluación del IPCC, la disponibilidad de información permitió enfatizar el análisis regional del cambio climático, ilustrando la relevancia de los CCVC, cuyos impactos en el clima y el aire son primordialmente locales. No obstante, los hallazgos para América Latina son menores en comparación con los de Europa, Asia o Norteamérica, evidenciando un rezago en el conocimiento de la región. Cerrar esta brecha de conocimiento sobre CCVC es fundamental porque la región ocupa el tercer lugar en cuanto a la generación de calentamiento a corto plazo (10 años), superada por Asia Oriental y Norteamérica. Pese a la menor información, el IPCC logró identificar los sectores y contaminantes clave de gestionar en América Latina. En el informe se resalta que las políticas de mitigación deberían enfocarse en el material particulado y en el ozono generados en la industria, la producción energética y la quema abierta de biomasa, sectores que regionalmente son responsables de las mayores emisiones. Los impactos negativos para la salud son mayores a medida que disminuye el diámetro del material particulado. Por lo tanto, las partículas finas —el material particulado 2.5— causan los impactos más perjudiciales para el sistema respiratorio y cardiovascular de las personas. Según la OMS, el carbono negro y el carbón orgánico son una parte sustancial del material particulado en la contaminación del aire, así como una causa muy importante de morbilidad y mortalidad prematura a nivel global. Por otra parte, el metano y el carbono negro son los contaminantes de preocupación principalmente en la agricultura, los combustibles fósiles, la gestión de desechos y los motores a diésel, sectores que se proyecta aportarán en 2100 al 90 por ciento de las emisiones de carbono negro de los países no miembros de la OCDE. Llamado a la acción La evidencia científica presentada por el IPCC es también un llamado a la acción, a la lucha conjunta por el clima y el aire. El informe prueba que es vital tener políticas públicas transversales que busquen simultáneamente la mitigación de la crisis climática y de las emisiones de los CCVC. La ausencia de ese tipo de políticas, sumada a un débil control de la contaminación atmosférica, implica un calentamiento a corto plazo para América Latina, principalmente porque se estima un aumento en las emisiones de metano, ozono e hidrofluorocarburos —compuestos caracterizados por altas tasas de calentamiento—, así como contribuciones menores de los aerosoles, lo que disminuiría el efecto de enfriamiento. Sin embargo, con un control adecuado y en escenarios que combinen esfuerzos para reducir los GEI y los CCVC se prevé altos beneficios para el clima y una estabilización después de 2040. Aunque los resultados climáticos de estas medidas serán visibles en 20 o 30 años, aportarán a mejorar la calidad del aire y a proteger la salud humana en el corto plazo. Las políticas públicas que incorporen la reducción de la contaminación atmosférica pueden disminuir las tasas de mortalidad por mala calidad del aire y aportar al cumplimiento de varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente aquellas metas relacionadas con la exposición a partículas (metas 3.9 y 11.6), con la salud humana y las ciudades sostenibles (ODS 3 y 11). También pueden contribuir al acceso a energía limpia y asequible, al consumo y producción responsables, a la acción por el clima y a la protección de la biodiversidad (ODS 7, 12, 13, 14 y 15). Finalmente, la disminución de las emisiones de CCVC ayudará a reducir las pérdidas de cultivos, aportando a lograr hambre cero (ODS 2). Ahora que conocemos los sectores y contaminantes cuya gestión será clave en los próximos años, es momento de exigir de autoridades y empresas la implementación de acciones concretas para reducir las emisiones de los CCVC y obtener cobeneficios en la lucha por el clima y por un aire limpio.
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