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Liliana Ávila /AIDALa lucha ante el BID de mujeres indígenas en Guatemala
Comunidades mayas lograron que el BID Invest elabore un plan de salida responsable tras retirar su financiamiento de dos proyectos hidroeléctricos que impactaron negativamente ecosistemas y modos de vida de pueblos indígenas, en especial de mujeres, en la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis).
En la lucha por defender su agua, territorio y modos de vida, comunidades indígenas mayas de la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis), al norte de Guatemala, contribuyeron a que en el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo retire su financiamiento de dos hidroeléctricas cuya implementación vulneró sus derechos. Lograron además que, por primera vez, la entidad diseñe un plan de salida responsable.
Ese avance histórico fue el resultado de la queja que —con el acompañamiento de AIDA, el Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q’anjob’al y la Plataforma Internacional contra la Impunidad — las comunidades presentaron en agosto de 2018 ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), oficina de rendición de cuentas del Grupo BID.
Al resolver el caso, en septiembre de 2021, el MICI concluyó que el BID Invest incumplió sus propias políticas operativas y salvaguardas en el marco del financiamiento otorgado a la empresa Energía y Renovación S.A. para la implementación de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés.
En Ixquisis, las tierras son muy fértiles debido a que la zona, próxima a la frontera con México, es rica en nacimientos de agua y ríos importantes.
Sus habitantes, en su mayoría mujeres indígenas de ascendencia maya, dependen altamente del agua para llevar a cabo actividades de subsistencia como la pesca y la agricultura, así como para el aseo y la preparación de alimentos.
La construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés ha cambiado drásticamente la vida de las comunidades del lugar al causar escasez de agua, además de contaminar ríos y otras fuentes naturales del recurso.
La falta de agua también ha reducido las cosechas y los ingresos económicos provenientes de la venta de maíz, trigo, frijol, haba, café, caña de azúcar y otros productos. Las condiciones de pobreza en la zona se han profundizado.
Y la situación de riesgo es más grave, particularmente para las mujeres, quienes han desempeñado un rol muy importante en la defensa del agua y del territorio amenazados por los proyectos hidroeléctricos, siendo por ello víctimas de intimidación y estigmatización.
Como guardianas de su agua y territorio, han salido en su defensa y lo seguirán haciendo para evitar que su deterioro siga dañando su vida y la de sus familias.
Consulta nuestra hoja informativa del caso
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Carta abierta de organizaciones de la sociedad civil al Presidente del BID
El grupo de organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes saludamos en el inicio de su gestión como Presidente del Banco y le hacemos llegar nuestros mejores augurios al asumir esta tarea de gran responsabilidad hacia los pueblos de América Latina y el Caribe.Aprovechamos esta oportunidad para presentarnos y manifestar nuestra disposición de seguir contribuyendo a las acciones del Banco en pos del desarrollo de la región. Desde 2017 nuestras organizaciones vienen realizando seguimiento y recomendaciones sobre las políticas y los proyectos del BID, en alianza con las comunidades y poblaciones locales. Particularmente, promovemos que el Banco establezca mejores políticas y prácticas sociales y ambientales, así como espacios de participación adecuados y transparentes que permitan mejorar el vínculo y la interacción del BID con la sociedad civil. Por solo mencionar algunos ejemplos, destacamos nuestras contribuciones al Marco de Políticas Ambientales y Sociales (MPAS), a las actualizaciones de la política del MICI y en el acompañamiento de casos específicos, en el proceso de revisión de la Política de Acceso a la Información y en los diálogos sobre la Iniciativa Amazónica-BID.En paralelo, realizamos un seguimiento permanente de las políticas e inversiones del Banco en toda la región, entre ellos los proyectos en respuesta y recuperación a la pandemia de Covid y muchos otros.Consideramos primordial que el Banco fortalezca sus prácticas y operaciones, asegurando la promoción y el respeto de los derechos humanos, con especial atención a las necesidades de las comunidades y los pueblos indígenas, quienes se encuentran en primera línea en la defensa de la naturaleza, así como de la protección de los ecosistemas clave para la lucha contra el cambio climático.Debido a la relevancia de la participación pública para promover el desarrollo pleno, reiteramos nuestro requerimiento al Banco para que genere mecanismos de participación constructivos y duraderos. En particular, solicitamos que se reabra el espacio de diálogo con la sociedad civil en el marco de las próximas Reuniones Anuales del BID. Este espacio fue una práctica tradicional que se interrumpió el año 2014 y no se ha retomado hasta la fecha.Entendemos que un espacio de articulación del BID con la sociedad civil (organizaciones y movimientos sociales, grupos indígenas, y otros grupos afectados o vulnerabilizados ) no solo constituye una buena práctica que otros organismos multilaterales ya vienen implementando, sino que además contribuiría a avanzar los objetivos de su gestión, según lo señalado en su discurso inaugural del 12 de enero pasado, cuando subrayó su deseo de “aprovechar todas las oportunidades de diálogo” y colaboración con distintos actores para abordar los problemas más acuciantes de nuestra región.Su administración tiene entonces una oportunidad histórica para generar una mayor apertura hacia las organizaciones de la sociedad civil y las comunidades potencialmente afectadas por operaciones financiadas por el Banco. Consideramos que esta demanda no se puede seguir aplazando, y que este antiguo reclamo debe ser atendido para fortalecer el trabajo en conjunto con los pueblos de la región.Quedamos a su disposición para conversar sobre los puntos planteados en esta carta y otras materias de interés común cuando lo estime conveniente.Atentos saludos, Accountability CounselAMATE El SalvadorArticulación Salvadoreña de Sociedad Civil para la Incidencia en las Instituciones Financieras Internacionales (ASIFI)Asociación Ambiente y SociedadAsociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)Bank Information CenterCenter for International Environmental Law (CIEL)Coalición para los Derechos Humanos en el DesarrolloCohesión Comunitaria e Innovación Social A.C. (México)Conectas Direitos HumanosDerecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR, Perú)Ecoa - Ecologia e AçãoFundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps)Fundación CAUCE: Cultura Ambiental - Causa Ecologista. (Argentina)Gender ActionInternational RiversInternational Accountability ProjectMesa de Discapacidad y Derechos (Perú)Plataforma Internacional contra la ImpunidadProtection International MesoaméricaSociedad y Discapacidad - SODIS (Perú)Sustentarse (Chile)Wetlands International / Fundación Humedales (Argentina) Lee y descarga la carta
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Comunidades indígenas en Guatemala logran desinversión y plan de salida del BID por vulneración de sus derechos
En un avance histórico, el BID dejó de financiar dos hidroeléctricas en la microrregión de Yichk´isis y diseñó un plan de salida responsable de los proyectos. Las comunidades mayas afectadas y las organizaciones que acompañan su lucha saludan la respuesta del banco a la queja que presentaron en 2018, pero resaltan que la entidad aún debe encarar varios desafíos. Washington D.C., EE. UU. El Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hizo pública su decisión de retirar su financiamiento de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés de la empresa Energía y Renovación S.A. en la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis), al norte de Guatemala. Asimismo, diseñó un plan de salida responsable y de fortalecimiento institucional ante las debilidades que el caso evidenció. Esta fue la respuesta del banco a la queja que las comunidades mayas afectadas por los proyectos presentaron ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Grupo BID y al informe en el que dicha oficina de rendición de cuentas resolvió el caso, concluyendo que el BID Invest incumplió sus políticas operativas y salvaguardas en el marco del financiamiento de los proyectos, y abriendo en sus recomendaciones la posibilidad de un retiro de la inversión. La desinversión se concretó en octubre de 2021, cuando el BID Invest y Energía y Renovación S.A. firmaron acuerdos de liquidación. Cabe destacar que es la primera vez que el Grupo BID, como resultado de una queja, elabora un plan para que su salida sea responsable. "Es una oportunidad para que el banco tenga en cuenta los aprendizajes del caso: entre ellos la relevancia de comprender los contextos locales de los proyectos, las dinámicas socioculturales de las poblaciones que serán directamente afectadas y la perspectiva local de desarrollo a nivel local para determinar la viabilidad o no del financiamiento", dice Liliana Ávila, abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). "Es también una oportunidad para que el banco fortalezca el seguimiento y supervisión a los proyectos que apoya con miras a prevenir incumplimientos". No obstante, existen aún desafíos y temas pendientes que la entidad financiera debe encarar en torno a su proceso de salida de los proyectos hidroeléctricos. "Es evidente la responsabilidad del banco en el proceso de inversión y en el incumplimiento de sus salvaguardas sociales y ambientales; por ello debe promover durante el proceso de salida la efectividad de las acciones de manera participativa, libre de manipulación y de forma incluyente con la comunidad para reducir los riesgos de revictimización y de vulneración de la población afectada", indica Mara Bocaletti, Directora de la Plataforma Internacional contra la Impunidad. "Esta experiencia es un primer paso para maximizar los beneficios en los territorios de modo que se permita enmendar los daños provocados." El plan de acción propuesto por la entidad establece que el BID Invest hará una ruta de transición traducida a los idiomas originarios de las comunidades afectadas, así como una evaluación de impactos diferenciados por razones de género a causa de los proyectos y una inversión para promover la inclusión financiera y el empoderamiento de las mujeres en la zona. Además, el plan contiene acciones para abordar las recomendaciones del MICI sobre cambios estructurales a nivel institucional. En ese sentido, se prevé fortalecer la unidad de salvaguardas ambientales y sociales del BID Invest en materia de pueblos indígenas, así como establecer una política de cero tolerancia a la violencia de género, la cual será incluida en las condiciones contractuales de las operaciones aprobadas por el banco. Por otro lado, se incluirá en los protocolos existentes herramientas para hacer seguimiento a los hechos de violencia asociados a los proyectos financiados por el BID Invest. En cuanto a la categorización de los proyectos, se hará una actualización orientada a que la clasificación de supervisión interna sea modificada a una superior cuando se identifiquen circunstancias que eleven los riesgos e impactos de un proyecto después de que su financiamiento fue aprobado. "Para elaborar el plan de salida responsable, el BID Invest debe llevar adelante procesos de consulta con las comunidades afectadas; los cuales van a definir en gran parte la capacidad del plan para abordar y ofrecer de manera efectiva soluciones viables a los daños reconocidos en el informe del MICI, como el aumento de la conflictividad, el desconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas y de sus derechos, las afectaciones al patrimonio cultural ancestral, los impactos diferenciados en las mujeres y la falta de prevención y consecuente degradación ambiental", resalta Carolina Juaneda, del Bank Information Center. "Si estos temas no son abordados ni incluidos en el plan de salida responsable, todo este esfuerzo no habrá valido la pena ya que, en última instancia, no llevaría a ninguna mejora ni reconstitución de condiciones de vida en las personas afectadas y en el ambiente". Las comunidades presentaron su queja al MICI en agosto de 2018 con el acompañamiento de AIDA, la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q’anjob’al y Popti’. En ella solicitaron que el BID Invest retire su inversión en razón de los daños que la implementación de los proyectos ha causado en el ambiente, en los pueblos indígenas y en las mujeres de Ixquisis. En septiembre de 2021, el Directorio del Grupo BID aprobó el informe del MICI, en el cual se concluyó que el BID Invest incumplió su propias políticas operativas y salvaguardas por al menos cinco razones: 1) Validar una caracterización inadecuada de la población afectada, que negaba la existencia de pueblos indígenas; 2) no verificar la realización de una identificación de impactos diferenciados por razones de género en las mujeres; 3) No asegurarse de que el cliente hiciera una identificación y gestión adecuada de impactos ambientales; 4) no cerciorarse de que las comunidades fueran debidamente informadas y consultadas; y 5) no llevar a cabo una supervisión adecuada de los riesgos de conflicto locales que se podían generar en la zona a causa de los proyectos. "El informe del MICI confirma que el BID Invest incumplió sus políticas, generando impactos muy adversos para la vida de las comunidades. La empresa Energía y Renovación no actuó con la diligencia debida en el marco de sus operaciones y, por el contrario, ha implementado estrategias contrarias al respeto de los derechos humanos. Actualmente, varias autoridades indígenas y personas defensoras de derechos humanos se encuentran criminalizadas, haciendo innegable la persistencia de un contexto de riesgo para las comunidades", afirma Rigoberto Juárez, Coordinador General del Gobierno Ancestral Plurinacional. "Ante esta evidencia, es muy importante que el BID Invest garantice un plan de acción que incluya acciones destinadas a reparar los daños causados a las comunidades en el marco del financiamiento a estos proyectos y a un reconocimiento más contundente de su responsabilidad". Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Camila Castellanos, Plataforma Internacional contra la Impunidad, [email protected]
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Tres historias de justicia ambiental y climática
Frente a los desafíos cada vez más grandes a los que nos enfrentamos debido a la degradación del ambiente y la crisis climática, la fuerza de la lucha conjunta demuestra que es posible garantizar un ambiente sano y un futuro sostenible para todas las personas. Este año, AIDA consiguió avances importantes en ese camino, de la mano de comunidades y de aliados en la región. Las historias a continuación hablan de logros que nos acercan a la justicia ambiental y climática que necesitamos con urgencia y por la que trabajamos cada día. Son historias de éxito y de esperanza que nos inspiran a seguir avanzando con más fuerza. 1. Mujeres mayas empujan al BID a la rendición de cuentas En Guatemala, bajo nuestro asesoramiento y con el apoyo de aliados locales e internacionales, la lucha de mujeres mayas por defender su agua y su territorio hizo historia. Lograron que la oficina de rendición de cuentas del Grupo del BID reconozca los daños ocasionados por dos represas financiadas por el BID Invest y abra la posibilidad de que el banco retire su inversión de manera responsable. Conoce Más 2. Un fallo afianza la preservación de las áreas naturales protegidas La intención de grandes desarrolladores inmobiliarios de desmantelar el área de protección de flora y fauna Yum Balam, en el Caribe mexicano, se topó con la pared. La Suprema Corte de México sentó un precedente legal clave al determinar que el programa de manejo, fundamental para el aprovechamiento sostenible del sitio, es legal. AIDA contribuyó a defender a Yum Balam en los tribunales, así como a construir el programa de manejo. Conoce Más 3. La ayuda internacional llega a dos lagos altoandinos Junto con comunidades y organizaciones locales, AIDA impulsó la solicitud de apoyo técnico internacional para la recuperación de los lagos Poopó y Uru Uru en el altiplano boliviano, la cual fue finalmente formalizada por el gobierno. Ese apoyo, previsto para el próximo año, es vital para el rescate de estos ecosistemas, verdaderos sistemas de vida para la biodiversidad y para las comunidades indígenas y campesinas de la zona. Conoce Más ¡Encuentra estas historias y mucho más sobre el camino recorrido este año en nuestro Informe Anual 2021!
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