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Liliana Ávila /AIDALa lucha ante el BID de mujeres indígenas en Guatemala
Comunidades mayas lograron que el BID Invest elabore un plan de salida responsable tras retirar su financiamiento de dos proyectos hidroeléctricos que impactaron negativamente ecosistemas y modos de vida de pueblos indígenas, en especial de mujeres, en la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis).
En la lucha por defender su agua, territorio y modos de vida, comunidades indígenas mayas de la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis), al norte de Guatemala, contribuyeron a que en el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo retire su financiamiento de dos hidroeléctricas cuya implementación vulneró sus derechos. Lograron además que, por primera vez, la entidad diseñe un plan de salida responsable.
Ese avance histórico fue el resultado de la queja que —con el acompañamiento de AIDA, el Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q’anjob’al y la Plataforma Internacional contra la Impunidad — las comunidades presentaron en agosto de 2018 ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), oficina de rendición de cuentas del Grupo BID.
Al resolver el caso, en septiembre de 2021, el MICI concluyó que el BID Invest incumplió sus propias políticas operativas y salvaguardas en el marco del financiamiento otorgado a la empresa Energía y Renovación S.A. para la implementación de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés.
En Ixquisis, las tierras son muy fértiles debido a que la zona, próxima a la frontera con México, es rica en nacimientos de agua y ríos importantes.
Sus habitantes, en su mayoría mujeres indígenas de ascendencia maya, dependen altamente del agua para llevar a cabo actividades de subsistencia como la pesca y la agricultura, así como para el aseo y la preparación de alimentos.
La construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés ha cambiado drásticamente la vida de las comunidades del lugar al causar escasez de agua, además de contaminar ríos y otras fuentes naturales del recurso.
La falta de agua también ha reducido las cosechas y los ingresos económicos provenientes de la venta de maíz, trigo, frijol, haba, café, caña de azúcar y otros productos. Las condiciones de pobreza en la zona se han profundizado.
Y la situación de riesgo es más grave, particularmente para las mujeres, quienes han desempeñado un rol muy importante en la defensa del agua y del territorio amenazados por los proyectos hidroeléctricos, siendo por ello víctimas de intimidación y estigmatización.
Como guardianas de su agua y territorio, han salido en su defensa y lo seguirán haciendo para evitar que su deterioro siga dañando su vida y la de sus familias.
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Mecanismo de rendición de quejas del BID admite queja contra represas en Guatemala
En la queja, personas afectadas por las represas Pojom II y San Andrés en la microrregión de Ixquisis solicitan que se recomiende al BID retirar su inversión porque incumplió sus propias políticas operativas al financiar las hidroeléctricas, cuya planeación y construcción ha causado daños sociales y ambientales. Washington DC, Estados Unidos. El Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) declaró elegible la reclamación presentada contra las represas Pojom II y San Andrés, financiadas por esa entidad, por personas de la microrregión de Ixquisis, departamento de Huehuetenango, al norte de Guatemala. La queja fue presentada el 4 de agosto de 2018 y fue admitida el 31 de enero pasado. En ella, las personas afectadas —representadas por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Plataforma Internacional contra la Impunidad y el Gobierno Plurinacional de la Nación Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti y Mestiza— evidencian que el financiamiento de las hidroeléctricas por parte del BID Invest, brazo privado del Grupo del BID, incumple las políticas operativas de la entidad en materia de pueblos indígenas, ambiente y género. “Dada la robusta documentación presentada, esperamos que el MICI concluya que el banco incumplió sus políticas y recomiende, por tanto, que retire su inversión de los proyectos”, señaló Rigoberto Juarez, representante del Gobierno Plurinacional. “Así contribuiría al cese de los ataques contra las personas de Ixquisis, en su mayoría mujeres mayas, por parte de las empresas a cargo de las represas y con apoyo de fuerzas de seguridad nacional”. La hidroeléctrica Pojom II es promovida por la empresa Generadora San Mateo S.A., mientras que San Andrés está a cargo de Generadora San Andrés S.A. Ambas empresas son subsidiarias de Promoción y Desarrollos Hídricos S.A., una compañía nacional. El BID Invest aprobó en 2013 un préstamo de 7 millones de dólares para Pojom II y de 6 millones para San Andrés. La queja documenta que la planeación y construcción de ambos proyectos ha derivado en la vulneración de derechos de hombres y mujeres de la microrregión, así como en considerables daños ambientales en las cuencas de los ríos Pojom, Negro y Yalhuitz, de los que dependen los modos de vida de las comunidades de la zona. En la queja se resaltan además los daños diferenciados en la vida y en el goce efectivo de derechos de las mujeres de Ixquisis, y la grave situación de riesgo que enfrentan las comunidades por la defensa de su agua y territorio. El mecanismo de rendición de cuentas del BID admitió la queja debido a que la misma cumple con los criterios correspondientes, lo cual fue constatado tras numerosas reuniones presenciales y telefónicas con distintos actores, entre ellos los denunciantes, la administración del BID, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios de organismos internacionales. “Esta decisión es un paso muy importante en el proceso de rendición de cuentas de las instituciones financieras internacionales”, dijo Anabella Sibrián, de Plataforma Internacional contra la Impunidad. “Es importante que este tipo de proyectos no sean financiados por los daños ambientales y sociales que provocan”. No obstante, el mecanismo excluyó de la admisión el análisis de cumplimiento del banco respecto de la realización de una consulta previa a las comunidades indígenas afectadas, en los términos establecidos en el Convenio 169 de la OIT. Su argumento fue que ese tema está siendo objeto de procesos arbitrales o judiciales a nivel interno. “No existen razones para esa exclusión porque las demandas de amparo presentadas en tribunales nacionales cuestionan la violación de derechos fundamentales y no hacen referencia al financiamiento por parte del banco”, sostuvo Liliana Ávila, abogada sénior de AIDA. “Por tanto, no existen procesos pendientes que impidan indagar la actuación del banco en términos de la consulta previa”. Admitida la queja, la dirección del MICI elaborará términos de referencia para la investigación y recomendaciones en torno a la realización o no de una verificación de la observancia. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Defendiendo los derechos de las mujeres para lograr justicia ambiental
Pese a que las mujeres lideran gran parte de las luchas por la defensa y conservación de la naturaleza en todo el mundo, con frecuencia son excluidas de las decisiones sobre el uso de la tierra, el agua y otros recursos naturales. Además, son las principales afectadas cuando proyectos inadecuadamente implementados contaminan el aire y el agua, y causan desplazamientos forzados y otros daños. El cambio climático les afecta también de manera diferente y, muchas veces, más grave. En esos casos, las mujeres —particularmente indígenas— son altamente vulnerables a perder sus modos de vida, sus ingresos y sus hogares. En AIDA trabajamos en la defensa legal del ambiente y de los derechos humanos desde una perspectiva de género, reconociendo que combatir las desigualdades y los daños diferenciados que afectan a las mujeres es fundamental para conseguir justicia ambiental en América Latina. “El enfoque de género permite defender los derechos de las mujeres de forma integral, comprendiendo que los riesgos y daños, así como las políticas para enfrentarlos, son diferentes para hombres y mujeres”, explica Liliana Ávila, abogada sénior. “Hacer visible esto ayuda a romper con escenarios de discriminación y garantizar el derecho a la igualdad de manera efectiva”. Elevando la voz de las mujeres Trabajando bajo el enfoque de género en Guatemala, dice Liliana, ha sido una experiencia profesional fascinante que le permitió entender cómo el daño ambiental tiene impactos diferentes en hombres y mujeres, que las mujeres entienden de otras formas el territorio y lo que pasa en él. En ese país, en la microrregión de Ixquisis, la construcción de las represas Pojom II y San Andrés ha dañado las fuentes de agua, provocando enfermedades y perjudicando la pesca y la agricultura, actividades de subsistencia para los habitantes de la zona, en su mayoría mujeres indígenas de ascendencia maya. “Por ello es necesario promover metodologías y espacios que hagan visibles las voces de las mujeres, posibiliten y fortalezcan su participación, evidencien las afectaciones diferenciadas que sufren y promuevan trasformaciones para garantizar sus derechos”, afirma. AIDA apoya legalmente la defensa de los ríos y la oposición de las mujeres de Ixquisis a las represas, ante tribunales nacionales y ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia ambos proyectos incumpliendo sus propias políticas operativas. Nuestro trabajo en Guatemala es posible gracias a la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA), que apoya la colaboración entre movimientos y organizaciones de base para reforzar su papel en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y de la justicia ambiental. Desde 2016, la alianza proporciona fondos a movimientos de mujeres y organizaciones ambientales a nivel nacional, regional y mundial en más de 30 países de América Latina, África, Asia y Europa. El rol de las mujeres en la defensa ambiental Al trabajar de la mano de comunidades en toda la región, las y los abogados de AIDA conocen de cerca el rol fundamental que las mujeres cumplen en la protección del ambiente y contribuyen a generar igualdad para ellas. “En el caso de la defensa del río San Pedro Mezquital, en Nayarit, he identificado el papel clave de las mujeres de comunidades indígenas en el cuidado del agua”, cuenta Camilo Thompson, abogado de AIDA en México. “Y en la región del Golfo de California, he conocido a mujeres que lideran los esfuerzos hacia un manejo pesquero adecuado”. Claudia Velarde, abogada de AIDA en Bolivia, dice que en su país se ha reconocido ya que las mujeres campesinas producen mayor cantidad de alimentos, por lo que sus experiencias, visiones y conocimientos deben ser incorporados en las políticas públicas alimentarias. “Personalmente ha sido muy enriquecedor trabajar con mujeres y desde la perspectiva de la mujer. Tuve la oportunidad de conocer a grandes mujeres que luchan por la defensa de sus territorios en contra de actividades extractivas como el fracking, lo cual me ayudó a entender que los impactos de una misma actividad son vividos de forma distinta según los roles sociales asignados”.
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