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Liliana Ávila /AIDALa lucha ante el BID de mujeres indígenas en Guatemala
Comunidades mayas lograron que el BID Invest elabore un plan de salida responsable tras retirar su financiamiento de dos proyectos hidroeléctricos que impactaron negativamente ecosistemas y modos de vida de pueblos indígenas, en especial de mujeres, en la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis).
En la lucha por defender su agua, territorio y modos de vida, comunidades indígenas mayas de la microrregión de Yichk´isis (Ixquisis), al norte de Guatemala, contribuyeron a que en el Grupo del Banco Interamericano de Desarrollo retire su financiamiento de dos hidroeléctricas cuya implementación vulneró sus derechos. Lograron además que, por primera vez, la entidad diseñe un plan de salida responsable.
Ese avance histórico fue el resultado de la queja que —con el acompañamiento de AIDA, el Gobierno Ancestral Plurinacional de las Naciones Originarias Akateko, Chuj, Q’anjob’al y la Plataforma Internacional contra la Impunidad — las comunidades presentaron en agosto de 2018 ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI), oficina de rendición de cuentas del Grupo BID.
Al resolver el caso, en septiembre de 2021, el MICI concluyó que el BID Invest incumplió sus propias políticas operativas y salvaguardas en el marco del financiamiento otorgado a la empresa Energía y Renovación S.A. para la implementación de los proyectos hidroeléctricos San Mateo y San Andrés.
En Ixquisis, las tierras son muy fértiles debido a que la zona, próxima a la frontera con México, es rica en nacimientos de agua y ríos importantes.
Sus habitantes, en su mayoría mujeres indígenas de ascendencia maya, dependen altamente del agua para llevar a cabo actividades de subsistencia como la pesca y la agricultura, así como para el aseo y la preparación de alimentos.
La construcción de los proyectos San Mateo y San Andrés ha cambiado drásticamente la vida de las comunidades del lugar al causar escasez de agua, además de contaminar ríos y otras fuentes naturales del recurso.
La falta de agua también ha reducido las cosechas y los ingresos económicos provenientes de la venta de maíz, trigo, frijol, haba, café, caña de azúcar y otros productos. Las condiciones de pobreza en la zona se han profundizado.
Y la situación de riesgo es más grave, particularmente para las mujeres, quienes han desempeñado un rol muy importante en la defensa del agua y del territorio amenazados por los proyectos hidroeléctricos, siendo por ello víctimas de intimidación y estigmatización.
Como guardianas de su agua y territorio, han salido en su defensa y lo seguirán haciendo para evitar que su deterioro siga dañando su vida y la de sus familias.
Consulta nuestra hoja informativa del caso
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La contradicción de apoyar grandes represas con financiamiento climático
Durante la 16° reunión de su Junta Directiva, el Fondo Verde del Clima, entidad diseñada para financiar la lucha de los países en desarrollo contra el cambio climático, aprobó dos proyectos relacionados con grandes represas. Ahora, 136 millones de dólares irán a promover la hidroelectricidad a gran escala, contradiciendo el objetivo del Fondo de contribuir a un “cambio transformacional hacia un futuro bajo en emisiones y resiliente al clima”. Ya lo hemos dicho antes: las grandes represas no son parte del cambio de paradigma que requerimos, pues exacerban el cambio climático, son muy vulnerables a sus efectos y generan graves impactos socioambientales y económicos, que hacen imposible concebirlas en el marco de un desarrollo sostenible. Los proyectos beneficiados Los dos proyectos apoyados por la Junta del FVC no son de los más destructivos de su tipo, sin embargo, siguen siendo energía hidroeléctrica a gran escala, con todo lo que ello implica. El primer proyecto que recibirá financiamiento del Fondo Verde del Clima es una represa que prevé generar 15 MW de electricidad en las Islas Salomón, país archipiélago del Pacífico muy pobre y vulnerable al cambio climático. La represa, que se construirá sobre el río Tina, será el primer proyecto energético de gran infraestructura en ese país. Hoy día, las Islas Salomón dependen casi por completo de diésel importado para producir energía. Se trata de una fuente poco confiable, altamente contaminante, y por la que se debe pagar una de las tarifas más caras de la región. Si bien nos habría gustado ver a las Islas Salomón saltar hacia una alternativa más sostenible, esquivando la era de las represas, el Banco Mundial, entidad acreditada que presentó el proyecto ante el Fondo, llevó a cabo un proceso participativo y destacable de integración de las comunidades locales, que le concedió la legitimidad para realizar el proyecto. El segundo proyecto rehabilitará una represa construida en los 50 en Tajikistan, país ubicado en Asia Central. Las reparaciones son para volverla más resiliente al clima y menos peligrosa a posibles accidentes. Al tratarse de una rehabilitación, el proyecto no genera los impactos socioambientales propios de la construcción de una represa desde cero. Sin embargo, Tajikistan ya depende en un 98% de energía hidroeléctrica, que debido al cambio climático falla cada vez más. En efecto, en los meses más fríos, cuando más se requiere energía, más del 70% de su población sufre cortes por el mal funcionamiento de las represas. Por tanto, no es razonable usar financiemiento climático para profundizar esa dependencia, en lugar de hacerlo para diversificar la matriz energética del país, haciéndola más resiliente al clima. Nuestra campaña Antes de la 14ª reunión de la Junta Directiva del Fondo, cuando recién supimos de las propuestas relacionadas con grandes represas que buscarían financiamiento del Fondo, escribimos una carta abierta explicando por qué las grandes represas no son adecuadas para recibir esos recursos. Luego, anticipándonos a la 16ª reunión, en la que se discutirían los dos proyectos, enviamos a los miembros de la Junta una carta firmada por nuestros aliados más cercanos, que incluía información de cada uno de los proyectos de represas en trámite ante el Fondo. Finalmente, durante las reuniones de la Junta, circulamos una declaración firmada por 282 organizaciones, fortaleciendo nuestra postura. Obtuvimos respuestas oficiales de algunos miembros de la Junta, del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, a cargo del proyecto en Tajikistan, y de la Autoridad Nacional Designada de las Islas Salomón. Delegados de Canadá y Francia quisieron conversar del tema con nosotros. Además, los medios The Guardian y Climate Home publicaron artículos al respecto. Avanzando con optimismo Pese a que el financiamiento fue otorgado finalmente a los dos proyectos hidroeléctricos, logramos llamar la atención a nivel internacional sobre la incongruencia de apoyar grandes represas con dinero destinado a combatir el cambio climático. Varios miembros de la Junta del Fondo Verde del Clima expresaron dudas acerca de la conveniencia de promover este tipo de iniciativas, y confiamos en que alzarán la voz cuando se enfrenten a proyectos hidroeléctricos mucho más dañinos que los aprobados recientemente. Actualmente existen alternativas energéticas mucho más flexibles, baratas y amigables con el medio ambiente, que necesitan del impulso que el Fondo Verde puede dar. La energía solar y la eólica, por ejemplo, han probado ser eficientes y menos costosas que la hidroeléctrica de gran escala; y otras tecnologías menos desarrolladas, como la geotérmica, tienen un potencial aún inexplorado que debemos destapar. Las organizaciones de la sociedad civil, que hacemos seguimiento a las decisiones del Fondo, seguiremos trabajando para que el financiamiento a grandes represas no se vuelva un precedente.
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En busca de protección legal para los arrecifes en México
Los arrecifes —tanto coralinos como rocosos— son fuente de alimento y de compuestos químicos usados para fabricar medicamentos, protegen a poblaciones costeras del impacto de tormentas y huracanes, son un destino turístico importante y refugio para gran cantidad de plantas y animales. No obstante, México, país rico en arrecifes, no cuenta con una ley específica para su protección. Esa tarea vital está fragmentada en diferentes normas, así como en tratados internacionales que establecen las obligaciones que el país tiene de preservar esos entornos. Una de las amenazas más graves a la existencia de los arrecifes es el cambio climático, que provoca que la temperatura de los océanos aumente y que sus aguas se vuelvan ácidas, lo cual reduce la capacidad de los arrecifes para crecer y reparar su estructura. Además, el calentamiento de los mares causa el desprendimiento de las algas de las que se alimentan los corales, quedando los mismos expuestos y en riesgo de morir. Este mes, la Comisión Especial de Cambio Climático del Senado mexicano decidió hacer algo al respecto y convocó a una serie de reuniones para impulsar el proceso de creación de un instrumento legislativo orientado exclusivamente a la protección de los arrecifes del país. En representación de AIDA, participé de esas reuniones junto con colegas de COSTASALVAJE, organización aliada en México, y con científicos, académicos y personas beneficiadas con los servicios que los arrecifes prestan. Llamamos la atención del Senado sobre las serias amenazas que los arrecifes enfrentan y sobre la urgencia de aplicar el principio de precaución para garantizar el derecho humano a un ambiente sano, el cual está en riesgo ante la falta de una regulación adecuada para la conservación de arrecifes. Garantizar ese derecho, así como la protección prioritaria e integral de los océanos frente al cambio climático, son obligaciones asumidas por el Estado mexicano como firmante de tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CDH); el Acuerdo de París sobre cambio climático, la Convención Ramsar sobre humedales y la Convención Interamericana para protección y conservación de las Tortugas Marinas (CIT), entre otros. Veracruz, un caso emblemático Los arrecifes del país también son amenazados por la infraestructura costera inadecuadamente planificada y por evaluaciones de impacto ambiental inapropiadas. Es el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, proyecto que actualmente pone en peligro al Sistema Arrecifal Veracruzano, el ecosistema de coral más grande del Golfo de México. El sitio fue declarado Área Natural Protegida en 1992, región prioritaria para la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad el año 2000, reserva de la biosfera por la UNESCO en 2006, y sitio Ramsar. Aún así, el gobierno redujo el tamaño del área en 2013 para dar paso al proyecto portuario, vulnerando convenios internacionales como Ramsar, bajo el cual el arrecife veracruzano es reconocido como Humedal de Importancia Internacional. Conoce más del caso en el siguiente video: Esperanza Confiamos en que la iniciativa del Senado rinda frutos y que México cuente con una norma específica de protección de sus arrecifes, la cual resulte de un proceso participativo y transparente al que seguiremos contribuyendo. Para saber más del tema, consulta nuestro informe La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad.
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