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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Perú: Frente al coronavirus, ATENCIÓN NACIONAL para los afectados por metales tóxicos
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Finalmente todas y todos debemos estar unidos en esta lucha contra el coronavirus en el Perú pero eso no debe implicar dejar de lado los acuerdos pendientes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con la Presidencia de Consejo de Ministros como la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la atención a las miles de personas afectadas por metales tóxicos así como tampoco dejar de exigir dar prioridad en la atención de estas familias considerando su condición de riesgo, vulnerabilidad y su permanente situación de precariedad económica. Esperamos que esta vez el Estado peruano asuma su responsabilidad, garantice sus derechos y atienda sus demandas. Firman: Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP Red Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia del Norte - ORPIAN-P Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos por la Defensa de sus Territorios PUINAMUDT Comunidad Nativa Nazareth Amazonas Comunidad Nativa Umukai Amazonas Comunidad Nativa Wachapea Amazonas Comunidad Nativa Pakun Amazonas Centro Poblado de Paragsha Pasco Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE) Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana Espinar Frente Callao Dignidad Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baul Torata Moquegua Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente Cuenca Alta Rimac Comuneros de San Mateo de Huanchor Huarochiri Comuneros de San Antonio Huarochiri Rondas Campesinas Femeninas de la Comunidad de Maygasbamba Bambamarca Cajamarca Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Rio Coata y la Bahia Interior del Lago Titicaca Puno Pastoral Social de Dignidad Humana Huancayo PASSDIH Mesa de Diálogo de la Mujer Huancayo Consejo Regional de la Mujer Huancayo Comunidad de Óndores Junin Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO CONAMOVIDE Tarma Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco Oroya FEMUCARINAP Chanchamayo. Plataforma Regional por la Salud Ambiental y Humana Junín Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud Oroya Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín Junta de Usuarios de Riego Mantaro La Pastoral Social del Vicariato de Jaén La Red Huamachuco Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana Red por una Globalización con Equidad – RedGe Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos Red Muqui Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH CooperAcción Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco –DHSF Asociación Civil Centro de Cultura popular Labor Pasco. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP Earthrights International - ERI Oxfam en Perú APRODEH AIDA Comisión Episcopal de Acción Social -CEAS Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno - DHUMA Red Uniendo Manos Perú Grupo Red de Economía Solidaria del Perú - GRESP Proyecto Amigo La Libertad Forum Solidaridad Perú FEDEPAZ CADEP Ayacucho REDAD Piura Instituto Natura Ancash Asociación Marianista de Acción Social - AMAS GRUFIDES Cajamarca Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud
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Tiburones en Colombia: Los riesgos de una regulación débil
Siendo parte de una de las clases de animales más diversos y antiguos, los tiburones habitan el planeta desde hace más de 400 millones de años. Son considerados los máximos depredadores del océano por estar en la cima de la cadena alimenticia. En esta posición, juegan un rol fundamental en el ecosistema marino: controlar las poblaciones de peces, mamíferos marinos y de algunos invertebrados. Pero su contribución ha sido opacada por una mala publicidad. Los tiburones han sido estigmatizados como animales temibles y monstruosos que están listos para atacar y despedazar a los humanos con sus filosos dientes. Este estigma se hizo viral tras el estreno en 1975 de icónica película Jaws (“Tiburón”) de Steven Spielberg. Científicos expertos aseguran que este tipo de cintas inspiró decenas de torneos donde se pescaba tiburones sin remordimiento. La pesca indiscriminada ha diezmado la mayoría de las especies de tiburón. 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Una herramienta inadecuada Desde 1990, la pesca artesanal de tiburones ha sido regulada cada año mediante resoluciones del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. La norma establecida para este año, la Resolución 350 publicada el 25 de octubre de 2019, fue rechazada por grupos ambientalistas y civiles del país. Una de las principales razones del rechazo es que la resolución mantiene las altas cuotas de pesca (cantidad de toneladas permitidas), que datan del 2011 y que incluyen a especies en peligro o vulnerables. Establecer cuotas de pesca sin respaldo de evidencia científica sobre el estado actual de las poblaciones de tiburón incita a la sobrepesca y no contribuye a la conservación de estos animales. Los tiburones tienen períodos de gestación largos y pocas crías, lo que hace difícil que sus poblaciones se recuperen ante la sobreexplotación. 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3 formas de mantener la esperanza ante la crisis climática
Quienes trabajamos en temas ambientales nos exponemos a un bombardeo interminable de noticias que repiten una y otra vez: “el tiempo se acabó y nuestros días están contados”. Y, a decir verdad, pocas veces parece exageración: ahí están los informes del IPCC, los incendios en Australia, la desilusión de la COP25, burlas al movimiento juvenil, asesinatos y amenazas a defensores ambientales En reuniones casuales, porque saben que me dedico a temas ambientales, me preguntan qué pueden hacer por nuestro planeta. Comenzamos por hablar de frenar la generación de basura. Aunque suena muy básico, implica tener conversaciones muy largas y acaloradas. ¿Por qué? Significa cuestionar nuestra forma de consumir, transportarnos, alimentarnos y vestir. Debemos mirar críticamente nuestro estilo de vida y preguntarnos qué significa para cada uno tener calidad de vida. La basura puede verse y es el residuo último de una cadena de emisiones, explotación de tierras, especies y personas. Todo está conectado y es imposible desprenderse de nuestro impacto como individuos en la degradación del planeta. Y en esa cadena de pensamientos, muchos caemos en episodios –más o menos severos—de “ecoansiedad”. Es un padecimiento real que cada vez se detecta más y que, de no tratarse, puede, como toda enfermedad mental, ser peligrosa para nuestra salud e integridad. En 2017, la Asociación Americana de Psicología (APA en inglés) describió la ecoansiedad como un “miedo crónico a la catástrofe ambiental… Observar los lentos y aparentemente irrevocables impactos del cambio climático y estar preocupado por el futuro de uno mismo, de los niños y de las futuras generaciones”. Lo peculiar de este sentimiento es que puede detenernos. Podemos creer que absolutamente nada es útil y —por tanto— dejar de vigilar y de exigir, ser más laxos con nuestros hábitos de consumo y, en suma, contribuir mucho más al problema. Hay muchas sugerencias de lo que podemos hacer, pero con lo que pude recolectar es posible dividir nuestras acciones en tres planos: individual, comunitario y político-ciudadano-consumidor. Primero lo primero: estar bien uno mismo Una regla general para ayudar a otros es ayudarse a uno mismo. La crisis climática afecta nuestra salud física (enfermedades respiratorias y cardiovasculares), nuestra seguridad alimentaria y de vivienda, nuestros derechos humanos y nuestra salud mental. De acuerdo a la APA, las respuestas emocionales son normales y las emociones negativas son necesarias para tomar decisiones y tener una vida plena. Pero el exceso de ellas y la falta de un plan futuro para resolver el problema puede interferir en nuestras habilidades de planeación, pensamiento racional y comportamiento. Esto sin contar que quienes sufren pérdidas por una catástrofe ambiental (huracanes, sequías e inundaciones) pueden desarrollar estrés postraumático. Para enfrentar estas emociones, la APA sugiere: Confiar en nuestra propia capacidad de resiliencia y saber que podemos superar los obstáculos. Ser optimistas y aprender de nuestras experiencias. Cultivar la autoregulación y ser conscientes de nuestras emociones para tener estrategias a largo plazo, saberlas detectar evita que los episodios se agraven. Encontrar un sentido personal. A unos sirve la fe y la religión; a otros, la pertenencia a una comunidad o meditar. El punto es tener espacios que den una sensación de paz. Las acciones individuales sí ayudan y muchos individuos unidos a la misma causa sí generan un cambio. Evitemos autoflagelarnos por todo lo que no hacemos, empecemos contando lo que sí hacemos. ¿Cuántas emisiones evitamos al andar en bici? ¿Cuántas bolsas plásticas no van a llegar al mar? ¿Cómo nuestro consumo local ayuda a la economía de nuestros vecinos y a nuestro entorno? Y siempre, siempre, tengamos una dosis de naturaleza que nos inspire. Segundo: nuestros círculos más inmediatos Recién se prohibieron las bolsas plásticas de un solo uso en la Ciudad de México. Más de una persona dijo que se estaba violando su derecho a comprar como le parezca, otros dijeron no tener idea de cómo hacer sus compras ahora. Llevo años usando bolsas de tela. Podría solo haber presumido eso, regocijarme por mi buena actitud ambientalista y alardear en redes sociales. Pero, ¿por qué no compartir recomendaciones? Algunas ideas que ya aplico en mi casa fueron bien recibidas por algunos vecinos y amigos. Incluso les parecieron prácticas. Generar lazos, quizás breves, son un paso para fortalecer nuestra unidad comunitaria. También me sirve mucho mantener el buen humor cuando se puede. Acercarnos a asociaciones vecinales, ser voluntarios en organizaciones con cuyas causas coincidimos; donar dinero, habilidades o equipo es dar ese paso más allá de nuestras acciones individuales. ¿Tienes un amigo que quiere disminuir su consumo de carne? ¡Ofrécele tus mejores recetas vegetarianas! ¿Sabes programar o diseñar? ¿Eres fuerte o tienes un automóvil de carga? Seguro hay grupos a los cuales tus habilidades les serían de gran ayuda. Por cierto, en AIDA siempre buscamos voluntarios. La APA revisa muy bien los impactos de la crisis climática en la salud mental de las comunidades. No son los mismos en una ciudad, una zona de alto riesgo por desastres o en comunidades indígenas. Las comunidades afectadas enfrentan la pérdida de cohesión social y de lugares de importancia espiritual o de recreación; así como el incremento de violencia de todo tipo, incluyendo la racial pues crecen las acusaciones a ciertos grupos. Además, la pérdida de identidad rompe la unión de estas comunidades, como está ocurriendo con las sociedades inuit de Groenlandia o, como hemos visto en AIDA, con los grupos indígenas y ribereños desplazados en el Amazonas. Tercero (y lo siento): tenemos que hablar de política y participación ciudadana Es probable que este tema no te guste, pero aquí también haces falta. No es lo mismo la contaminación por aguas negras de tu hogar que las descargas industriales sin tratar en un río. Podrías andar siempre en bicicleta, pero vivir en un país que es permisivo con industrias emitiendo gases volátiles cancerígenos y de efecto invernadero sin culpa alguna. Lo cierto es que nuestra muy buena voluntad individual –nada despreciable— no tiene tanto impacto como la voluntad (y obligación) de los gobiernos e industrias de hacer bien las cosas y procurar la salud de todas las personas y especies. Ciertamente, en América Latina la elección de nuestros representantes locales no funciona como en Estados Unidos. Pero eso no elimina nuestra responsabilidad de elegir y exigir representantes con una visión de un futuro limpio y resiliente, de mostrar que nos interesa. Una columna de Emma Marris en el New York Times lo explica muy bien: “La crisis climática no se resolverá con sacrificio personal. Se resolverá eligiendo a las personas correctas, aprobando las leyes correctas, elaborando las regulaciones correctas, firmando los tratados correctos y respetando aquellos ya firmados, particularmente con las naciones indígenas. Se resolverá haciendo que rindan cuentas las compañías y personas que han ganado miles de millones a costa de la atmósfera que compartimos”. El balance que en AIDA buscamos Estamos orgullosos de contar en nuestro equipo con personas apasionadas por el ambiente. Como individuos, compartimos nuestros avances e ideas en el plano personal para procurar un mejor planeta. A nivel comunitario, todos y todas aportamos a esta organización, y hay quienes organizan eventos y se unen a grupos ciudadanos y vecinales. Y a nivel de política pública y participación ciudadana, en AIDA trabajamos por la justicia ambiental, empoderamos comunidades con el conocimiento y herramientas que necesitan para exigir sus derechos y vigilarlos, llevamos casos emblemáticos ante la justicia y otras instancias relevantes para que empresas y gobiernos asuman sus obligaciones. Creemos que un futuro limpio y justo es posible.
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