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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Proteger a las y los defensores ambientales, deber impostergable del Estado
Diariamente, hombres y mujeres alrededor del mundo dedican sus vidas a proteger ecosistemas de los que dependen comunidades enteras y otros seres vivos. Esta labor —indispensable para el cuidado del planeta— se desarrolla en ámbitos legales, sociales y políticos. Tristemente, las personas defensoras del ambiente son víctimas de amenazas y asesinatos. Desde hace muchos años, América Latina es la región más peligrosa del mundo para ser defensor o defensora ambiental, concentrando al menos el 60% de los crímenes. Ello ocurre pese a que el derecho a la libertad de expresión, al ambiente sano y los derechos de la naturaleza están reconocidos en legislaciones nacionales y regionales. El informe presentado por Global Witness en 2019 da cuenta del asesinato de 164 personas defensoras de la tierra y el ambiente, la mayoría en la región: Colombia (24); Brasil (20), Guatemala (16) y México (14). Evidencia además que “el peor sector fue el de la minería, que causó 43 muertes, aunque también aumentaron las muertes relacionadas con conflictos por fuentes de agua. Continuaron los ataques motivados por la agroindustria, la industria maderera y los proyectos hidroeléctricos”. Actualmente y en el contexto de la pandemia COVID-19, la situación de riesgo grave para defensores y defensoras ambientales. Pese al aislamiento social y otras medidas adoptadas ante la crisis sanitaria, la violencia en su contra persiste. Es importante considerar que la pandemia debilita las redes de protección de las y los defensores en situación de riesgo para responder a emergencias, poniéndoles en una situación de mayor vulnerabilidad. Eso, sumado a la falta de voluntad y capacidad institucional para atender problemáticas diferentes a la sanitaria, configura un escenario muy complejo para su seguridad. En efecto, los Estados deben respetar y garantizar los derechos humanos en todo momento. Son obligaciones impostergables —aún en situaciones de emergencia— y su cumplimento debe robustecerse para personas en riesgo como las que defienden el ambiente. El rol protector de los Estados El trabajo que hacen las personas defensoras ambientales ha sido reconocido dentro del sistema internacional de los derechos humanos, donde se ha destacado su rol esencial en una sociedad democrática para el fortalecimiento del respeto y goce de los demás derechos. La realidad de peligro en la que viven las y los defensores ha sido acompañada por una evolución jurídica que se evidencia en instrumentos legales internacionales como el Acuerdo Regional de Escazú, que por primera vez contempla a las personas defensoras como sujetos de protección especial. Ese tipo de protección es particularmente necesaria debido a las amenazas e intimidaciones en su contra, señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los Estados tienen la obligación de: Evitar vulnerar derechos humanos y prevenir a su vez que terceros lo hagan, algo que aplica a todas las personas. Garantizar un ambiente seguro y propicio para que las y los defensores ambientales puedan desarrollar libremente su labor, por lo que deben adoptar acciones especiales para protegerlos cuando son objeto de amenazas; abstenerse de imponer obstáculos que dificulten la realización de su labor; e investigar seria y eficazmente las violaciones cometidas en su contra. Garantizar el cumplimiento de los derechos procedimentales en materia ambiental, es decir el derecho a la información, a la participación pública y al acceso a la justicia. Abstenerse de actuar de manera tal que propicien, estimulen, favorezcan o profundicen la vulnerabilidad de estas personas; y adoptar medidas necesarias y razonables para prevenir o proteger los derechos de quienes se encuentren en tal situación. Esto es relevante frente al incremento de la criminalización de personas defensoras por parte de gobiernos, quienes las acusan de “ir contra el desarrollo” en un discurso que tiene gran alcance. Llevar a cabo una investigación de oficio, sin dilación, seria, imparcial y efectiva en casos de muerte violenta. Considerar en todo momento un enfoque diferencial y con perspectiva de género, toda vez que las mujeres defensoras están expuestas a mayores niveles de violencia debido al contexto de desigualdad preexistente. Por último, es necesario resaltar la importancia y necesidad de que todas las medidas de los Estados respeten plenamente los derechos humanos y, del mismo modo, aseguren en todo momento la vida e integridad de las y los defensores ambientales como elemento indispensable para la justicia climática y la democracia ambiental.
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Proyecto minero de Belo Sun es inviable, según estudio técnico
El estudio revela graves vacíos en el proyecto de minería de oro que la empresa canadiense pretende instalar en la Volta Grande del río Xingú, en el estado de Pará (Brasil). Identifica altas probabilidades de fallas en la presa de relaves, lo que implica que los residuos podrían llegar al río en siete minutos. Altamira, Brasil. En apenas siete minutos, aproximadamente 9 millones de metros cúbicos de desechos tóxicos pueden llegar al río Xingu, en el estado brasileño de Pará, y recorrer más de 40 kilómetros en dos horas, causando impactos irreversibles en el ambiente, así como en los pueblos indígenas y ribereños que viven allí y en el Amazonas. Este es el escenario conservador en caso de que se rompa la presa de relaves del proyecto Volta Grande de la empresa canadiense Belo Sun Mining, señala un estudio técnico. El documento da cuenta de la inviabilidad del proyecto y recomienda que éste sea rechazado por las autoridades reguladoras de Brasil. Belo Sun dice que, en caso de accidente, los desechos llegarían al río en 97 minutos, pero no menciona los detalles del cálculo empleado. Es uno de los ejemplos resaltados en el dictamen, el cual advierte también de la alta probabilidad de falla de la presa. El estudio, firmado por el Dr. Steven H. Emerman, experto en geología y minería, evidencia una serie de vacíos en el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa minera. La empresa promete ser la mayor minera de oro a cielo abierto de Brasil y pretende asentarse en el Volta Grande del Xingú, uno de los sitios de mayor biodiversidad del mundo, el cual ya enfrenta los impactos de la represa hidroeléctrica Belo Monte. La región alberga dos Tierras Indígenas y varias comunidades ribereñas. Con la Licencia de Instalación (LI) suspendida por la justicia desde 2017, la empresa espera una respuesta de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente (SEMAS) de Pará para continuar con el proceso de licenciamiento. La LI fue suspendida a comienzos de año debido a una acción del Ministerio Público Federal que cuestionó la falta de estudios del componente indígena en el EIA y la ausencia del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada con los pueblos indígenas y ribereños. La empresa presentó los Estudios de Impacto Ambiental del Componente Indígena a la FUNAI, entidad que debe analizarlos y puede solicitar información adicional. Antes de que los estudios sean aprobados por el organismo indígena, el proceso de consulta con los Juruna (Yudjá) debe finalizar de acuerdo con su Protocolo de Consulta, el cual establece la necesidad de transparencia como base del proceso: “Para entender los impactos y riesgos de cualquier proyecto, exigimos que la información se dé en palabras sencillas y claras, hasta que todas nuestras dudas y preguntas sean respondidas", dice el texto del Protocolo. Con base en el dictamen de Emerman, la Red Xingú + y el Movimiento Xingú Vivo por Siempre enviaron una carta a la FUNAI sugiriendo que se soliciten estudios complementarios, "indispensables para la evaluación de la viabilidad socioambiental y cultural del proyecto minero de Volta Grande, teniendo en cuenta, sobre todo, el grave riesgo para las comunidades indígenas y ribereñas situadas aguas abajo del sitio destinado a albergar la presa de colas". El documento también fue enviado a la SEMAS. El documento resalta que la Volta Grande del Xingú sufre ya los impactos negativos de la aplicación del Hidrograma de Consenso de Belo Monte, medida que reduce drásticamente el caudal del río en la región. Esto agrava los riesgos de un eventual accidente en el dique de colas, previsto para el proyecto de Belo Sun. Por tanto, es necesario evaluar con mayor precisión los impactos acumulativos de los dos proyectos, como se ha exigido ante la Fiscalía Federal de Altamira. El dictamen es parte de los esfuerzos de una articulación de investigadores independientes de diversos campos de acción, vinculados a instituciones nacionales e internacionales. El mes pasado, el grupo remitió a las autoridades a cargo de la concesión de licencias para el proyecto de Belo Sun un informe técnico destacando las deficiencias de los Estudios de Impacto Ambiental del Componente Indígena en los ecosistemas acuáticos y de ictiofauna de la Volta Grande del Xingú presentados por la empresa minera. Y se remitirá otro informe con observaciones técnicas sobre las inconsistencias de los documentos presentados para la obtención de las licencias ambientales del proyecto. La articulación cuenta además con organizaciones como la Red Xingú +, el Movimiento Xingú Vivo por Siempre, Amazon Watch, el Instituto Socioambiental (ISA), International Rivers, Above Ground y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Fallas, inseguridad e información conflictiva Desde información contradictoria hasta la ausencia de criterios de seguridad sísmica, la opinión del Dr. Emerman destaca ocho puntos principales que apoyan la recomendación de rechazar el proyecto de la Volta Grande: 1. El dique de colas no fue diseñado bajo ningún criterio de seguridad sísmica, violando las regulaciones brasileñas al respecto. Cualquier presa de colas debe ser diseñada para soportar eventos como inundaciones y terremotos. Contrariamente a la norma brasileña, la empresa no incluyó en sus estudios un análisis de la sismicidad local ni simuló la respuesta de la estructura a una hipotética aceleración sísmica. 2. Aunque se han mapeado las fallas geológicas en el sitio de la presa de colas, no se han hecho estudios de la sismicidad local, lo que también viola las regulaciones brasileñas sobre presas de colas. La actividad sísmica es responsable de causar la disolución de los residuos saturados en el agua, una de las causas más comunes de las fallas en las presas de residuos. En Brasil, sólo en 2019, hubo tres fallas de represas, entre ellas la ruptura de la presa de Vale en Brumadinho (Minas Gerais), que causó por lo menos 250 muertes. Casos así demuestran la necesidad e importancia de los estudios de la sismicidad local y son indispensables para la evaluación adecuada del riesgo de fallas de un dique de colas. 3. No se ha hecho ningún análisis de riesgo de las fallas geológicas mapeadas en las cercanías del lugar del proyecto. Tres de estas fallas, que son estructuras presentes en las rocas y que pueden promover movimientos sísmicos, se cruzan en el sitio exacto de la presa de relaves propuesta. 4. La simulación oficial de la ruptura asume, sin justificación alguna, que el flujo de los desechos se interrumpiría al llegar al río Xingú, ignorando la capacidad de los elementos tóxicos para viajar decenas de kilómetros a lo largo de la Volta Grande. Las conclusiones del EIA también apoyan la hipótesis de que el flujo de colas tardaría 97 minutos en llegar al Xingú, pero sin mencionar los detalles del cálculo utilizado. Según la modelización presentada en el dictamen, considerando el volumen de los relaves almacenados del orden de 35 millones de metros cúbicos y suponiendo un derrame de aproximadamente el 25%, en un escenario conservador la inundación cubriría una distancia inicial de hasta 41 kilómetros a lo largo del río. Con una velocidad de 20 km/h, la inundación de la presa de Belo Sun llegaría al Xingú en sólo siete minutos, cubriendo la distancia de 41 km en sólo dos horas, llegando a la Tierra Indígena de la Volta Grande. Tras la ruptura de la presa de Vale en Brumadinho, el recorrido de los relaves alcanzó los 120 km/h, 100 km/h más que el escenario más conservador propuesto en el dictamen. En el peor de los casos, con la liberación del 100% de los relaves almacenados, el flujo inicial cubriría 98 kilómetros a lo largo del río Xingú y podría llegar al río Amazonas y al Océano Atlántico. 5. Existe un alto riesgo de que se derramen aguas tóxicas en el Xingú. El proyecto prevé que se reciclará lixiviado de cianuro, sustancia utilizada para separar el oro, lo que puede dar lugar a un agua de desecho altamente enriquecida con elementos tóxicos como el arsénico y el mercurio. El resultado, cuyo análisis está ausente en los documentos oficiales, podría ser el derrame de una mezcla de residuos y agua altamente tóxica para los organismos acuáticos en el río Xingú en caso de que la presa fallara o se produjera un derrame. 6. En el EIA no hay ningún plan para cerrar la mina o la presa de colas, una cuestión fundamental para la viabilidad social y ambiental del proyecto minero. El documento contiene una promesa del grupo empresarial de averiguar, a posteriori, cómo estabilizar permanentemente el dique de colas. 7. El sistema de almacenamiento de residuos adoptado al momento no es viable y va en contra de las buenas prácticas mineras. Parte de la solución para reducir la probabilidad de fallo del dique de colas es disminuir el contenido de agua en el depósito de colas. Pero el proyecto de Belo Sun prevé que todos los residuos estarán saturados y bajo siete metros de agua libre, encima de la superficie de los residuos sólidos. 8. Consciente de la cuestión planteada en el punto anterior, la empresa parece haber decidido que el plan actual para inundar los desechos no es viable. El presidente ejecutivo de Belo Sun Mining declaró a MiningWatch Canadá que abandonaría el plan actual por una instalación de almacenamiento de relaves filtrados, que debería tener un contenido de agua significativamente menor. Sin embargo, la empresa proporcionó información contradictoria a las organizaciones y autoridades reguladoras brasileñas: en una presentación ante la FUNAI en octubre de 2019, la empresa describió el mismo plan de almacenamiento de desechos húmedos del EIA. "El suministro de información contradictoria a diferentes públicos por parte de Belo Sun Mining y su filial brasileña es algo muy grave en cuanto a la fiabilidad de la información proporcionada en los procesos administrativos", reitera el dictamen. CONTACTOS Dr. Steven Emerman, Malach Consulting, +1-801-921-1228 (Utah, USA) Brent Milikan, Amazon Program Director, International Rivers, +55-61-98153-7009 (Brasilia, Brasil) Karyn Keenan, Director, Above Ground, +1-613-791-7532 (Ottawa, Canadá)
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Projeto de mineração Belo Sun é inviável, aponta estudo técnico
Parecer revela graves lacunas no projeto da mineradora de ouro canadense que pretende se instalar na Volta Grande do Xingu (PA). Com grande probabilidade de falha na barragem, rejeitos podem atingir o rio Xingu em sete minutos. Altamira, Brasil. Em apenas sete minutos, um volume de aproximadamente 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos tóxicos podem atingir o rio Xingu, no Pará, e percorrer mais de 40 quilômetros em duas horas, provocando impactos irreversíveis no meio ambiente, povos indígenas e ribeirinhos que vivem ali e na Amazônia. Este é o cenário conservador caso a barragem de rejeitos do projeto Volta Grande da mineradora Belo Sun Mining se rompa, aponta parecer técnico. O documento atesta a inviabilidade do empreendimento e recomenda que o projeto seja rejeitado pelas autoridades reguladoras brasileiras. Belo Sun afirma que, em caso de acidente, os rejeitos chegariam ao rio em 97 minutos, mas não justificam os detalhes do cálculo utilizado. Esse é um dos exemplos destacados no parecer que também alerta para a alta probabilidade de falha da barragem. O estudo, assinado pelo Dr. Steven H. Emerman, especialista em geologia e mineração, aponta uma série de lacunas no Estudo de Impacto Ambiental (EIA) apresentado pela mineradora. A empresa promete ser a maior mineradora de ouro a céu aberto do Brasil e pretende se instalar na Volta Grande do Xingu, um dos locais com maior biodiversidade do mundo que já enfrenta os impactos da hidrelétrica de Belo Monte. A região abriga duas Terras Indígenas e diversas comunidades ribeirinhas. Com a Licença de Instalação (LI) suspensa pela Justiça desde 2017, a empresa aguarda resposta da Fundação Nacional do Índio (Funai) e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Semas) do Pará para prosseguir com o processo de licenciamento. Uma ação do Ministério Público Federal que questionou a falta de estudos do componente indígena no EIA e a ausência do processo de Consulta Livre Prévia e Informada aos povos indígenas e ribeirinhos impactados ensejou a suspensão da LI. No início deste ano, a empresa protocolou os Estudos de Impacto Ambiental do Componente Indígena na Funai, que deve analisá-los e pode requerer informações complementares. Antes da aprovação dos estudos pelo órgão indigenista, o processo de consulta aos Juruna (Yudjá), deve ser finalizado de acordo com seu Protocolo de Consulta que afirma a necessidade da transparência como fundamento desse processo: “Para entendermos os impactos e riscos de qualquer projeto, exigimos que as informações sejam dadas em palavras simples e de forma clara, até que todas nossas dúvidas e questionamentos sejam respondidos”, diz o texto. A partir do parecer de Emerman, a Rede Xingu + e o Movimento Xingu Vivo Para Sempre encaminharam ofício a Funai sugerindo que sejam solicitados estudos complementares, que são “indispensáveis para a avaliação da viabilidade socioambiental e cultural do projeto de mineração Volta Grande, considerando, sobretudo, o grave risco sobre as comunidades indígenas e ribeirinhas localizadas à jusante do local projetado para abrigar a barragem de rejeitos”. O documento também foi enviado à Semas. O documento destaca que a Volta Grande do Xingu já sofre com impactos negativos da implementação do Hidrograma de Consenso da UHE Belo Monte, medida que reduz drasticamente as vazões do Rio Xingu na região. Isso agrava os riscos diante de um eventual acidente com a barragem de rejeitos, prevista no projeto de Belo Sun. Assim, é necessária uma avaliação mais acurada sobre impactos cumulativos dos dois empreendimentos, como tem sido demandado na justiça pelo Ministério Público Federal de Altamira. O parecer faz parte de uma articulação de pesquisadores independentes de vários campos de atuação, vinculados a instituições nacionais e internacionais. No último mês, o grupo encaminhou para os órgãos de licenciamento do projeto de Belo Sun, um parecer técnico que destaca lacunas nos Estudos de Impacto Ambiental Componente Indígena sobre os ecossistemas aquáticos e ictiofauna da Volta Grande do Xingu apresentados pela mineradora.Outro relatório será apresentado com comentários técnicos sobre os documentos associados ao licenciamento ambiental do projeto. A articulação conta, ainda, com organizações como a Rede Xingu +, Movimento Xingu Vivo Para Sempre, Amazon Watch, ISA, International Rivers, Above Ground e Associação Interamericana para a Defesa do Meio Ambiente (AIDA). Falhas, insegurança e informações conflitantes De informações conflitantes à ausência de critérios de segurança sísmica, o parecer do Dr Emerman destaca oito pontos principais que embasam a recomendação de rejeição do projeto Volta Grande: 1. A barragem de rejeitos não foi desenhada sob nenhum critério de segurança sísmica, violando os regulamentos brasileiros sobre barragens de rejeitos. Qualquer barragem de rejeitos deve ser projetada para resistir a eventos como inundações e terremotos. Na contramão da norma brasileira, a empresa não incluiu em seus estudos uma análise da sismicidade local e nem simulou a resposta da estrutura a uma hipotética aceleração sísmica. 2. Embora falhas geológicas tenham sido mapeadas no local da barragem de rejeitos, não foram feitos estudos da sismicidade local, o que também viola os regulamentos brasileiros das barragens de rejeitos. A atividade sísmica é responsável por provocar a diluição dos rejeitos saturados na água, sendo esta uma das causas mais comuns de falhas em barragens de rejeitos. No Brasil, apenas em 2019, ocorreram três falhas de barragem, com destaque para o rompimento da barragem da Vale em Brumadinho (MG), que provocou ao menos 250 mortes. Casos como esses demonstram a necessidade e a importância de estudos da sismicidade local, sendo indispensáveis para a adequada avaliação do risco de falha de uma barragem de rejeitos. 3. Não foram feitas análises de risco das falhas geológicas mapeadas nas proximidades do local do projeto. Três destas falhas, que são estruturas presentes nas rochas e que podem promover movimentos sísmicos, se cruzam no local exato da barragem de rejeitos proposta. 4. A simulação oficial de ruptura assume, sem nenhuma justificativa, que o escoamento de rejeitos seria interrompido ao chegar ao rio Xingu, ignorando a capacidade de elementos tóxicos percorrerem dezenas de quilômetros ao longo da Volta Grande. As conclusões do EIA defendem, ainda, a hipótese de que o escoamento dos rejeitos demoraria 97 minutos para chegar ao Xingu, mas não justificam os detalhes do cálculo utilizado. Conforme a modelagem apresentada no parecer, considerando o volume de rejeitos armazenados da ordem de 35 milhões de metros cúbicos e supondo um derramamento de aproximadamente 25% dos rejeitos, em um cenário conservador, a inundação percorreria uma distância inicial de até 41 quilômetros ao longo do rio. Com uma velocidade de 20 km/h, a inundação da barragem de Belo Sun chegaria ao Xingu em apenas sete minutos, cobrindo a distância de 41 km em apenas duas horas, atingindo a Terra Indígena Arara da Volta Grande. Após o rompimento da barragem da Vale, em Brumadinho, a corrida de rejeitos atingiu 120 km/h, 100 km/h a mais do que o cenário mais conservador proposto no parecer. No pior cenário, com a liberação de 100% dos rejeitos armazenados, o fluxo inicial cobriria 98 quilômetros ao longo do rio Xingu, podendo chegar ao rio Amazonas e ao Oceano Atlântico. 5. Existe alto risco de águas tóxicas serem derramadas no Xingu. O projeto prevê que o lixiviado de cianeto, substância utilizada para separar o ouro, seja reciclado, o que pode resultar em uma água de rejeitos altamente enriquecida com elementos tóxicos, como arsênico e mercúrio. O resultado, cuja análise é ausente em documentos oficiais, pode ser o derramamento de uma mistura de rejeitos e água que seria altamente tóxica para os organismos aquáticos no rio Xingu em caso de falha da barragem ou situações de vazamento. 6. No EIA não existe um plano de fechamento da mina nem da barragem de rejeitos, questão fundamental para viabilidade socioambiental do projeto de mineração. O documento afirma ser uma promessa do grupo empreendedor descobrir, a posteriori, como estabilizar permanentemente a barragem de rejeitos. 7. O sistema de armazenamento de rejeitos adotado até o momento é inviável e vai na contramão das boas práticas de mineração. Parte da solução para reduzir a probabilidade de falha da barragem de rejeitos passa por diminuir o teor de água no depósito dos rejeitos. O projeto de Belo Sun, no entanto, prevê que todos os rejeitos ficarão saturados e sob sete metros de água livre, acima da superfície dos rejeitos sólidos. 8. Ciente da questão apontada no item anterior, a empreendedora aparenta ter decidido que o plano atual de inundação dos rejeitos é inviável. O presidente executivo da Belo Sun Mining declarou a MiningWatch Canadá que abandonaria o plano atual em favor de uma instalação de armazenamento de rejeitos filtrados, que deverá apresentar teor de água significativamente inferior. No entanto, a companhia forneceu informações contraditórias às organizações e autoridades reguladoras brasileiras: em apresentação à Funai, em outubro de 2019, a empresa descreveu o mesmo plano de armazenamento de rejeitos úmidos do EIA. “Esse fornecimento de informações contraditórias a diferentes públicos pela Belo Sun Mining e pela sua subsidiária brasileira são muito graves em termos de confiabilidade das informações fornecidas nos processos administrativos”, reitera o ofício. Com base nos oito pontos elencados, o parecer recomenda que o projeto seja sumariamente rejeitado pelas autoridades reguladoras brasileiras. CONTATOS Dr. Steven Emerman, Malach Consulting, +1-801-921-1228 (Utah, USA) Brent Milikan, Amazon Program Director, International Rivers, +55-61-98153-7009 (Brasília, Brasil) Karyn Keenan, Director, Above Ground, +1-613-791-7532 (Ottawa, Canada)
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