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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Cuatro años sin haberse creado el reglamento de pesca en México
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Leer másQueja interpuesta contra el Grupo del Banco Mundial por el financiamiento de mina de oro de Eco Oro Minerals en frágiles humedales colombianos
Comunidad que habita aguas abajo del proyecto presentó queja ante el Ombudsman de la CFI. Bucaramanga, Colombia. Hoy, grupos locales de Bucaramanga, Colombia presentaron una denuncia contra la inversión del Grupo del Banco Mundial en el proyecto de mina “Angostura”, de la empresa minera Eco Oro Mineral, ante la Oficina del Ombudsman y Asesor en materia de Observancia (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de quejas independiente de la Corporación Financiera Internacional (CFI). La denuncia cita, entre las diez principales preocupaciones de la población, el fracaso de la CFI para evaluar los impactos, potencialmente graves e irreversibles, tanto sociales como ambientales del proyecto. Éste es una mina de oro de gran escala ubicada en un frágil humedal de alta montaña, llamado páramo de Santurbán, que proporciona agua a más de 2,2 millones de colombianos. El Comité por la Defensa del Agua y del Páramo Santurbán, una alianza de casi 40 grupos que viven aguas abajo del proyecto en Bucaramanga, afirma que la CFI (brazo financiero del Banco Mundial para el sector privado) ignoró sus políticas al invertir USD 11,79 millones en el proyecto de Greystar Resources - ahora Eco Oro Mineral - en 2009. La CFI apoyó el proyecto minero antes de que la empresa cumpliera con las evaluaciones de impacto ambiental y social, exigidas por la legislación colombiana. “Podría haber una veintena de municipios afectados por este proyecto. Creemos que es indignante que una iniciativa tan perjudicial como la minería cuente con el respaldo del Grupo del Banco Mundial, cuya misión es promover el desarrollo real y sostenible”, dijo el abogado Miguel Ramos, miembro del Comité, que incluye un variado grupo de representantes de derechos humanos, medio ambiente, estudiantes y organizaciones empresariales. Luego de fuertes protestas de más de 40.000 personas y polémicas audiencias, el Ministerio de Medio Ambiente colombiano rechazó la solicitud inicial de una licencia ambiental presentada por la compañía con sede en Vancouver. El Ministerio basó su decisión en el derecho ambiental y constitucional del país, que prohíbe la actividad minera en los humedales de páramo. Los páramos son ecosistemas frágiles que suministran aproximadamente el 75% del agua dulce de Colombia, incluyendo el agua potable de millones de personas, y desempeñan un papel clave en la mitigación y adaptación al cambio climático. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Internacional Ambiental (CIEL) y Alerta Minera Canadá, apoyan la petición del Comité en relación a que la CAO realice la auditoria del proyecto y recomienda una retirada total de los fondos de la CFI. “La CFI se promociona como un líder internacional en estándares ambientales y sociales”, comentó Natalia Jiménez Galindo, abogada de AIDA. “Sin embargo el proyecto Angostura de Eco Oro indica lo contrario e incentiva a que futuros inversionistas no cumplan con las obligaciones en materia de medio ambiente, ya a que en este caso, la CFI ni siquiera garantiza una protección mínima para el medio ambiente, exigiendo una evaluación de impacto ambiental y social”. De hecho, el Proyecto de Eco Oro ya ha estimulado las inversiones de por lo menos otras cinco empresas en áreas próximas al mismo, representando más del doble de la superficie de las concesiones mineras en el páramo de Santurbán. “La CFI invirtió en la mina de Eco Oro, declarando explícitamente que sería un éxito impulsar otras inversiones en el sector minero de Colombia. Sin embargo, la CFI no toma en cuenta las graves consecuencias ambientales, sociales y económicas, particularmente en un área que ha sido zona de conflicto. Por ello deberían reevaluar su inversión y retirarla,” Expresó, Jen Moore, Coordinadora del Programa América Latina de Alerta Minera Canadá. La queja alega que la CFI ha pasado por alto los potenciales problemas de seguridad relacionados con el proyecto Angostura de Eco Oro. Se proporciona evidencia que de actos de violencia asociados por grupos de guerrilleros y paramilitares despues del establecimiento de instalaciones militares en la zona en 2003, lo cual contradice afirmaciones de la empresa minera. Eco Oro posee derechos mineros de aproximadamente 30.000 hectáreas de tierra en el páramo de Santurbán, cerca de la ciudad de Bucaramanga, en el departamento de Santander. En respuesta al rechazo de su propuesta de proyecto minero a cielo abierto del año 2009, la compañía habría dicho en 2011 que perseguiría una operación minera completamente bajo tierra. Pero las personas de Bucaramanga continúan absolutamente en desacuerdo con el proyecto. Se considera que la región alberga importantes depósitos de oro, carbón y otros minerales.
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