Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Expertos internacionales visitan la Ciénaga Grande tras petición de la sociedad civil
Ante la crítica situación ambiental de la Ciénaga Grande de Santa Marta, la Convención de Ramsar enviará una misión técnica de asesoramiento, con el beneplácito del gobierno colombiano. Bogotá, Colombia. Expertos de la Convención Ramsar, tratado internacional para la protección de los humedales, realizarán una visita del 22 al 26 de agosto a Colombia para evaluar la situación de la Ciénaga Grande de Santa Marta. Este encuentro se confirma tras la petición que, en 2014, hicieran la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Universidad del Norte, y la Universidad de Florida con acompañamiento de la científica Sandra Vilardy, de la Universidad del Magdalena, a la Secretaría de la Convención. Los expertos sostendrán reuniones con representantes del Gobierno colombiano y de la sociedad civil el 23 de agosto, incluyendo a AIDA, apertura que celebramos. "Nos complace que Colombia esté cumpliendo sus compromisos como parte de la Convención de Ramsar", dijo Gladys Martínez, abogada del Programa Marino de AIDA. "Creemos que el gobierno y la sociedad civil de Colombia pueden aprender de las experiencias de misiones Ramsar en México y Costa Rica, dónde AIDA ha participado", agregó. En los últimos días se registró la muerte de cientos de miles de peces, debido a la severa crisis ambiental por la que atraviesa el ecosistema, uno de los más importantes del país. La Ciénaga Grande, pese a haber sido declarada como Humedal de Importancia Internacional bajo la Convención Ramsar, ha sufrido incendios forestales, deforestación de grandes extensiones de terreno para la agricultura y la ganadería, pérdida de mangle y diques construidos ilegalmente. Asimismo, enfrenta serios desafíos por proyectos para construir carreteras. La visita de expertos de distintas nacionalidades y altamente calificados para la evaluación de estos ecosistemas es una oportunidad para salvar la Ciénaga, de existir disposición para acatar las recomendaciones que emitan. "Los delegados encontrarán una verdadera crisis ambiental y humanitaria", dijo Juan Pablo Sarmiento Erazo, investigador de la Universidad del Norte. "Las poblaciones locales cuya actividad económica es la pesca, están padeciendo privaciones en su alimentación, modo de vida, derecho al trabajo y acceso al agua", agregó. Sandra Vilardy, considera que "el actual colapso de la Ciénaga significa el fracaso del modelo de gestión" y habló de la "necesidad de que la misión de asesoramiento recomiende de manera urgente al gobierno colombiano un cambio en el mismo."
Leer más
Brasil y las Olimpiadas: Señales de Peligro, señales de esperanza
Mientras la bandera brasileña era izada en los Juegos Olímpicos de Río, al ritmo del suave sonido de una guitarra acústica, aquellas conocidas palabras del himno nacional de mi país llamaron mi atención: Gigante por tu propia naturaleza, Tú eres bello, tú eres fuerte, un coloso intrépido Y tu futuro refleja esa grandeza. Por siglos ha sido fácil, motivo de orgullo, celebrar la riqueza natural de nuestro paisaje, desde la poderosa cuenca del Amazonas hasta los miles de kilómetros de costa virgen. Lo que ha resultado más difícil es defenderlo. El año pasado, Brasil fue el país más peligroso del mundo para los defensores ambientales. Al menos 50 de los nuestros fueron asesinados y, en lo que va de este año, 23 han muerto de esa forma. La Amazonía, donde nací y pasé mi niñez, es el epicentro de estos crímenes. Plantaciones, haciendas y grandes represas han sido construidas en tierras que alguna vez albergaron hogares. Indígenas y comunidades afrobrasileñas, guardianes del mundo natural, han sido desalojados de tierras que pasaron de generación en generación. Está claro que la economía y el desarrollo han sido priorizados por encima de la salud pública y el bienestar. Cada vez más, las represas se han convertido también en agentes del despojo en la Amazonía. Sobre el poderoso río Xingú, la enorme represa hidroeléctrica Belo Monte desplazó a comunidades indígenas que cuidan y dependen de la cuenca del río. Grandes cantidades de selva tropical fueron destruidas, con impactos desastrosos en la vida silvestre. Varias especies de plantas y animales ahora están extintas y, literalmente, toneladas de peces murieron, probablemente por la contaminación. Altamira, la ciudad más próxima a la represa, ocupa ahora el tercer lugar en Brasil en términos de violencia y desigualdad. Belo Monte difícilmente está trayendo un desarrollo equitativo y justo a Brasil. No obstante, hay razones para la esperanza. Un par de cosas ocurridas la semana pasada me hace creer que podríamos ver algunos cambios positivos en el futuro cercano. La primera es que el gobierno negó el permiso ambiental para una megarepresa sobre el río Tapajós, la cual habría repetido la destrucción de Belo Monte, devastando las tierras y cultura del pueblo Muduruku. La segunda es más simbólica: la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Me emocionó particularmente el foco en dos cuestiones que Brasil tiene que abordar con prioridad en los años siguientes: la deforestación y el cambio climático. La atención a la crisis ambiental fue enérgica. Habría sido incluso más fuerte si los indígenas no habrían sido retratados como reliquias de los orígenes ancestrales de Brasil. En realidad, nuestros grupos indígenas juegan un papel crucial en los esfuerzos presentes y futuros para alcanzar la sostenibilidad. En cierta medida, esperanza es de lo que se tratan las Olimpiadas. Reúnen al mundo por un bien común y, en su mejor momento, ayudan al desarrollo de una sociedad pacífica preocupada por preservar la dignidad humana en todos los continentes. Aunque tengo profundos desacuerdos personales con la realización de los Juegos Olímpicos en Río, espero que Brasil tome con seriedad el compromiso serio demostrado en la ceremonia de apertura. Espero que Belo Monte sea el último caso de su tipo. Espero que los defensores del ambiente y los derechos humanos puedan trabajar seguros y sin miedo. Espero que las generaciones futuras crezcan en un país que realmente sea un “gigante por su propia naturaleza”. Solo entonces nuestro futuro será tan grande como las magníficas tierras a las que llamamos hogar. Considera por favor hacer hoy un donativo para AIDA y ayúdanos a construir un futuro grande para las personas en Brasil y en toda América Latina.
Leer más
Seminario virtual "Programa de Ayuda a la Preparación del Fondo Verde del Clima: Avances en Latinoamérica"
En este seminario virtual, representantes de gobierno, del Secretariado del Fondo Verde del Clima y de la sociedad civil compartieron su experiencia en torno al Programa de Ayuda a la Preparación del Fondo, compartiendo información sobre los avances logrados hasta la fecha en la región. El Fondo es el mecanismo financiero global más grande que existe al momento para ayudar a los países en desarrollo a enfrentar el cambio climático. De forma paralela, a través de su Programa de Ayuda a la Preparación o Readiness Support en inglés, el Fondo apoya al fortalecimiento de capacidades institucionales para que los países en desarrollo estén mejor preparados para acceder e implementar efectivamente los recursos financieros que la institución otorga. Varios países de América Latina ya han accedido a esa ayuda y están en plena fase de implementación. Grabación Presentaciones Breve resumen Consúltalo AQUÍ.
Leer más