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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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El financiamiento climático avanza, pero falta ambición
La vigésimo segunda Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP22), realizada en Marrakech, Marruecos, permitió avances en cuanto al financiamiento que los países en desarrollo necesitan para afrontar los impactos de los cambios extremos en el clima. Sin embargo, las decisiones en ese rubro no fueron lo suficientemente ambiciosas. Contar con recursos económicos suficientes y predecibles es fundamental para planificar y ejecutar actividades de mitigación y adaptación. La COP22, la primera conferencia tras la puesta en vigencia del Acuerdo de París, sirvió para comenzar a establecer los procedimientos para implementar el nuevo pacto global adoptado en la COP21 de París, en diciembre del año pasado. “El encuentro mandó además un mensaje político al mundo: los compromisos establecidos bajo el Acuerdo de París se mantienen por encima de los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, cuyo vencedor desconoció la existencia del cambio climático”, señala Andrea Rodríguez, abogada de AIDA y quien participó como miembro de la sociedad civil en la conferencia mundial en Marrakech. Financiando la lucha contra el cambio climático En materia de financiamiento, componente clave de la lucha contra el cambio climático, se dieron avances importantes. Uno de ellos fue que los países en desarrollo presentaron una hoja de ruta, un plan para movilizar 100 mil millones de dólares a partir del 2020, compromiso contemplado ya por el Acuerdo de París. Aunque el plan es válido, las acciones de los países deben ser más ambiciosas para lograr la meta financiera y garantizar que los recursos económicos estarán disponibles cuando sean requeridos. Por otro lado, en la COP22 se hicieron recomendaciones al Fondo Verde del Clima, el mayor mecanismo financiero para canalizar recursos económicos hacia programa y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático. Se esperaba que las recomendaciones vayan más en línea con el Acuerdo de París y con instrumentos de planeación adoptados bajo las Naciones Unidas. No obstante, fueron más en el sentido de incrementar el acceso directo al financiamiento y continuar apoyando la preparación de los países para que sus propuestas sean aprobadas con mayor facilidad. AIDA, junto con sus aliados, organizó dos eventos paralelos a la conferencia para analizar los avances alcanzados al momento en torno al Fondo desde la perspectiva de varios de los actores involucrados en el proceso. Los panelistas enfatizaron la necesidad de fortalecer capacidades a nivel nacional para que las propuestas de financiamiento presentadas ante el Fondo sean planificadas y diseñadas con base en las necesidades prioritarias de cada país. En ese contexto, se abordó también la importancia de fortalecer el rol de los actores no gubernamentales en la toma de decisiones para que las mismas resulten en propuestas más integrales y legítimas. En las dos semanas de negociación, hubo incertidumbre sobre la continuidad del Fondo de Adaptación. La decisión adoptada en el tema menciona que el Fondo servirá a la implementación del pacto global y su continuidad fue garantizada gracias al aporte de cuatro países (Alemania, Bélgica, Italia y Suecia) por 81 millones de dólares. Finalmente, en cuanto al financiamiento a largo plazo, se decidió priorizar la movilización de recursos públicos y garantizar apoyo financiero para acciones de adaptación, con una mayor participación del sector privado. Lo que se esperaba eran nuevos compromisos financieros para el periodo posterior al 2020, pero ello no ocurrió.
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