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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe: El camino recorrido
Cuando el mundo atravesaba por una crisis de salud y la COVID-19 nos hacía alejarnos de todo y de todos/as, me topé con la Comunidad de Práctica de Litigio Climático en América Latina. Por esos días de 2020, era colaboradora externa de Greenpeace México y tuve la fortuna de coincidir con Javier, Florencia y Verónica, anfitriones/as de esta naciente comunidad desde su trabajo en AIDA. La comunidad propició diversos encuentros virtuales para intercambiar ideas en torno al litigio climático con personas de toda la región preocupadas por el ambiente, la crisis climática, la salud del planeta y de los seres vivos. Confirmamos preocupaciones compartidas y evidenciamos cómo, desde cada trinchera, hacíamos frente a las crisis ambientales y sociales a través de litigios climáticos estratégicos. Mientras algunas personas litigaban contra la deforestación, las minas de carbón y las termoeléctricas, o para la inclusión de variables de cambio climático en los estudios de impacto ambiental; otras buscaban frenar políticas encaminadas al uso de combustibles fósiles o la mejora y cumplimiento de los compromisos climáticos nacionales. Fue interesante ver la amplitud y versatilidad con la que se desplegaba la herramienta del litigio para potenciar la acción climática. AIDA nos invitó después a participar en una serie de encuentros para conversar con las y los protagonistas de algunos de los casos de litigio estratégico más emblemáticos a nivel mundial. La experiencia de interactuar de cerca y en espacios de confianza con estas personas fue inigualable. Sin duda aumentó mi convicción de que la lucha que se estaba librando era muy importante, así como la necesidad de conocer más de los litigios climáticos. Luego llegó otra invitación de AIDA, esta vez para colaborar en el comité asesor para la construcción de una plataforma que contuviera, en un solo lugar, los casos de litigio climático de nuestra región y en nuestro idioma, como testimonios de una resistencia que proviene desde diversos frentes. El objetivo era agrupar y visibilizar los esfuerzos de América Latina y el Caribe frente a los conflictos climáticos en un sitio web donde las y los usuarios accedieran a información, argumentos para apoyar luchas, estrategias y a la posibilidad de establecer contacto con abogados/as y científicos/as. El Instituto Alana de Brasil, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales de Argentina, la Defensoría Ambiental de Chile y Greenpeace México respondimos al llamado para participar en el diseño de la herramienta. Los esfuerzos conjuntos dieron fruto y, en febrero de 2022, la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe nació oficialmente con el objetivo de fortalecer el litigio climático en la región y con ello su poder para promover los cambios estructurales que se necesitan. El principal reto estaba en cómo recopilar, sistematizar y mantener actualizados los datos. La solución fue conformar un equipo de relatores/as. Así, personas voluntarias —abogados/as o estudiantes de derecho de distintos países con interés en trabajar por el ambiente, el clima y el respeto a los derechos humanos— empezaron a colaborar de manera virtual en el mantenimiento y actualización de la plataforma e informando de casos nuevos en sus jurisdicciones. La plataforma fue lanzada con 49 casos y actualmente alberga 61 casos de ocho países. Otros 30 están en proceso de ser incluidos. Los casos están identificados y categorizados de forma amigable e intuitiva. El equipo de relatores/as está integrado por 24 personas que cubren 12 países. La plataforma no sería posible sin su trabajo y entusiasmo incansables. A un año y medio del lanzamiento de la plataforma, y mucho más tiempo desde que fue gestada, mis recuerdos apuntan al entusiasmo, la dedicación y el compromiso de mucha gente por defender nuestro hogar común, por luchar contra la devastación y la posibilidad de heredar a las futuras generaciones un planeta más verde y azul. Tenemos la obligación de rendir cuentas a las generaciones venideras. Debemos brindar herramientas, iniciar y continuar acciones que den luz a futuras acciones legales para proteger y cuidar el ambiente. Comparto mi certeza de que los objetivos marcados por la comunidad de práctica en esas primeras reuniones de 2020 se están cumpliendo y que este proyecto seguirá adelante a pasos agigantados. El reto se mantiene: seguir difundiendo los casos de éxito, las valiosas lecciones de cuando las cosas no resultan como esperamos, las experiencias regionales e internacionales exitosas; y seguir trabajando para hacer efectivas las sentencias que le dan la razón al planeta. Desde AIDA, te invitamos a conocer y a usar la Plataforma de Litigio Climático para América Latina y el Caribe para adentrarte en el mundo de los litigios climáticos, que representan una gran oportunidad en la lucha por la justicia climática y la protección de los derechos humanos en la región y en el mundo. Visita la plataforma
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