Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Comisiones de la Cámara de Diputados reciben de organizaciones ciudadanas propuesta de modificación al Proyecto PEF 2011, y se les invita a ser consistentes con las metas de cambio climático
Para publicación inmediata 11 de noviembre, 2010. Diputados representantes de la Comisión Especial de Cambio Climático y la Comisión de Medio Ambiente se suman a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil para la construcción y diálogo de una Política Efectiva de Financiamiento en materia de Cambio Climático Ciudad de México, México – A unos días de la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PPEF 2011), representantes de la iniciativa denominada “Grupo de Financiamiento para Cambio Climático” de la sociedad civil, hicieron entrega a las comisiones de la Cámara de Diputados de Presupuesto y Cuenta Pública, Cambio Climático, Energía, Transporte, Medio Ambiente, Agricultura, Género y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; un documento de recomendaciones de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura. Al respecto, el Diputado César Daniel González Madruga, Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, señaló que la colaboración entre el Poder Legislativo y la sociedad civil es fundamental y estratégica en términos de avanzar hacia la construcción de una política de financiamiento que considere objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, como la mayor amenaza que enfrenta la humanidad a nivel mundial”. Los representantes de las organizaciones impulsoras de esta iniciativa comentaron que el Poder Legislativo es una actor clave capaz de hacer la diferencia en la política climática nacional, a fin de que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas tanto en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), como en otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. “México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional, y si bien contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno para promover medidas contundentes de combate y adaptación al cambio climático. En este contexto, el trabajo del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático -en colaboración con las comisiones de Cambio Climático- marca un precedente importante, no sólo para dar a conocer las propuestas de modificación al proyecto PEF 2011 en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas que avalen su compromiso con la atención a dicho fenómeno. Finalmente, los representantes de las más de 10 organizaciones además de los diversos actores que conforman dicha iniciativa confiaron en que el Poder Legislativo, en respuesta a esta propuesta ciudadana sobre ajustes estructurales al proyecto de Presupuesto de Egresos y la respectiva asignación de presupuesto para acciones prioritarias en la lucha contra el cambio climático; acogerá estas recomendaciones y será un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente al cambio climático de manera decisiva. Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México. Notas: La versión electrónica del documento de recomendaciones al proyecto PEF 2011 está disponible en la página: www.cemda.org.mx Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M. / [email protected] / Cel. (55) 1850 6827 Mariana Gutiérrez / [email protected] / Cel. (55)1502 0125 Sakbe Comunicación Ambiental / Tel. (55) 5264 3777
Leer másComisiones de la Cámara de Diputados reciben de organizaciones ciudadanas propuesta de modificación al Proyecto PEF 2011, y se les invita a ser consistentes con las metas de cambio climático
Para publicación inmediata 11 de noviembre, 2010. Diputados representantes de la Comisión Especial de Cambio Climático y la Comisión de Medio Ambiente se suman a iniciativa de organizaciones de la sociedad civil para la construcción y diálogo de una Política Efectiva de Financiamiento en materia de Cambio Climático Ciudad de México, México – A unos días de la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2011 (PPEF 2011), representantes de la iniciativa denominada “Grupo de Financiamiento para Cambio Climático” de la sociedad civil, hicieron entrega a las comisiones de la Cámara de Diputados de Presupuesto y Cuenta Pública, Cambio Climático, Energía, Transporte, Medio Ambiente, Agricultura, Género y al Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria; un documento de recomendaciones de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efectiva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura. Al respecto, el Diputado César Daniel González Madruga, Secretario de la Comisión Especial de Cambio Climático, señaló que la colaboración entre el Poder Legislativo y la sociedad civil es fundamental y estratégica en términos de avanzar hacia la construcción de una política de financiamiento que considere objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático, como la mayor amenaza que enfrenta la humanidad a nivel mundial”. Los representantes de las organizaciones impulsoras de esta iniciativa comentaron que el Poder Legislativo es una actor clave capaz de hacer la diferencia en la política climática nacional, a fin de que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas tanto en el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), como en otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. “México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional, y si bien contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno para promover medidas contundentes de combate y adaptación al cambio climático. En este contexto, el trabajo del Grupo de Financiamiento para Cambio Climático -en colaboración con las comisiones de Cambio Climático- marca un precedente importante, no sólo para dar a conocer las propuestas de modificación al proyecto PEF 2011 en sectores estratégicos como energía, transporte, bosques y agricultura durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la 16ª Conferencia de las Partes de la Convención de Cambio Climático a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas que avalen su compromiso con la atención a dicho fenómeno. Finalmente, los representantes de las más de 10 organizaciones además de los diversos actores que conforman dicha iniciativa confiaron en que el Poder Legislativo, en respuesta a esta propuesta ciudadana sobre ajustes estructurales al proyecto de Presupuesto de Egresos y la respectiva asignación de presupuesto para acciones prioritarias en la lucha contra el cambio climático; acogerá estas recomendaciones y será un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente al cambio climático de manera decisiva. Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México. Notas: La versión electrónica del documento de recomendaciones al proyecto PEF 2011 está disponible en la página: www.cemda.org.mx Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M. / [email protected] / Cel. (55) 1850 6827 Mariana Gutiérrez / [email protected] / Cel. (55)1502 0125 Sakbe Comunicación Ambiental / Tel. (55) 5264 3777
Leer másOrganizaciones ciudadanas inician proceso de construcción y diálogo hacia una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático
Para publicación inmediata 4 de noviembre, 2010 Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M., Sakbe Comunicación Ambiental, Tel. (55) 5525 6136 / Cel. (55) 1850 6827, [email protected] Enviarán a la Cámara de Diputados propuesta de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efecitva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, agricultura, transporte y bosques Ciudad de México, México – El cambio climático es el reto más grande que enfrenta la humanidad y sus impactos traerán severos costos económicos y sociales a México. Por ello y con el objetivo de lograr una asignación, manejo y distribución adecuada y transparente de los recursos federales para la adaptación y mitigación al problema, más de 10 organizaciones de la sociedad civil y diversos actores independientes lanzan una iniciativa de construcción y diálogo para una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático. De acuerdo con las organizaciones que conforman este esfuerzo, un primer paso elemental en la consecución de los compromisos internacionales que México ha asumido en la materia1, es modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, para dar prioridad y redireccionar recursos a aquellos sectores considerados clave para el cumplimiento de las metas nacionales de reducción de emisiones en el corto, mediano y largo plazo1, tales como el transporte, forestal, energético y agropecuario. “Como ciudadanas y ciudadanos activos, con experiencia en presupuestos sectoriales e investigación y análisis sobre la situación de los sectores energía, agricultura, transporte, bosques y protección ambiental, hemos adoptado el tema de financiamiento como articulador de sinergias. Es así que hemos venido trabajando en la conformación de propuestas de financiamiento posibles, inmediatas y efectivas, para el cumplimiento de objetivos concretos en materia de cambio climático para los sectores señalados, mismas que consideramos fundamentales para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2011, basadas en la premisa de que el cambio climático es un tema transversal cuya atención depende de la participación de todos los sectores causantes del problema así como de aquellos que padecen sus consecuencias”, dijo Dolores Rojas de Oxfam, México. Las organizaciones presentarán al Congreso una serie de recomendaciones sectoriales, mismas que esperan sean tomadas en cuenta por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, no sólo para su trabajo durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la COP16 a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas. “Las organizaciones impulsoras de esta iniciativa consideramos que el Poder Legislativo puede hacer la diferencia en la política climática, para que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas no sólo en su Programa Especial de Cambio Climático (PECC), sino también de otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. Lo anterior es importante porque México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional y si bien, contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno, para promover medidas efectivas de combate y adaptación al problema”, afirmó Jorge Villareal de la Fundación Heinrich Böll. Entre las recomendaciones de las organizaciones, para el Sector Energía se señala la necesidad de reasignar más recursos para la eficiencia energética a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y sus programas de ahorro energético; así como el impulso al aprovechamiento de energías renovables, para lo cual se le deben destinar al menos 3 mil millones de pesos anuales al Fondo para la Transición Energética. Al respecto, Sandra Guzmán del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que estas medidas son posibles si se priorizan aquellos programas y acciones dirigidas a promover la eficiencia energética en todos los sectores económicos y sociales, en vez de contemplar la construcción de nuevas centrales de generación eléctrica para cubrir la demanda creciente y evitar la construcción de más proyectos que utilizan combustibles fósiles como los que aparecen en el presupuesto. Respecto al Sector Transporte, Gabriela Niño del Centro de Transporte Sustentable resaltó que es necesario destinar más recursos a la reactivación de las vías férreas por ser una alternativa eficiente e inmediata para reducir emisiones y restar recursos al sistema carretero que contribuye con la mayor parte de las emisiones del sector; y asegurar la continuidad y los recursos del programa de transporte masivo (PROTRAM) –parte del Fondo Nacional de Infraestructura - con el cual se promueve la implantación de sistemas de transporte urbano masivo, como catalizador de calidad de vida, salud y reducción de emisiones. “En el Sector Forestal se deben redireccionar al menos 600 millones hacia programas que promuevan el manejo forestal sostenible para lograr la conservación activa de los ecosistemas forestales terrestres, los manglares y los almacenes de carbono”, afirmó Iván Zúñiga del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). Para el Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación2, es necesario asignar recursos para la constitución urgente del fondo de agua y energía el cual deberá convertirse en el instrumento para la recarga, conservación y mantenimiento de los mantos acuíferos, la reducción de la energía para el bombeo de agua y la tecnificación del riego agrícola. “Este fondo será la base para llevar acabo acciones de mitigación y adaptación en la agricultura ante el cambio climático, mediante un esquema de acceso al financiamiento para el ordenamiento sustentable de acuíferos y tecnologías para el ahorro de agua y energía”, señaló Alfonso Cuellar del Barzón. Las organizaciones abajo firmantes confían en que el Poder Legislativo,en respuesta a esta iniciativa ciudadana sobre ajustes estructurales, fortalecimiento de capacidades, establecimiento de mecanismos económicos y la respectiva asignación de presupuesto; acoja estas recomendaciones y sea un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente de manera contundente al cambio climático. Dichas recomendaciones serán enviadas en los próximos días a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre el proyecto PEF 2011. Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México. Notas: El Gobierno Federal ha establecido metas a nivel internacional para combatir el fenómeno tales como la reducción de 50 millones de toneladas de CO2 en 2012, la reducción de 30% de las emisiones en 2020 y 50% en 2050 De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones al 2006, la categoría de agricultura, bosques y otros usos del suelo contribuyó con casi 19 por ciento de las emisiones totales del país. Por su parte, el sector transporte es responsable del 34 por ciento de las emisiones de CO2e en nuestro país, mientras que la generación de energía representa el 27.3 por ciento de las emisiones GEI totales del país. El sector forestal es responsable del 12.4% de las emisiones del país por la deforestación, la degradación y el cambio de uso de suelo.
Leer más