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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Desde la Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos y la Mesa Nacional de Salud Ambiental y Humana, articulación de diversas organizaciones sociales, asociación de afectados por metales, frentes de defensas, federaciones indígenas, comunidades campesinas, colectivos ciudadanos e instituciones nos pronunciamos sobre la pandemia mundial del coronavirus y la declaratoria de emergencia nacional que afecta a todo el país: Resaltar el enorme trabajo que viene realizando el gobierno del Presidente Martin Vizcarra para poder evitar más contagiados y muertes por el coronavirus a lo largo de todo el país, llamando a un aislamiento social obligatorio y así evitar que el virus se propague de manera violenta e incontrolable. Considerar como un grave error que las actividades extractivas en minería y petróleo continúen sus operaciones, ya que ponen en riesgo la salud y la vida no sólo a los trabajadores sino a las poblaciones que viven en los territorios en donde se realizan estas operaciones. No es verdad que por ser remoto el lugar en donde se desarrollan las operaciones no van a ser afectados, así como tampoco son territorios donde no vive nadie y/o están aisladas. Tener en cuenta que las personas con niveles de exposición a fuentes de metales pesados y sustancias tóxicas son parte de la población con afecciones crónicas subyacentes. Además las condiciones climáticas en zonas altoandinas generan riesgo en afecciones respiratorias, y en las zonas amazónicas, las grandes distancias fluviales generan riesgo de no llegar a los centro de salud para atender casos graves. Es decir, que son mortalmente vulnerables al contagio del coronavirus, no olvidar que más de 7000 personas han dado positivo a metales tóxicos y sustancias toxicas en las pruebas que se han realizado en zonas como Espinar en Cusco, Chiriaco en Amazonas, Simón Bolívar en Pasco, La Oroya y el Valle del Mantaro en Junín, Cuatro Cuencas y Cuninico en Loreto, Coata en Puno, Nuevo Perú en Callao, Torata en Moquegua, San Mateo en Lima o Bambamarca en Cajamarca. Por ello, el Gobierno Nacional, nuestras autoridades regionales y locales tienen la responsabilidad de llevar a cabo una atención mucho más esmerada para estas familias. Esto va de la mano con asegurar, de manera restrictiva, el aislamiento social obligatorio mediante la prohibición y vigilancia del ingreso de personas externas a la comunidad. Informar que muchos de los lugares en donde se encuentran las empresas mineras y petroleras que han tenido problemas de contaminación, generando afectaciones en la salud de cientos de familias, se encuentran en zonas de pobreza y extrema pobreza. Muchas de estas familias no tienen acceso al agua potable, ni alimentos inocuos así como tampoco salud preventiva, integral y especializada lo que las hace más vulnerables frente al resto de la población. Por ello, pedimos que las familias de estas localidades sean tomadas en cuenta en la entrega del bono de subsidio monetario otorgado por el gobierno, establecido en el Decreto de Urgencia para frenar la propagación del coronavirus. Finalmente todas y todos debemos estar unidos en esta lucha contra el coronavirus en el Perú pero eso no debe implicar dejar de lado los acuerdos pendientes de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos con la Presidencia de Consejo de Ministros como la instalación de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel para la atención a las miles de personas afectadas por metales tóxicos así como tampoco dejar de exigir dar prioridad en la atención de estas familias considerando su condición de riesgo, vulnerabilidad y su permanente situación de precariedad económica. Esperamos que esta vez el Estado peruano asuma su responsabilidad, garantice sus derechos y atienda sus demandas. Firman: Plataforma Nacional de Afectados y Afectadas por Metales Tóxicos Organización Nacional de Mujeres Indígenas y Amazónicas del Perú -ONAMIAP Red Nacional de Defensores y Defensoras de Ríos Organización Regional de Pueblos Indígenas de la Amazonia del Norte - ORPIAN-P Pueblos Indígenas Amazónicos Unidos por la Defensa de sus Territorios PUINAMUDT Comunidad Nativa Nazareth Amazonas Comunidad Nativa Umukai Amazonas Comunidad Nativa Wachapea Amazonas Comunidad Nativa Pakun Amazonas Centro Poblado de Paragsha Pasco Asociación de Urbanizaciones y Pueblos Jóvenes de Espinar (AUPE) Asociación de Mujeres Defensoras del Territorio y Cultura K´ana Espinar Frente Callao Dignidad Junta Vecinal del Asentamiento Humano Cerro Baul Torata Moquegua Plataforma por la Defensa y Promoción del Medio Ambiente Cuenca Alta Rimac Comuneros de San Mateo de Huanchor Huarochiri Comuneros de San Antonio Huarochiri Rondas Campesinas Femeninas de la Comunidad de Maygasbamba Bambamarca Cajamarca Frente de Defensa en Contra de la Contaminación de la Cuenca del Rio Coata y la Bahia Interior del Lago Titicaca Puno Pastoral Social de Dignidad Humana Huancayo PASSDIH Mesa de Diálogo de la Mujer Huancayo Consejo Regional de la Mujer Huancayo Comunidad de Óndores Junin Movimiento por la Salud de la Oroya – MOSAO CONAMOVIDE Tarma Comité Conservacionista de Villa el Sol en Santa Rosa de Sacco Oroya FEMUCARINAP Chanchamayo. Plataforma Regional por la Salud Ambiental y Humana Junín Mesa de Diálogo Ambiental de la Región Junín Organizaciones Zonales de Atención en Alimentación y Salud Oroya Red de Promotores y Promotoras Ecológicas de la Región Junín Junta de Usuarios de Riego Mantaro La Pastoral Social del Vicariato de Jaén La Red Huamachuco Mesa Técnica de Salud Ambiental y Humana Red por una Globalización con Equidad – RedGe Plataforma de la Sociedad Civil sobre Empresas y Derechos Humanos Red Muqui Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH CooperAcción Derechos Humanos Sin Fronteras Cusco –DHSF Asociación Civil Centro de Cultura popular Labor Pasco. Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica -CAAAP Earthrights International - ERI Oxfam en Perú APRODEH AIDA Comisión Episcopal de Acción Social -CEAS Derechos Humanos y Medio Ambiente Puno - DHUMA Red Uniendo Manos Perú Grupo Red de Economía Solidaria del Perú - GRESP Proyecto Amigo La Libertad Forum Solidaridad Perú FEDEPAZ CADEP Ayacucho REDAD Piura Instituto Natura Ancash Asociación Marianista de Acción Social - AMAS GRUFIDES Cajamarca Comité de Salud Ambiental y Cambio Climático de Foro Salud
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En una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en ocasión del décimo aniversario de la admisión de su caso, las personas afectadas por contaminación con metales pesados en La Oroya, Perú, hacen un llamado urgente para que la Comisión emita el informe de fondo del caso. Ese paso implica la esperanza de alcanzar justicia ante la violación de derechos humanos que pobladores de La Oroya no han dejado de sufrir. El caso de La Oroya fue el primero en evidenciar el grave problema de la contaminación con metales pesados en Perú y el primero en ser llevado ante instancias internacionales. Siendo una problemática que ha crecido y se ha extendido en el país de la mano de actividades mineras y petroleras, la resolución del caso de La Oroya en favor de las personas afectadas resulta vital para impulsar una política púbica integral sobre el tema, la cual se implemente adecuadamente en cumplimiento de las obligaciones internacionales de Perú en materia de derechos humanos. Es por ello que AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) —que representamos legalmente a las personas afectadas—, y la Plataforma Nacional de Afectados por Metales, metaloides y otras sustancias químicas tóxicas y la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental, nos sumamos al pedido urgente de justicia mediante otras dos cartas dirigidas también a la Comisión. Carta de las personas afectadas de La Oroya "Hoy sabemos que nuestro cuerpo está contaminado, pero no sabemos cuál es el tratamiento adecuado para su rehabil¡tación pese a que día a día sufrimos múltiples padecimientos... Nuestro caso evidencia una problemática de contaminación por melales tóxicos con manifestaciones y afectados a lo largo del país, frente a la cual un pronunciamiento pronto y adecuado de la Comisión, no sólo contrIbuIrá a transformar posItivamente nuestras realidades y la garantía de nuestros derechos, s¡no que además permitirfa abrir nuevos cam¡nor de just¡cia y amb¡ente sano para los miles de afectados por metales tóxicos que existen en la actualidad en el Perú..." LEE LA CARTA carta de aida y aprodeh "...es importante reiterar que el caso de La Oroya no solo se constituye en sí mismo en un caso urgente y relevante para los peticionarios y de cara al mandato de la CIDH, sino que además es un caso emblemático y estratégico en el contexto de Perú, por cuanto un pronunciamiento de la CIDH en el caso de La Oroya, que obligue al Estado peruano y lleve el caso ante la Corte Interamericana, podría generar un importante antecedente y dar lineamientos para el caso peruano, contribuyendo a la garantía de derechos de diversas comunidades a los largo del país, las cuales se han agrupado en la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Pesados del Perú, cuyas principales reivindicaciones son la generación de una Política Pública de Afectados por Metales Pesados y la creación una Comisión Multisectorial para la atención de la problemática..." LEE LA CARTA Carta de la Plataforma Nacional de Afectados por Metales y la Mesa Técnica de Salud Humana y Ambiental "Un pronunciamiento pronto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el Informe de fondo del caso la Oroya, no solo contribuiría a otorgar justicia a decenas de familias de esa comunidad que durante esta década han dedicado gran parte de su vida a la defensa de su salud y del ambiente sano, sino que además, sería un antecedente muy importante para que el estado peruano deje de dilatar la gestión de esta situación e implemente las medidas adecuadas para atender la problemática de salud pública y ambiental, asociado con la contaminación por metales pesados, y de esta manera avance en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales de Derechos Humanos..." LEE LA CARTA
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Lima, Peru—Las actividades de petróleo y minería tienen décadas en el Perú y han provocado contaminación ambiental y afectación a la salud de miles de peruanos y peruanas. Sin embargo, aún no se cuenta con políticas sectoriales de prevención y atención integral de salud ambiental y humana, menos intervenciones integrales con presupuesto que atiendan la problemática de las personas expuestas a metales pesados, metaloides, petróleo, entre otras substancias químicas. En noviembre de 2018 el MINSA aprobó el “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, este es un avance, pero resultó insuficiente para abarcar la problemática integral que afecta a nuestras poblaciones. Sin embargo, los afectados y afectadas no pueden seguir esperando más tiempo. Por ello, exigimos al Estado acciones inmediatas para atender nuestra problemática, que promocionen salud ambiental y humana; atención primaria que evite mayor exposición a la contaminación; atención secundaria para acceder a servicios de salud preventivos y especializados de autocuidado y dosajes; y atención terciaria acceso a tratamientos y medicinas. Frente ello, es urgente: Que el Estado peruano elabore, de manera participativa, e implemente un Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada en metales pesados y otras sustancias tóxicas, con participación de las poblaciones afectadas, con enfoque intercultural y con presupuesto exclusivo y descentralizado, que asegure las atenciones articulando funciones e iniciativas de los diversos sectores. Que se constituya inmediatamente la Comisión Multisectorial exclusiva para este objeto, presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros, y conformado por Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, supervisión de la Defensoría del Pueblo y con participación de los gobiernos regionales involucrados. Esta Comisión debe aprobar, coordinar y monitorear el Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada; elabore un mapa de riesgo de exposición a contaminación que identifique, monitoree y oriente la intervención multisectorial sobre las poblaciones expuestas, sitios contaminados/impactados, pasivos ambientales; y definir medidas inmediatas para la atención de personas con mayores niveles de afectación. Exigimos que el Estado solucione las graves afectaciones ambientales y humanas causadas por la explotación irresponsable de los recursos en nuestros territorios y que asuma su rol de garante de derechos a la vida, territorio, ambiente sano y la dignidad de nuestros pueblos; exigimos también que las empresas cumplan con los estándares internacionales e implementen los mecanismos de reparación y remediación para las zonas de mayor impacto ambiental que generan tanto daño a la salud de niños, niñas, mujeres y hombres del Perú. Ver las organizaciones firmantes
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